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Huehuetenango: dará inicio debate oral y público contra líderes y autoridades comunales
Por: Nelton Rivera.
Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.
Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.
Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.
Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.
Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.
Presos políticos: ¿por qué las audiencias se suspenden una y otra vez?
Fotografia de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
“… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.
En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva, porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.
Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.
Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.
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Entre audiencias que se suspenden
El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.
Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.
La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia, no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.
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Litigio malicioso
“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.
Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.
“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.
El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.
La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.
El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.
La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.
De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.
Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria
En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.
Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.
Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.
1. La Consulta Comunitaria: Unidad social en la comunidad
Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009
Por: Francisco Simón.
La aldea Pojom, su realidad actual
Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.
La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.
Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los 92 alumnos trabajan por contrato.
Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.
Lo que la guerra gana, la gente pierde
Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.
Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.
En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros», y acusados de “guerrilleros» por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos» según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.
El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos.
La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.
Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]
Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.
Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.
La Consulta en San Mateo Ixtatán
Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.
Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.
El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.
Motivó a las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.
¿Cómo fue la Consulta en Pojom?
En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.
La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.
“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar
Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.
Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.
Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.
La satisfacción de las comunidades
Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.
El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.
El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]
No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn
La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.
¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.
Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?
Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de «desarrollo»; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese «desarrollo» llegaron con la invasión española 500 años atrás.
La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.
Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.
PRÓXIMA ENTREGA: «La empresa llega a Pojom engañando y falseando»
Notas
[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas
[2] “Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169”
[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790
Primera reunión del Gobierno Plurinacional con el Gobernador de Huehuetenango
Texto y fotos: Gaspar Pedro.
El día 29 de abril de 2016, el PAYXAHIL YAJAWIL KONOB’ (Gobierno Ancestral Plurinacional) Akateko, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al, sostuvo una reunión de acercamiento con el actual Gobernador departamental de Huehuetenango en el segundo nivel del salón municipal del pueblo de Jolom Konob’, Santa Eulalia. También se contó con la participación de la Corporación Municipal de dicho municipio.
Uno de los objetivos de la reunión fue crear un nuevo espacio de diálogo y acercamiento entre el Gobierno Plurinacional y las autoridades gubernamentales.
Para poner al día al señor Gobernador se hizo una exposición sistemática sobre la problemática y el contexto histórico social en que viven y se desenvuelven los ocho municipios del territorio Q’anjob’al del área norte de Huehuetenango, resaltando sobre todo la presencia de empresas hidromineras y la conflictividad que éstas han venido generando a lo largo y ancho del territorio, a pesar de que se han hecho Consultas Comunitarias de Buena Fe, se han presentado memoriales y denuncias a las instituciones del Estado y los intentos de diálogo que en su oportunidad se han sostenido con las autoridades pasadas (exPresidente de la República de Guatemala, Ministerio de gobernación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros). Pero han sido diálogos fallidos.
Otro de los temas sobresalientes es el aporte de los pueblos originarios al desarrollo del país. Entre ellos se mencionaron: el pago de la educación privada; el aporte económico a través de las remesas, la producción de alimentos y ventas locales y el sistema de salud ancestral. A través de su sabiduría y conocimientos ancestrales estos terapeutas y ginecólogas (comadronas) mayas han velado por el mantenimiento de la salud de los pueblos y las comunidades, ya que en los centros o puestos de salud no hay medicamentos y apenas si es que hay un médico no permanente para 43,000 personas, tal es el caso del municipio de Santa Eulalia.
Se hizo entrega al Gobernador un informe por escrito donde va detallado lo anteriormente expuesto.
En general, todas las exposiciones apuntaron a un abandono del Estado de Guatemala hacia estos lejanos pueblos originarios, los cuales al verse en estas condiciones han luchado por su propio desarrollo y han logrado sobrevivir a través de sus propios esfuerzos sin la injerencia de empresas privadas nacionales y transnacionales.
El señor Gobernador en sus intervenciones expuso que en los planes del presente gobierno se pretende impulsar la dotación de agua potable, atención primaria a la contaminación ambiental, mejoramiento de la salud con énfasis en salud preventiva desde un enfoque de formación, así como la prevención de la desnutrición. Otro eje es que a través de los Consejos de Desarrollo se ubicarán los presupuestos en donde se necesiten. Resaltó que se fortalecerán más los proyectos referentes a salud y educación, más no otros proyectos. Pese a las necesidades primarias de los pueblos, también informó que se dará mayor atención en lo que se refiera al mantenimiento y mejoramiento de la franja transversal del norte.
Durante el transcurso de la reunión, el señor Gobernador expresó su buena disponibilidad en coordinar actividades y acciones que vayan al fortalecimiento del verdadero desarrollo de los pueblos, así como informar sobre la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en la región para no alarmar a la población y evitar malos entendidos.
Finalmente se llevó a cabo una visita en la casa ceremonial como sede de las autoridades ancestrales del pueblo maya Jolom Konob’ de la nación Q’anjob’al.
Desde la prisión política: “quiero decirles que la lucha sigue”
Por: Nelton Rivera.
“Quiero decirles que la lucha sigue, y ahora con mayor razón debe seguir con más fuerza” Rigoberto Juárez.
Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar cumplieron 385 días de prisión preventiva en un centro para hombres de la ciudad capital, comúnmente llamado “Preventivo de la zona 18”, la audiencia de ofrecimiento de pruebas que debía realizarse el lunes 12 de abril fue cancelada por la juez Claudette Domínguez quien preside el tribunal de Mayor Riesgo A, porque el ex alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro querellante en el proceso de nuevo no asistió a la citación.
Ambos líderes comunitarios enviaron un mensaje desde la carceleta en el sótano de la Torre de la Tribunales del Organismo Judicial –OJ-, un lugar con poco espacio, reforzado con una maya metálica instalada recientemente por los últimos incidentes armados protagonizados por reos de pandillas rivales. Los rostros de Rigoberto y Domingo no se pueden ver por la reja, solamente se pueden escuchar sus voces y la exigencia de uno que otro reo por recibir un poco de dinero.
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El lunes 12 de abril Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, fueron trasladados desde temprano por el Sistema Penitenciario desde la zona 18 a la Torre de Tribunales del OJ en el centro histórico de la ciudad.
La juez Claudette Domínguez durante la audiencia del día 25 de febrero 2016 ordenó que este lunes 12 de abril se realizara dicha audiencia a las 9 de la mañana, ante la inasistencia del ex alcalde de Santa Eulalia la juez decidió cancelar la audiencia y reprogramarla para el 26 de abril.
Rigoberto y Domingo fueron trasladados del nivel 14 de la sala de audiencia al sótano en donde se ubican las carceleta, ahí tuvieron que permanecer todo el día para que el Sistema Penitenciario los lleve de vuelta por la noche al sector 13 del Centro Preventivo.
Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar deben esperar 14 días más para que el tribunal resuelva su situación jurídica, finalmente ambos líderes comunitarios podrían ir a un juicio oral y público, a pesar que los delitos por los que son señalados gozan de medida sustitutiva, que les permitirá estar en sus comunidades y no en la cárcel, la juez del tribunal de Mayor Riesgo A les negó hasta el día de hoy toda posibilidad de beneficiarlos con esta medida.
Fue desde ese espacio reducido adentro de la carceleta, bajo fuertes medidas de seguridad que los dos líderes comunitarios enviaron un mensaje al exterior de la prisión.
Rigoberto Juárez Mateo…
“Quiero decirles que la lucha sigue, y ahora con mayor razón debe seguir con más fuerza”
“Es una actitud completamente indignante lo que están haciendo con nosotros, que bueno que la señora juez tomó la decisión que si la próxima audiencia no se presenta este señor (Diego Marcos Pedro) tomará la determinación de continuar con la audiencia. Esto debió haberlo hecho hace meses atrás, ella por darle crédito a este personaje quien más ha violentado la armonía de nuestro territorio, todavía se le sigue dando crédito y que aún se le de crédito es una situación delicada en la forma de la aplicación de la justicia y del trato hacia nosotros.
Esperamos que la siguiente audiencia se lleve a cabo, esto solo demuestras que las supuestas evidencias o pruebas que hay o que ellos dicen de tener no tienen, los del MP están dando largas para ver como logran arreglar las “pruebas” porque todo es mentira, todos es una mentira tras otra mentira, esperamos entonces que la supuesta audiencia nos digan que va a pasar con nosotros.
¿Se va a concretizar la injusticia sobre nosotros o que va a pasar?, ¿Cómo nos sentimos en estos días? Con más de un año de estar privados de libertad injustamente es difícil, hay problemas que se han ido generando como consecuencia de esto, hay una virtual tensión y presión sobre nuestra población al mismo tiempo que nos retienen aquí.
Todo esto es la intencionalidad para que nuestra gente ceda ante las presiones de las empresas y del Estado para que puedan instalar sus empresas en el territorio, esto tiene sus consecuencias bastantes fuertes, como los gastos de recaen sobre nosotros; como los gastos que debe asumir el Estado en cada una de las audiencias.
¿Las enormes cantidades de dinero público que se gasta y por la responsabilidad de una sola persona? Como Diego Marcos Pedro es terrible, lástima que esto no aparece como un delito ante la ley porque a este señor se le debería aplicar la ley con mucha más objetividad y contundencia.
Mi mensaje para la población es todo mi agradecimiento a la solidaridad con los hermanos y hermanas, que están atentos a lo que esta pasando con nosotros, quiero decirles que la lucha sigue, con mayor razón debe seguir con más fuerza porque se están intensificando las acciones de las empresas en el territorio, las agresiones en el territorio son la constante y las empresas quieren provocar una confrontación.
Quiero manifestarme sobre un video que circulo en las redes sociales hace un par de días atrás en cuanto que hay un supuesto “grupo armando” que apareció en el territorio, yo con mucha claridad lo afirmo y recontra reafirmo que ese no es un grupo armado de la gente, son los grupos paramilitares que hemos venido denunciando hace años que son financiados por la empresa, y están siendo avalados por la institución armada para acosar, agredir y asesinar a las personas”.
Domingo Baltazar…
“A todas las personas a quienes les pueda llegar mi mensaje, quiero mandar mi saludo como Domingo Baltazar desde la carceleta de la torre de tribunales. Hoy se tendría que haber llevado a cabo nuestra audiencia, para decirlo de mejor manera la suspendió, para mí es un poco preocupante, ¿Por qué se suspendió esta audiencia? Porque el señor Diego Marcos Pedro querellante en contra de nosotros y su abogado no quisieron venir. Esta no es la primera vez, por eso yo no entiendo como manejan la justicia en Guatemala, este señor solo compareció el año pasado en una sola audiencia y luego en todas las demás audiencias durante todo el año 2015 no quiso asistir a ninguna, no compareció en las audiencias.
Este año la Juez Claudette Domínguez casi que rogado trajo a este señor para que se presentara como querellante adhesivo, y ahora nuevamente se ausentó, esa parte yo no la entiendo, como es que se imparte la justicia en Guatemala, llevamos mas de un año en la cárcel en la zona 18 de la capital de forma injusta, todo el año pasado.
En julio del año pasado termino el Ministerio Púbico con la presentación de pruebas y no demostró nada, desde esa fecha nos vienen cancelando las audiencias, poniendo pretextos, cambiando jueces y así estamos hasta la fecha. Esto nos preocupa mucho porque uno como ser humano pienso que esta gente está jugando con la dignidad de uno, porque legalmente no tengo que ver nada con las denuncias que me imputan a mí, ante Dios que él sabe que no tengo ningún delito.
Nos tienen encerrados aquí por gusto, la ley cuando analizamos las cuestiones del MP, lo del ex alcalde Diego Marcos Pedro, la juez y el MP pareciera que tienen mucha relación, están muy de acuerdo.
Hoy la audiencia no se llevó a cabo, quedo hasta el 26 de abril, confió que nuestra libertad y en Dios que pronto estaremos libres, a personas que no han hecho nada, que no comenten ningún delito estamos en la cárcel, y así como Diego Marcos Pedro que es responsable de los hechos terribles que sucedieron el 19 y 20 de enero del año pasado en Santa Eulalia anda libre, no comprendemos eso.
A toda la gente, gracias por todo el apoyo, tengamos confianza que en cualquier momento Dios nos dará la libertad, la lucha en la defensa del territorio está clarísimo, es nuestro derecho, si por eso, por decir la verdad nos acusan, ni modo, es la verdad, es la realidad por eso seguimos en la lucha, para todo la gente nuestro mensaje, nuestras pocas palabras, a nuestras familias allá en Santa Eulalia nuestro abrazo.
Lo irregular en el proceso
Para los abogados que llevan la defensa de líderes comunitarios como Rigoberto, Domingo, el profesor Arturo, don Chico Palás, Tello y Taño[1] el sistema de justicia desnudó con sus casos la aplicación del derecho penal del enemigo por ser representantes de la defensa comunitaria del agua y los bienes naturales[2]. Esto significa que existe una estrategia de estigmatización y criminalización por oponerse a los megaproyectos, especialmente los extractivos como las hidroeléctricas, minería y petróleo, por lo tanto se les está aplicando la prisión como un castigo, no por haber cometido un delito, si no, por considerarlos personas peligrosas para los intereses de las empresas y del Estado.
Todos son considerados presos políticos, en común tienen la confianza y respaldo mayoritario de la población en el territorio norte de Huehuetenango, todos forman parte de la resistencia organizada en sus municipios que involucra a pueblos indígenas como el Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y mestizo, todos forman parte del Gobierno Plurinacional una articulación de participación, movilización y toma de decisión en este territorio.
Luego de un año de prisión preventiva es evidente que existe un caso de detención arbitraria en su contra, el retardo malicioso del proceso, la suspensión de las audiencias, la adhesión como querellante de Diego Marcos Pedro con serias acusaciones de asesinato y otros delitos graves, reafirman el planteamiento de los abogados defensores sobre la aplicación del derecho penal del enemigo y la perdida de objetividad del fiscalía de derechos humanos del Ministerio Publico.
La existencia de una investigación extrajudicial hecha por una de las empresas hidroeléctricas en 2014 y su incorporación de forma ilegal dentro del expediente que sirvió de base para la investigación del MP, son algunas de las anomalías e ilegalidades que fueron registradas en este proceso y otros dos más que enfrentan el resto de los líderes comunitarios.
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[1] Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar son autoridades ancestrales del pueblo Maya Q’anjob’al de Santa Eulalia, Ermitaño López (Taño), Adalberto Villatoro (Tello), Francisco Juan Pedro (Chico Palás) y el profesor Arturo Pablo son líderes comunitarios de Barillas, Huehuetenango.
[2] Intervención ante el Tribunal de Mayor Riesgo A del abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos, durante la defensa de Francisco Juan Pedro líder comunitario de Barillas Huehuetenango, año 2016.
Prensa Comunitaria Km. 169 