Archivos Mensuales: febrero 2013
Comunidades exigen a gobierno de Guatemala el cierre de la Mina Cerro Blanco en frontera de El Salvador
Por Mesa Contra la Minería
San Salvador, El Salvador.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
26 de febrero de 2013
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA RECHAZAMOS LA MINA CERRO BLANCO Y EXIGMOS AL GOBIERNO DE GUATEMALA SU INMEDIATA SUSUSPENSIÓN.
Comunidades y organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos movilizamos hoy a la Embajada de Guatemala en El Salvador para expresar nuestro rechazo a la mina Cerro Blanco.
El funcionamiento de la mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa Entremares S.A., subsidiaria de la canadiense Goldcorp, podría tener un impacto negativo en la calidad de la vida de la población salvadoreña. Tal como lo establecen estudios técnicos, la mina Cerro Blanco al igual que otros siete proyectos en la zona, atentan contra el equilibrio de la biodiversidad y de cuerpos de agua estratégicos como el Lago de Güija y el río Lempa, ubicados en la zona conocida como El Trifinio, al occidente de nuestro país.
La relevancia estratégica de la Región Trifinio radica en las aproximadamente 650 mil personas que habitan la zona y que están distribuidas en 45 municipios de los tres países vecinos. Además, el Lago de Güija es uno de los principales tributarios del río Lempa, que a su vez abastece de agua potable a cerca del 37% de la población del Área Metropolitana de San Salvador. El impacto negativo sobre estos sistemas hídricos a partir de un proceso extractivo de metales podría, por lo tanto, traducirse en una verdadera crisis a nivel económico, pero también en el goce de derechos fundamentales de amplios sectores poblacionales.
Nuestra posición de rechazo al proyecto Cerro Blanco se sustenta en diversos análisis técnicos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del referido proyecto minero. Dichos estudios resaltan las incongruencias y vacíos técnicos que indican la inviabilidad de la mina.
La Dra. Dina Larios, profesora de Hidrogeología y Geoquímica en la Universidad de Ohio en Estados Unidos, incluso reportó en 2010 que el río Ostúa y el lago Güija podrían sufrir alteraciones importantes en la biodiversidad. El Dr. Robert Robertson, investigador experto de la universidad de Colorado Estados Unidos, ha concluido en otro estudio similar, que: la mina Cerro Blanco es un proyecto de riesgo excepcionalmente alto.
Además de los mencionados estudios técnicos, nuestro rechazo a la mina Cerro Blanco se sustenta en algunos instrumentos del derecho internacional que contemplan responsabilidades insoslayables de los Estados de la región para la preservación de zonas que como El Trifinio, constituyen unidades ecológicas indivisibles y de carácter estratégico para la región.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio RAMSAR que habilita, a su vez, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, son algunos ejemplos. Cabe destacar que la región Trifinio incluso fue denominada, en 2010, Reserva de Biósfera para el programa sobre el Hombre y la Biósfera, de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por todo lo anterior, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, EXIGIMOS al gobierno de Guatemala que:
Suspenda el proyecto minero Cerro Blanco, por las pruebas e informes técnicos que establecen que la contaminación a partir del proyecto minero Cerro Blanco son una probabilidad real y concreta. Además, rechazamos que se esté considerando el pago de servicios ambientales como elementos para la negociación de problemas de contaminación de aguas transfronterizas.
Deben considerarse, en su lugar, los principios modernos sobre aguas internacionales como el enfoque de Cuencas Compartidas deben ser adoptados y aplicados en el manejo sustentable y compartido de las aguas transfronterizas.
Si ya somos una región empobrecida y altamente vulnerable, debemos promover políticas de inversión que dignifiquen a la persona humana, en lugar de empobrecerla y despojarla.
¡Alto a la minería metálica en Mesoamérica! ¡Alto a la mina Cerro Blanco!
¡Sí a la vida!
Comunicado de organzaciones, comunidades y pueblos de El Salvador en contra de la Mina Cerro Blanco:
Carta en oposición a Mina Cerro Blanco entregada en la Emabajada de Guatemala en El Salvador:
En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales y violación de los derechos humanos
Por la Redacción de Prensa Comunitaria – CMI Guatemala.
El Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, emitió el día viernes 22 de febrero 2013, una solicitud para que la Supervisión de Tribunales inicie un proceso de investigación administrativa a cuatro jueces, informa el diario Siglo 21.
Los jueces tachados por “Violación de los derechos humanos” son Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.
El Procurador solicita esta investigación por las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de nueve líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, con su detención ilegal ocurridas el día 2 de mayo del año 2012.
Detenciones ilegales
Ese día 2 de mayo de 2012, un grupo de personas civiles pertenecientes a familias de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas, capturaron ilegal y arbitrariamente a Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel y Marcos Mateo Miguel, algunos de los detenidos y líderes comunitarios llevaban más de cinco años de lucha pacífica en defensa del agua, oponiéndose a las actividades de la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz.
Posterior a la detención ilegal, las personas civiles llevaron a los líderes comunitarios a las autoridades, involucrándose entonces agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y el Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; quienes permitieron la violación de los derechos constitucionales y el debido proceso de justicia de los líderes comunitarios. Según Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos las detenciones efectuadas el 2 de mayo fueron ilegales según los estándares internacionales.[1] Y también dijo “A los particulares no les es permitido hacer detenciones fuera de casos de flagrancia ni siquiera en Estados de Sitio”
En el trayecto, en la carretera les toman fotografías que fueron publicadas el día tres de mayo en Prensa Libre, también les fotografían en la base militar y en la comisaría de la policía. Según el artículo 13 de la Constitución “las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.”
Después de varias irregularidades fueron trasladados al Centro Preventivo de la zona 18 de la capital, sin haberles comunicado las razones de su detención ni ser escuchados por un juez.
Ningún particular debe detener fuera de casos de flagrancia a nadie, además fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio[2]. Además de que los medios de investigación presentados por el Ministerio Público estuvieron viciados por haber nacido con posterioridad a la detención ilegal[3].
El Procurador de Derechos Humanos también constata cómo transcurrieron 16 días para que un Tribunal en la ciudad capital les tomara la primera declaración, además fueron violentados sus derechos constitucionales según los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, también según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Después de más de ocho meses de detención injusta e ilegal, los líderes comunitarios fueron liberados porque el Ministerio Público no pudo comprobar la participación de ninguno de ellos en los hechos y delitos de los que se les acusó que fueron: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.
Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012[4].
Para ampliar vea: Su libertad es una rotunda Victoria, la lucha continua en Barillas
Varios informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos documentan la injusticia de estas detenciones y las violaciones de la justicia y de los derechos humanos en los que han incurrido las autoridades gubernamentales y jueces así como la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz.
Para ampliar vea: La Presencia de Hidro Santa Cruz en Barillas, Una historia de imposición y violencia
Violación de los Derechos Humanos y del debido proceso a la justicia
Para Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, este hecho es una clara violación de los derechos humanos de estas personas y la violación del debido proceso a la justicia. Esta es la razón para emitir una sanción moral a los jueces Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.
La PDH con ésta solicitud establece una tacha en contra de estos cuatro jueces por “Violación de los Derechos Humanos”, ya que cada uno de ellos cometió reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus manos la posibilidad de aplicar la justicia con los casos de los 9 líderes de Barillas.
Esta resolución es un antecedente importante para poner atención en la aplicación de la justicia en Guatemala, pues evidencia cómo las autoridades judiciales han caído en prácticas ilegales en la criminalización de la lucha social como la mantenida en Barillas. Las personas que sufrieron todos estos abusos y acusaciones injustas por parte del gobierno y medios de comunicación merecen justicia y un resarcimiento simbólico, económico y político por parte del Estado de Guatemala.
Es imprescindible que las autoridades del Organismo Judicial revisen las órdenes de captura aun vigentes contra 22 líderes de Santa Cruz Barillas, perseguidos también injustamente por su oposición a las actividades de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que se avance en el juicio a los presuntos responsables de la muerte de don Andrés Pedro Miguel; y que la sociedad en su conjunto continúe vigilando para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos detectadas en este caso.
[2] Informe de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas, Convergencia por los Derechos Humanos.
[3] Amparo interpuesto por la Defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la sala tercera de apelaciones del Ramo Penal”
[4] Ibíd.
Vea las declaraciones del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala sobre las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en contra de los Presos Políticos de Santa Cruz Barillas:
Despojo y desalojo violento en contra del pueblo Qeqchi´ en la comunidad Monte Verde en Livingston
Por la Redacción Prensa Comunitaria – CMI
Un nuevo desalojo violento fue realizado por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco en contra de comunidades maya Q´eqchí de Monte Verde Sarstun en Livingston departamento de Izabal.
En horas de la mañana un fuerte contingente policial de aproximadamente 150 agentes para realizar el desalojo, se presentó a las comunidades de Monte Verde, realizaron el desalojo de 10 familias con excesivo uso de la fuerza, como resultado del mismo existen 4 comunitarios Q´qechís detenidos y trasladados en un primer momento a Puerto Barrios, Izabal. Según informaron comunitarios del lugar.
Los comunitarios capturados son: Abelino Ical Caal, Pedro Moo Sot, Marcos Moo Coc, Eduardo Ico Coc, reconocidos como líderes comunitarios de Monte Verde.
Comunitarios y comunitarias denunciaron la destrucción total de sus casas, el robo de sus herramientas de trabajo, como machetes, además el robo de celulares y dinero que las familias. Hasta el momento no han podido cuantificar las perdidas económicas y materiales que podrían ascender a varios miles de quetzales.
Una de las lideresas Q´ eqchí de la región denunció que durante el desalojo las comunidades tuvieron que desplazarse forzosamente prácticamente bajo el terror de ser reprimidas, en ese momento se perdieron 15 menores de edad, quienes se reencontraron con sus familiares en horas de la noche. Las familias permanecen resguardadas dentro de la montaña, en serias condiciones de subsistencia, están sin alimentos, vestuario, y sin techo para resguardarse.
Antecedentes
Líderes comunitarios manifestaron que la problemática existe por la presencia de terratenientes que pretenden despojarlos de sus tierras, en el caso de la comunidad Monte Verde se ha denunciado reiteradas veces como la familia Millian violando la ley se apoderan de extensiones de tierra, moviendo constantemente los mojones que sirven para determinar los limites entre terrones de fincas y terrenos comunitarios.
Denuncian también representantes Q´eqchís que la problemática de la tierra se ha llevado constantemente ante diferentes gobierno de turno, quienes se han limitado a estancar la conflictividad en mesas de dialogo o negociación, pero que los terratenientes nunca han respetado dichos procesos.
Según los testimonios de personas de la comunidad, la familia Millian es una de las familias de origen italiano asentadas posteriormente al pueblo Qeqchí en Livingston Izabal, los Millian son quienes gestionaron el desalojo porque se quieren adueñar de las tierras de la comunidad y las instituciones del Estado en estos casos se alejan del respeto de ley.
Antecedentes de diálogo desde las comunidades
Las comunidades han pedido a las autoridades la intervención, en las mesas de dialogo con las autoridades se había llegado a la conclusión de que la familia Milián tenia que medir su finca para evitar de que vaya abarcando tierras comunitarias, hace dos años. Sin embargo nunca midió la finca, sino más “bien pidió orden de desalojo en contra de las familias Qeqchí y orden de captura.”
Peticiones de las personas afectadas
1. Que se respeten sus tierras.
2. Que se realice la medición legal y se respete las conclusiones de la mesa de diálogo y establecer sus mojones.
3. Que se libere a los detenidos inmediatamente.
4. Que las familias puedan volver a sus casas y recuperar sus bienes y sus alimentos. Las mujeres y niños quedaron y tuvieron que desplazarse forzosamente.
5. Que se respeten los derechos humanos que están siendo violentados.
Escuche el audio de la denuncia de lideresa Maya Q´eqchí desde Izabal:
Denuncia Pública contra Hidro Santa Rita en Alta Verapaz
Los pueblos, las comunidades, organizaciones y personas (hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas) miembros del Consejo de Pueblos de Tezulutlán denuncian que «desde el año 2009 la empresa Hidro Santa Rita S.A., con apoyo del gobernador departamental, del alcalde municipal y otros empresarios del lugar pretenden instalar una hidroeléctrica, sobre el río Dolores, ubicada en la micro región de Balbatzul del municipio de Cobán, Alta Verapaz.»
CONDENAMOS:
1. Las acciones a favor de la empresa Santa Rita, que hace la ONG “CEDER” a través de su Directora Claudia Villagrán, así como ingenieros, abogados, personal de campo y otras personas del departamento, intimidando, amenazando y tratando de comprar la conciencia de los líderes y comunidades de la región del Río Dolores.
2. Condenamos, la postura de la Jueza Úrsula Teyul y al Fiscal de ministerio público a cargo, por emitir las órdenes de captura violando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas.
3. Las actitudes del Gobernador Departamental y del Alcalde Municipal de Cobán Alta Verapaz, al no apoyar a las comunidades y estar a favor de las comunidades.
4. La escalada de criminalización a la que están siendo objetos las comunidades y el liderazgo, principalmente de los pueblos Q’eqchi, Poqomchi, Achi y mestizo de la región, solo por hacer valer su legítimo derecho a defender su tierra y su territorio.
Prensa Comunitaria Km. 169 