Archivos Mensuales: julio 2013

“Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen"

Rosa Elvira Coc, representante de las 11 mujeres sobrevivientes a violencia sexua
Cristina Chiquin 

El 22 de julio de 2013 la Jueza Carole Brown de la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, emitió un fallo aceptando que en ese país se juzgue a la empresa HudBay Minerals, por los graves crímenes cometidas en Guatemala por la CGN, (La Compañía Guatemalteca de Níquel) subsidiaria de HudBay[1]
Esta empresa está ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal.

Las demandas  fueron interpuestas en Toronto Canadá por 11 mujeres Q’eqchi’es que fueron víctimas de violaciones sexuales masivas y múltiples durante los desalojos  violentos cometidos por agentes de la seguridad privada de la CGN, la policía nacional civil y el ejército de Guatemala, hechos cometidos el 17 de enero del 2007, en la comunidad Lote 8, en el Estor Izabal.

Las otras demandas son por el asesinato del profesor Adolfo Ich y por los disparos que recibió y dejaron parapléjico al joven Germán Chub durante una protesta pacífica realizada el 27 de septiembre del 2009 para detener otro desalojo de tierras que tenía lugar en la comunidad Las Nubes, de El Estor, y que fue reprimida por las mismas fuerzas de seguridad.

Las tres demandas que se interpusieron fueron apoyadas  por la empresa de abogados Klippenstein`s  y Derechos en Acción.

Ante la búsqueda de justicia, la empresa ha lanzado una campaña de desinformación y de presión contra los demandantes, Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich; y Germán Chub.

La CGN, ha llevado un conjunto de presiones, chantajes e intimidaciones a la comunidad de lote 8,  así como ofrecimientos engañosos para que se retiraran las demandas, las presiones fueron dirigidas especialmente contra las mujeres  que fueron violadas sexualmente.


El ofrecimiento de la empresa fue que se daría dinero y empleo, a las personas de la comunidad de lote 8 a cambio de que las mujeres retiraran la demanda por violación sexual, a pesar de ello las mujeres se han mantenido firmes en la búsqueda de justicia.

Luz Méndez de la Unidad Nacional de Mujeres Guatemaltecas expresó:

“Durante muchos años los abogados de la empresa, pidieron que no se Juzgará en Canadá, pero eso no fue aceptado ya que se buscaba tener garantía de tener justicia y esta no se podía garantizar en Guatemala”
“El hecho trascendental, es que es la primera vez que esto ocurre en Canadá, es decir es la primera vez que se acepta una demanda de víctimas por los hechos cometidos por las empresas de  Canadá en otro País”

Rosa Elvira Coc, representante de las 11 mujeres sobrevivientes a violencia sexual expresó:

“Para este Gobierno de Guatemala nosotros no somos nada, no somos personas, para la justicia en Canadá  pareciera que si hay una luz en donde se nos puede respetar, nuestra dignidad, nuestros derechos como indígenas”

“La empresa en el Estor está ofreciendo cosas a cambio de que nosotras nos sigamos con esto”

Rosa Elvira, comentó de cómo ella ha sido víctima de amenazas por estar en la búsqueda de justicia
“Aunque han sido muchas las amenazas que he recibido, me han dicho que donde me encuentren me van a matar pero no por eso voy a detener esa lucha, voy a seguir hasta donde llegue mi vida”

Muchas otras mujeres sufrieron violaciones sexuales sin embargo, únicamente 11 de ellas fueron las que decidieron denunciar,  La mujeres sobrevivientes de violación sexual han estado en permanente lucha por su territorio, vida y bienes naturales, enfrentándose a diversas amenazas y violaciones de derechos por parte de la empresa CGN.


Germán Chub, expreso también su sentir ante el resultado obtenido en Canadá:

“Aquí en Guatemala no somos escuchados, lo que pedimos es que se haga justicia, que se sepa lo que nos ha pasado”

Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich,  agradeció la presencia de los medios de comunicación y a las organizaciones especialmente a derechos en Acción por el acompañamiento durante este proceso.

Por otro lado expreso el dolor que siente, ante el despojo que hacen las empresas extractivas contra el pueblo de Guatemala.  También les dio su sentido pésame a las familias de los tres estudiantes asesinados dentro de las instalaciones de La Compañía Guatemalteca de Níquel.[2]

“yo sé el dolor que están pasando, el mismo dolor que yo he pasado después del asesinato de mi esposo por el jefe de seguridad de la empresa CGN, quien es Maynor Padilla, y esa demanda penal la llevo en Guatemala, pero qué pasa,  y es que no se hace justicia”

“Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen, porque no estoy inventando ni mintiendo ante los tribunales”

Angelica Choc, de esta manera también expresó que la lucha y la resistencia por la vida y el territorio sigue y denuncio que ante esto las empresas lo que han hecho es reprimir, desalojar y asesinar al pueblo.

“Todo a causa de qué, solo por defender nuestro territorio, por defender Guatemala, por  defender la tierra que nos alimenta a todos nosotros, porque todos aquí comemos frijol y tortilla, yo se que esa tierra es de nosotros”

De esta manera se dio a conocer el logro del fallo obtenido  en Toronto Canadá, y se denuncio las amenazas y presiones que la empresa sigue ejerciendo sobre las comunidades de Lote 8  y las Nubes, así como en otras comunidades del Estor, Izabal.

A pesar del rechazo de las comunidades y de las permanentes violaciones de derechos humanos, asesinatos  e intimidaciones que hace la Compañía de Níquel, esta continua en la región subsidiada por nuevas empresas extranjeras como lo es la compañía rusa Solway Investment Group.

Este fallo ante una corte interncional marca un precedente, pero la justicia en los tribunales nacionales no llega al pueblo de Guatemala. El mismo Gobierno sigue criminalizando la lucha social y sigue operando a favor de las empresas trasnacionales y la oligarquía, dejando a un lado la vida y los derechos del pueblo a decidir sobre sus territorios.

Las mujeres  siguen siendo quienes a través de sus voces, sus cuerpos y sus vidas, siguen defendiendo su territorio y sus comunidades. El silencio que han querido imponer sobre los pueblos y las mujeres se rompe gracias a su fuerza, al caminar en la búsqueda de justicia y del respeto de la vida.
al finalizar la actividad un grupo de jóvenes de Peronia, realizo una obra de teatro en solidaridad con la lucha de los pueblos que resisten por la defensa de su territorio. 






CCR/eq

Nuevo amanecer para la resistencia pacífica en Santa Cruz Barillas

Pernilla Nordwell -Prensa Comunitaria. 

Los planes para instalar una hidroeléctrica en territorio comunitario son respondidos con un plantón pacífico de los campesinos guatemaltecos, a quienes la represión no da descanso.” 

Huehuetenango, Guatemala. Para impedir la entrada de los trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, que persiste en su intención de construir una hidroeléctrica en Barillas a pesar del contundente rechazo de la población, los comunitarios instalaron un plantón pacífico en el camino. El gobierno insiste en perseguir judicialmente a estos defensores del territorio y culparlos de los hechos violentos suscitados desde mayo de 2012.

“No queremos guerra, no queremos más muertos y no queremos que nos persigan. Tomamos una decisión conjunta y el siete de abril nos bajamos aquí”, explica Micaela Gonzáles, una de las participantes en el plantón pacífico en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Este lugar ahora lleva el nombre Nuevo Amanecer.

El plantón pacífico para impedir que la empresa Hidro Santa Cruz S.A. instale una hidroeléctrica en el área está ubicado sobre el camino comunitario, es decir, una vía cuyo dueño es la comunidad. Por este mismo camino, el comunitario Andrés Pedro Miguel fue asesinado en 2012. Según testigos, los responsables del atentado son personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.

“Aquí siempre pasan policía y militares para cuidar a la empresa, y es el camino más directo para llegar a donde quieren instalar la hidroeléctrica. Por eso las compañeras que pasan por este camino tenían miedo”, informa Gonzáles.

Inspirados por la Puya

La decisión de hacer un plantón se tomó dentro de la comunidad y se forjó a base de varios intentos de recuperar el paso del camino. “Nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para que los trabajadores de la empresa ya no pasen en nuestro camino?  Primero intentamos hacer en el camino un zanjón, pero unos días después la empresa lo arregló y empezaron a pasar otra vez”, relata Gonzáles.

Después de intentar la construcción de otro zanjón, los comunitarios se dieron cuenta de que era necesaria una solución más permanente. Ahora están organizados en equipos que realizan turnos por comunidad para que siempre haya alguien que esté vigilando y cuidando el camino.

“Escuchamos que hay compañeros en La Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, una comunidad lejana, que están en una manifestación pacífica. Esta idea nos inspiró; decidimos hacer un plantón y construimos esta casita en este lugar donde estamos en resistencia pacífica” explica la comunitaria.

Rechazo y represión

La población resiste los planes de Hidro Santa Cruz para construir una hidroeléctrica desde hace años. En 2007 se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros proyectos de gran escala. Un total de 46 mil 479 personas rechazaron este tipo de proyectos en sus tierras, mientras que nueve personas dieron su consentimiento.

A pesar del rotundo rechazo, la empresa empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012, Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas.  En este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos, pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el problema.

Persecución jurídica

A principios de mayo 2012, 11 personas fueron detenidas en relación con los hechos violentos de mayo de 2012. La Organización de las Naciones Unidas comprobó que estas detenciones fueron ejecutadas por particulares, lo cual significa que fueron ilegales y arbitrarias. Después de ocho meses de prisión preventiva, los defensores del territorio salieron libres en una audiencia que se celebró en Santa Eulalia en enero de 2013. En la audiencia, se dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación. Sin embargo, la audiencia pendiente ya fue anulada dos veces y, por lo tanto, el caso permanece sin conclusión.

Además de las personas detenidas, hay otras que son perseguidas y tienen órdenes de captura;  todavía hay más de diez órdenes vigentes. En el caso de Rubén Herrera, la primera orden de captura salió en 2010 y él fue detenido afuera de su casa el 15 de mayo de 2013. En la audiencia, que se celebró el 30 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez concluyó que las evidencias en contra de Herrera eran insuficientes y, por lo tanto, aceptó la solicitud del Ministerio Público para la clausura provisional del caso. La empresa, como querellante del caso, apeló la decisión de la Corte, pero esta apelación fue rechazada el 22 de julio.

Publicado el 29 de julio de 2013

La moratoria, las consultas y el futuro de Guatemala

Bárbara Trentavizi (*)

El gobierno de Otto Pérez Molina sorprendió a todos los sectores sociales anunciando la posibilidad una moratoria de dos años para las nuevas licencias de minería en Guatemala. El sector empresarial ya puso el grito al cielo, argumentando sobre el desarrollo, la inversión extranjera y las que suelen ser sus justificaciones para el despojo.
De parte de la sociedad civil y de quienes estamos preocupados por las consecuencias de una inversión extractiva indiscriminada en el país, vemos que una moratoria no tiene sentido de no anularse todas las concesiones que se otorgaron abusivamente y de manera errática en los últimos 15 años. Eso serviría para empezar un dialogo real con los diferentes sectores sociales con el objetivo de la construcción de un plan nacional a largo plazo que incluya un modelo de desarrollo negociado y realmente democrático.
Aparentemente el objetivo de la moratoria es tranquilizar los ánimos de los grupos sociales que están en contra de la explotación minera, visibilizar y enfocar posibles interlocutores indígenas favorables a la minería y poner en marcha una ley de minería que permita llevar el país hacia el modelo extractivo de manera legal y legitima..
No existe gobierno que pueda aguantar una situación de conflicto social hasta el límite en el que ha llegado el conflicto minero en Guatemala. Desde que el general Otto Pérez Molina asumió la presidencia, se ha evidenciado su voluntad política de cumplir con las licencias y concesiones a las transnacionales para que se puedan llevar  cabo los proyectos mineros y de grandes hidroeléctricas. Se trata de proyectos que provocan sentimientos de resistencia y organización política, cuya solución para el gobierno ha sido utilizar la violencia, el estado de sitio, la masiva presencia del ejército, la criminalización de la protesta social y de sus líderes.
La venta de recursos naturales del país es un proceso que ha surgido después de los acuerdos  de paz, a finales de los años 90. En el momento exacto en que la comunidad internacional distraía la sociedad civil con el tema de la paz y los derechos humanos, los acuerdos y la reforma del estado etc., se estaba vendiendo el país e hipotecando el futuro de las generaciones a venir.
No es una casualidad que los Acuerdos de Paz, si bien representan un entramado esencial en la construcción de una Guatemala democrática, evitaron el tema de los recursos naturales y en general eludieron el problema estructural del modelo de estado excluyente, elitista y criollo.
En esos momentos, las organizaciones, ONGs y diferentes grupos sociales se encontraban dependiendo de la cooperación internacional y entusiasmados con la idea de una era de democracia y equidad, con inclusión étnica y social, etiquetas verbales densas de estímulos emocionales y políticos. Muchos líderes e intelectuales vieron la posibilidad de aumentar su protagonismo e influencia adhiriendo a las promesas de campañas y se juntaban a los planes progresistas partidos, logrando en varios casos puestos de poder y altos niveles institucionales.
Durante este delirio de pacificación, más simbólico que real -considerando que los índices de violencia social e delincuencial solo aumentaron-  las comunidades rurales empezaron a percibir el alcance real de la famosa firma de la paz y el precio a pagar por la entrada de Guatemala entre los países modernos, desarrollados del bloque neoliberal. El precio era la desaparición propia, de sus familias, de sus comunidades, de su modelo de vida, de su paisaje. No se trataba de un proyecto de desarrollo rural, de oportunidades que respetara la cultura y la visión existencial de las comunidades, y permitiera el acceso a la salud, educación, conocimiento, empoderamiento en el marco de un propio estilo de vida. El multiculturalismo se reducía a la entrada del bilingüismo mediocre y mal elaborado en las escuelas, en la identificación de una diferencia cultural que no socavara las bases estructurales de un modelo elitista y excluyente desde siempre para el pueblo maya.
Se trataba de una visión que contentara a todos sin poner en duda los intereses de la élite dominante en su visión de país y de su ideal de desarrollo. Con la desaparición paulatina del modelo cafetalero exportador, sumergido por una grave crisis, orientaba las fauces del mercado hacia nuevos horizontes de lucro y ganancia a través del territorio, las concesiones a empresas trasnacionales que permiten grandes rendimientos a propietarios, ministros, vices, ambientalistas vendidos etc.
Se dedican las ex fincas a los monocultivos mas rentables pero con menos necesidad de mano de obra, o se vuelcan las extensiones de tierra al ganado, se arrasan hectáreas enteras de selva en nombre de un lucro que satisfaga las necesidades de una pequeña elite, dedicada a dirigir todos los instrumentos legales e institucionales del país a la consecución de estos objetivos.
En este esquema de orientación económica el campesino, con su pequeña parcela de tierra, su vida, sus tradiciones, sus ideas respecto a la vida y la muerte, su relación con el sagrado maíz, con los antepasados, con sus muertos, y toda la amplia gama de valores e ideas que acompañan la vida de millones de mayas en las áreas rurales de todo el país, no sólo es superfluo, sino que representa un obstáculo.
Sólo que en Guatemala se dio una situación sui generis, como suele suceder en este sorprendente país. Su pueblo, su mundo indígena tradicional, maya, campesino entendió que si no se mueve se le escapa la tierra, que una nueva forma de genocidio, mas sutil y más letal se va a poner en acto en los próximos años : la concesión de amplias porciones de territorios a la explotación minera, hidroeléctrica y de recursos naturales a las empresas transnacionales que operaran en el país así como en otros países de América latina, entregando al estado una ínfima parte de sus cuantiosas ganancias, pero dejando un país vacío, contaminado, sin agua, sin trabajo y con la gente enferma, la nueva fiebre del oro había aparecido y una nueva amenaza.
Así que los mayas, cada quien en sus pueblos, se dedicaron a realizar Consultas comunitarias de buena fe, legitimadas por el Convenio 169 de la OIT , la declaración de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz. Aparte de alguna excepción, todas las consultas fueron realizadas con la participación de las municipalidades y de las autoridades ancestrales, siguiendo el código. Ya fueran por una amenaza real y concreta o solo se relalizaran de forma preventiva, las consultas se hicieron en cada comunidad, en cada rincón, al unísono, expresándose el 99,9 por ciento de la población, incluso los niños, con un No decidido irrevocable, firme y seguro a la minería.
En este momento vamos con mas de 90 consultas en siete años, un numero enorme, grandioso, increíble considerando la falta de participación política del país, la apatía hacia la res publica de las ares urbanas  y la desconfianza, rezago de años de miedo y represión.
Las comunidades rurales se han valido de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, y se han expresado en una fiesta colectiva para la vida, el agua, las montañas, la madre tierra y la salida de las empresas transnacionales de sus territorios.
Se trata de un acto de ciudadanía muy claro, una cantidad de personas enormes que se expresaron y dijeron No a la minería, No a los megaproyectos, No a las enormes hidroeléctricas y sobre todo No a las trasnacionales.
Estos actos de participación ciudadana de gran envergadura, fueron ninguneados por el estado. No se tomó en cuenta su decisión, su voz, su clamor, el clamor de millones de personas en el país que expresaron su punto de vista sobre un proyecto que lo que pretende  a largo plazo es la desaparición de las comunidades mayas. El fin de su vida, de sus tradiciones, de su sabiduría, de su aporte a la humanidad, de su relación con la madre tierra, con la naturaleza, las montañas, la neblina, los astros, el mundo cósmico e individual, donde todo tiene un sentido en la medida en que es compartido, vivido junto en un nosotros que desafía cualquier fría rendición de cuentas, cualquier proyectos financiero especulativo tendiente a la ganancia bruta.
Para el campesino maya, el paisaje no es sólo un monte que hay que destruir para sacarle el oro. Para el campesino maya, para la mujer de maíz, el monte es vida, es luz, energía, agua, lluvia en las tardes, maíz y olor a tamales, es el calor del fuego y la tortilla quemada, el fríjol y la cebolla friendo en la olla. La montaña es compañera del hombre en las madrugadas, es el silencio que acompaña la ternura de la mujer amamantado dormida al amanecer, es el sol alegrando sonriente las casitas a la lejanía. La tierra no es sólo un pedazo de materia que se puede vender al mejor postor para ganar pisto. La montaña es un organismo viviente, es el espejo de nuestra propia vida y de la nuestros hijos, nietos, descendientes, ahora y para siempre; las montañas son sagradas, son lugares de vida. Por esa razón, los lideres comunitarios, las lideresas, las abuelas y abuelos luchan incansablemente para defenderlas, Y por esto son reprimidos, encarcelados, asesinados, tildados de terroristas, delincuentes  cuando los delincuentes siguen libres y contentos.
Esta es la verdadera injusticia de Guatemala: más de ochenta consultas comunitarias, supuestamente avaladas por Naciones Unidas y otros inútiles tratados farsa, donde miles de personas se han expresado con un No rotundo y de acero. No al robo del futuro por empresas sin escrúpulos que no pudiendo lucrar en sus desarrollados países persiguen el mismo despojo de siempre, el mismo cruel y frío recorrido de sangre, de la colonización, despojar, robar, saquear, matar y al final irse con las ganancias.
A este escenario se oponen las comunidades  rurales, a esto se oponen los abuelos y las abuelas mayas y nadie los callará, mientras tengan un hilo de aliento.
Las concesiones mineras otorgadas hasta ahora no son ni legales ni legitimas. No son legales porque es un derecho de los pueblos indígenas ser consultados cuando se trata de proyectos que entran en sus territorios, según tratados internacionales firmados por el estado de Guatemala y no son legitimas porque son completamente y rotundamente rechazadas por la sociedad civil.
Guatemala necesita urgentemente un proyecto de estado que logre superar los tremendos rezagos y exclusiones sociales del pasado, en una visión de desarrollo rural sostenible, compatible culturalmente y donde la diversidad sea imaginada como una oportunidad y no un obstáculo a aplastar.
(*) Antropóloga italiana, residente en Guatemala y comprometida con las luchas de los pueblos indígenas.

Las Flores en resistencia de San Juan Sacatepéquez


“En San Juan Sacatepéquez no queremos montañas pintadas de gris, si no que queremos llevar nuestras flores a todo el país”

Cristina Chiquin 

Las 12 comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez que se han mantenido en resistencia denunciaron, en conferencia de prensa, las violaciones a los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas cometidas por Cementos Progreso -propiedad de la familia Novella Torrebiarte- y el Gobierno de Guatemala.

Manifiestan en el comunicado su rechazo a la implementación de la planta de Cementos Progreso y empresas extractivas. La defensa del territorio es fruto de 8 años la resistencia de las 12 comunidades.

A pesar de las conclusiones emitidas por el Relator Especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya y de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, quienes convergen en el derecho que tienen las 12 comunidades a ser consultadas ante estos proyectos, esto no ha sido respetado.

A pesar del rechazo evidente en un acto impune  y en coordinación con el Gobierno de Guatemala  el viernes 19 de julio, la empresa desplegó su total irrespeto en contra de las Doce Comunidades Kaqchikeles, anunciando el inicio de la construcción de dicha planta, con la presencia del presidente Otto Pérez Molina; este despliegue  mediático, logístico, militar y político de Cementos Progreso ya había sido anticipado y previsto por la organización comunitaria[1]

 Ante esto las 12 comunidades, denunciaron  y manifestaron que los gobiernos, tanto como el actual como el pasado, se han dedicado en perseguir  políticamente y criminalizar la lucha social de las 12 comunidades, criminalizando a las lideresas y lideres  y acusándoles de terrorismo, recurso también utilizado por el gobierno actual para perseguir y reprimir a otros departamentos y municipios del país. 

Durante este proceso 86 personas han ido a la cárcel, 7 de ellas aun siguen privadas de libertad  y aun se mantienen 12  órdenes de captura pendientes, afectando de esta manera a muchas familias y las comunidades.

A esto se le suma las violaciones que se han dado durante estos años, intimidaciones, amenazas por parte de la empresa Cementos Progreso y la represión a  través de la militarización y el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir la lucha social. 

El 19 de julio se mostró nuevamente la complicidad del gobierno defendiendo los intereses  de las empresas y no de los pueblos, ya que ante la movilización pacífica del pueblo de San Juan Sacatepéquez, las autoridades colocaron 8 retenes, aparte de la intimidación mediante el sobrevuelo  de varios helicópteros  por más de 4 horas. 
   
Se denuncio también que el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ordenó la instalación de un comando especial con el argumento de que empleados de la empresa han sido despojados de sus pertenecías, lo cual confirma la estrategia de este gobierno de criminalizar la lucha social.

Ante esto las autoridades comunitarias denunciaron,

“Desde ese día, estos policías en forma encubierta se han infiltrado en nuestras comunidades, haciéndose pasar por empleados de las empresas telefónicas recabando nombres y preguntando por comunitarios tanto en las escuelas como en las iglesias, realizando acciones de vigilancia,  por ello nos sentimos perseguidos y amenazados por las fuerzas de seguridad, por  lo que hoy estaremos presentado una exhibición personal a favor de 30 comunitarios en contra del Ministro de Gobernación y en contra del Ministerio Público para que dejen elaborar hechos y denuncias falsas en nuestra contra, que solo profundiza la conflictividad “

Las 12 comunidades reafirmaron el compromiso que tienen con la lucha de su territorio, declarándose en asambleas comunitarias permanentes anunciando más acciones de movilización social pacifica. 

También se denunció la complicidad del Gobierno Municipal, presidido por el señor Fernando Bracamonte, y se le solicitó atender las peticiones presentadas para la realización de consultas comunitarias y que ya no se difundan más campañas de desinformación. 

Hemos tenido miedo, pero también nos hemos levantado

Una de las acciones que se anunciaron fue que el día de 22 de de julio se interpondría un recurso de exhibición personal, ya que 30 comunitarios están siendo perseguidos y criminalizados  por parte del gobierno de Guatemala y la empresa Cementos Progreso. 

“Nosotros somos 30 comunitarios que estamos siendo perseguidos estamos totalmente criminalizados, sentimos  que no tenemos esa libertad de seguir caminando, de salir con nuestras familias” 

“El ejército y la policía están ingresando en altas horas de la noche a las comunidades, señalando las casas de los dirigentes  y hay una estrategia  que los están utilizando que es la de manipular a los  niños ofreciéndoles dulces para luego preguntarles donde viven los lideres comunitarios, es por ello que sentimos la preocupación por nuestras familias”
 

En el caso de las mujeres se denunció también la intimidación y las violaciones hechas por parte de las fuerzas militares y policiales.  Así también manifestaron que cada vez están más fuertes y que se han organizado para poder luchar por el territorio y por sus familias. 

“Nos  hemos sentido amenazadas por qué nuestros esposos no han podido salir a trabajar  y también las amenazas que recibimos por ser mujeres, lo que estamos viendo ahorita es que la policía y el ejército llega a cada rato a nuestras comunidades”

“Hemos tenido miedo, pero también nos hemos levantado como mujeres, no hemos dejado a nuestros  esposos solos, nos hemos levantado, antes teníamos miedo pero ahora no, vamos a seguir luchando”

La mujer tiene un papel importante en la  resistencia de las comunidades de San Juan Sacatepéquez comentaban las autoridades y, también, reconocen las violaciones que han sufrido.

“las mujeres han sido víctimas de violaciones sexuales que se han dado de parte de la fuerza pública y también de los promotores de la cementera, las mujeres han realizado varias denuncias pero lamentablemente el sistema de justicia de Guatemala está favoreciendo a la oligarquía en Guatemala, y las  denuncias han sido engavetadas por parte del ministerio Público”

Por otra parte se manifestó que el 19 de julio  más de 20,000 personas estuvieron rechazando la inguracion de la Cementera, de manera pacífica. 

“Nosotros tenemos nuestras autoridades ancestrales quienes son ellos los que velan por el derecho  y por el orden, son ellas las que representan a las comunidades”

lamentamos muchísimo que  las estrategias  de abordaje de la conflictividad generada por la empresa Cementos Progreso con las comunidades de San Juan, sea la criminalización, la militarización, y la inauguración con bombos y platillos de la industria  cementera en nuestro territorio, violando el convenio 169 de la OIT,  por lo que insistiremos en la lucha pacífica  y organizada  frente a esta  otra forma de invasión y usurpación de nuestro territorio” 

La lucha  y resistencia de los pueblos sigue caminando a pesar de la impunidad del Gobierno de Guatemala que insiste en dar seguridad a las empresas trasnacionales y la oligarquía del país que desde siempre ha despojado al pueblo de su territorio. 

Las miles de flores de san Juan Sacatepéquez, son la muestra de la organización comunitaria, de la resistencia y de la vida,  en una lucha que no  cesa en el país contra quienes siguen insistiendo en imponer un modelo económico que no beneficia y que solo asesina, esclaviza, excluye, discrimina y viola. 

 Carta Abierta

  

      



La Cementera que no producirá cemento


 Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria. 

La monopólica empresa de cemento en Guatemala progresivamente va mostrando su violencia; Estado, políticos, medios de comunicación corporativos son el instrumento para imponer sus intereses empresariales sobre la dignidad del pueblo Kaqchikel. La cementera y sus monopólicos dueños intentan demostrar que su planta “la más grande de Centroamerica” avanza en su construcción. 

La prepotencia característica de estos empresarios les hace creer que imponiendo una mentira mediática de falso desarrollo, harían funcionar esta construcción, buscan justificar la impunidad de sus negocios sobre la auto determinación del pueblo, quienes con un proyecto propio de vida y desarrollo continúan rechazando a la cementera.

El viernes 19 de julio, la empresa desplegó su total irrespeto en contra de las Doce Comunidades Kaqchikeles, anunciando el inicio de la construcción de dicha planta, con la presencia del presidente Otto Pérez Molina; este despliegue  mediático, logístico, militar y político de Cementos Progreso ya había sido anticipado y previsto por la organización comunitaria. 

Miles  de hormigas inundan las montañas Sanjuaneras

Frente a la agresión del animal de concreto, las hormigas salen a defender el hormiguero. Su nivel organizativo les permite consultar en asambleas comunitarias, anticipar, convocar, organizar y prepararse para una nueva movilización.  

Es a través de sus alcaldes auxiliares y COCODES, que se preparan frente al animal gigante y regordete, ese que despoja tierra y quiere acabar y comerse a quienes ahí viven. Este animal convive en grupos reducidos o cámaras rancias empresariales. 

Y entonces picó el hormiguero: desde las cinco de la mañana comenzaron a caminar miles de personas de las comunidades de las flores, una, dos, cinco, diez, doce. Son de orígen campesino, estudiantes, obreros, artesanos, tejedoras, hombres y mujeres;  mayores, adultos, jóvenes y niños, todxs  fueron encontrándose en los caminos mojados por el sereno de la madrugada, con paso firme, avanzaron, diez, cincuenta, cien, mil y veinte mil más. 


Un mar de hormigas avanzó por uno de los caminos que conduce desde Santa Fe Ocaña hacia la comunidad de Las Trojes en la entrada de la Finca San Gabriel, lugar en donde el animal cementero pretende construir su cementera.


Sismo tras sismo, la tierra tembló en San Juan Sacatepéquez por mas de 1 hora;  un mil, diez mil y veinte mayas Kaqchikeles de todas las comunidades llegaron a la entrada del terreno que un grupo de empresarios pretende transformar en concreto para producir más concreto y que ponían la “primera piedra“ junto a autoridades sin autoridad, sin legitimidad, un alcalde y un presidente.   

Consignas, mantas, carteles, banderas negras en señal de protesta, cientos y miles en las manos de lxs comunitarios, la autoridad legítima del pueblo Kaqchikel al frente conduciendo, bastón de autoridad en mano, sus voces conduciendo ese mar de almas en ofensiva, dos de los cerros frente a la cementera fueron cubiertos por miles y miles de personas en protesta y la gente continuaba llegando. 

Toda la montaña se cubrió de descontento, rabia y enojo, pero en esa misma montaña se hizo sentir la madurez de un pueblo que organizativamente se ha desarrollado, siete años de lucha frente al animal de concreto; el sentimiento y la convicción de que los sueños y la vida no se detendrán. 


Frente a la vida de miles, una malla metálica resguardando la propiedad privada de una familia que se agenció de la tierra, mostrando indiferencia, desprecio e irresuelto frente a la voluntad de este pueblo y su Consulta Comunitaria que dijo NO a proyectos de muerte.



Del otro lado de la montaña se deja ver un pelotón de anti motines liderados por el mismo director de la Policía Telémaco Pérez, seguramente atónitos con la mirada sobre la montaña llena de hormigas multicolores con la dignidad en alto.

A las 2 de la tarde la tierra vuelve a temblar, sismo tras sismo, miles de hormigas regresan a sus comunidades, con la frente en alto, continúan en asambleas permanentes, conversando, reflexionando, decidiendo. 


“Podrían realizar uno o varios actos de instalación de la primera piedra, con acto o sin acto esta empresa en San Juan Sacatepequez no va a funcionar”…

“¿que le decimos a Cementos Progreso?”… “FUERA”…


Más de 20 mil voces, una sola fuerza comunitaria sobre la cementera que no producirá cemento.