Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza apoya al pueblo q´eqchi´en consulta comunitaria

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

La representación del Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua,  se pronuncia.

El día 22 de julio de 2016, el Tribunal Mayor de  Riesgo “A”, dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio q’anjob’al, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, tal como se confirmó el día de ayer en la sentencia absolutoria.Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, miembros de las autoridades ancestrales de los pueblos del norte de Huehuetenango, con solidaridad, amor y conciencia, han adquirido durante su recorrer con los ojos en futuro y el buen vivir de los pueblos, su preocupación sobre el uso y destino del agua, derecho ancestral de los pueblos que apoyan la consulta de buena fe que gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos, representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades de Santa María Cahabón,  Alta Verapaz, Guatemala.

Es por ellos que los vecinos han mostrado su solidaridad sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses atrás se han estado reuniendo para discutir el tema de la consulta comunitaria de buena fe, para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de proteger el vital líquido.

Premios Nobel de la Paz piden liberación de los Presos Políticos en Guatemala

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Nueve premios Nobel de la Paz – entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum, y el ex presidente José Ramos Horta – han dado a conocer el día de hoy una carta pidiendo al presidente de Guatemala y autoridades del sistema de Justicia, cesar con las falsas acusaciones contra siete defensores del medio ambiente presos, e instan a liberarlos.

Indican los nombres de los siete presos políticos del norte de Huehuetenango: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Quienes son acusados de graves delitos contra operadores de justicia, que supuestamente tuvieron lugar durante protestas en contra de la imposición de las presas hidroeléctricas en la región y durante las protestas contra las detenciones arbitrarias de otros líderes de la comunidad.

En la carta, las y los galardonados con el Nobel de la Paz, señalan que existen órdenes de detención pendientes contra más de sesenta líderes y autoridades comunitarias, por lo que piden que retiren esa persecusión también.

«Debido a los buenos precedentes de las cortes y tribunales de Guatemala en los últimos años, consideramos que es especialmente preocupante que los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos de las comunidades mayas y mestizas en Huehuetenango, que están luchando para proteger los derechos de sus comunidades, y la soberanía del territorio, estén en la mira y sean acusados de crímenes que no cometieron y enviados a la cárcel» dice la carta. Los laureados llaman al gobierno de Guatemala para detener la criminalización y represión contra las comunidades mayas.

Hace dos semanas dio inicio el debate oral y público dentro del juicio contra los defensores, promovido por fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. La carta de los Nobeles de la paz se produce en vísperas de la conclusión del juicio.

Información desde el sitio de la Nobel Women Initiative, organización de las mujeres Nobeles de la paz.

Libertad para los Presos Políticos en Guatemala

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Cómo varió el escenario y las formas de lucha, pero el problema de fondo sigue sin resolverse

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Durante estos días de audiencia en el juicio que se realiza contra 7 autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, escuchar a los testigos y peritos motiva una serie de sentimientos y reflexiones respecto del uso del sistema de justicia oficial para desmovilizar la organización comunitaria y la resistencia a la imposición de proyectos extractivos.

Y es que desde el establecimiento de las formas de propiedad de la tierra, desde que la propiedad privada se convirtió en la figura legal que amparó la concentración de la riqueza en pocas manos, producto de eso que Karl Marx denominó la acumulación originaria, y que los pueblos indígenas y originarios llamamos el primer despojo, hemos sido violenta y sistemáticamente privados de nuestros medios de vida. Hoy han cambiado las formas, pero el modelo de despojo sigue siendo el mismo, la acumulación de riqueza en pocas cuentas de banco a costa de la desposesión de los medios de vida más básicos de la mayoría de la población.

Desde el idioma, la espiritualidad, la relación con la tierra y la naturaleza, todas nuestras formas de vida y organización social se ven agredidas por este sistema colonial que no desaparece. Uno que en el nombre de la legalidad ha justificado hasta el genocidio.

Sin embargo, los pueblos resistimos la embestida, luchamos por conservar las riquezas de nuestra cultura a través de los siglos, las mujeres y los tejidos, los ajq’ijab y nuestro tiempo, los agricultores y las semillas, las autoridades y nuestro sistema de justicia, por nombrar algunas de ellas. Pero también nosotros hemos aprendido el idioma del colono, el castellano, el alemán y el inglés, sus leyes y normas para así poder comunicarnos con el poder dominante. Aunque cabe mencionar que en esa batalla muchos son seducidos por ese poder y se olvidan de su origen y lo desprecian.

Pero es comprensible, si nos dijeron por siglos que debíamos pensar como blancos para ser civilizados, que debíamos ser ciudadanos y despojarnos de nuestras formas de vida tan atrasadas, que debíamos creer en Dios para tener un alma. Y así lo trataron de hacer los abuelos y abuelas, aprendieron esas formas, pero a escondidas hacían la ceremonias en los cerros, hablaban su idioma y mantenían sus formas de organización, que se conservan hasta el día de hoy, pero que se han adaptado a los cambios políticos y sociales de nuestra era, al igual que nosotros los indígenas, que somos los de siempre, pero nunca los mismos.

Aprendimos a convivir y resistir al Estado, que fue impuesto a nuestro pueblo por una minoría. Sus leyes y normas han justificado ayer y hoy el encierro o asesinato de nuestras autoridades y el despojo de los territorios, ahora para regalarlos a empresas extractivas que producen destrucción.

Sin embargo, ante tanto desastre creado por el Estado y el modelo económico neo-liberal que protege, aún hay quienes con lujo de ignorancia nos siguen llamando “indios brutos”, desprecian nuestra ciencia y con su sistema educativo solo quieren borrar nuestra cultura. Ah, pero luego aparece la NASA usando el calendario creado por nuestros abuelos para hacer viajes espaciales, las compañías farmacéuticas patentan nuestras semillas y hierbas para hacer medicinas que luego no podemos comprar y las diseñadoras usan nuestros textiles para vender caros ropajes fuera de nuestros territorios sin reconocer nuestro trabajo.

Pero si defendemos nuestros derechos nos dicen que no podemos cambiar las cosas, que organizarnos es delito, que resistir cuesta la vida y la libertad, que lo hecho, hecho esta y que por lo tanto nos toca olvidar todo el pasado de dolor y seguir adelante. ¿Pero, con qué? Si no tenemos tierra, si las fuentes de agua están contaminadas, si aunque ganemos amparos en las Cortes de Justicia no se respetan nuestros derechos, si el sistema de justicia monta juicios falsos como en la colonia, para encarcelar a nuestras autoridades.

Cuando los pueblos proponemos alternativas de vida nos dicen radicales y locos. Pero algo es seguro, si ser loco y radical es defender el derecho a la vida, pues eso somos. Y aunque el escenario sea distinto y nuestras formas de lucha cambien, el problema de nosotros los pueblos sigue siendo el mismo de hace siglos. El racismo y todos sus hijos…

Justicia Racista y Clasista

Por: Andrea Ixchíu Hernández

Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Mynor López, Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, son apenas siete nombres de una larga lista de líderes comunitarios presos. Sus delitos: ser pobres, ser indígenas, defender con el cuerpo el agua de las comunidades del norte de Huehuetenango, ante la imposición arbitraria y corrupta de empresas hidroeléctricas construidas con capital nacional y extranjero, con el beneplácito de las autoridades del des-gobierno de Guatemala del Partido Patriota, que no es casualidad, hoy una buena parte de sus funcionarios estén tras las rejas, acusados de corrupción y del uso del Estado y sus privilegios como funcionarios públicos en función del enriquecimiento ilícito.

A los líderes comunitarios se les acusa de secuestro, de instigación para delinquir, de obstrucción, -vaya ironía- a la justicia, hechos que el Ministerio Público, mediante la fiscalía de Derechos Humanos ha sido incapaz de comprobar con elementos contundentes. Han estado en prisión preventiva por más de un año, como parte de una estrategia de las empresas hidroeléctricas en contubernio con funcionarios públicos para desmovilizar la resistencia comunitaria a los proyectos extractivos en Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango.

Ellos, los líderes, han sido recluidos en los decadentes centros de detención de la zona 18 capitalina y la cárcel de Huehuetenango. Para ellos no hay medidas sustitutivas, fianzas y respeto a sus derechos humanos. Les suspenden audiencias con cualquier excusa y niegan cualquier medida que les favorezca, ya que según los jueces, ellos son altamente peligrosos. Los medios de comunicación corporativos han criminalizado a los líderes comunitarios, les niegan el derecho a la “presunción de inocencia”. Todo esto, porque se atrevieron a ponerle un alto a la máquina depredadora del capital, que extrae todo lo que toca, que no le importa el futuro y el presente de los pobres, los indígenas, los campesinos cuando se trata de generar ganancias y acumular riqueza.

Contrasta e indigna el trato que han recibido los señores de Huehuetenango y el tratamiento que han hecho del militar genocida de Otto Pérez Molina, de la corrupta Baldetti, su séquito de empleados y todos los corruptores empresarios, pandilleros de cuello blanco que han destruido las instituciones públicas con todos sus desfalcos y tretas. Para ellos hay prisiones especiales, llevan dietas alimenticias, tienen acceso a medios informativos, para ellos se cuida el debido proceso, para ellos las audiencias no se suspenden, para ellos medidas sustitutivas, fianzas, arrestos domiciliares.

Es un hecho evidente que el racismo continúa presente en esta sociedad, por muchos cambios de pensamiento o mejoras en pos de la igualdad que se hayan producido mediante legislaciones y convenios en los últimos 20 años. Racismo y clasismo. Aunque las fronteras que operan entre uno y otro en estas situaciones son muy delgadas, las fronteras étnicas son siempre más fuertes que las económicas.  Porque incluso un indígena diputado o un indígena que tiene helicópteros y pertenece al “Cacif Maya” no reciben nunca el mismo trato en la opinión pública que cualquiera de los no indígenas diputados y empresarios, aún sean los más corruptos del país.

Ese racismo que se exacerba hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad, aquellas a las que los acomodados ven como una amenaza. Por esta razón, el racismo y el clasismo, se hacen evidentes en la forma en que imparten sentencias en las cortes guatemaltecas. Son una prolongación de esa podredumbre en la que este país esta educado, en dónde existe una excesiva admiración por los millonarios y los famosos, aun así lo sean a base del despojo, la evasión fiscal y la corrupción, y se fomenta un intolerable desprecio por las capas sociales más pobres, aún estas defiendan con su vida y su cuerpo los derechos colectivos.

Ojalá todos los actores políticos de esta sociedad nos pronunciemos ante estos hechos y hagamos lo que corresponda, de acuerdo a nuestras facultades, para eliminar la injusticia, la desigualdad, el racismo. La liberación de los líderes comunitarios y las sentencias condenatorias a todos los políticos corruptos son una responsabilidad del sistema de justicia, no cuestión de filantropía. Debemos presionar en la construcción de otro país más justo, ya que vivimos en uno podrido desde sus raíces.