Archivos Mensuales: marzo 2013

LA HISTORIA JAMÁS SE OLVIDA- JUICIO POR GENOCIDIO:



Cristina Chiquin -Prensa Comunitaria




El día lunes 26 de marzo prosiguió el Juicio contra Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Este lunes se escucharon a 13 testigos hombres y mujeres del pueblo Ixil.

Por otro lado para la defensa de Ríos Montt se sumó el Licenciado Danilo Rodríguez, quien se visibiliza nuevamente en el grupo de abogados de acusado. Así mismo a las afueras de la Corte Suprema de Justicia se llevó acabó una plantón convocado por militares retirados, militares y familiares de militares los cuales insisten en decir que en el país no hubo Genocidio.

En su llamado público y en la petición de firmas expresaban que querían un “juicio justo” en este acto se pudo ver a tan solo unas 10 personas las cuales se mantuvieron desde tempranas horas en lugar.

Con los himnos militares y la canción del Soldado el ambiente fuera de la Corte rememoro el terror que el Ejercito de Guatemala implemento en las comunidades ixiles y en el país.

Mientras tanto dentro del Tribunal de Mayor Riesgo, la voz de los testigos seguía sonando y pese a las consignas puestas de que No hubo Genocidio, estas narraciones mostraban la verdad de la tierra arrasada utilizada en los años de 1982 y 1981.

Ante la pregunta de que era lo qué llegaba hacer el ejercito en las comunidades un testigo respondió

“Llegaban a matarnos a perseguirnos…en esos años mataron a cientos de personas y otros murieron de hambre”

Otros testimonios proseguían con la lista de violaciones que vivieron y como esto había afectado en sus vidas.

“Juntaron a la gente a las 3:00 de la mañana y las 7:00 de la mañana empezaron a matar a 96 personas”

“A mí me quitaron la ropa y los soldados me lanzaron al río” (testimonio de mujer ixil)

“Cuando me sacaron me quitaron mi cinta y me iban a colgar de ella en un palo” (testimonio de mujer ixil)
Las respuesta de lo que se espera de este juicio ha sido una voz al unisonó que pide Justicia

“Yo espero que se haga justicia…porque me he sentido afectado y el miedo no lo voy a olvidar”

“Me duele todo lo que ha pasado, yo espero Justicia, lo que busco es Justicia”

El día 27 de marzo se espera escuchar a más testigos de los 51 que aun faltan por presentar su testimonio.

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“Nosotros Queremos Justicia” (Foto Reportaje Juicio por Genocidio)


 
Cristina Chiquin

           
 El Juicio llevado acabó contra Efraín Ríos Montt y José Rodríguez por genocidio y deberes contra la humanidad siguió su curso los días 21 y 22 de marzo de 2013. Durante estos dos días siguieron los testimonio de hombres y mujeres Ixiles, quienes con lágrimas en los ojos contaron el dolor y el terror que vivieron ante las violaciones sufridas en los años de 1982 y 1983.

Muchas fueron las preguntas contestadas, en el caso de la defensa algunas se salían del contexto, sin embargo esto no pudo contrarrestar la fuerza de las palabras de los y las testigos quienes contaron la verdad de lo que vivieron y  consecuencias que esto ha traído a sus vidas.

Ante la mirada de la Jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, camino la historia de un pueblo que ha sobrevivido y que hoy lucha por hacer valer su voz y lograr la Justicia para su vida, familia, pueblo Ixil y el pueblo de Guatemala.

27 testigo son quienes ya han dejado la huella de su sentir durante los días 20, 21 y 22 de marzo, pero falta un largo camino ya que se prevé en total la participación de 130 testigos.

El Juicio es un hecho histórico en Guatemala, sin embargo militares y empresarios integrantes de la Cámara de Comercio (CACIF), como el mismo Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, han estado enviando mensajes de que en el país no hubo Genocidio.

Por otro lado la defensa de los acusados y han mencionado que con el juicio lo que se quiere es la “venganza”. Estas posturas distan mucho de la realidad del debate en donde las y los testigos han sido claros en lo que piden al Tribunal y al Estado de Guatemala.

“Vengo a pedir que se haga Justicia, investigación y aclaración por lo que sufrieron las comunidades”

“No pido nada, solo digo ¿qué culpa tenía mi esposo por qué lo mataron?”

“Es todo lo que vi, que sufrí en mi cuerpo y en mi carne”

“Ese dolor esa tristeza nunca la voy a olvidar”

“Nosotros queremos lo que hemos perdido las tierras y la Justicia”

(testimonios presentados en Juicio por Genocidio, Marzo 2013)

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La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria-


Conmemoración del 1er año 

El 3 de marzo 2013 se conmemoró el 1er aniversario de la “resistencia pacifica” en defensa del Territorio y en contra de la extracción minera en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.
Durante un año la fuerza organizada de miles de personas que forman parte de la resistencia pacifica logró articular a la comunidad en la defensa de los bienes naturales, fundamentalmente del agua.  

Pobladores y pobladoras de dos municipios emergieron durante el año 2012 como una expresión organizada que reivindica la defensa del territorio y los derechos colectivos de la comunidad a decidir sobre el uso, protección y manejo de sus bienes naturales como pueblos.
La toma pacifica de La Puya desde el Frente Norte del Área Metropolitana –FRENAM-  logró detener el proyecto de la mina El Tambor en su primera etapa, no logrando la empresa ejecutar trabajo alguno durante la licencia de exploración, misma que venció durante el mes de diciembre 2012.
La autodeterminación de las y los pobladores provocó que la empresa transnacional Radius Gold Inc. tomara la decisión acelerada de entregar los derechos de posesión de la licencia minera a un nuevo acreedor, la empresa norteamericana Kappes Cassiday & Associates –KCA-, y su contraparte en Guatemala la empresa EXMINGUA. 

Dos han sido las empresas que se retiran de La Puya, Radios Gold Inc. y la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA, cuyos propietarios tienen fuertes demandas por violación de los derechos humanos, agresiones, intimidaciones y amenazas contra la vida de líderes comunitarios, comunicadores y pobladores de la resistencia. 

Actualmente e proyecto minero El Tambor ubicado en estos municipios esta paralizado, no realizo trabajos durante un año de licencia de exploración y se demostró las deficiencias y anomalías presentadas con el Estudio de Impacto Ambiental EIA con el que el Estado le autorizo dicha licencia. 


Yolanda Oquelí


La Puya
Con el nombre de La Puya, se conoce el lugar en donde la resistencia pacifica se instaló para evitar que tres empresas mineras y dos gobiernos neoliberales lograran echaran a andar uno de los proyectos de extracción de oro más grande instalado en el departamento de Guatemala.  
En este lugar se encuentra el entronque que conduce a los terrenos en donde la empresa minera pretende realizar la construcción de la mina, en contra de la voluntad de todo un pueblo, el camino es una carretera de terraceria que sale desde el centro de San José del Golfo hacia San Pedro Ayampuc. 
La colectividad y solidaridad garantiza el auto financiamiento y sostenimiento en la Puya,  se instaló un campamento permanente,  cuentan con una cocina, bodega, baños, tribuna, dos altares (uno maya y otro catolico) y dormitorios construidos de galeras de madera y lamina. Las mujeres  se encargan de realizar la alimentación diariamente de todas las personas que se encuentran haciendo resistencia pacifica,  los alimentos son aporte de las comunidades (arroz, frijol, verduras, caldo, tortillas, café, atol, fresco, pan dulce, entre otros). 

Las comunidades se organizan para participar de los turnos, manteniendo la presencia del pueblo en La Puya, pero han sido las mujeres quienes con su capacidad organizativa son el motor de La Puya y de la resistencia. 
La resistencia pacifica se caracteriza por la pluticulturalidad de los pueblos de los dos municipios, mestizos e indígenas forman parte de las comunidades en resistencia, de igual manera religión y cosmovisión se mezclan en La Puya. 

San Miguel Arcángel tiene un lugarcito dentro de la Puya como santo patrono del lugar, también existen un altar maya o  lugar sagrado para realizar las ceremonias mayas y otro para la celebración de la Misa. 

La Puya ha sido testigo de muchos intentos de desalojo violentos, fuerzas especiales antidisturbios de la PNC en proporciones desmedías no pudieron realizar los desalojos. Contingentes de supuestos trabajadores de la mina,  utilizados como grupos de choque encabezados por militares tampoco pudieron quebrar la resistencia. 
Cientos de miles  de dolares y quetzales, invertidos por las empresas en campañas mediaticas en contra de la resistencia, las presiones de personeros de empresas canadienses, guatemaltecas y norteamericanas a sus embajadas, y de estas a los distintos gobiernos tampoco han logrado desartiucular la lucha de todo un pueblo en contra de la mina. 

Monseñor Alvaro Ramazinni


¿Cristo al servicio de quien?
En San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc a diferencia de otros lugares,  en donde los pueblos están luchando en contra de los mega proyectos, la minería, hidroeléctricas o mono cultivos, los párrocos en representación de la Iglesia católica son parte de la resistencia pacifica.

Monseñor Álvaro Ramazzini, junto con varios párrocos de la Iglesia Católica  de diversas diócesis acompañaron esta conmemoración, realizaron una misa en La Puya frente a miles de personas, manifestaron abiertamente su apoyo y solidaridad con la lucha comunitaria y la resistencia en La Puya. 
Otro ejemplo de compromiso con las comunidades es el párroco de San Antonio Sacatepéquez quien tiene una fuerte participación desde la Iglesia Católica junto a la lucha de las comunidades indígenas frente a la amenaza de la empresa colombiana TRECSA responsable de la interconexión eléctrica a través del proyecto PET a nivel nacional. 


Muchas son las denuncias de la intervención de curas con posiciones conservadoras, colocandose desde la ideología del poder y  criminalizando las luchas comunitarias,  como el caso del párroco de San Juan Sacatepéquez quien es contrario a la lucha de las doce comunidades  Kaqchikeles en defensa del territorio, mostrando su apoyo a la instalación de la planta industrial de la empresa Cementos Progreso.
Otro caso es la denuncia sobre varios curas en el departamento del Peten, quienes estan ejerciendo presion sobre las comunidades para que dejen de organizarse y oponerse a las empresa transnaconales en ese territorio. 

Las Mujeres de la resistencia
En la resistencia pacifica son las mujeres quienes tomaron el principal protagonismo, junto con la juventud y la niñez, fortalecen permanentemente la resistencia  y han sabido organizar, conducir y sostener con paciencia y valentía un año de lucha comunitaria.
Han sabido definir el camino de la lucha de las comunidades de los dos municipios, vencieron y sobrepasaron las agresiones constantes, desde los intentos de desalojo por parte de militares y supuestos trabajadores de la mina durante el mes de noviembre, como el intento de desalojo violento de la Policía Nacional Civil en el mes de diciembre del año 2012.  

Transformaron su cotidianidad, se organizaron, se convirtieron en la representación de dignidad, rebeldía y resistencia de la defensa del agua y el territorio en el departamento de Guatemala. 

No cabe duda que las mujeres están jugando un papel fundamental como columna vertebral de la lucha, desde la conducción operativa, organizativa, logística, económica, cultural  y social, pero además desde la conducción política sobresalen lideresas que actualmente tienen la responsabilidad de ser voceras junto a otros compañeros del sentir y pensar de toda la resistencia pacifica. 



La Mina El Tambor
La Mina El Tambor, conocido como el proyecto minero “Progreso VII Derivada” representa un mil 200 kilómetros cuadrados de territorio para la extracción de oro, esta mina incluye  los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
Se encuentra instalada en el centro de dos municipios y a escasos 34 kilómetros de la ciudad capital, es propiedad de la empresa EXMINGUA S.A. y de la empresa Kappes Cassidy & Associates S.A. –KCA- empresa de capital norteamericano con sede en Reno, California.  
Este proyecto con la contaminación por el uso de fuertes químicos  y la utilización de grandes cantidades de agua,  pone en riesgo los principales afluentes de agua que actualmente abastecen a miles de personas en ambos municipios, también es un grave riesgo  la destrucción irreversible de los bienes naturales, poniendo en riesgo la vida de millones de personas.
Impunidad beneficio de empresas y funcionarios
Recientemente fue cuestionado el Estado de Guatemala, en el mes de enero 2013, luego de publicarse un informe realizado por expertos en minería de los EEUU, con la participación de organizaciones y las comunidades, que reveló serias anomalías, ausencia de información e investigación y la contaminación que se esconden detrás del actual Estudio de Impacto Ambiental –EIA-  de la mina El Tambor.
Los capitales de las empresas nacionales o transnacionales tienen en gobiernos neoliberales un aliado estratégico, en el caso guatemalteco el gobierno del presidente Otto Pérez Molina y los funcionarios públicos al frente de los ministerios como el MEM, MARN, CONAP y Gobernación, continúan beneficiando el funcionamiento de las empresas, entregan mas licencias de exploración y explotación y promueven la llegada de mas capitales para la extracción de los bienes naturales.  
Entrega de licencias de exploración o explotación sin exigir el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para la licitación y entrega de las mismas, hasta la criminalización, represión y deslegitimación de los derechos colectivos de los pueblos son los resultados de las políticas del Estado de Guatemala ante el rechazo masivo de la extracción minera en todo el país.
La resistencia pacifica en La Puya se ha enfrentado en distintos momentos ante esta realidad con un gobierno neoliberal que promueve el irrespeto de sus derechos humanos y colectivos, en beneficio de los intereses de las grandes empresas nacionales o transnacionales. 
Violencia política contra las comunidades
Varios han sido intentos por desarticular de forma violenta  la organización que en La Puya han permitido detener el avance de la mina El Tambor, durante este año de resistencia pacifica, la división comunitaria es un claro ejemplo del trabajo que las empresas han hecho con la captación de las corporaciones municipales y de personas en beneficio de sus intereses.
Por otro lado la fuerte inversión mediática y la inyección de grandes cantidades de dinero por parte de las empresas con campos pagados, volantes, programas radiales, anuncios por televisión, radio y prensa escrita son parte de los mecanismos mediáticos que los empresarios están utilizando para generar división comunitaria, desinformación y criminalización de la resistencia pacifica.
Yolanda Oqueli una de las principales lideresas comunitarias fue victima de un atentado armado en el mes de junio del año 2012, sobreviviente de este atentado continua recibiendo amenazas de muerte, y fuertes campañas de difamación en contra de su dignidad como mujer, lideresa y por su lucha en defensa del territorio.
Álvaro Sandoval, Milton Barrera y Antonio Reyes representantes de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc  han sufrido intimidaciones, agresiones, amenazas de muerte, detenciones ilegales, algunos de ellos tiene que enfrentar también procesos penales en su contra, que buscan judicializar su lucha,  procesos vinculados muchas veces a las empresas mineras.   
No solo la violencia de Estado ha afectado de manera directa a las comunidades organizadas alrededor del Frente Norte del Área Metropolitana FRENAM y la resistencia pacifica en La Puya.
Agresiones de empresas internacionales
El empresario Dan Kappes abiertamente firmo y publico varios comunicados y campos pagados, en donde criminaliza a lideres comunitarios y la lucha de la resistencia pacifica, incitando a la violencia, descalificación, difamación y criminalización de las y los representantes de las comunidades. 
La contraparte de KCA en Guatemala, la empresa EXMINGUA fue durante el 2012 la encargada de operativizar las agresiones en contra de la resistencia y de sus representantes. 
A pesar de las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos que comete la empresa norteamericana Kappes Cassidy & Associates –KCA- y EXMINGUA S.A., en contra del pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la embajada de los EEUU guarda silencio, se mantiene distante de asumir un posicionamiento ante el papel que están ejerciendo empresas y empresarios de su país en territorio guatemalteco.
Similar a la embajada de España en Guatemala con el caso de la empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en el municipio de Barillas, Huehuetenango o el caso de la embajada de Canada en Guatemala con la empresa Gold Corp. en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos o la empresa Radios Gold primera propietaria de la mina El Tambor.
El camino al Dialogo
La resistencia pacifica de La Puya ha tenido dos acercamientos con autoridades del Estado de Guatemala, estas dos momentos los definieron como acercamientos  y no como mesa de dialogo.
El primer espacio fue resultado de la negociación entre la resistencia pacifica y el vise ministro de gobernación para evitar la utilización de la fuerza policial, tras el intento de desalojo  violento contra la resistencia pacifica en La Puya.
La mesa fue moderada por Miguel Ángel Valcárcel comisionado presidencial para el Dialogo, quien participo de los dos primeros encuentros entre autoridades gubernamentales y la resistencia, quien en este espacio se encargo de llevar la defensa de la empresa y no de crear condiciones para que el Estado de Guatemala resuelva las demandas de las comunidades. 
A pesar de estas reuniones de acercamiento la resistencia pacifica ha dejado bien en claro en distintos momentos, que no se puede establecer ninguna mesa de dialogo con el Estado de Guatemala mientras la empresa KCA continua implementando acciones para ingresar hasta el área de la mina. 

Comunitarios denunciaron la presencia en San Jose del Golfo de una ONG llamada CEDER, esta ONG y su personal tiene presencia en otros lugares en donde las comunidades y pueblos se oponen a la instalación y funcionamiento de empresas transnacionales. En el área Ixil fueron denunciados por crear las condiciones para que la empresa ENEL fuera beneficiada en varios espacios, frente al dialogo con el pueblo Ixil, frente a comunidades y frente al Estado. 

Recientemente llegaron a San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, también llegaron a Santa Cruz Barillas, estos elementos dan indicios que la resistencia pacifica en La Puya y en Barillas tendrán que enfrentar a un nuevo actor que buscara dividir a las comunidades, beneficiar a las empresas o al Estado. 




Pueblo Xinka denuncian como fue la represión contra lideres comunitarios

Declaraciones de como fue la represión en contra de las autoridades Xinkas de Santa Maria Xalapan.

 

Rechazo de la Represión contra lideres, lideresas, pueblos, comunidads y organizaciones:

 
Declaraciones de autoridades de Santa Maria Xalapan durante la conferencia de prensa en Jalapa tras liberación de Roberto González Ucelo:

Los 48 Cantones de Totonicapán exigen justicia por la Masacre del 4 de Octubre 2012

Autoridades Maya Kiché del Pueblo de Totonicapán en representación de los 48 Cantones, participaron de una conferencia de prensa con autoridades de los pueblos originarios, comunidads y organizaciones el día viernes 15 de marzo 2013. 
Durante la conferencia las autoridades denunciaron Racismo y Discriminación del Estado de Guatemala en los procesos que la Corte de Constitucionalidad CC ha resuelto frente a las incosntitucionalidades planteadas por los pueblos originarios en Guatemala. Especialmente en los casos contra la Ley de Minería, Hidroeléctricas y mega proyectos, cuando las resoluciones de la corte son contra la ley y en beneficio de las empresas.
Ademas los 48 Cantones exigen justicia a los responsables materiales e intelectuales de la masacre realizada por el Estado de Guatemala el día 4 de octubre del 2012 en Alaska contra el pueblo Kiché de Totonicapán.
Denunciaron que la justicia debe de aplicarse a la cadena de mando del ejérctio de Guatemala y deben de ser juzgados autores materiales e intelectuales por la masacre como militares y no como civiles.