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MEMORIAL CONSEJO DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA DE LAS MINAS PURULHA, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA

 “El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.
La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas,
que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.”
(Sub Comandante Marcos)

 

Señor Alcalde Municipal, de Purulha, Baja Verapaz,
Señor Gobernador Departamental de Baja Verapaz,
Señores Diputados y señoras diputadas,
Señor Director de la Secretaria de Asuntos Agrarios,Señor Director del Fondo de Tierra,
Señor Representante del Ministerio de Energía y Minas,
Señor Representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Señor Representante del Ministerio de Educación,Señor Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos,
Señor Juez de Paz,
Señor Representante del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),
Señor Representante del Instituto Nacional de Bosques (INAB),
Señor Representante de la Fundación Defensores de la Naturaleza,
Señor Representante de la Federación de Cooperativas de la Verapaz (FEDECOVERA),

 

Señores y Señoras:

Nosotros representantes de nuestras comunidades, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, ancianos y ancianas.  Amparados en los siguientes artículos de la Constitución Política de la República:  Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.   Los artículos 3, 4, 5, 12, 23, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46.  57, 58, 60.   Ls artículos 66, 67, 68 referente a comunidades indígenas.

El Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo nos reconoce el derecho que tenemos para decidir sobre nuestro propio futuro y a participar en las decisiones de las municipalidades y del Estado de Guatemala en igualdad de condiciones, sobre todo lo relacionado al presupuesto, obras y proyectos.

El artículo 46 constitucional manifiesta la, Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.  Hemos comprendido que, como pueblos indígenas, tenemos todos los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. La Convención Internacional sobre discriminación étnico-racial, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, el genocidio y la desapareció forzada.  Así como las declaraciones que, sobre ambiente, tierra, territorio, cambio climático, entre otros, en las que Guatemala, como Estado es parte.

Guatemala, es miembro de los Comités Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al mismo tiempo que está bajo intervención internacional, manifestado en un primer momento, por los relatores especiales y temáticos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.  Y actualmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien junto al Ministerio Público está investigando casos de corrupción, no solo relacionado a las acciones de los anteriores funcionarios, sino también sobre los actuales, no solo por el manejo del presupuesto, sino también por inversiones que hicieron empresas nacionales e internacionales, personas individuales, en la última  campaña electoral, a cambio de eso, las autoridades conceden licencias de exploración, explotación y construcción, de minería, hidroeléctricas, producción de monocultivos, entre otros.  Como sucedió con la mayor parte de candidatos en la campaña recién pasada, incluso el Señor Sebastián Castro, actual alcalde recibió financiamiento de las empresas hidroeléctricas, Fuerza Hídrica, Saqha, el Cafetal, Matanzas, etc.

Amparados en la legislación anterior, como comunidades indígenas, manifestamos que estamos de acuerdo en las mejoras que se le pueda hacer a nuestras vías de acceso (carreteras, caminos comunitarios), centro de salud, escuelas, trabajo.  También, que se planifiquen proyectos denominados de desarrollo para nuestras comunidades, sobre todo lo relacionado a la mitigación del hambre, puesto que nuestras comunidades están catalogadas como las más desnutridas de la región, a pesar, que, en el gobierno anterior, lo presentaron como un caso importante en el Plan Hambre Cero.   Pero no estamos de acuerdo, que estas se ejecuten, con dinero que provengan de acuerdo previos con empresas, para conceder licencias para hidroeléctricas, minería, palma africana u otros proyectos extractivistas, que en vez de mejor nuestra vida,  la empeoran, como está pasando con las hidroeléctricas ya construidas en la región, que ha traído odio, desconfianza, miedo, criminalización y rivalidades entre nosotros, así como los proyectos de monocultivo como el PINFOR y otros, que solo han beneficiado a las grandes empresas de madera y a unos cuantos intermediarios, que también aprendieron a vivir de la tala ilegal de bosque.  Eso quiere decir, que los proyectos deben hacerse de forma participativa y en consulta permanente con las comunidades, no solo con los presidentes de los COCODES, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, donde establece que se debe consultar de forma previa e informada, tomando en cuenta todas las estructuras organizativas de las comunidades, respetando sus formas culturales para tomar decisiones.

Nadie es superior a la ley, reza nuestra legislación nacional, por tal razón, ninguna institución del Estado y por lo consiguiente tampoco ninguna institución privada (ONG; FUNDACION, ASOCIACION), nacional o internacional, puede tomar decisiones sobre nosotros y nuestras comunidades, solo porque nos consideran pobres e ignorantes.  Nosotros ya conocemos nuestros derechos y por eso es que defendemos y protegemos nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros bienes naturales.  Por eso mismo, no aceptaremos ningún proyecto, que venga a destruir lo que durante años hemos cuidado, protegido y defendido.  Y tampoco aceptaremos que, por esta decisión tomada en comunidad, nos quieran obligar trayendo policías y militares a nuestra región. Aunque entren con la excusa de hacer proyectos de beneficio comunitario.  Nosotros sabemos que los proyectos y programas para la comunidad, los debe de hacer el Estado y no empresas, ni ONG.  Es deber de todos Ustedes programarlo con nosotros y por eso exigimos que haya diálogo constante entre nosotros, pero no en Purulha, ni en Salamá, sino aquí en nuestra región, porque nosotros queremos que todos escuchen el compromiso de Ustedes.

Si en caso quieren que lleguemos a acuerdos, sobre programas, proyectos u otras cosas que quieran traer a la región, exigimos que los diálogos, no sean conducidos por las empresas, ONG; asociaciones, grupos u otros, sino que sea el Estado y por medio de Ustedes quienes están aquí y principalmente por la Municipalidad y su Consejo,  quienes tendrán que informarnos, sobre los estudios técnicos y políticos, que tengan, porque hasta el momento no conocemos ningún estudio sobre los proyectos que ya están en ejecución como las Hidroeléctricas el CAFETAL; SAQHA, FUERZA HIDRICA, PANIMA y otros que piensan construir.  Además, que nos expliquen sobre los beneficios no solo temporales, sino también permanentes que traen para nosotros.  Al mismo tiempo que no se valgan de personas individuales, para traernos la información, como lo han hecho hasta el momento utilizando a personas non gratas en la región como el Señor Celso Caal Ayu y compañeros, así como la organización CONIC, quienes, en vez de ayudar a las comunidades, han sido cómplices de la destrucción de nuestra región.

La Constitución del clara sobre las tierra de cooperativas y comunidades indígenas, donde el Estado se compromete a respetarla y reconocerse, por eso, exigimos a FEDECOVERA, que nos explique sobre la situación de nuestras tierras, que aún los tiene bajo resguardo y no para dar en garantías a los bancos para créditos que nunca nos han beneficiado, por eso, solicitamos a los señores y a las señoras diputadas, iniciar una auditoria a FEDECOVERA y a otras Cooperativas de la región y que nos den un informe sobre nuestras tierras y recursos, porque cuando nosotros pedimos información, nos amenazan y nos intimidan y al mismo tiempo nos dicen que debemos mucho dinero, cuando nunca lo hemos tenido en nuestras manos, este es el caso de la Cooperativa Panchisivic, que ha hecho negociaciones con FUERZA HIDRICA, vendiendo o regalando nuestras tierras, sin beneficio para nosotros, o vendiendo o regalando nuestros bosques a las empresas de madera.

A todos y todas Ustedes, les informamos que no aceptaremos ningún nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio, ni de minería, ni de monocultivo.  Si realmente esta fuera la solución de que no tenemos energía eléctrica, con las que están ya tendríamos energía eléctrica todos nosotros y a bajo precio.  Pero el Plan del Estado y del modelo económico,  es para vendérselos a las empresas y estas a otros países.  Pero la destrucción si la cosecharemos todos aquí en un término de 20 o 30 años, cuando nuestros hijos sufran por el agua y luego estarán corriendo buscando nuevos lugares para vivir. Por eso solicitamos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP, para que nos apoyen limitando a las empresas la utilización del agua y de la tierra.

Toda institución privada o pública debe informarnos sobre los beneficios que obtiene sobre nuestros recursos y nuestras comunidades.  Hasta el momento, si la Sierra de las Minas se ha conservado en parte, ha sido por el trabajo que hemos realizado nosotros, pero nunca hemos recibido beneficios económicos sobre eso.  Exigimos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP; que nos informen cuales son los beneficios obtenidos hasta hoy, por proteger el ambiente y la naturaleza, porque nunca ha repercutido en mejoras en educación y salud, principalmente.  Defensores de la Naturaleza ha estado aquí desde finales de 1990, casi más de 20 años, pero nunca hemos visto un beneficio sustantivo que provenga de ellos.

Sobre educación, en la región lo maestros vienen día martes y regresan día jueves y muchas veces lo hacen en complicidad con los funcionarios de educación de Purulha y Salamá y si les exigimos que trabajen, repercute en violencia contra nuestros hijos, por eso, exigimos a las autoridades de educación, que verifiquen no solo la presencia de los maestros, sino también sus cualidades y ética, porque en vez de formar a nuestros hijos con valores y principios morales, lo pueden formar como delincuentes y pandilleros.

Salud, estamos peor.  En el centro de salud, nos han comunicado que tenemos que comprar un panel de luz solar y que tenemos que dar los recursos como comunidad.  Tampoco tenemos medicinas.  Por eso, exigimos y demandamos al ministerio de Salud para que provea los insumos necesarios para que tengamos un centro de salud, acorde a nuestra situación.

 Exigimos y demandamos a la municipalidad de Purulha, Baja Verapaz, para que abra el libro de registros para comunidades indígenas, porque es un derecho adquirido y que nadie puede violarla, según el código municipal y toda la legislación nacional e internacional existente.

Todos y todas quienes asistimos a esta Asamblea Territorial Comunitaria, manifestamos que estamos cansados de tantas mentiras que luego nos trae problemas en las comunidades y todas ellas vienen principalmente de las autoridades que como Ustedes tienen como función velar por el bien común, porque para eso fueron electos o contratados.  Pero en realidad, cada vez nos decepcionan y nos frustran, porque en vez de dialogar con nosotros, nos acusan, nos amenazan y nos criminalizan.  Por eso hemos acudido al Sistema de Justicia para denunciar todos los abusos emprendidos contra nosotros, que no solo es violencia psicológica, sino también física.

En tal virtud, solicitamos a la Auxiliatura de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, para que se constituya en un garante de nuestros derechos.  A los diputados del Legislativo a revisar todo el marco jurídico sobre áreas protegidas y de conservación, sobre tierra y recursos naturales.  Al representante del Sistema de Justicia a ejercer su función aplicando la justicia pronta en favor de los más pobres.  Al señor Alcalde para que cumpla su función de ser el garante de la Unidad del municipio y no con favoritismo.  Al señor Gobernador, para que ejerza su función de favor de los más pobres y no de la injusticia desarrollista y que su papel en el CODEDE se para beneficiar a las comunidades y no a las empresas.  A todos y todas, que no ejerzan su función con prepotencia, sino respetando nuestros derechos.

Desde hoy como Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra de las Minas, declaramos el territorio, libre de minería, de hidroeléctrica y de palma africana.  Nos constituimos en Asamblea Permanente, para defender nuestros derechos a la autonomía y a la libre determinación.

Sutam rej Rex Awaj, Sierra de las Minas, Purulha Baja Verapaz,

23 de junio de 2016

 

 

 

Chahal, Alta Verapaz : comunitarios descubren restos de dinosaurios.

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Por: Rony Morales

Don German López nos comenta: eran las dos de la tarde y estábamos nadando en el río “Chiyú” en aguas cristalinas, cuando a mitad del río vimos restos como de un caballo muerto. Nos acercamos y con la ayuda de mi sobrino, empezamos a sacar los restos. Nos costó pero lo logramos, cuando vimos los restos eran enormes y pesaban, no eran de un animal común sino de uno que había vivido hace mucho tiempo. Eran restos de “Dinosaurio” o de otra especie histórica que existió en nuestro planeta.

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Defender el agua es defender la vida

Por: Andrea Isabel Ixchíu Hernández.

Según el último mapa de cobertura forestal de Guatemala publicado en el año 2012, se estimó la cobertura en 3, 722,595 hectáreas, digamos entonces que el 34.2% del territorio nacional es bosque.

Guatemala ha sido considerado por expertos como un “pulmón” de Latinoamérica, sin embargo y a pesar de la existencia de normativa nacional e internacional que garantiza la conservación de los bosques y fuentes de agua, estas no se respetan.

El incremento en los desvíos de ríos, la instalación de megaproyectos como mineras, represas e hidroeléctricas, el aumento de la brecha agrícola, sobre todo de monocultivos de palma africana, y azúcar que acaban con bosques nativos, están generando una catástrofe ambiental sin precedentes.

Pero además, el derecho de los pueblos indígenas en el manejo y conservación del ambiente en sus territorios tampoco se respeta, la legislación ambiental aun no reconoce estos derechos garantizados en las normas y tratados internacionales. El Estado de Guatemala niega los derechos de los pueblos indígenas, debido a que las tierras y los territorios siempre se consideran como el botín para el saqueo y sobre explotación y además criminaliza a las comunidades cuando se organizan para preservarlos.

En la práctica cotidiana de las comunidades y el desarrollo histórico de los principios y valores basados en el equilibrio y la interdependencia del ser humano, la naturaleza y el cosmos, como principio axiológico de los pueblos indígenas, se desarrolla un sistema de normas propias de las comunidades para el control, manejo y conservación de los bosques. A través de la organización para el uso del agua potable se establece normativa que regula la vida de las comunidades y el uso sostenible de los beneficios del bosque, como el agua domiciliar, el aprovechamiento de los árboles, las normas de reposición de árboles y servicio colectivo.

El agua es un elemento vital para la vida de los pueblos y comunidades mayas, es un ente organizador de la vida social. Desde la cosmovisión K’iche y en los relatos del Popol Wuj se encuentra muy presente el agua, como el primer elemento del cual se derivó el resto de la vida, por eso los mayores, le llaman Sagrado Liquido.

Desde nuestra infancia, a los niños K’iches se nos enseña que el agua es un derecho común y que no tiene dueño, que existen formas de uso pero no de propiedad. Aprendemos que los ríos no son nuestros recursos, sino que son seres vivos, que son las venas de la tierra que deben seguir su curso.

Según el politólogo, Álvaro Armas, quien ha estudiado las formas comunales de administración de agua del pueblo K’iche de Totonicapán: “El agua se convierte en objeto material de poder en las comunidades, por medio del cual se observa, controla y vigila, cuando se organiza la vida misma de la comunidad. Al ser considerado el agua como elemento organizador de la sociedad, también es una plataforma sobre la cual se establece el poder, si se trastocan las reglas en torno a este elemento, se está rompiendo también con los pactos que organizan la comunidad”.

Ante la permanente agresión de las empresas que pretenden privatizar el uso del agua, y que la ven como un recurso estratégico, sobre el cual se ha entretejido cierta gobernabilidad global, emanada por poderes globales que ven en este un recurso más para explotar en la producción de energía eléctrica, es que las comunidades se organizan y defienden su derecho al uso y administración del agua, desde la lógica comunitaria.

En el norte de Huehuetenango los líderes comunitarios, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López, Arturo Pablo, Francisco Juan, Adalberto Villatoro y Ermitaño López, guardan prisión por haberse organizado en la protección de la naturaleza y el agua de las comunidades de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia.

Históricamente el estado guatemalteco ha reprimido y criminalizado las formas de lucha y organización de los pueblos indígenas. La existencia de presos políticos ha sido una constante, en tanto se ha impuesto modelos de vida que irrespetan las prácticas de los pueblos, quienes siempre encuentran formas de repeler la injusticia, revestida de legalidad y resisten a la embestida del capital.

Hoy 11 de abril del año 2016, día en que arranca una multitudinaria Marcha por el Agua desde distintas partes de Guatemala, exigimos la libertad de los ríos, los nacimientos de agua, los mares, costas y de los presos políticos que les dan voz.

Pueblos indígenas en contra del Cambio climático

Rony Morales

Rony Morales

Por: Rony Morales

En conferencia de prensa, organizaciones sociales aglutinadas en la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria -REDSAG- dieron a conocer su postura ante el cambio climático, el cual está provocando la emisión de gases que causan el efecto invernadero, la tala de bosques, contaminación de ríos, lagos, el uso de agro tóxicos y la vida que ha afectado la región oriente, norte, sur, occidente.

Vemos como las transnacionales, industrias y empresas nacionales con capital internacional, ocasionan el deterioro desmesurado, pérdida de la biodiversidad, las formas ancestrales de cultivar y cosechar de los pueblos indígenas y campesinos en su derecho a la alimentación.

Estas empresas extractivistas y monocultivistas saquean, confrontan, dividen y generan represión en las poblaciones indígenas y campesinas.  Así fue el caso en la comunidad la ¨Torre¨ en Petén, donde trabajadores de la empresa -REPSA- retuvieron a Lorenzo Mendoza, Manuel Pérez y Hermelindo Asig, del Consejo Nacional de Desplazado -CONDEG- quienes son defensores de los ríos, tierra, territorio y vida.

Con indignación repudiamos el asesinato de Rigoberto Lima, defensor del  río en Sayaxché, y de  los derechos humanos, quien fue el primer denunciante de la contaminación del río la Pasión.

Rechazamos las leyes y políticas que atentan contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria, tales como, la política y reglamento de bioseguridad de organismos vivos modificados, el Protocolo de Nagoya y de Cartagena, que promueven la implementación de los transgénicos en el país.

Se debe prohibir el modelo de producción convencional donde se promueve el uso de agro tóxicos que dañan el suelo y los elementos naturales mediante la emisión de gases de efecto invernadero.

Entre sus exigencias están que el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG-, la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH-, al Organismo Judicial y  la Gobernación Departamental de Petén, investiguen y esclarezcan el asesinato de Rigoberto Lima.

Al Gobierno de Guatemala, que investigue las políticas, tácticas neoliberales de las empresas monocultivistas, extractivitas y de saqueo, las cuales confrontan, dividen y generan represión a la población indígena y campesina.

Comunicado en contra del cambio climático.

Comunicado CNOC: manifestación Pacifica 1 Septiembre.

En conferencia de prensa de las organizaciones campesinas, Comité de Desarrollo Campesino –CODECA-, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC- y Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios -SNEHGSJDD-, Los cuales forman parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC

este 1 de Septiembre de 2015 comunidades, pueblos y organizaciones están movilizándose de forma pacífica en 20 departamentos a nivel nacional, también en las ciudades principales en cabeceras departamentales, en busqueda de presionar a Otto Pérez Molina para que renuncia y permita avanzar los procesos de investigación en su contra, así como otros antejuicios en contra de diputados de distintos partidos políticos implicados en la redes de corrupción, impulsar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la nacionalización de la energía.