Las trampas de la justicia en Guatemala. Reflexiones al cumplirse un año de prisión de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar

 

Santiago Bastos – Prensa Comunitaria 

El mismo día en que todos celebrábamos la sentencia condenatoria contra los dos acusados en el caso Sepur Zarco, por lo que significaba del triunfo sobre la barbarie y recuperación de la dignidad de la mujeres de esta localidad, en otro nivel de la misma Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala se llevaba cabo la audiencia de otro caso. La juez Claudette Domínguez, presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A decidía ligar a juicio oral y público a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltasar por los delitos de coacción e instigación a delinquir en uno de dos casos que se sigue contra ellos desde marzo de 2014.[1]

No importa que don Domingo alegara repetidamente que él no estuvo ahí la noche en que ocurrieron los hechos en que se le imputan; tampoco importa que don Rigoberto sí estuviera, pero mediando en su calidad de autoridad ancestral de Santa Eulalia.[2] Los dos han sido ligados a proceso.

Evidentemente, esta resolución no fue tan conocida como la otra, pero tiene repercusiones importantes para el futuro de la lucha por la vida y el territorio en Guatemala, y la lucha contra impunidad y el actuar de las instancias judiciales y el mismo Ministerio Público, en estos momentos en que parece que se abren alguna vetas de luz para la justicia en  Guatemala.

 

El retardo malicioso y las tácticas de agotamiento

Con esta decisión de la juez Claudette Domínguez, se terminaba un periodo de indecisión en que los procesos contra estos dos líderes se alargaron innecesariamente. Primero fue la extraña maniobra por la que tras su detención el 24 de marzo de 2015, el juez de Santa Eulalia constituido en la ciudad capital, los liberó el día 27 de ese mes, pero minutos más tarde de finalizada esta audiencia, agentes del DEIC los detuvieron nuevamente con una orden emitida dos días antes por un juzgado de turno en la capital. Cuando buscaron al juez, éste ya se había ido –sabiendo evidentemente que ellos estaban ahí-, por lo que tuvieron que quedarse en las carceletas de la Torre de Tribunales hasta que regresara a escucharles.[3]

Este trato de desprecio hacia la libertad y dignidad de dos personas que deberían ser consideradas como inocentes por el sistema judicial, se ha mantenido durante todo este año. Las audiencias se han suspendido ante la ausencia de la parte acusadora sin que esta haya sido amonestada ni siquiera reprendida por el Tribunal de Mayor Riesgo A. La ausencia del entonces alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro –querellante adhesivo- a las audiencias hasido usada como excusa por  la jueza para suspenderlas.

Durante estos doce meses, don Rigoberto y don Domingo han estado recluidos en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, a más de un día de camino de su Santa Eulalia natal, en un ambiente hostil en que más de una vez han temido por su vida y en que su salud se quebrantó, como ellos mismos han relatado a las múltiples visitas de solidaridad que fueron a compartir con ellos estos momentos. Todo ello, sin que se haya podido avanzar en demostrar su inocencia ante el retardo malicioso que su proceso ha sufrido por parte de las autoridades judiciales.

Esto que cuento no es nada raro, es una estrategia habitual en estos casos. De hecho, lo mismo pasa con el resto de los presos de la región norte de Huehuetenango.[4] Ermitaño López Reyes está preso en Huehuetenango desde el 2 de junio de 2015. Don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo llevan detenidos, también en el Preventivo de la zona 18, desde el 26 de febrero de 2015. Fueron ligados a proceso también después de un año de espera y en una forma que los abogados defensores consideraron ilegal, pues en una audiencia que nunca debió de realizarse, la juez Claudette Domínguez retrotrajo el proceso.

Todo esto es algo más que la lentitud normal de la justicia guatemalteca y el desprecio hacia pobres e indígenas que no tienen la capacidad económica ni los contactos para incidir en el sistema, y por ello tienen que moverse al ritmo que otros dictan, siendo el proceso parte de la pena.

En este caso tenemos todos los ingredientes para pensar en una estrategia clara de dilación y estancamiento de los procesos judiciales como una forma de quebrar las voluntades de los presos y sus familias. Es parte de las estrategias de criminalización por la vía de la judicialización. Así lo planteaba el abogado Benito Morales en una de las auidencias retrasadas:

Lo que vivimos hoy fue una jornada más de indignación y de constatación de que estamos frente a una estrategia en algunos escenarios más evidentes, en otros más sutil pero al final de cuentas tiene un mismo resultado, el que la gente esté el mayor tiempo posible privada de su libertad.

Esto tiene diversidad de mensajes, tiene el mensaje que el entusiasmo, la energía, la convicción de los que están detenidos se vaya deteriorando, por otro lado tiene la intención de que la gente en las comunidades, en los pueblos de donde son originarios los detenidos sigan profundizando el miedo el temor, la preocupación y la afectación económica.[5]

Ya se intentó cuando los primeros nueve líderes de Barillas estuvieron injustamente detenidos durante más de nueve meses en 2012, y los personeros de Hidro Santa Cruz se acercaban a sus familias a ofrecer apoyos mientras ellos se enfermaban en la cárcel.[6] También lo intentaron cuando volvieron a inculpar injustamente a Rogelio Velásquez y Saúl Méndez en 2013 y pasaron en prisión hasta el 2015 cuando fueron absueltos de la acusación.

Incluso, en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, cuando el equipo de abogados logró que se les retiraran los cargos por plagio o secuestro; la juez se negó a darles la medida sustitutiva, obligándoles a continuar en prisión preventiva aunque tuvieran derecho a  la libertad provisional. Ésta es una prueba bien clara de que el objetivo de estos procesos no es hacer justicia, sino mantener a estos defensores de la vida y el territorio fuera de la lucha política; utilizando para ellos las herramientas jurídicas como elementos de represión.

Y si acaso, hay otras 20 denuncias más puestas ante el Ministerio Público de Huehuetenango, con lo que una vez “terminando un proceso pueden seguir las subsiguientes para mantenerlos en la cárcel de por vida”.[7]

Pero a pesar de todo, hasta ahora en ninguno de estos casos se ha logrado que los presos políticos decaigan en su actitud.[8] Las visitas continuas de la familia y la comunidad, las muestras de solidaridad desde toda el área q’anjob’al, del país y más allá de las fronteras en forma de visitas, cartas, comunicados, han servido para mantener alta la moral y la claridad sobre su situación. En palabras de Rigoberto Juárez.

Como lo hemos dicho desde el momento que nos capturaron dijimos que somos presos políticos y ésa es nuestra calidad, el paso de los días lo estamos confirmando, ellos no nos asuste porque solamente lo estamos confirmando la forma que el sistema que se impuso en nuestros territorios ancestrales desde 1524 permanecen intactos, lo que han hecho es modificar las formas de represión, opresión, discriminación, y racismo.[9]

 

El oscuro papel del Ministerio Público en tiempos de Aldana y la CICIG

En esta estrategia de desgaste judicial, las empresas que operan en el norte de Huehuetenango, como CINCO M con la Hidroeléctrica San Luis en Santa Eulalia, Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz en Barillas o Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. (PDHSA) en San Mateo Ixtatán,  cuentan con  la complicidad de las autoridades y agentes judiciales que, en vez de penar las ausencias que obligan a suspender las audiencias repetidamente, permiten estas tácticas dilatorias por encima de los derechos más elementales de los procesados.

Incluso podemos percibimr un cambio en la estrategia de criminalización judicial. En los primeros casos de los líderes de Barillas, fue la empresa Ecoener Hidralia Energía quien denunció a los líderes. También en el caso de don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo son los trabajadores de esta empresa los acusadores. Pero en el proceso de don Rigoberto y don Domingo, son los mismos operadores de justicia del Centro de Administración de Justicia CAJ quienes se convirtieron en los acusadores y querellantes en contra de las autoridades comunitarias.

En este caso, además, el papel de las autoridades mucho más cuestionable, pues Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, reconocido líder q’anjob’al e histórico defensor de los derechos indígenas, está siendo acusado nada menos que por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Esta forma en que el Ministerio Público está actuando contra los defensores del territorio del norte  Huehuetenango recuerda a la época de Claudia Paz y Paz, cuando se dio un fuerte empuje a la justicia transicional a través del caso de genocidio contra Ríos Montt, pero al mismo tiempo se perseguía con saña a los líderes comunitarios que se oponían a la instalación de las empresas mineras e hidroeléctricas, por encima de sus derechos y de las garantías más mínimas.[10]

Ahora está ocurriendo algo parecido. El Ministerio Público ha actuado en forma clara apoyando la construcción de casos como el de Sepur Zarco, CREOMPAZ y Mario Molina Thiessen, que en los últimos meses han supuesto un paso muy importante en el esclarecimiento de la barbarie como política de Estado durante los 80. De la misma manera, es más que evidente el papel que está jugando el Ministerio Público en colaboración con la CICIG en el desmantelamiento de parte de las estructuras criminales que se formaron en las últimas décadas dentro del Estado de Guatemala.

Estas actuaciones están permitiendo que la justicia entre en Guatemala  en espacios que hasta hace poco parecían poco más que imposibles, y que se pueda pensar en recuperar la fe en que se pueda avanzar hacia un estado de derecho en estos aspectos.

Sin embargo, al mismo tiempo en lo que respecta a la criminalización de la protesta social, y en concreto la defensa del territorio y la vida, el Ministerio Público está jugando un papel en que se pone totalmente del lado de los intereses de las empresas. El mismo papel que juega con las empresas hidroeléctricas del norte de Huehuetenango, lo acaba de jugar con ENERGUATE, al condenar a los líderes de CODECA:

Ni en el expediente, ni en la Audiencia Pública, la FiscalíaENERGUATE pudieron mostrar pruebas materiales que relacionasen a los acusados con los dos delitos antes referido…  El debate/examen público de la declaración de testigos y de los documentos probatorios, evidenció el «sin sentido» de dicho proceso judicial, tanto por la ausencia del cuerpo del delito, como por la inexistencia de la conducta antijurídica atribuible a los acusados. Pero, para «sorpresa» de la básica razón jurídica, el Juzgador, «en base a las pruebas testimoniales», declaró culpables por el delito de estafa en grado de tentativa a los tres defensores. [11]

Desaparece así la independencia judicial, y como el resto del aparato del Estado –Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, Ejército- el Ministerio Público se dedica a apoyar a las empresas como política de Estado. Pareciera que estamos ante una distribución de casos, un pacto con sectores poderosos en que se ya se acordó  qué es lo que se persigue, cuáles son los límites que se pueden cruzar y lo caminos que se pueden recorrer.

El problema es que en ese reparto, la actuación del Ministerio Público queda desacreditada, al mismo nivel que esos defensores de los militares y de los corruptos cuyas tácticas dilatorias y procesales representan lo más alejado de la búsqueda de la justicia.

 

¿Así actúa una Fiscalía de Derechos Humanos?

En el caso que el Ministerio Público ha construido para don Domingo y don Rigoberto hay un asunto más que muestra hasta dónde puede llegar el cinismo de estos acuerdos entre Estado y empresas. Que la llamada “Fiscalía de Derechos Humanos” acuse a un reconocido defensor de derechos indígenas y líder comunitario, a una persona de la trayectoria de Rigoberto Juárez y a un líder con la legitimidad y los antecedentes Domingo Baltazar; y en las circunstancias que hemos venido señalando, muestra una corrupción de los objetivos iniciales de esta Fiscalía, y una vez más el uso de herramientas legales para el beneficio del capital y no de los ciudadanos.

En otro lugar hemos mostrado cómo el relato de los hechos que presenta el Ministerio Público responde a una versión parcial, sesgada y perversa de los hechos, que conscientemente deja de fuera una buena parte de lo ocurrido la noche del 19 al 20 de enero de 2015.[12] Así son las acusaciones que se montan en los procesos políticos: no importa la lógica, no importa demostrar los hechos, da igual la acusación: el objetivo es desarmar la oposición a las empresas concretas; y para ello se cuenta con la colaboración del aparato judicial que, salvo muy contadas excepciones, se presta a estas maniobras.[13]

Queda claro que el Ministerio Público no está actuando con la objetividad que se esperaría de una instancia de su carácter. El fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino ha usado en el proceso de manera extrajudicial una investigación elaborada por la empresa Hidro Santa Cruz titulada “Informe Estructural Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014”, que identifica a todos los líderes y autoridades comunitarias ahora procesados como criminales, y a  Rigoberto Juárez en concreto como su cabecilla. Este documento fue entregado directamente al fiscal del MP por Víctor Hugo Villatoro, abogado de la hidroeléctrica.[14]

Un último hecho acaba de mostrar el posicionamiento del aparato judicial y el mismo Ministerio Público: nadie dudó en aceptar como querellante adhesivo en el proceso al ahora ex alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro. Este personaje de dudosa reputación en el área q’anjob’al tiene abiertos varios procesos por los hechos ocurridos en la misma noche en que él se presenta como acusador: por la muerte de un joven, atentado armado contra otro,  intento de linchamiento de una COCODE de una comunidad,  y por impedir la libertad de prensa. Y otro proceso por agresiones a comunicadores tres meses después.[15]  Así que la calidad jurídica con la que él se presenta es muy dudosa.

¿Con qué calidad moral una Fiscalía de Derechos Humanos es capaz de admitir un querellante adhesivo de estas características? ¿Cómo un juez puede tener en su sala a este tipo y no perseguirle?  ¿Dónde se ha visto que un reconocido defensor de derechos humanos se acusado por alguien que tiene abiertos procesos por muerte, atentado, linchamiento….?  Que todo esto ocurra sin ningún problema para estos “agentes de la justicia” es otra muestra de los verdaderos objetivos de estos procesos

 

Una veta para que explore la CICIG

La mención a este exalcalde nos abre una interrogante que mercería la pena explorar.  La CICIG está investigando y desmontando varias redes de connivencia entre empresas y sectores del Estado que se beneficiaban de los pagos que éstas les hacían para recibir apoyos de diversos tipos. Así es como se comportaban en la SAT, en aduanas, en el IGSS, y todas ellas eran conductas delictivas en detrimento de la ciudadanía, en las que estaban involucradas hasta las más altas magistraturas del Estado.

Pues bien, es evidente que la figura de Diego Marcos Pedro representa la alianza entre ciertos poderes locales y las empresas extractivas en la región.[16] Y la forma en que se han comportado algunas autoridades judiciales en los casos en que los defensores del territorio han sido criminalizados en los últimos años por su oposición a las actividades mineras, hidroeléctricas, agroindustriales y otras, da mucho que pensar. La forma en que algunos jueces, fiscales y representantes del Ministerio Público han defendido los intereses de estas empresas, que actuaban abiertamente o no como querellantes adhesivos en los procesos, hacen pensar hasta qué punto no estaríamos ante casos de corrupción como los que se han mostrado y demostrado en otros campos en los que ha actuado la CICIG.

En un contexto en que los agentes de la justicia en Guatemala han mostrado ser sensibles a los argumentos pecuniarios, esta hipótesis no es descabellada. Y la forma en que se han comportado estos jueces y demás agentes en los procesos judiciales, como hemos venido denunciando a lo largo de estos años, da pistas para ello. La compra de voluntades es una práctica habitual de estas grandes empresas, una más de las inversiones necesarias que las llega a convertir en crimen organizado, como hemos visto en las actuaciones de la CICIG.

Detrás de todos estos casos puede haber una trama de corrupción sistemática que explique mucho del comportamiento judicial que hemos estado y seguimos viendo, y que  la CICIG podría investigar. Aquí habría una veta que nos explicaría mucho de lo que estamos siendo testigos.

Notas

[1] Dos autoridades ancestrales irán a juicio oral y público por delitos que no cometieron, Prensa Comunitaria, 26 febrero 2016.

[2] Me siento sumamente afectado en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al, Prensa Comunitaria, 2 febrero 2016.

[3] Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio., Prensa Comunitaria, 24 de marzo 2015;  Detienen nuevamente a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo en la Torre de Tribunales. Prensa Comunitaria, 27 de marzo  2015.

[4] Ver Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Simón Antonio Ramón, Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.

[5] Tomado de Dos autoridades ancestrales siguen a la espera de la justicia, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria, 21 de enero 2016

[6] Ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en Barillas. Equipo Colibrí Zurdo / UDEFEGUA

[7] Palabras del abogado Edgar De León Chacaj, de la Asociación de Abogados Mayas, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, lunes 19 de octubre 2015. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH, Prensa Comunitaria, 20 de octubre 2015.

[8] En el caso de los presos de Barillas, uno de los detenidos el 2 de mayo sí cayó y se pretendió usar su testimonio para inculpar a otros 10 líderes, pero no prosperó el caso y sus compañeros continuaron firmes aislándole del grupo. Ver “Despojo, movilización y represión en Santa Cruz Barillas”, Santiago Bastos, Quimy de León, Dania Rodríguez, Nelton Rivera y Francisco Lucas, en Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala. Manuela Camus, Santiago Bastos y Julián López, coordinadores. Fundación Constelación FLACSO Guatemala, 2015.

[9] Tomado de la carta publicada en Visita a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, presos políticos, Prensa Comunitaria, 8 de julio 2015.

[10] Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresas. Santiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014.  De forma simultánea, en esos mismos meses de 2013 se dio una oleada de desaparición y muerte de líderes comunitarios como Daniel Pedro en Santa Eulalia o Carlos Hernández Mendoza en Jocotán. Ver ¿De qué paz están hablando???? Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 17 de abril 2013; Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida, Prensa Comunitaria, 9 de marzo 2013.

[11] No hay indígena inocente para los tribunales de la justicia blanca, Ollantay Itzamná, Prensa Comunitaria, 21 de marzo, 2016.

[12] Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria, 12 de diciembre 2015. Esta versión del MP y la empresa fue divulgada por un medio de comunicación ligado al Ministerio de Energía y Minas.

[13] Esto es algo en  que insisten todos autores los que han trabajado el tema de la criminalización: Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresas, Santiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014.

[14] Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria. 14 de junio 2015; Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.

[15] En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios, Iñaqui Aizpurúa Veitia, Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.

[16]  ¿De qué se protegen los poderes locales de Huehuetenango?,  Gladys Tzul Tzul, Prensa Comunitaria, 29 de marzo 2015

Hoy hace un año, impunidad, dolor y ausencia.

Por Lucia Ixchíu.

Recuerdo que planeábamos un festival  solidario y diversas acciones para articular en torno a la demanda de liberación de  los presos políticos de Barillas Huehuetenango, recuerdo que teníamos pensado ir a Barillas y junto al Gobierno Plurinacional Q´anjob´al reclamar por su libertad. Nunca pensé que  después de pocos días se convertiría en uno más del listado de presos de la región Norte de Huehuetenango.

Eran las 5 de la tarde del 24 de marzo del 2015 y recuerdo como si fuera ayer aquel fatídico día. Así como recibí la terrible noticia de la masacre del 4 de octubre de Totonicapán en el 2012, pensé que ese dolor no se podría volver a sentir nunca, pero me equivoqué. Al enterarme entré en negación y sentí el silencio, sentí el vacío, sentí la ausencia que dejaría en espacio, sentí la ausencia que tendría en su pueblo, pero más dolorosa, sentí la ausencia que dejaría en sus ríos y montañas, sin aire y sin entender lo que estaba pasando tragué un poco de saliva y leí algo que no quería aceptar: Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron detenidos en la sexta avenida de la ciudad de Guatemala de manera arbitraria y nadie hizo nada para detenerlos; bueno sólo Ricardo Cajas que iba con ellos, quien también fue agredido por la PNC que sin orden de juez, detuvo a Rigoberto ilegalmente. Recordar esta detención es como echar sal en la herida, en esa herida que no sanará nunca, la herida que está abierta desde hace mucho, antes de que yo naciera desde hace más de 500 años.

Este mes hace un año, sin duda es un mes de mucho dolor, del recuerdo de agresiones, injusticias, arrebatos, dominación y abuso de poder, puesto que  el 19 de marzo fui agredida junto a Rigoberto y muchas otras compañeras y compañeros comunicadores, periodistas y locutores en el parque de Santa Eulalia -Huehuetenango- en el intento de reapertura de la radio Snuq’ Jolom Konob’  por el ex Alcalde Diego Marcos Pedro y todas y todos su empleados, allegados y operadores políticos. Ese día salimos corriendo, huyendo después de haber documentado la mierda y la impunidad que impera en Guatemala en todos sus niveles, en todos sus estratos,  en sus tres poderes, a todas luces  y la orden del día.

La detención de personas como Rigoberto rompe el tejido social del país y los pueblos, mismo que ha tratado de reconstruirse a pesar de la ruptura que hubo durante la  guerra de 36 años, la migración y diversos fenómenos sociales provocados por la desigualdad, el racismo y el clasismo. La desestabilización de la economía familiar y del pequeño productor, puesto que para un hombre indígena en este país la edad promedio de estabilidad económica está entre los 75 y 85 años, la desintegración de las mismas quizás sean los resultados más dolorosos de toda esta vorágine del despojo, de la dominación, la lejanía del encarcelamiento como el castigo máximo. Me parece un insulto que sigan torturando a los pueblos, despojándolos de sus líderes, de sus guías, de sus cabezas de pueblo,  acosándolos, reprimiéndolos y criminalizándolos por defender la vida. En este país cualquiera que este organizada es un crimen y un peligro.

Vivir la prisión política en carne propia supongo que ha de ser tortuoso y fulminante, pero a las y los cercanos es un mar de impotencia y dolor, los daños colaterales no son cuantificables, poco puede hacer una, más allá de los trámites y diligencias, de las vueltas por la comida, la ropa, de las colas largas de la visita y la lucha por que el encierro sea lo menos tortuoso posible, la angustia del día a día, en esas junglas de concreto, gobernadas por el narcotráfico, ex funcionarios, sicarios y delincuentes y la corrupción. La impotencia de ser una mujer indígena o mestiza y saber que se tiene en contra al estado en todas sus expresiones que te invisibiliza y obliga a someterte a su justicia, a su sistema penitenciario y la podredumbre alrededor de éste, que te denigra en tu integridad humana y de manera involuntaria  se guarda la prisión política junto a tu compañero con la esperanza de un poco de solidaridad, de los cercanos.

Qué hacen personas como Rigoberto, Domingo, Don Chico, El Profe Arturo y los demás en prisión por delitos inventados, detenidos arbitrariamente, torturados psicológicamente, y económicamente, puesto que el estar preso ahora también debe de ser un lujo a la hora de pagar la talacha si querés seguir con vida o al menos entero. El MP  ha negado en múltiples audiencias que es prisión política, en la que tienen sometidos a Rigoberto y las demás personas que se encuentran encerradas injustamente, pero si estas personas están presas por defender su casa, sus familias, su comida, sus ideas, sus pensamientos y sus saberes enseñados por sus ancestros.

La prisión política es el castigo máximo que han encontrado estos estados del terror donde siguen operando de manera ilegal la tortura de todo tipo y los abusos usuales a los que son sometidos los que defienden sus ideas, sus creencias y su territorio.

Hoy hace un año Rigoberto, lo llevo conmigo todos los días para que me recuerde que tengo el compromiso de seguir luchando, gracias por las pláticas de horas, enseñándonos sobre su tierra, sobre su historia, sobre su pueblo. Tengo miedo de no volver a verle, tengo miedo de que esta ausencia me ahogue y no pueda seguir luchando por demandar por su libertad. Gracias por creer y enseñarnos tanto con su encierro, que como usted lo ha dicho tantas veces, es sólo otra forma de luchar. Gracias por ser tan imprescindible, gracias por sus pasos en la tierra con los pies descalzos, gracias por ser el guardián de la vida de los ríos y las montañas. Acá afuera lo estamos esperando y sentimos su ausencia, nos hace tanta falta su caminar, su andar y su esperanza.

Dos autoridades ancestrales irán a juicio oral y público por delitos que no cometieron

Por Nelton Rivera.

«Vamos a seguir defendiendo la vida, si es necesario daremos la vida, pero no seguiremos arrodillados…el agua que es la vida, de donde viene?, la dan los arboles, la dan los cerros, por eso vamos a seguir defendiendo la vida, indistintamente de las acusaciones que nos hagan» Rigoberto Juárez.

Después de once meses de permanecer en prisión preventiva, finalmente la Juez Claudette Domínguez presidenta del tribunal de Mayor Riesgo grupo A de la ciudad capital, resolvió enviar a juicio oral y público a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los delitos de coacción e instigación a delinquir.

Ambos autoridad ancestral fueron detenidas en el mes de marzo del 2015 cuando iban a participar en una actividad pública en el centro histórico de la ciudad, fueron señalados por la fiscalía de delitos contra operadores de justicia del Ministerio Publico (MP) por su supuesta participación en el cierre del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, Huehuetenango el día 19 de enero del 2015.

Rigoberto Juárez Mateo en su calidad de autoridad ancestral fue convocado por la población como mediador el día 19 de enero 2015 luego que representantes de varios municipios de la región norte de Huehuetenango asistieran pacíficamente al CAJ para solicitar información sobre la situación jurídica y el paradero de dos jóvenes comunitarios de San Mateo Ixtatán.

Los dos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente ese mismo día en la aldea Pojom, Domingo Baltazar ese día sufrió un accidente que no le permitió movilizarse al CAJ contrario a la afirmación del MP.

Dos días le tomo al tribunal realizar la audiencia para escuchar al MP con la presentación de las pruebas, también fueron escuchados los querellantes, abogados defensores y las dos autoridades ancestrales.

La juez Claudette Domínguez consideró que existen suficientes pruebas para ordenar la apertura a juicio oral y público en el mes de marzo de 2016, pero rechazó la petición alternativa del MP de hacer una ampliación de la acusación a un tercer delito de plagio o secuestro.

El tribunal no permitió que el abogado José Luis Chan en representación de los querellantes adhesivos se acreditara como tal, debido a que no presento ningún mandato legal que lo respaldara, solamente quedan acreditados como querellantes el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ y el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar seguirán detenidos en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en un proceso que ambos consideran injusto y de persecución política por el papel que juegan como autoridades ancestrale y comunitaria en Santa Eulalia y el territorio Q’anjob’al.

Me siento sumamente afectado en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al

Por: Nelton Rivera.

“Lo que está pasando ahorita es solamente una situación que está alargando un proceso en el cual me siento sumamente afectado, y en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al aún más todavía.”

Claudette Domínguez juez del Tribunal de Mayor Riesgo A de la ciudad de Guatemala decidió suspender la audiencia de revisión de medida de coerción para Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo, autoridades ancestrales. Esta audiencia se programó para el día 18 de enero 2016 y por la ausencia de Diego Marcos Pedro ex alcalde municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango la juez no celebró esta primera audiencia.

Para este mismo día 18 de enero estaba programada también una segunda audiencia para conocer y discutir el acto conclusivo del Ministerio Publico de la acusación contra las dos autoridades ancestrales con el número de caso 13005-2015-00109. Por dos razones la juez canceló esta audiencia: a. Que no se encuentra el ex alcalde Diego Marcos Pedro y b. La renuncia del intérprete de idioma Q’anjob’al asignado por la unidad de pueblos indígenas del Organismo Judicial.

Al repetir esta audiencia para el día jueves 25 de febrero 2016 a las 8 de la mañana, ya Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar habrán cumplido 11 meses de prisión política, detenidos en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 de la ciudad capital.

Estas fueron las palabras de Rigoberto Juárez Mateo ante la juez de Mayor Riesgo:

“Antes que nada muy buenos días, estoy sumamente preocupado, me voy a referir primero sobre lo que dijo el hermano Q’anjob’al. Me sorprende enormemente de que él (Andrés Pedro Pascual, interprete designado) hasta aquí, venga a decir que no puede ser nuestro intérprete, cuando se supone que cuando le fue notificado, ¡ya tiene tiempo!, de eso hace algunos días. En ese momento debió haberle hecho saber a su jefe inmediato superior, que por las razones que él expuso hoy aquí no puede ser nuestro traductor. Y me sorprende de que hasta hoy y aquí en esta sala, haya hecho esa afirmación.

Con esta actitud interpreto y entiendo, que hay algunas situaciones que puedan ser entendidas de muchas maneras. A mi manera de pensar, me siento ofendido, al decir que hemos tenido relación laboral ¿qué es lo que está tratando de decir?, ¿Que yo pretendo manipularlo para que hable a favor mío?, eso será su conciencia, no la mía.

Y por lo tanto también, pediría a usted señora Juez, que oriente o solicite al Ministerio Público o al órgano correspondiente que sea más objetivo en cuanto a la designación de las personas que puedan facilitar un proceso, justo, necesario, pronta y cumplida de la justicia en nuestro país.

Lo que está pasando ahorita es solamente una situación que está alargando un proceso en el cual, me siento sumamente afectado, y en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al aún más todavía.

Entonces yo sí creo que los dos meses de más que ya definió para la investigación del MP, es demasiado tiempo. Y por otro lado, cuando mi abogado dice que renuncia solamente a nuestro derecho de revisar hoy la medida de coerción, teniendo en cuenta que nosotros estamos interesados que se resuelva cuanto antes nuestra situación jurídica, dado los argumentos que vienen y van, y las justificaciones o no.

Justificaciones que de alguna manera también lo hacen los querellantes adhesivos, en este caso el personal del Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia y que son los que yo diría debieran ser mucho más objetivos.

Sin embargo hay intereses muy claros, muy evidentes de parte suya, de que este proceso se prolongue y del señor Diego Marcos Pedro (ex alcalde municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango) ¿por qué durante los meses anteriores, en su calidad de funcionario público no se quiso hacer presente? Porque sabe exactamente, y acá los señores presentes, fiscales del Ministerio Público de Santa Eulalia saben que el señor Alcalde fue el causante de muchas de las acciones violentas que se generaron en su municipio.

Entiendo que hay comunicación de ellos con el señor Alcalde, eso se puede visualizar. Y ojalá que la prolongación de este proceso no sea una respuesta de esa comunicación que hay entre el Alcalde o el ex alcalde y los señores aquí que dicen ser agraviados de una situación que no fue real. Más bien nosotros nos sentimos ofendidos y acusados de una situación que no provocamos, y aun así se está pretendiendo prolongar el proceso de tal manera que nosotros sigamos siendo afectados.

Hay consecuencias colaterales de esta situación señora Juez. Nosotros somos padres de familia, tenemos responsabilidades familiares ¿Quién les da de comer a nuestros hijos? ¿Quién vela por la seguridad de nuestra familia? Y aun eso, hay otros efectos colaterales en nuestro municipio.

Se dice que hay una situación que se violenta, ¿Quiénes son los órganos encargados de ver que haya armonía en nuestro municipio? El Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia aún no está abierto, y eso no quiere decir que no haya armonía en nuestro pueblo, al contrario.

Por otro lado hay situaciones que se generan como consecuencia de nuestra detención, yo diría que hasta la fecha, detención ilegal, porque no se evidencia con mucha claridad, ¿somos culpables o no somos culpables de esos actos por los que nos acusan?

Entonces señora Juez quizá lo que yo voy a decir no va a poder variar su resolución, pero por los meses que llevamos ya detenidos sugeriría que tome en consideración, que sea cuanto antes.

Entiendo que tiene una cantidad enorme también de audiencias pero eso va en detrimento de nosotros como acusados injustamente de una situación que no cometimos. Entonces, reitero de nuevo, el señor Andrés, me sorprende su actitud, los señores del Centro de Administración de Justicia, me sorprende aún más su actitud, y ojala que lo considere, señora Jueza.”

 

Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio

Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

Es parte de la tradición informativa guatemalteca la aparición y representación de los pueblos indígenas del altiplano periférico como protagonistas colectivos de actos como los «linchamientos, obstrucciones y bochinches» pareciera que toda acción política que realizan son injustificados y estigmatizados. A pesar de toda la retórica del reconocimiento y de su incorporación a la vida política, parecería que la imagen del indígena  incivilizado e indomable, ingobernable,  sigue estando presente en la mente de quienes generan las noticias, y con ello, renuevan el imaginario colonial que arrastramos.

Traigo esto a colación  porque hace ya unos meses, en su edición 92  del 20 de febrero de 2015, la revista ContraPoder publicó el reportaje titulado precisamente Huehuetenango, el ingobernable, que puede ser un ejemplo de cómo estos estereotipos y estos estigmas sociales se recrean, utilizándose para intereses concretos.

El texto trataba sobre los hechos ocurridos un mes antes en San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia que condujeron al cierre del Centro de Administración de Justicia –CAJ- ubicado en esta última cabecera municipal, y que según el texto, se debió a la acción de una “turba” de vecinos que sometió por la violencia al juez Marlon Interiano de este Centro, que desde entonces permanece cerrado.

El reportaje inicia narrando sucintamente los hechos ocurridos en la aldea Pojom -San Mateo- y Santa Eulalia los días 19 y 20 de enero. Después habla de la conflictividad de la región del norte de Huehuetenango, por la presencia de las empresas hidroeléctricas en los municipios. En el apartado titulado “El escenario del conflicto” aporta una serie de datos sobre Huehuetenango; sigue con “El rostro de la oposición”, dedicado a la figura de Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Plurinacional, y termina con  un apartado denominado “Una nación en un pueblo dividido”, en que se retorna a los hechos de Pojom que iniciaron el reportaje.

Pudo tratarse de un texto más sobre las problemáticas sociales y la oposición de las personas a los proyectos que consideran nocivos para la vida comunitaria, que aportara insumos para comprender esta situación. Pero si no fuera porque la narrativa del texto y la versión de los hechos dada en éste coinciden con los que se argumentan en una causa penal por la que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, importantes líderes q’anjobales que fueron detenidos el 24 de marzo, apenas un mes más tarde de la publicación del reportaje.[1] Del mismo modo el abogado Pedro Toledo fue detenido en octubre de ese mismo año y fue liberado dos meses después cuando el juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal de Mayor Riesgo B resuelve su caso por falta de mérito.[2]

En total son ocho órdenes de captura las que están ligadas a este proceso penal,  en que la versión del Ministerio Público y la acusación coinciden en algunos puntos con la que se plantea en el reportaje al que aquí me refiero. Y esto es preocupante porque no concuerdan con las que dan fuentes directas.

Dadas estas coincidencias y lo impactante del título, voy a sacarlo del olvido tantos meses después. En este  texto contrastaré la versión que da este reportaje con la de esas otras fuentes directas. Trataré de rescatar los datos y las ausencias informativas con el objeto de calibrar que tan involuntarias pueden ser. Para ello, una parte de las notas a pie de página que acompañan este artículo sirve para mostrar alguna de la información disponible sobre lo que se va narrando.

Según mi análisis, y es delicado mostrarlo por las implicaciones políticas y éticas que conlleva, todo parece indicar que estamos ante un ejemplo de manipulación informativa que buscan crear estados de opinión para favorecer intereses concretos, en este caso los de las hidroeléctricas que operan en el norte de Huehuetenango. Esto mostraría una de las formas en que se ha venido dando la combinación entre la corrupción judicial y la denigración de la lucha social por parte de la prensa para transformar a los líderes comunitarios en criminales. Esto es algo que se ha dado  durante los últimos gobiernos, que no se ha detenido en absoluto en este último “de transición” y que no parece haber sido cuestionado en las investigaciones de la CICIG. [3]

Primero voy a mostrar que se oculta información esencial para comprender los hechos que pretenden mostrar; después daré algunos detalles para ver cómo se manipula la imagen del contexto que se ofrece. Después ya podremos pasar a ver las causas e implicaciones  de toda esta operación ideológica.

Lo que no se cuenta: sobre la hidroeléctrica en Pojom

Los sucesos que dan pie al reportaje iniciaron el día 19 de enero en la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán.  Se nos narra de forma ágil y rápida, como corresponde a un texto de este tipo, que

“…fiscales y policías antimotines llegaron a la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán, para cumplir con diez órdenes de captura de supuestos implicados en el homicidio de un lugareño, en noviembre pasado.

La población intentó oponerse. Los niños y las mujeres formaron una valla y la Policía usó bombas lacrimógenas para abrirse paso. Durante el enfrentamiento, los hermanos Jesús Pedro y Casimiro Mateo Mateo, dos jóvenes de la comunidad, fueron detenidos y trasladados en helicóptero hasta la cabecera departamental.

Inconformes con la detención, los vecinos de los hermanos Mateo se organizaron para retener a la delegada de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos en San Mateo Ixtatán y a la jueza de Paz de Barillas, mientras otro grupo se trasladó a Santa Eulalia, donde se encuentra el Centro de Administración de Justicia (CAJ), para retener a varios empleados del complejo, incluido el juez.”

Tanto la presencia de antimotines en una aldea, como las bombas lacrimógenas o el traslado en helicópteros parecen mostrar un uso excesivo de fuerza y recursos. También parece excesivo que “la gente” se opusiera, y que los niños y las mujeres formaran una valla para impedir su paso. Pero en el texto todo eso aparece sin más explicación.

Estos hechos se entenderían mejor si se vincularan con la presencia de la hidroeléctrica Promociones y Desarrollos Hídricos en la aldea, como si hicieron otros medios.[4] La intención de esta empresa de instalarse en Pojom y Yich K’isis en contra de la voluntad de sus habitantes es motivo de conflictos  desde hace varios años.[5] Uno de esos momentos de disputa –del que hay versiones divergentes [6]– acabó con la muerte de dos comunitarios el 18 de noviembre de 2014, dando origen a las capturas del 19 de enero que aquí se narran.

Es decir,  se nos está narrando la persecución a una comunidad que pelea por la defensa de su territorio, su agua y su entorno. Esto, que no aparece, ayuda a entender que la PNC destaque a los antimotines  que usan gases lacrimógenos, y movilicen un helicóptero para sacar a los detenidos. Lo hacen porque saben que hasta las mujeres y niños de Pojom va a defender a sus compañeros. Y cuando se los llevan, los pobladores de la aldea toman acciones que son políticas y pacíficas, que son las que el Estado de derecho posibilita: se acude a la delegada de COPREDEH de San Mateo, a la jueza de Barillas y finalmente al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia para pedir ser escuchados, para pedir que se resuelvan sus problemas internos.

Todos los problemas que dan origen al reportaje han sido originados por la presencia de la hidroeléctrica PDH, pero esta empresa no se cita ni cuando se mencionan los sucesos ni cuando se cierra el reportaje precisamente mencionando las fracturas internas de la aldea Pojom.[7] Esto es un ocultamiento estratégico de un actor clave en todo lo que se narra. Es verdad que PDH y las demás hidroeléctricas aparecen en el contexto, pero al hacerlo sin vincularlas a estos sucesos, se omite doblemente.

 

Otros hechos ocultos: la noche del 19 al 20 de enero en Santa Eulalia

El reportaje continúa con los párrafos que siguen, relatando los acontecimientos que siguieron, y  dieron pie a su publicación:

La madrugada del 20 de enero, la turba obligó al juez Marlon Interiano a ordenar la libertad de los hermanos Mateo. El alcalde fungió como testigo mientras otros siete trabajadores del juzgado permanecían retenidos.

Ese día, el juez y los otros trabajadores del centro de justicia abandonaron el pueblo. Lo hicieron a través de una ruta alterna, entre montañas, hasta llegar a la cabecera de Huehuetenango. No fue posible obtener sus versiones de lo sucedido; el relato se arma con los testimonios de varias personas que participaron u observaron en silencio la turba.

Los disturbios se disolvieron cerca del mediodía, cuando el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, llegó a calmar los ánimos. Pero desde entonces, el centro de justicia para todo el norte de Huehuetenango permanece cerrado. Solo se quedó la estación de la Policía. El resto de trabajadores tiene miedo de volver.

En este caso llama la atención que se reduce toda una serie de episodios a los efectos de una “turba” –un concepto sobre el que regresaré más tarde- que “obliga” a un juez y “retiene” a unos trabajadores en presencia del alcalde.

Pero lo sucedido fue más complejo, duró muchas horas e intervinieron varios tipos de actores. Se exponen en el detallado INFORME DE SUCESOS que el Gobierno Plurinacional del Territorio Qánjob’al, emitió al día siguiente.[8] Un relato mínimo de lo ocurrido a lo largo de esas horas incluiría al menos los siguientes hechos:

Día 19 de enero

06.30  Llega información a Santa Eulalia de que en Pojom la PNC está tirando gases y buscando aplicar órdenes de captura.

11.30    Llega la información de que la PNC ha capturado y trasladado a dos hombres en helicóptero a Huehuetenango.

14.30   Representantes del Gobierno Plurinacional provenientes de diversos municipios se dirigen al CAJ a averiguar sobre la capturas. Se reúnen con PNC y MP. El coordinador del CAJ no da información sobre el caso.

18.00  Llega delegación de San Mateo con orden de captura que tiene firma del juez del CAJ. Gente de Santa Eulalia y otros pueblos se ha ido juntando alrededor del CAJ. Se hacen llamadas a Thelma Aldana y al Gobernador.

22.00  El Coordinador del CAJ dice que el juez sustituto está en Santa Eulalia y los representantes del Gobierno Plurinacional van a buscarle  acompañados de los agentes de la PNC y la gente, para que haya una nueva audiencia.  Por el camino encuentran al Alcalde y su hijo. La población les conmina a acompañarles.

23.00  En el CAJ empieza la audiencia con la presencia de representantes del Gobierno Plurinacional, juez, secretario y fiscal del MP.

Día 20 de enero

03.45  La audiencia termina con la extensión de una orden de libertad por parte del juez. La gente que había esperado se va retirando tranquilamente

04.00  Salen disparos del supuesto carro del alcalde, hiriendo a dos muchachos. La PNC cierra las salidas del pueblo, pero no sale ningún carro.

05.00  Gente cercana al alcalde impide la apertura de la radio a quienes se acercan a abrirla.

06.00  Gente cercana al alcalde limpia de evidencias el lugar desde el que se han realizado los disparos.

05.00-10.30 Se dan varios episodios violentos contra miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia, que se refugian en sus casas.

11.30    Monseñor Ramazzini llega a Santa Eulalia.

Es decir, estamos ante un proceso en el que estuvieron presentes, durante muchas horas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Coordinador del CAJ, un juez, un secretario, un obispo, varios abogados, la gente de la radio, del movimiento social, el alcalde, su hijo, sicarios y dos heridos. Un proceso en que hubo propuestas para una salida dialogada a la situación, en que se dio una audiencia, en que se realizaron unos disparos contra gente desarmada, en que se dieron acciones violentas contra comunicadores y en que la población intervino en varios momentos y de varias formas pacíficas. No es algo que se pueda calificar de “turba” y resolver en tres frases.

Pero sobre todo, teniendo en cuenta estas otras fuentes asequibles, lo que más llama la atención es que el reportaje no hace ninguna mención a dos hechos clave que ocurrieron esa misma noche y que por su importancia, ameritarían aparecer en él.

El primero son los disparos realizados contra Pascual Basilio Pascual Diego y Armando Mateo Pascual, jóvenes de una aldea de Santa Eulalia que acabaron provocando la muerte del primero de ellos semanas más tarde.[9] Según familiares y testigos, los disparos fueron hechos por el hijo del alcalde y desde el carro del alcalde Diego Marcos; que salió huyendo.[10] En los relatos de esa noche se habla de que padre e hijo ya habían mostrado una actitud beligerante y habían tenido un uso provocador de su arma antes de entrar a la audiencia, de tal manera que hubo que entregarla a la Policía Nacional Civil. [11]

El otro hecho es el cierre arbitrario y violento de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también por partidarios del mismo alcalde, seguido de la agresión a miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia.[12] Este momento no está separado del anterior: según testigos y el mismo informe, después de los disparos, los seguidores del alcalde Diego Marcos se reunieron y procedieron a retirar las pruebas de lo  ocurrido y a cerrar la radio para evitar que lo diera a conocer. En esa misma tónica, se persiguió, amenazó y golpeo a varios miembros del Movimiento Social, obligando a sus miembros a esconderse durante todo el día siguiente. También la gente cercana al alcalde golpeó en la plaza a un hombre discapacitado y tuvo retenida y a punto de linchar a una mujer en el parque de Santa Eulalia y que apenas fue liberada minutos antes de la llegada de Monseñor Ramazzini avanzada la mañana..

Ambos sucesos ocurrieron cuando la gente regresaba del CAJ y no fueron realizados por “la turba” esa de la que se habla en el reportaje: todos los testimonios coinciden en que fue gente allegada al alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos. Llama la atención la total ausencia de este personaje en el texto. De nuevo se trata de un actor central para entender lo ocurrido esa noche; y toda la conflictividad que se da en el municipio de Santa Eulalia – en parte por hechos como los ocurridos esa noche.[13]

En fin que hechos tan importantes y problemáticos en sí mismos no aparezcan en el relato, cuando de los dos eventos hay noticias suficientes en varios medios esos días, como he ido mostrando en las notas a pie de página. Incluso Gustavo Berganza, uno de los columnistas de ContraPoder, participó en la rueda de prensa en que el jueves 22 de enero se denunció públicamente el cierre de la radio Snuq’ Jolom Konob’.[14]

Conferencia de prensa realizada el 22 de enero para denunciar el cierre violento de la radio Snuq’ Jolom Konob’.En  la fila de atrás: Enrique Naveda de Plaza Pública, Gustavo Berganza de ContraPoder y Canal Antigua y Martín Pellecer de Nómada Fotografía: Sandra Sebastián, Plaza Pública.

El manejo de la información y representación de los pueblos indígenas

Pero no sólo son estas ausencias. En el resto del texto, la información se va construyendo con el objetivo de dar a los lectores una imagen específica sobre los acontecimientos narrados, sin dudar en acudir a sobredimensionarlos de diversas maneras. Voy a dar tres ejemplos y  después veremos cuál es la finalidad de este proceder.

El reportaje comienza con dos párrafos que contienen una gran cantidad de ideas implícitas en el uso de los términos.

El norte de Huehuetenango es una olla de presión a punto de explotar. A los asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros que han marcado la conflictividad del área en los últimos tres años, se suma la salida de jueces, fiscales y defensores públicos que huyeron despavoridos. La justicia aquí está temporalmente clausurada.

Desde hace varias semanas se escucha en la capital una inusual historia que ocurrió en Santa Eulalia, Huehuetenango, a mediados de enero. Cuentan que el juez de instancia fue sacado en plena madrugada de la pensión donde vivía. Una turba, que apenas le dio tiempo de vestirse, lo obligó a abrir el centro de justicia, celebrar una audiencia y ordenar la libertad de dos hombres acusados de homicidio que la Policía había capturado el día anterior.

Entre medias de los dos textos aparece una  fotografía como recogida de Prensa Comunitaria (“Foto: Prensa Comunitaria”), aunque se vea claramente que es de Radio Snuq Jolom Konob’. [15] Vemos un par de radiopatrullas con mucha gente en las aceras, con el siguiente pie de foto: “Habitantes de Santa Eulalia, reunidos en la cabecera municipal para exigir a la Policía que se retirara del pueblo”.

En su ubicación original, esta fotografía no tiene pie de foto; y el texto del artículo original dice que “la gente le pidió a los agentes de la policía que no sigan su camino hasta que llegue el Ministro de gobernación”. [16]

Hay una diferencia importante entre “exigir que se retiren” y “pedir que no sigan”  – además, el texto original dice que están esperando para que se cumpla el acuerdo firmado el día anterior con el Ministro. Se trata sólo de un matiz, pero un matiz que es preocupante: en el pie de foto la gente respetuosa de Santa Eulalia aparece como agresiva. (De paso, fíjense en la fotografía, a ver si la actitud parece amenazante y exigente). La expresión de la “olla de presión a punto de explotar” transmite la misma idea.[17] Es el “Huehuetenango ingobernable” del título.

Y la imagen de la ingobernabilidad la da la palabra “turba”, seguramente la que tiene más calado de todo el ejercicio de este reportaje en donde hay vacíos de información por un lado y tergiversación por el otro. Como hemos visto, aparece tres veces, estratégicamente repartida, en los primeros párrafos del texto. Es un término que históricamente se ha utilizado para desvalorizar las acciones colectivas de los sectores populares, irracionalizando y animalizando su actuar.

En Guatemala se asocia a los indígenas, con su actuar bárbaro y salvaje. Y últimamente lo vemos muy utilizado por la  prensa que se ha dado en llamar prensa amarillista o sensacionalista por su manejo de la información.[18]  Igual que en los titulares escandalosos de esa prensa, lo que vemos en este reportaje apunta a  una búsqueda de la sobreexcitación emocional del lector por encima de aportar contenidos informativos.

Parece que se busca dejar en el lector la impresión de que es “la turba” que expulsa al juez la que impide que se lleve a cabo la justicia en un territorio remoto habitado por gente “ingobernable”.  Ésta es una imagen con reminiscencias coloniales, que se actualiza cuando se explican hechos en múltiples situaciones de linchamientos y quemas de estaciones policiales que se han dado en el país en los últimos años, aunque este episodio en concreto no haya tenido nada que ver con todo eso.

Como una forma de dar reforzar esta imagen que se quiere crear o recrear, hay muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, además de los “asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros” mencionados, al hablar de la región, se menciona que “se ha registrado en el área la muerte de un líder comunitario y un soldado, la quema de maquinaria de dos hidroeléctricas, una finca y una constructora” hechos que no han sido investigados y resueltos ni siquiera por quienes les corresponde: el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Pero en cambio, el texto no se refiere a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y sufren los comunitarios que se han opuesto a que las hidroeléctricas se impongan en el área: ejecuciones, amenazas, militarización, detenciones arbitrarias, juicios amañados, condenas injustas y otras formas de violencia. Todos estos son elementos del dominio público, que han sido analizados y difundidos por instancias nacionales e internacionales de diversa índole.[19]

Otro punto que llama mi atención es la total ausencia de mención a quienes están presos y con persecución penal por su oposición a las actividades de las empresas hidroeléctricas y sus representantes en el área.[20] Desde el 2012, han pasado por la cárcel 18 personas, de las que nueve siguen en ella. Las primeras fueron capturadas el 2 de mayo de 2012 y la última el 3 de octubre de 2015. Además ha habido y hay órdenes de captura contra muchos más, un aspecto importante de estas detenciones es que a ninguno se le ha podido comprobar los delitos de los que se les acusa y los procesos son armados con tantas inconsistencias que a todas luces se están cometiendo injusticias y arbitrariedades.[21]

Por lo que la información ofrecida impide conocer el porqué de los mismos datos que se aportan y los sucesos que se narran.

Finalmente, el circulo de la desinformación se cierra en el apartado del reportaje titulado “el rostro de la oposición”, en que se dibuja la figura de Rigoberto Juárez, donde saltan los resortes de la mirada colonial y el estigma no solamente hacia la población indígena sino a quienes defienden sus derechos. Y yo me pregunto, ¿es ésto amarillismo disfrazado? ya que al retratarle  como “excombatiente guerrillero de Ejército Guerrillero de los Pobres”  se busca la asociación inconsciente a la figura del guerrillero como enemigo de Guatemala, terrorista y cómo no, violento. Pero no se cuenta que Rigoberto es técnico en salud rural, reconocido líder indígena a nivel internacional o fundador de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala – ALMG, ambos hechos igual de relevantes en su trayectoria.

Esa misma imagen es la que hizo Eddy Juárez, viceministro de Seguridad de Otto Pérez Molina, quien eludiendo cualquier la imparcialidad es la fuente principal de este apartado. El describe a Juárez como un “promotor de manifestaciones violentas” que “desinforma”, a quien “no pueden detener porque no participa en las manifestaciones”  e implícitamente como poco democrático.[22] En cambio desaprovecha de forma notoria la entrevista mantenida con él, de quien sólo se recoge una frase –“Juárez dice que estas medidas son precautorias”, una frase que justifica unas acciones violentas, que son justamente aquellas que la autora de este texto quiere que recordemos.

Es decir, además de que se oculta información fundamental para entender la problemática social en el norte de Huehuetenango, en los detalles que muestran el contexto en que éstos se dieron, hay una insistencia en ofrecer imágenes que retratan a  los actores indígenas como amenazantes del orden  social, como enemigos, como salvajes, lo que impide que podamos comprender al país y sus contradicciones y realidad. Estaríamos ante un caso de amarillismo encubierto, en dónde se usan técnicas sensacionalistas que funcionan y que lamentablemente desinforman y manipulan la opinión pública. Poco tiempo después de detiene y encarcela a Rigoberto Juárez bajo la mirada pública que tuvo información de que el es una persona peligrosa.

 

Una vez más, la construcción del crimen y el criminal

He querido mencionar los datos más evidentes que muestran un reportaje que muestra falta de rigor, un caso de parcialidad y falta de objetividad, algo opuesto al periodismo profesional que realiza un medio de la calidad y rigor que se le supone a ContraPoder.

A través de ausencias, tergiversaciones y amarillismos se nos ha querido nos dar la imagen de unos acontecimientos provocados casi unilateralmente por una población  violenta  liderada por un líder amoral. Al obviar toda una serie de procesos complejos y maquillar otros, tenemos elementos como para pensar que se trata de un trabajo realizado con la intención de favorecer a una de las partes de un conflicto,  dejando fuera de forma consciente elementos que la inculpan y negando las voces de los que la oponen.

A estas alturas tenemos elementos para pensar que este tratamiento del tema en los grandes medios, como en este reportaje no es casual.  La detención de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar forma parte de una campaña en la que este año 2015 se ha encarcelado a cinco líderes comunitarios más del norte de Huehuetenango: Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro en febrero, en junio Ermitaño López y en octubre al abogado Pedro Robel Ovidio Toledo Toledo que ya está en libertad.[23]

Estamos ante un recrudecimiento de la criminalización –la conversión de los defensores del territorio en criminales-[24], que ha sido una estrategia constante desde que los pueblos del norte de Huehuetenango expresaron su oposición pacífica a las actividades que consideraban nocivas y a la forma en que se les imponía, empezando por la realización de Consultas de Buena Fe.[25]

No parece casualidad que este repunte haya coincidido con un año electoral, pues los alcaldes son gestores importantes de las empresas a nivel municipal, con intereses compartidos.[26] La reciente absolución de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez autoridades comunitarias de Barillas después de dos años de prisión injusta, ocurre después de que el MP no pudo demostrar las acusaciones de femicidio que les imputaban; [27] y la de Pedro Toledo por las mismas razones (ver nota 2) esto demuestra hasta qué punto los casos se construyen para apartar a los líderes de la lucha social.

Diego Marcos,  Alcalde de Santa Eulalia –en primer plano-  ejerciendo de acusación particular contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar en la audiencia del día  11 de abril de 2015. Fotografía, Santiago Bastos.

Por ello, en la forma de dar la información en este reportaje, podemos ver la intencionalidad de crear la imagen de criminal en quien es el principal acusado en el juicio. En este caso,  la prensa está cumpliendo exactamente lo que dicen quienes estudian este “dispositivo expropiatorio”:

 “La criminalización opera como una especie de “antesala” de la represión directa, como una forma de legitimar socialmente el ejercicio de la fuerza pública contra los luchadores sociales. En esta estrategia juega un papel muy importante la formación de una opinión pública que perciba a los activistas como potenciales amenazas para el conjunto de la sociedad”.[28]

Pero en este caso hay más: los hechos que no aparecen en el reportaje –los disparos a los jóvenes y el cierre de la radio- son los que permitirían desvirtuar la acusación a Rigoberto Juárez y el papel de víctima que el alcalde Diego Marcos se ha adjudicado en la versión del MP. El texto lo que hace es ocultar deliberadamente elementos de su comportamiento que pueden ser constitutivos de delito. De hecho, existe una solicitud de  antejuicio contra este aún alcalde en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia, por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.[29]

Y no queda aquí la actuación violenta del alcalde Diego Marcos y sus allegados. Cuando el dia 19 de marzo de 2015 se pretendió reabrir la radio Jolom Konob, la Corporación Municipal no respetó el consenso alcanzado con el personal de la radio y lo que iba a ser un acto comunitario, hubo de suspenderse por los ataques que sus allegados  hicieron en contra de los miembros de la radio y otros  comunicadores que habían acudido a la actividad.[30]  Estos hechos le han valido al mismo alcalde la solicitud de otro antejuicio, por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales. [31]

En definitiva….

Nos encontramos una vez más con lo que ya hemos denunciado tantas otras veces: la construcción del crimen y de la figura del criminal por parte de los medios de comunicación. Es una parte muy importante de los procesos de criminalización de la lucha social y de despolitización de los ciudadanos.

Desde el título se crea la impresión de que Huehuetenango es un territorio indómito en que la gente no acepta las reglas de “civilización” que el Estado les aporta. Es la idea de la turba que expulsa al juez, casi como en una película de western, y en que el villano es el jefe de las tribus indómitas. Para eso se usa toda la ingeniería de la desinformación que acompañan otra serie de acciones como la persecución penal.

Desde la “cobertura” que da la supuesta neutralidad, se crean las condiciones para para tergiversar los hechos y convencer a la población del carácter penal de las acciones y actores; mientras nadie piense en las empresas, ni en los jueces y los alcaldes que operan sus intereses.

Y a la vez,  se da un paso más en la recreación y la autoperpetuación del estigma social: sólo al repetirlo y mostrarlo, todo ello se hace encajar en la idea de ese “Huehuetenango ingobernable”, lejano y siempre arisco, que necesita de la mano dura y del progreso que traen las empresas. Esas empresas que son las que se benefician de este tipo de reportajes.

Notas

[1] La detención Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar provocó en su momento una ola de protestas entre organizaciones sociales y medios alternativos por lo irregular del procedimiento. Ver Prensa Comunitaria entre el 24 y el 30 de marzo, así como “Detienen a dos hombres por incendio de finca en 2013 en Santa Eulalia”. Emisoras Unidas, 24 de marzo 2014; “Capturan a Rigoberto Juárez, el líder del gobierno plurinacional”. ContraPoder, 25 de marzo 2015; “El Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel CPK ante la detención de Rigoberto Juárez Mateo y de Domingo Baltazar”. Comunicado, 24 de marzo 2015; “Junta directiva y Comunicadores Sociales de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob de Santa Eulalia, Huehuetenango”, Comunicado 24 de marzo 2015; “Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob, Criminalizar y Reprimir”. Comunicado UDEFEGUA, 25 de marzo 2015; “Gobierno Plurinacional Akateko, Chuj, Poptil´, Q´anjob´al y Mestizo”, Comunicado Urgente 26 de marzo 2015; “Libertad para Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo y Fin a la Criminalización Indígenas”. Comunicado WINAQ, 26 de marzo 2015;“La democracia y sus presos políticos”, Zaira Lainez, Plaza Pública, 26 de marzo; “EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA A LÍDERES DE LOS PUEBLOS ESPECIALMENTE DE DON RIGOBERTO JUAREZ Y DON DOMINGO BALTAZAR”. Comunicado KAYB´ALAN, 26 de marzo 2015;“Presos Políticos, Otra vez indignados”. Kajkoj Máximo Ba Tiul. Prensa Libre, 28 junio 2014; “Presos políticos libertad”. Rosalinda Hernández, elPeriodico, 28 de marzo, 2015    Publicado en redes sociales a través de Plataforma 51 Guatemala, sin embargo el artículo fue retirado de la web del periódico. “Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, víctimas de la represión y criminalización en Guatemala” 31 de marzo 2015.  Comunicado, WAQIB´KEJ. “Rigoberto Juárez nos habla”, Miguel Ángel Sandoval, 8 de abril 2015, el Periódico,  “Abominable Recurso”, Karin Slowing, 8 de abril de 2015, Prensa libre

[2] Pedro Toledo fue detenido el 3 de octubre, en Huehuetenango, quedando en libertad por falta de mérito el día 4 de noviembre. Ver  “Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios”, Prensa Comunitaria, 3 octubre 2015; “El abogado Pedro Rubel Toledo, criminalizado hoy quedó en libertad: “debemos trabajar fuerte por los demás presos políticos””, Prensa Comunitaria, 5 de noviembre 2015,

[3] En Prensa Comunitaria hemos denunciado este papel de la prensa en diversas ocasiones. Ver por ejemplo el rerportaje “Norte de Huehuetenango. La defensa de la vida frente al poder del dinero”, 11 de noviembre 2013, “Barillas: la construcción del delito contra la Resistencia “Nuevo Amanecer” Santiago Bastos, 02 marzo 2015. Ver también en  “Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos” Santiago Bastos,  Prensa Comunitaria, 28 de septiembre 2014

 [4] Ver  “Capturan a dos líderes comunitarios en San Mateo Ixtatán”. Emisoras Unidas, 19 Enero, 2015

[5] La empresa Promociones y Desarrollos Hídricos (PDH)  instaló en San Mateo el proyecto hidroeléctrico Pojom I en la aldea del mismo nombre en el año 2013. Desde entonces su presencia ha provocado múltiples momentos de tensión, agravados tras la instalación de un destacamento militar en la localidad. Ver “San Mateo Ixtatan otra empresa extractiva atenta contra la vida” Prensa Comunitaria 05 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan la nacionalidad Chuj en defensa del agua” Prensa Comunitaria 05 de mayo 2015; “Boletín urgente incursión militar en aldea Bontaq de Barillas y en Yich Kisis en San Mateo Ixtatan” Prensa Comunitaria 20 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan una nueva agresión contra el pueblo Chuj” Prensa Comunitaria 21 julio 2015; “Pojom San Mateo Ixtatan policía lanza bombas lacrimógenas contra la población” Prensa Comunitaria  12 Agosto 2015; “San Mateo Ixtatan la hidroeléctrica que rompió con la paz y tranquilidad” Prensa Comunitaria 17 noviembre 2015.

[6] Ver la versión del Gobierno Plurinacional “Comunicado del Gobierno Ancestral Maya Plurinacional ante los hechos ocurridos las comunidades de Yich K’isis y Pojom del Municipio de san Mateo Ixtatán” Prensa Comunitaria 18 noviembre 2015 y la de Prensa Libre “Pugna por proyecto deja dos muertos en San Mateo Ixtatán”, Prensa Libre, 18 de Noviembre  2014 .

[7] Uno de los efectos más perversos y generalizados de la presencia de las actividades extractivas en las comunidades es el fomento y creación de divisiones interna, llegando a generar situaciones de violencia entre los mismos vecinos. Para verlo como parte de las estrategias de las empresas, ver el libro el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas, Santiago Bastos y Quimy de León, Diakonía, 2014; en México ver “Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero”, de Claudio Garibay y Alejandra Balzaretti,  Desacatos num 30, 2009.

[8] También se puede consultar el comunicado de la radio Jolom Konob: “COMUNICADO DE LA RADIO COMUNITARIA SNUQ’ JOLOM KONOB’ DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 30 enero 2015, las notas de Prensa Comunitaria: “Santa Eulalia: ¿Porque buscan censurar el trabajo de la radio comunitaria?” Prensa Comunitaria 20 enero 2015  y “Santa Eulalia: En grave peligro personas del movimiento social” Prensa Comunitaria 20 enero 2015.

[9] “A  eso de las 4:00 de la madrugada se da el informe entre la gente y las personas empezaron a retirarse hacia sus hogares o lugares de destino; pero sorprendentemente cuando las personas iban saliendo del CAJ hacia la terminal de la localidad, el señor Diego Marcos Pedro, Alcalde Municipal de Santa Eulalia y su hijo Gómez Marcos, estaban esperando en la calle a la gente y sin mediar palabra dispararon en contra de Pascual Basilio Pascual Diego de 19 años y Armando Mateo Pascual de aproximadamente 35 años, ambos de la aldea Molná de esta localidad; hiriéndolos gravemente y luego huyeron en un automóvil hacia el centro de la población.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE ENERO DEL AÑO 2015 “EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO IXTATAN Y SANTA EULALIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 04 febrero 2015.

[10] “Persiste tensión por captura de dos hombres”, Prensa Libre, 20 de enero 2015;  “Sindican a alcalde de muerte de hombre”, Prensa Libre, 17 marzo 2015,  Armando Mateo fue atendido en Santra Eulalia, pero por la gravedad de sus heridas, Basilio Pascual fue trasladado a Soloma y después a Huehuetenango y finalmente a Santa Cruza de Quiché, donde murió finalmente el 17 de marzo de 2015.

[11] “…Cuando ingresaba el Alcalde a las instalaciones del CAJ, el señor Diego Marcos Pedro agredió físicamente a una persona lo que provocó más a las personas y lo empujaron hacia la oficina de la coordinación del CAJ, pero cerca de las puertas de la misma, sacó un arma de fuego que portaba y quiso dispararle a una persona; afortunadamente reaccionó luego y le quitaron el arma de las manos del señor Diego Marcos e ingresó en la reunión con un hijo que apareció en algún momento con el fin de salvaguardarlo de la población ya provocada y se entregó el arma a la policía nacional civil. Seguidamente se fue a buscar al fiscal del ministerio público para llevar a cabo una audiencia en ese momento.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS….

[12] En una actividad anterior en que el Gobierno Plurinacional le acusó de apoyar a la hidroeléctrica San Luis, el 24 de septiembre de 2014, el Alcalde Diego Mateo ya amenazó con cerrar la radio, “Otro atentado contra la libertad de expresión y de prensa” Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob 23 septiembre 2014.

[13] En Santa Eulalia Se instaló la hidroeléctrica Hidroeléctrica San Luis, propiedad de la empresa Cinco M Sociedad Anónima. (Ver Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013), generándose también momentos de tensión con la población opuesta a su funcionamiento: Movilización comunitaria en Santa Eulalia, Prensa comunitaria, 8 agosto 2013; Rechazan mina e hidroeléctrica en Huehuetenango, Prensa Libre, 10 diciembre 2013; Turba quema maquinaria de proyecto hidroeléctrico, Prensa Libre, 20 agosto 2014; Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica, Prensa Comunitaria 27 Agosto 2014;   Liberan a empleados retenidos, Siglo XXI  29 agosto 2014;  Santa Eulalia: continúa la defensa del territorio del pueblo Q´anjob´al contra la licencia de una hidroeléctrica, Prensa Comunitaria, 11 diciembre 2014.  La poblacion de Santa Eulalia achaca la muerte de Daniel Mateo, importante líder local, a los conflictos con esta empresa.  Pueblo de Santa Eulalia exige el esclarecimiento del secuestro de Daniel Pedro Mateo lider Q´anjob´al, Prensa comunitaria, 15 abril 2013,  Piden investigar muerte de líder, Siglo XXI, 18 abril 2013.

[14] Además de las noticias y el comunicado ya mencionados, ver las noticias relativa a la muerte de Basilio:“Intentan retener el cadáver de joven asesinado en Santa Eulalia”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015; El joven Pascual Basilio, asesinado por defender el territorio va de regreso a su tierra”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015. Respecto al cierre de la radio, ver las notas referidas a la rueda de prensa en que se denuncia el hecho “Condenan censura de Radio comunitaria y amenazas a comunicadores comunitarios”; Prensa Comunitaria, 23 enero, 2015,  “Denuncian a Alcalde por cierre de emisora comunitaria”. La Hora, 23 enero 2015 “Denuncian cierre de radio comunitaria”, PlazaPublica, 23 enero 2015; “Denuncian cierre de radio comunitaria en Santa Eulalia, Huehuetenango” Canal Antigua 23 enero 2015.

[15] En la fotografía aparece claramente “Radio Snuq Jolom Konob FM” pero en el pie de foto aparece “Foto: Prensa Comunitaria, octubre 2013”, lo que muestra que fue tomada de un artículo de Prensa Comunitaria, por lo que sí deberían conocer los contenidos de las notas recogidas en este portal.  Esto nos llevaría a otra reflexión sobre las relaciones entre la prensa corporativa y los medios independientes, mostrada en este caso por el uso del material producido desde el terreno, para darle un sentido totalmente opuesto por quien se cubre del manto de la profesionalidad.

[16] “Alerta en la Población Q’anjob’al por incumplimiento de acuerdos con el gobierno” RADIO SKUQ’ JOLOM 1 de octubre de 2013.

[17] Aunque no puedo detenerme, sí quiero insistir en el alarmismo de esta sentencia, remarcando que ocho meses después de haberse emitido, la olla aún no ha explotado, a pesar de quienes se han empeñado en verlo como inminente. Este estrategia de hacer ver al área Q’anjob’al como potencialmente violentga también se vio en un comunicado de la PDH en su momento, “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia” Prensa Comunitaria 24 marzo 2015, o el TSE “Barillas: así se vivió el proceso electoral 2015” Prensa Comunitaria 06 septiembre 2015.

[18] “El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan sensación, emoción o impresión. ….. La prensa amarilla falsea la información, resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social.”, Sensacionalismo y amarillismo en los medios de comunicación, Florencia Berti. 2010.

[19] Ver los informes periódicos de UDEFEGUA, ACOGUATE y PBI, la información generada por CEDFOG; también ver los trabajos sobre el Estado de sitio de Barillas en mayo de 2012 generados por Convergencia de Derechos Humanos, ADH, Hegoa, Intermon Oxfam y la Carta Pastoral de la Diócesis de Huehuetenango.  Además, se pueden ver el Diálogo de FLACSO num 43: “Santa Cruz Barillas, los intereses detrás del Estado de sitio” Diálogo FLACSO 22 julio 2012, el Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013.

[20] Al hablar de presos políticos me refiero al hecho de que han sido encarcelados por razones ajenas a aquellas que se les imputan. La razón de su encausamiento es ser activistas y liderar la oposición a proyectos extractivos. Las causas han sido fabricados expresamente para someterles a procesos jurídicos que anulen su capacidad política de oposición. Al respecto ver los textos que aparecen en la nota 24.

[21] Leer por ejemplo. Santa Cruz Barillas, Criminalización y presos políticos, Enfoque num 26, año 4.; El Caso de Saúl Y Rogelio: Presos políticos en defensa del Territorio, CMI, 13 octubre 2014;   ¿Qué hacen tres líderes comunitarios de Barillas en el Preventivo de la Zona 18?, CMI, 25 marzo 2015; Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango; ACOGUATE, septiembre 2015;

[22] “El viceministro de Seguridad, Eddy Juárez, señala que el Gobierno Plurinacional puede compararse con los 48 cantones de Totonicapán, con la diferencia de que en occidente se observa un sistema democrático en la elección de sus autoridades, mientras que en la organización huehueteca no se ve rotación de liderazgos.”

[23] Ver los reportajes “Barillas: Autoridades comunitarias exigen la liberación de sus dirigentes” Prensa Comunitaria 05 marzo 2015; “Detenido injustamente a otro defensor del agua de Santa Cruz Barillas” Prensa Comunitaria 03 junio 2015;  “Huehuetenango: Detenido abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios” Prensa Comunitaria 03 octubre 2015.

[24] Para la conceptualización del término criminalización, ver, “Criminalización de la protesta social en México” Pablo Romo, Observatorio de la Conflictividad Social en México Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. Comisión Internacional de Juristas. Guatemala;. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol, y Roxana Longo Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2009.

[25] Ver el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Diakonía, 2014  y los informes citados en las notas 13 y 20.

[26] El profesor Arturo Pablo se perfilaba como candidato de Winaq’ en Barillas, mientras que Ermitaño López ya había sido proclamado como candidato de CRD-CPO en ese municipio. Por su parte, Rigoberto Juárez siempre ha sido un cuadro importante de Winaq a nivel nacional y en Huehuetenango. Para comprender la importancia de los “poderes regionales” en la política reciente de Guatemala, ver el trabajo “Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, de Harald Waxenecker, Prensa Comunitaria 11 agosto 2015.

[27] Ver los reportajes “Barillas: en libertad dos autoridades comunales después de dos años presos injustamente”, Prensa Comunitaria, 28 octubre 2015; “Absuelven a líderes comunitarios de Huehuetenango de asesinato y femicidio”, Prensa Libre, 30 octubre, 2015; “Aflora la verdad y la justicia: Saúl y Rogelio son absueltos”, CMI, 31 octubre 2015.

[28] “Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”, Claudia Composto y Mina Lorena Navarro, en Territorios en disputa, Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones, 2014, pag 60.

[29] “En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios” Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.

[30] Al respecto, ver “Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional”, Prensa Comunitaria, 19 de marzo 2015; “Alcalde Municipal de Santa Eulalia, rechazó la reapertura de Radio SNUQ JOLOM KONOB´”; CMI, 20 de marzo 2015; “Comisión de Libertad de Prensa denuncia nuevas agresiones”, CERIGUA 23 de marzo 2015; “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia”, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 24 de marzo  2015.