Postura de las autoridades ancestrales ante los organismos vivos modificados

Por: Rony Morales

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las diez de la mañana un recurso de inconstitucionalidad solicitado por autoridades ancestrales, miembros de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (RedSag) y miembros de la Asociación de los Abogados Mayas

La fiscalía de asuntos constitucionales del Ministerio Público (MP), el diputado Amílcar Pop y el señor Tomás Saloj, en representación de las autoridades ancestrales de los cuatro puntos cardinales coincidieron hoy en la vista pública de la Corte de Constitucionalidad en solicitar que se declare con lugar la inconstitucionalidad y que se expulse el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala. Dicho protocolo trata sobre la participación de los beneficios del uso de la biodiversidad.

La solicitud se realizó por vicio de procedimiento, al no llegar a las dos terceras partes del número de diputados que establece la ley para que se aprobara “de urgencia nacional”. Adicionalmente las autoridades ancestrales consideraron que el protocolo promueve el despojo, la privatización y el uso lucrativo de los conocimientos ancestrales.

A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país no estuvieron de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM)

Varias autoridades indígenas mostraron su preocupación por que las semillas se privaticen exigieron respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

Además hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales a pronunciarse ante esta situación y exigir que el Organismo Ejecutivo asuma su responsabilidad de investigar y castigar a los responsables de poner en practica estos tratados sin consultarles a los pueblos indígenas.  Que el Gobierno indemnice a las familias afectadas por este desastre ecológico que vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de las familias indígenas y campesinas de la región, de la agroecología y la agricultura ancestral ante los desastres ecológicos provocados por los agrotóxicos y los insumos agrícolas.

 

Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Creompaz: descanse en paz Domingo Mó, detenido y desaparecido por 34 años.

Por: UVOCGT

Nosotros, miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), acompañamos a la familia Mó Ti, quienes son miembros de nuestra organización, en el proceso de inhumación y exhumación de los restos del hermano Domingo Mó, maya poqomchi´, quien fue desaparecido en su casa de habitación el 25 de julio de 1982 en las afueras de nuestra casa en la aldea, por un grupo de militares. Acompañamos el acto con tristeza y lágrimas que han estado presentes desde hace 34 años.

Durante el entierro escuchamos las palabras del compañero Cristóbal Mó Ti, hijo y hermano de los compañeros desaparecidos. Inició agradeciendo al Creador y Formador por permitir ver enterrar los restos de su querido padre, hombre que siempre les habló con mucha claridad sobre lo difícil de llevar la vida aquí, en nuestra querida San Cristóbal Verapaz, Guatemala. Una Guatemala con un Estado que está siendo afectado por el sistema capitalista, el cual está creado para resolverles los problemas a pocas familias criollas y ladinas, muchas veces a costa de intentar acabar con la organización comunitaria e invisibilizar el trabajo de la población rural. Donde no hay espacio para un indígena quiere superarse, mucho menos para un poqomchi´.

Éramos cuatro hermanos, pero lamentablemente, por el conflicto armado en 1982 nos quedamos tres y sin padre, o sea que nos desaparecieron a dos miembros de la familia. Mi papá se llamaba Domingo Mó, y mi hermano se llamaba Domingo Mó Ti, a quien secuestraron de 14 años.

Estábamos en nuestra casa, no sabíamos nada, estábamos durmiendo y de repente a las cinco de la mañana, cuando vimos un montón de soldados que tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado. Entonces, en ese caso no los pudimos identificar nosotros a ellos. Llegaron y entraron a la casa, fueron a agarrar a mi papá, lo patearon, lo agarraron del pescuezo, lo tiraron ahí, lo volvieron patear y a mi hermano mayor lo fueron a agarrar. Entonces uno de los militares dice “ahí ese patojo que se venga para acá”, porque se dieron cuenta de que yo estaba viendo y pues agarraron a mi mamá, me agarraron del brazo y a mi hermanito. Entonces a mi papá si se lo llevaron y a mi hermano mayor, Domingo. Tenía 14 años Domingo.

Ahí comenzaron a disparar. De hecho yo tengo un recuerdo aquí de un raspón de una bala, y lo tengo aquí, mirá, y jamás nunca se me va a olvidar.

Cuando se lo llevaron, no salimos a buscarlos por temor a que le pasara algo al resto de nuestra familia. A los tres meses nosotros salimos a buscar a nuestro papá y a mi hermano, pero ya no fue posible localizarlos. Nosotros creemos que se lo llevaron para la comunidad de Quixal y que allá hay muchos cuerpos humanos, ahí hay un cementerio clandestino y hay muchos hermanos de nuestros hermanos y vecinos que están tirados adentro del río porque allá no se ha hecho una investigación.

Tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado a eso de las 5 de la mañana llegaron a la casa rompieron la puerta quebraron las cosas, mataron a nuestros animales, les pegaron a mi papá y mi hermano, los patearon, los golpearon y se los llevaron.

Hoy agradezco a las personas e instituciones y a mi organización UVOC por acompañarnos durante  muchos años en la búsqueda de los restos de mi familia. Hoy entierro a mi padre, ahora seguiremos hasta encontrar a mi hermano

Como UVOC, siempre hemos dicho que no debía de quedar ninguna duda de los patrulleros y los soldados que actuaban en ese momento cumpliendo órdenes precisas. Ellos eran ejecutores al nivel más bajo de la cadena, de una férrea estructura vertical, jerárquica, disciplinada. Aun más, sus acciones formaban parte de una estrategia cuidada, prevista y desarrollada en clave del Estado Mayor en campaña. Si ahora hay un gobierno democrático, si lo es, debe enfrentar el desafío de aplicar la ley

Y hacer justicia. Es el Estado el responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y no de violarlas, es también quien debe juzgar y sancionar a los responsables.

Quiero pedir ayuda a la vez para poder ir a investigar. Ahí dentro de esas pozas de agua hay huesos, hay hermanos víctimas y tal vez que aparece ahí mi hermano. También queremos que esos lugares sean investigados por el Ministerio Público, porque no es posible que quede solo así impune.

El de los pies descalzos yo siempre caminaré así porque mi papa así caminaba, mi pueblo así camina, es la vida que llevo. Aún falta encontrar a Domingo Mó Ti hijo, hermano, amigo compañero.

UVOC: tierra derecho histórico de los pueblos

Por: Rony Morales

El caso de los conflictos agrarios se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre otros.

Esta es la disputa del derecho histórico de las poblaciones indígenas por la tierra, el territorio y el derecho que se atribuyen los propietarios terratenientes en función de la propiedad de la tierra respaldada por el Registro de la Propiedad.

Como veremos en los casos recopilados, en este Inventario de conflictos, existe en la mayoría de ellos un reclamo de las comunidades por la propiedad de la tierra porque ellos la ocupan y la trabajan. En muchos casos son generaciones las que han reproducido sus formas sociales en esas tierras, mientras que en la mayoría de casos hay personas mestizas, extranjeras y algunas indígenas que reclaman los derechos legales de esta y exigen el desalojo de las comunidades ocupantes.

Se reunieron miembros de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-este 6 de mayo, con el fin de establecer la ruta a seguir para la pronta atención y resolución de los casos algunos priorizados.

 Santa Inés

En el año 2000 un grupo de familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras,  retornan luego de los Acuerdos de Paz  y deciden recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda.

La comunidad de Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos judiciales en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, Juez de Paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001.

 A estos miembros del pueblo maya poqomchi’ les han destruido los  cultivos, quemado la  ropa, los  han golpeado.15 familias han resistido todos estos golpes de impunidad  y aún permanecen en el área que les corresponde. Al investigar registralmente, se establece que la propiedad donde están asentados  pertenece a la finca matriz de una finca nacional cedida a la municipalidad de Santa Cruz. Estas tierras no han  tenido movimiento registral desde el año 1908.

Este tema se ha llevado a la mesa de negociación con autoridades de Alta Verapaz  desde hace 14 años, lamentablemente las autoridades no han querido ponerle atención al tema y varias veces intentaron deshacer el dialogo.

Se ha pedido hacer un geopocesionamiento, ubicación física, investigación registral y catastral de la  finca como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan Gobernación, Secretaría Agraria, Fondo de Tierra, Catastro Nacional, Derechos Humanos y las comunidades afectadas.

 El caso de la finca Dulce Nombre es de acceso a la tierra y el motivo de requerir el apoyo de la SAA es por la conflictividad que existe dentro de mismo, es necesario conciliar entre las partes, ya que han existido varios percances. Para la atención del caso se debe convocar en la mesa a PDH, COPREDEH y Gobernación pero con personal de las oficinas centrales,  ya que el personal regional no toma acciones en el mismo.

El propietario Ricardo Gario ya presentó su carta de oferta al Fondo de Tierra el 30 de septiembre del 2014 en las oficinas regionales. El representante de la comunidad indica que al momento de empezar a gestionar la compra de la finca existía un solo grupo de 40 familias, pero al paso del tiempo surgieron ciertos problemas y se dividieron en dos grupos. Cuando iniciaron el proceso la finca no se encontraba ocupada

 Jacolol, Cantiha y Secamquim: 250 familias desalojadas del Valle del Polochic se les resolvería el problema con la compra de 3 fincas para que las 250 familias se reubicaran, a pesar que existía una mesa de negociación a nivel de SAA no se ha solucionado, s a través del Fondo de Tierras en búsqueda de fincas, las cuales están en propuestas; Cantihá, Panzós, A.V., Finca Jacolol, Cahabon, A.V., Y la finca Tzibalpec Cahabón. A.V., asimismo manifiesta que existe la política de colonato, que puede facilitar el acceso a  esas fincas.

La finca que está más avanzada es la de Tzibalpec, ya que se cumplió con todo el proceso y solo está en fase de pagarla. Ahí se ubican  50 familias de Secamquim.

Las fincas que ya pasaron el proceso de calificación son Jacolol (50 familias), Tzibalpec, (50 familias) y la finca de Cantihá (50 familias). Aún se encuentra en proceso de reconocimiento. Pendiente queda Jalaute (100 familias) y no ha completado la documentación respectiva (carta de oferta ante el Fondo de Tierras).

Aldea Mocohan de Purulhá  es una comunidad propiamente  indígena que compró su tierra con monedas de plata y su título tiene el sello del Rey de España. Actualmente ha tenido amenazas de desalojo por finqueros vecinos.

En la actualidad terratenientes se han apoderado de las tierras y los comunitarios mediante su trabajo y esfuerzo se organizaron en la Asociación de Vecinos de la Aldea Mocohan, Purulhá, Baja Verapaz, con acompañamiento de UVOC. Hubo una primera reunión de la Secretaría Agraria en la Comunidad en donde se  solicita la presentación de estudio del RIC, una solución al problema de la tierra de la aldea y la exposición pública.

 Estos son algunos casos de conflictividad agraria que se lleva como –UVOC- los cuales son un conjunto de problemas con sus propias particularidades, que en la historia agraria guatemalteca mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia.

Estamos viviendo en la última trinchera que le queda a las comunidades indígenas y las disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los continuos procesos históricos de usurpación de tierras y explotación de unos grupos sociales sobre otros.

El conflicto puede entenderse también como un factor fundamental para propiciar el cambio social, una expresión de las contradicciones respaldadas por factores históricos y también coyunturales entre dos o más personas o grupos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos o una combinación de estos. Es decir, que no podría considerarse una sociedad sin conflictos, al ser estos inherentes a la vida social, los cuales generalmente implican cambios y pueden jugar un papel dinamizador de las relaciones sociales.

Para solucionar el caso el Registro de Información Catastral –RIC- debe presentarse el estudio histórico, informe registral y catastral de la situación real de la tierra, es importante que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, Fondo de Tierras y PDH. Deben encontrar una solución para minimizar la susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia, además que se pueda terminar con el conflicto para propiciar el cambio social.

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Santa Inés: familias pocomchi´ buscan recobrar su tierra después de 136 años

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Por: Rony Morales

Situada en Santa Cruz, Alta Verapaz, la comunidad de Santa Inés, está integrada por 20 familias poqomchi´ que carecen de documentos de propiedad en su mayoría, sin embargo les asiste el derecho de vivir ahí  – desde el 20 de noviembre de 1880, cuando  en ese entonces, el Presidente de la República Justo Rufino Barrios,  firma un acuerdo gubernativo, el cual distribuye las tierras  entre sus vecinos. Siendo ellos vecinos y habitantes de esos lugares, les asiste el derecho a ser protegidos por el Estado. En caso contrario habría un trato discriminatorio hacia este sector de campesinos.

Durante la guerra interna en el país,las familias de Santa Inés tuvieron que desplazarse y movilizarse  a otros municipios de Alta Verapaz y del país  para poder sobrevivir, volviendo a su territorio,  lugar de origen  en el año 2000, cuatro años después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Cuando retornaron a sus tierras  ya no encontraron sus viviendas, sus terrenos estaban ocupados por otras familias, que con hostilidad y agresiones obstaculizaron el rehacer sus viviendas. Por la necesidad de la tierra permanecen ahí en condiciones  deplorables, todavía viven en viviendas improvisadas. Ya han trascurrido quince años a partir de la fecha en que retornaron.

Miembros de la Secretaria de Asuntos agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC– se siguen reuniendo en mesa de diálogo – buscando una ruta a seguir para la pronta atención y resolución a este caso de conflictividad agraria, que se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre en Santa Cruz Alta Verapaz.

Otro de los problemas entre los habitantes de las comunidades de Santa Inés y de Chajcoxoj, se agudizó desde el 2002. Esto sucedió cuando la comunidad de Chajcoxoj mediante cesión de derechos de tierras, dejaron ingresar a personas que no han respetado los límites territoriales y  las posesiones anteriores. Se han ubicado a las personas de nuevo ingreso en áreas  que no les corresponde, afectando a las 20 familias poqomchi´ de Santa Inés.

Por su parte la comunidad de Santa Inés le solicita al Registro de Información Catastral –RIC- que sea presentado el informe registral y catastral de la situación real de la tierra y que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, el Fondo de Tierras, -UVOC-, PDH, Gobernación departamental, la comunidad  Chajcoxoj y La Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, a quienes se le estarán planteando algunas propuestas sobre una ruta desolución vía compra, o mediante el decreto 27-80 del Congreso de la República, pues hay derechos inscritos de campesinos miembros de la comunidad donde fallecieron intestados, tal es el caso de Paula Véliz.

Constantemente agredidos por la comunidad vecina Chajcoxoj, integrada por grupo de copropietarios del resto de la finca matriz,  miembros de la comunidad de Santa Inés han denunciadolas agresiones al juzgado de paz de Santa Cruz A.V., pero este Juez nunca los atendió, actuando de forma  discriminatoria, prepotente, con poco interés  y maltratos hacia los denunciantes de la comunidad.

Comunitarios indicaron que  no se sabía el porqué de la actitud del juez, esto los llevó a  investigar la situación actual de la finca y   recientemente, al obtener información actualizada de la finca en litigio, aparece el Juez Guillermo Abrahan Quej Chen como propietario de una parte de la finca. De esa manera entendieron por qué  el Juez no actuó al momento de los campesinos  denunciar las  agresiones en el juzgado de paz de Santa Cruz Alta Verapaz.