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Treceavo y último día del debate oral y público, tribunal ordenó la inmediata libertad de las autoridades comunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Este viernes 22 de julio 2016 finalizó el Debate Oral y Público en contra de los presos políticos del norte de Huehuetenango, al medio día el tribunal de sentencia de mayor riesgo A suspendió el debate luego de que todos los sujetos procesales presentaran sus conclusiones, hoy es un día imporatante desde la cosmovisión de los pueblos originarios, es el 13 Toj; Toj es el pago y equilibrio de la justicia.

El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A ordenó la inmediata libertad de todos las autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, Yassmin Barrios refirió que para ella como presidenta del tribunal el MP no pudo acreditar la participación de los sindicados en ningún delito, pero los otros dos juzgadores si razonaron su resolución condenando a Rigoberto Juárez Mateo por coacción (6 meses conmutables) y a Ermitaño López Reyes por obstrucción a la acción penal (3 año conmutables).

En la mañana el MP hizo replica de las conclusiones emitidas por los abogados directores de la defensa de las siete autoridades comunitarias y por haber hecho su réplica de manera general, los equipo de abogados de la defensa también respondieron a los argumentos emitidos por los tres fiscales del MP.

Cada una de las autoridades comunitarias pudo hacer uso de la palabra y pronunciarse ante el tribunal, exigieron su libertad inmediata, también exigieron que la injusticia que se cometió en contra de ellos no quede en la impunidad.

A las 6 de la tarde nuevamente el tribunal convocó para leer la sentencia, pero fue hasta dos horas después a las 8 PM que finalmente el tribunal ingresó a la sala para trasladar la sentencia, luego de denunciar durante año y medio las ilegalidades por parte del MP y del Organismo Judicial.

Finalmente a las 3:30 de la mañana del día 23 de julio  aparecieron en la puerta de salida del Preventivo para Hombre de la zona 18, en varias bolsas de mercado, cajas y mochilas llevaban consigo las pocas cosas que pudieron tener dentro de la prisión”.

 

El Tribunal de Mayor Riesgo A resolvió

El Tribunal en la ciudad de Guatemala está presidido por la jueza Yassmin Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gerbi Sical; ellos tres están conociendo el debate oral y público contra las siete autoridades comunitarias, considerados presos políticos del Estado. A las 20 horas ingresaron los tres juzgadores, Yassmin Barrios comenzó a leer la sentencia, el Tribunal de Sentencia absolvió a todas las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango fueron absueltos de todos los delitos que el MP y la empresa Hidro Santa Cruz los acusaron.

Solamente en el caso de Ermitaño López y Rigoberto Juárez Mateo existió el razonamiento de dos jueces, Patricia Bustamante y Gerbi Sical consideraron que don Ermitaño si tuvo participación en el delito de obstrucción a la justicia fijando una condena de 3 años conmutables y finalmente por el tiempo que ha estado en prisión los dos jueces decidieron suspender la condena.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo la jueza Patricia Bustamante y Gerbi Sincal razonaron su voto, consideraron que Rigoberto tuvo participación en el delito de Coacción fijando una condena de seis meses conmutables y los dos juzgadores consideraron el tiempo que ya paso en la prisión resolviendo finalmente ordenar su inmediata libertad.

La jueza Yassmin Barrios afirmó que ella discrepó con la resolución de los otros dos juzgadores, para la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia no existió ni una sola prueba en contra de todas las siete autoridades comunitarias, para ella ningúno cometió delito alguno, el Ministerio Público no fue objetivo en su investigación y que para el tribunal quedó claro que desde el MP se está criminalizando a las movilizaciones comunitarias y a las autoridades comunitarias y ancestrales.

La Prisión política

Mynor Manuel López tuvo que esperar casi tres años en la cárcel de Huehuetenango para que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios resolviera su situación jurídica luego de permanecer en prisión preventiva por acusaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, desde septiembre del 2013.

Sotero Adalberto Villatoro, Juan Francisco Pedro y Arturo Pablo, autoridades comunitarias de Barillas cumplieron 515 días detenidos en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 en el sector 12 también acusados por la empresa española Hidro Santa Cruz por la supuesta “detención” de 11 trabajadores de esta empresa el 22 de abril 2013 en Poza Verde Barillas.

Ermitaño López Reyes, autoridad comunitaria de Barillas cumplió 417 días detenido en Huehuetenango, a él lo acusaron 23 trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia Huehuetenango de supuestamente haberlos “detenido” por varias horas adentro del CAJ el 23 de enero del 2014 mientras se realizaba una audiencia por el caso de las autoridades de Barillas.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, autoridades ancestrales del pueblo Q’anjob’al de Santa Eulalia Huehuetenango tuvieron que esperar 486 días detenidos injustamente en el Preventivo de la zona 18 luego de haber sido detenidos de forma arbitraria en el Centro Histórico de la capital en marzo del 2015, ambos fueron responsabilizados por el Ministerio Público MP de haber participado “liderando” a las personas durante una manifestación en el CAJ el 19 de enero 2015, al igual que a Ermitaño López son los trabajadores del Organismo Judicial, MP, Bufete Popular del CAJ quienes los acusan por delitos como: “coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales.”

Todos los casos las autoridades fueron señalados, estigmatizados y criminalizados por el Estado, los medios de comunicación y las empresas por el rol que juegan como autoridades comunitarias y ancestrales en el norte de Huehuetenango, por su lucha en defensa del agua y los bienes naturales y por la organización que promueven desde el Gobierno Plurinacional de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del norte de Huehuetenango.

El MP pidió la mayor cantidad de años por condenas contra autoridades comunitarias

A pesar que no pudieron comprobar la participación de ninguna de las autoridades comunitarias, los fiscales del MP pidieron las penas más altas por los delitos de coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales, en una clara muestra de la falta de objetividad que los abogados defensores y los presos políticos denunciaron desde el inicio de las audiencias.

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal de sentencia condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Peticiones finales de Defensores de la Vida, el Agua y el Territorio en Guatemala ante la Jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A en Ciudad de Guatemala:

¿Qué es lo que pide a este Tribunal?

Por: Leonarda De La Ossa.

Mynor Manuel López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; mi libertad, porque todo lo que se vino a hablar aquí no es cierto.

Arturo Pablo Juan: ¿Qué pide usted al Tribunal?; directamente mi libertad pronta porque me he dado cuenta que todo lo que se ha hablado durante todos estos días no es cierto, como parte de la comunidad a la que pertenezco tengo mucho trabajo que hacer, con base en la constitución política de Guatemala, hemos ejercido nuestro derecho como autoridades, tengo mucho trabajo que hacer en cuanto a la defensa del territorio, de los recursos naturales, mi petición es que haya una libertad inmediata para mí.

Sotero Adalberto Villatoro Hernández: honorable tribunal como se ha demostrado que no hay pruebas de lo que se nos acusa, pedimos nuestra libertad, ya es casi año y medio de estar detenidos sin haber una causa que diga aquí está el delito, porque realmente de nosotros se ha comprobado a través de los peritajes, que somos defensores de la tierra y nuestros recursos, por eso nosotros siempre seguimos en la lucha y queremos que se respeten nuestras decisiones para defender estos recursos a los cuales nos hemos dedicado a defender.

Francisco Juan Pedro: ¿Qué pide usted al Tribunal?; Honorable Tribunal respetables licenciados, Sres. Del  Ministerio Público, presentes, muchas gracias por estar en este debate. ¿Cuánto tiempo tengo disculpe? solo un minuto.

Yo no acepto la sentencia emitida por el MP por la razón de que el 22 de abril de 2013 ni un solo momento estuve, lo digo con la frente en alto y la consciencia limpia ante mi Dios, estoy seguro que voy a recuperar mi libertad, razón por la cual quiero dejar en constancia de que si me pasara algo a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, responsabilizo a Hidralia energía hidrosantacruz. Ha sido claro estos días, que el origen de este conflicto social y esta criminalización se ha originado por la llegada de hidrosantacruz a Santa Cruz Barillas. Solicito y pido la cancelación de todas las licencias extractivas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ¿por qué?: miren el resultado, resultado de la invasión de extranjeros a nuestro país, también solicito y pido el retiro de las ordenes de captura sobre otras personas más, es lo mismo, no es otra cosa, ha sido un gusto estar ante la presencia de ustedes, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, los vi por la televisión y nunca me imaginé si un día iba a comparecer ante ustedes. Dios el supremo creador les ilumine sus mentes para una resolución, así como iluminó la mente del gran Salomón, con las dos mujeres que peleaban por un hijo, Dios les bendiga, muchas gracias

Taño López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorables juzgadoras, en realidad tengo dos: lo primero lo que sí quiero como se los pedí desde un principio es que apliquen una justicia autentica, una justicia real, para que sean ejemplo de nuestros pueblos, comunidades y del país entero, en segundo lugar pido mi libertad inmediata porque estoy muy seguro de que soy inocente, no he hecho nada grave, nada malo, al contrario como lo dije desde un principio; defiendo a mi comunidad, quiero que estos acusadores del Ministerio Público sean sancionados por ustedes, especialmente René Maldonado y Gildardo Chúa, porque nos han Criminalizado de una manera muy mala, pido esta sanción para que nuestros pueblos y comunidades vuelvan a tener confianza o empiecen a tener confianza en el Ministerio Público porque lamentablemente en el norte de H, no hay justicia ni confianza para el Ministerio Público, que sean sancionados, no puede seguir el Ministerio Público criminalizando a nuestros pueblos, no puede seguir el Ministerio Público encarcelando a gente inocente.

Rigoberto Juárez Mateo: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorable Tribunal, distinguidos abogados, Sres. del Ministerio Público, Autoridades ancestrales tras de mí, representantes de distintos pueblos, en primer lugar, las energías del Nahual este día nos acompañan, para pagar por la vida, ofrendar. Yo soy inocente, totalmente inocente de las acusaciones falsas del Ministerio Público. Quiero decirle al Ministerio Público que me sorprende otra vez más la forma irresponsable y falta de ética con que ayer dieron sus conclusiones, parece que no hubieran estado durante los 15 días en que se llevó a cabo el debate, parece que no estuvieron, si hubieran estado, hubiera sido más objetiva su resolución, fueron muchas las falacias, al descalificarnos,  trajeron personas para ratificar acusaciones falsas en contra de nosotros, en las leyes del país habrán mecanismos y formas para diligenciar la responsabilidad de haber cometido falsas acusaciones, ratificar falsas acusaciones y traer falsos testigos, eso deber tener castigo.

La razón por la cual existe al conflictividad no solo en territorio Q’anjob’al sino en territorio Maya es porque existe y han existido proyectos extractivos que matan la vida, esos proyectos deben desaparecer de nuestro territorio para que vuelva a renacer la vida, nosotros defendemos vida, y si para defenderla hay que darla, la vamos a seguir dando.  Admiro y me siento sumamente feliz y contento al ver la presencia de nuestras autoridades ancestrales de los distintos pueblos Mayas, ayer y durante todos estos 15 días de debate, eso significa para mí una responsabilidad enorme, creí que al ser detenido ilegalmente, secuestrado, pensé: ¿a ver qué vamos a hacer? y al contrario; se ratifica la calidad de autoridad ancestral por la que he sido encarcelado, mi pueblo preguntará ¿qué vas a hacer?: voy a respetar la absoluta y sagrada decisión de mi pueblo  si ellos deciden de no seguir siendo su autoridad, ahora en esta sala, me considero Autoridad Ancestral. En esta sala el Ministerio Público se descubre, durante casi 16 meses, durante esos 16 meses, el  Ministerio Público ha remachado y remachado una tras otras, las declaraciones en contra de nosotros, ha denigrado nuestra dignidad y ha lastimado nuestro sagrado entorno, de esa cuenta honorable tribunal, lo solicitado por los distintos abogados que supieron llevar a delante una defensa de alta calidad profesional, ha demostrado de nuevo que el Ministerio Público debe de mejorar.

Lo primero que solicito es mi inmediata libertad sin mayores condicionamientos, porque no hubieron evidencias de que cometimos delitos, como lo hicimos y está grabado en esas pruebas que se presentaron, pedimos a las autoridades correspondientes del organismo judicial que se haga una investigación profunda, exhaustiva, responsable para identificar en qué los trabajadores del Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia incurrieron en acciones delictivas contra las naciones Mayas Ancestrales porque no hemos recibido desde la creación del CAJ una sola respuesta de justicia. Mi tercera petición es solicitar la inmediata cancelación de todas las licencias, investigar si las licencias en territorio Q’anjob’al son legales o no y si no, pedir su inmediata cancelación, también con respecto a las 19 licencias de extracción minera, que se investigue si están en la legalidad o no, y si no, que se cancelen, porque nosotros contamos con el principio de que la consulta comunitaria de buena fe es responsabilidad del estado y el estado la ha evadido, la hemos hecho nosotros, como un mecanismo ancestral de toma de decisiones de nuestros pueblos, porque cualquier cosa se consulta, no tomando decisiones antojadizas ni personales, y para finalizar lo vuelvo a ratificar: es necesario y urgente que se instalen las mesas de diálogo al más alto nivel, con los distintos organismos del estado que tienen una responsabilidad, con el ejecutivo, quien ejecuta, el legislativo hace leyes y el judicial quien persigue los delitos, porque ¿cuántos delitos se han cometido?…… en ese sentido, solicito que se concreten mis peticiones en esos puntos que he dicho, reiterando nuestra inmediata libertad sin mayores contratiempos, así como el resarcimiento individual, familiar, comunitario y colectivo porque es una responsabilidad del Estado al habernos secuestrado.

Domingo Baltazar:

Honorable jueza y juez, lo que quiero decir es de que yo creo de que en mi caso durante los debates de 15 días en que estamos, me quedó pegado en la mente con la conclusión del Ministerio Público, dice en sus conclusiones que Domingo Baltazar y Rigoberto, nueve años de prisión condenatoria, durante los 10 días está clarísimo que no tuve participación. Lo que pido es que a todos los testigos que vinieron a mentir ante este tribunal sean juzgados, que sean juzgados con la ley y que se cumpla, la inmediata investigación en el Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia que está dominado por el ex alcalde, le pido una investigación porque hay criminalización, esto es fruto de la corrupción a nivel nacional. Por último como ya ustedes ya vieron no tuve la participación en ninguno de esos delitos, pido en nombre del tribunal y el nombre de Dios mi inmediata libertad, ya son 17 meses en la cárcel injustamente, Dios sabe, hoy pido mi libertad, gracias honorable Tribunal.

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Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

  1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
  2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
  3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
  4. La criminalización de autoridades comunitarias.
  5. La detención arbitraria.
  6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

Día cinco del debate oral contra las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Por: Nelton Rivera.

Este martes 12 de julio 2016 se realizó la quinta jornada durante el Debate Oral y Público que se abrió en contra de siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango.

Estas siete personas: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Ermitaño López, Mynor López, Arturo Pablo y  Francisco Juan Pedro fueron acusados por varias empresas que pretenden instalar varios proyectos de hidroeléctricas en el departamento, algunas de estas también podrían estar preparando condiciones para extracción de minerales como el caso de Hidro Santa Cruz con el proyecto Qanbalam.

Durante toda la mañana rindió su testimonio el fiscal del MP, el señor René Maldonado Maldonado, en su declaración acuso de forma insistente a las autoridades comunitarias, califico de violentos a la comunidad Q’anojb’al de Santa Eulalia y otros municipios, acusándolos de haber rodeado el CAJ muchas personas, con armas como machetes, palos, piedras y galones de combustible; con el objetivo de asesinar a todos los trabajadores del CAJ, específicamente a él. “La consigna que llevaban era que debía de correr sangre” refirió el fiscal.

René Maldonado cuando comenzó la interpelación de los abogados defensores de las siete autoridades comunitarias comenzó a contradecirse con su propia versión de lo ocurrido en el CAJ en enero del 2014, cuando modificó el expediente agregando el delito de plagio o secuestro en esa audiencia.

La acusación de los testigos del MP, la mayoría trabajadores del Organismo Judicial, Bufete Popular, Ministerio Publico y Policía Nacional Civil en el CAJ de Santa Eulalia se ha ido desvaneciendo con las contradicciones de los mismos testigos del MP, las pruebas presentadas testimoniales y documentales por parte de la defensa.

Durante la tarde se presentó el abogado Pedro Rubel Toledo, propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias, Pedro Rubel es uno de varios abogados que intervinieron en la defensa de dos jóvenes de Pojom detenidos de forma arbitraria el 19 de enero del 2015. Pedro Toledo fue criminalizado por ejercer la defensa de los opositores a otra hidroeléctrica en Pojom, fue detenido en la ciudad de Huehuetenango. La nota Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios explica cómo fue su detención.

Pedro Rubel es un ejemplo claro de cómo la justicia en Huehuetenango pareciera tener fuertes vínculos con las empresas extractivas, Santa Eulalia: Abogado Q’anjob’al Pedro Toledo regresa a su territorio se explica cómo finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B ordeno el cierre de la persecución penal en su contra.

David Diego Marcos periodista comunitario y miembro de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también se presento ante el tribunal para atestiguar a traves de su trabajo cuando durante la cobertura de la reunión entre autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional con el director del CAJ Pascual Tiu Zapeta, el corresponsal grabo un video que documento como se realizo la reunión entre autoridades y el director del CAJ el dia 19 de enero del 2015, este material audiovisual como prueba desmintió la acusación del MP al afirmar que al director del CAJ se le había agredido, amenazado y golpeado durante las horas que permaneció en el interior del centro.

Son tres las causas penales existentes, pero el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios decidió conexar los tres procesos por los que están siendo procesados las autoridades comunitarias y reunirlos a todos en un mismo debate oral y publico.

  1. Año 2013: la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía acuso a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Mynor López y a Francisco Juan Pedro de haber secuestrado, coaccionado y amenazado a 11 trabajadores de la hidroeléctrica en el lugar conocido como Poza Verde, Barillas cercano al ingreso del terreno de la empresa.

Francisco Juan Pedro no estuvo en ese lugar, el 22 de abril 2013, cuando las autoridades mediaron para que se retiraran los trabajadores de la empresa que habían instigado a la población de las comunidades que permanece en un plantón permanente.

  1. Año 2014: el Ministerio Público inicio un proceso penal en contra de Ermitaño López Reyes acusándolo de haber “retenido” a los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero 2014, cuando al celebrarse una audiencia por el caso de la hidroeléctrica en Barillas el fiscal del MP, René Maldonado Maldonado modificó la acusación del expediente de las autoridades comunitarias, en un procedimiento que muchos consideran ilegal pide sean detenidos por Plagio o Secuestro, delito que no existían en el expediente.

Esa misma tarde se realizó una segunda audiencia a través de la cual un juez de Santa Eulalia ordeno que las autoridades no fueran detenidos de forma preventiva como intentaba el fiscal del MP horas antes.

  1. Año 2015: por varias órdenes emitidas por un juez de Santa Eulalia las fuerzas de seguridad en la madrugada del 19 de enero, ingresaron violentamente en las comunidades de Pojom en San Mateo Ixtatán, deteniendo a dos jóvenes y trasladándolos de forma arbitraria por helicóptero hasta la comisaria 431 de Huehuetenango, las comunidades sin saber el paradero de los dos jóvenes fueron al CAJ en Santa Eulalia lugar natural al que debieron los fiscales del MP y agentes de la PNC trasladar a los dos hermanos detenidos en Pojom.

La tercera acusación hecha por los funcionarios del CAJ se centra en Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y Domingo Baltazar, este último nunca estuvo en el CAJ por un accidente sufrido trabajando la tierra.

El MP los acusa de haber “retenido” a todos los trabajadores del CAJ considerándolo el delito de Plagio o Secuestro.

Escuche la transmisión en vivo del debate oral y púbico caso #PresosPolliticos

Escuche la transmisión aquí:

http://paraqueseconozca.blogspot.com/ 

Presos políticos: cuarto día de debate oral contra autoridades comunitarias

Boletín sobre la audiencia del día 11 de julio 2016

El lunes 11 de julio 2016 se realiza el cuarto día de audiencia dentro de la etapa de Debate en el Juicio Oral y Público contra autoridades comunitarias de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En el cuarto día de audiencia continúan rindiendo su testimonio los testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), siendo ellos trabajadores del CAJ (Organismo Judicial, Bufete Popular, trabajadores adminstrativos) y personas allegadas al ex-alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro.

La Secretaria del CAJ, Sandra Pascual García, afirmó haber sido secuestrada y retenida violentamente por los manifestantes, sin embargo durante su declaración se contradijo al decir que se pudo mover con libertad durante los hechos. Indicó que manifestantes de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia portaban lazos y machetes durante manifestación y aseguró que la población maya Q’anjob’al de Santa Eulalia es violenta y que ella tenia mucho miedo.

Acusó a Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral de agresiones verbales y de agredirla físicamente, sin embargo no cuenta con medios contundentes para probar estos hechos. La testigo además indicó no ser testigo presencial de las amenazas de las cuales se acusa a Rigoberto Juárez de cometer contra el Juez de Paz y el coordinador del CAJ.

Posteriormente declaró José Teófilo Marines, empleado del CAJ quién declaró que la gente de Huehuetenango es violenta, que fue golpeado, sin embargo no puede identificar a ninguno de los hoy detenidos como sus agresores.

David Rivera, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, asegura haber sido golpeado por Rigoberto Juárez, declaró además: “La gente Q’anbjobal es violenta”. Y puede identificar únicamente a Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y Ermitaño López durante los hechos y no a los demás sindicados.

Bartolo Sebastián Diego, ex comisionado militar y vecino de Santa Eulalia testificó acusando a las autoridades comunitarias de contratar gente para manifestarse contra el CAJ y trasladarlas en vehículos, pero no tiene pruebas para sustentar su declaración. Durante el interrogatorio de los abogados de la defensa de las autoridades comunitarias dijo que a él no le constan ninguno de los hechos por los cuales él testifica y fue contradictorio para responder a la pregunta sobre su licencia para portar de armas de fuego.

El señor Sebastiśn Diego, es allegado y está vinculado al ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro y laboró con anterioridad para la empresa Hidroeléctrica CINCO M / Hidro San Lauis, que intentó instalarse en el municipio de Santa Eulalia. Durante su intervención dio respuestas contradictorias, sobre todo a la pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre su licencia para portar armas de fuego. Negó poseer una, luego se contradijo.

Además, Sebastián Diego esta vinculado con agresiones vividas el 19 de marzo del 2015, cuando amenzaó a varios miembros del equipo de Prensa Comunitaria mientras realizaban la cobertura del intento de reapertura a la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ cerrada arbitrariamente por el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marco Pedro, este caso que se encuentra documentado y denunciado ante la fiscalía de delitos contra el periodista del Ministerio Público, sin que la investigación avance.

A las 2:40 de la tarde comenzaron a pasar los primeros testigos convocados por la defensa de las autoridades comunitarias de Huehuetenango.

Jueza presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo suspende audiencia por receso para ingerir alimentos.

A partir de las 2 de la tarde, la Juez Yassmin Barrios presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la ciudad capital, reinicio el debate oral y público que enfrentan siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, de los municipios de Barillas y Santa Eulalia.

El primero de los testigos fue el señor Samuel Pedro Nicolás, quien es actualmente autoridad comunitaria y miembro de la junta de seguridad comunitaria de una de las comunidades de Santa Eulalia, quien narró como a petición del director del Centro de Administración de Justicia CAJ el señor Pascual Tiu Zapeta en Santa Eulalia se conformó una comisión en la noche del 19 de enero 2015, a petición del director del CAJ, esta comisión acompañó a Tiu Zapeta para que el mismo fuera a traer a cada uno de los trabajadores del MP, Juzgado y otros del CAJ para realizar la segunda audiencia el día 19 de enero.

El testimonio de Samuel Pedro Nicolás contradijo la afirmación del mismo Pascual Tiu Zapeta querellante en este proceso contra la autoridad comunitaria, quien afirmo desde el inicio que fue supuestamente agredido, obligado y amenazado.

El segundo testigo Eduardo Pablo es autoridad comunitaria del municipio Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, él explica al tribunal el papel que jugaron ese día todas las autoridades comunitarias y ancestrales que asistieron al CAJ el 19 de enero luego de las agresiones y detenciones arbitrarias hechas por la PNC y el MP en San Mateo Ixtatán, la autoridad demandó una explicación a las autoridades del CAJ por el paradero de dos jóvenes detenidos ese día, quienes no aparecían.

“Nuestro papel todo el tiempo es el de beneficiar al dialogo para la resolución de cualquier tipo de problemática social, teníamos un proceso de revisión y coordinación con las autoridades del CAJ planteadas en distintos momentos con ellos para avances en la aplicación del derecho indígena y el derecho occidental, la tranquilidad de la población y el respeto de los funcionarios públicos del Estado.”

“El director del CAJ, Pascual Tiu Zapeta trató a las autoridades comunitarias y ancestrales como ignorantes, negó en todo momento encontrar una solución por las detenciones de jóvenes en Pojom, por intereses de las empresas hidroeléctricas y eso complicaba la situación en toda la región.”

“En ningún momento agredimos a nadie, no insultamos a ningún funcionario público, todo el tiempo solicitamos información de manera respetuosa al director del CAJ y este todo el tiempo nos engañó y no nos dio información.”