POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN GUATEMALA. Comunicado de las organizaciones asistentes al IV Encuentro de las Escuelas Indígenas de Formación Política.

 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

En los días comprendidos entre el 20 y 26 de septiembre del presente año 2015, delegaciones de organizaciones indígenas y de solidaridad internacional de Bolivia, Ecuador, Colombia y el estado español, junto con organizaciones hermanas guatemaltecas, nos hemos reunido en el IV Encuentro Internacional de Escuelas de Formación Política (EIFP), en el territorio mayab’  kaqchikel de la ciudad de Chimaltenango.

En estos días, hemos hablado, analizado y debatido, desde nuestras propias realidades, respecto a los grandes retos y experiencias ya acumuladas en cada proceso formativo. Y esto siempre con la vista y el pensamiento puestos en los derechos humanos individuales y colectivos que nos corresponden como pueblos indígenas de este continente, de Abya Yala.

Precisamente, en conexión con dichos derechos, hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer al hermano Rigoberto Juárez, quien se encuentra injustamente encarcelado junto con Domingo Baltazar, desde hace ya más de seis meses. Rigoberto y Domingo son autoridades y líderes comunitarios del pueblo kanjobal y su delito no es otro que la lucha constante y, bajo el mandato de las comunidades, en defensa de los derechos territoriales, de la madre tierra y de la vida plena.

Hemos podido saber y conocer de sus procesos de vida en dicha defensa y hemos sido testigos por unas horas del tiempo en la cárcel. Tiempo injusto que transcurre al margen de la vida de la mayoría de la población, pero tiempo que es más injusto cuando la evidencia demuestra que aquí y ahora hablamos de presos políticos por ser líderes de sus pueblos.

El estado guatemalteco se ha entregado en las últimas décadas a la corrupción y así lo demuestra el hecho incuestionable de que la exvicepresidenta y el expresidente hayan tenido de renunciar a sus cargos debido a la presión social y popular y hoy estén imputados y encarcelados por múltiples delitos económicos. Pero también este estado ha entregado, sin consultar a las comunidades, cada día más y más territorios a empresas transnacionales mineras y energéticas principalmente.

Se ha violado continuamente el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo, que tal y como establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, deben ser norma ante cualquier actuación que tenga que ver con la vida y el territorio de estos pueblos. Como ejemplo de lo anterior, recordamos el hecho de que más de 70 consultas comunitarias realizadas de forma autónoma por las propias comunidades bajo el amparo de las propias leyes que rigen el estado guatemalteco y los convenios anteriormente citados, siguen siendo sistemáticamente ignoradas por el estado.

En Guatemala, el pueblo maya que ya enfrentó un genocidio en las décadas finales del siglo pasado, nuevamente tiene que hacer frente a la violencia que, en muchos casos, es resultado de la actuación de las transnacionales en alianza estrecha con la oligarquía. Los pueblos indígenas nuevamente vuelven a ser vistos como mano de obra barata y sin derechos y sus territorios como espacios a explotar debido a sus riquezas en recursos naturales, ignorando además las justas demandas económicas, políticas y sociales de estos pueblos.

Y este es el marco en el que, entre otros muchos e injustos actos del estado guatemalteco y en defensa de los intereses principalmente económicos de sus élites y de los de terceros extranjeros (las transnacionales), se articulan procesos de criminalización y persecución política, casi siempre en base a delitos no cometidos y a acusaciones construidas ad hoc para ese fin. Éstos dan lugar a procedimientos que se dilatan conscientemente con nuevas acusaciones que prolongan los mismos con encarcelamientos, como es el caso de Rigoberto y Domingo, junto con otros hermanos líderes indígenas también en esta misma situación hoy en Guatemala.

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Ante toda esta situación, proclamamos:

1.- Nuestra obligación, por una cuestión básica de solidaridad y de compromiso ético y humano, entre personas y pueblos que nos sentimos estrechamente hermanados, de levantar ahora nuestra voz y denuncia pública ante estos procesos de criminalización y persecución de la protesta política por la defensa del territorio y la vida.

2.- Nuestra gran preocupación por la posible parcialidad de la justicia en Guatemala en los casos de criminalización de autoridades y liderazgos indígenas, que no son sino la voz de sus pueblos.

3.- Nuestra demanda de libertad inmediata para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar y el cese de toda persecución política contra ellos y las demás autoridades indígenas también inmersas en estos procedimientos de encarcelamiento.

4.- Por último, proclamamos nuestra solidaridad y respaldo a las justas demandas de los pueblos indígenas de Guatemala, especialmente en todas aquellas referidas a la lucha por la defensa de los territorios como fuentes de vida plena y de la identidad de estos pueblos. Respaldamos la demanda de las comunidades mayas, xincas y garífunas para la salida inmediata de sus territorios de las empresas transnacionales, así como de otras con intereses agroindustriales, y exigimos el respeto y la aplicación efectiva de los derechos humanos individuales y colectivos, especialmente reconocidos por el estado guatemalteco en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Dado en Chimaltenango, territorio mayab’ kaqchikel de Ixim Ulew (Guatemala), en defensa de los territorios y de la vida plena, a 23 de septiembre de 2015.

• Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural – Centro de Formación y Realización Cinematográfica –CEFREC-, Bolivia.
• Pluriversidad Amawtay Wasi, Ecuador.
• Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-, Colombia.
• Organización Indígena de Antioquia –OIA-, Colombia.
• Asociación de Servicios Comunitarios de Salud -ASECSA-, Guatemala.
• Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral –COINDI-, Guatemala.
• Asociación Maya Uk’u’x B’e, Guatemala.
• Almáciga, España.
• Alternativa, intercanvi amb pobles indígenas, Catalunya.
• Mugarik Gabe, País Vasco.
• Periféries, País Valencià – España
• Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas –CODPI.

Santa Eulalia: exposición de productos y servicios

Fotografía: David Diego Marcos.

Por David Diego Marcos.

El día domingo 27 de septiembre de 2015 se realizó a cabo en frente una feria en frente de las instalaciones de la municipalidad de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango, ahí expusieron los resultados de diversos trabajos de dos instituciones: la Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral Pixan Konob’ -Asdijk- y AMEDIPK.

Para que todo el pueblo de Jolom Konob’ (Santa Eulalia) pudiera ser parte de la Feria de productos, ésta se realizo en el parque central, ASDIJK expuso productos en madera como: puertas, mesas, banquitos, marcos para fotos y espejos, también varias estufas ahorradoras de leña. Por su parte AMEDIPK expuso varios productos alimenticios como: chorizos y longanizas. También en Santa Eulalia hubieron otros productos artesanalmente elaborados como los Cortes y Guipiles que forman parte de la vestimenta de las mujeres mayas de la región, hubieron aretes  y “chongos” para el cabello.

El pueblo que nos visitó pudo también conocer varias especies de árboles para la reforestación, mostramos especies como la del Pinabete, Pino triste y Pino blanco, Ciprés, entre otros. Todo éste esfuerzo organizativo de la Feria se logró con la participación  en conjunto de los estudiantes de la carrera de administración de pequeñas empresas del INTECAP con sede en Santa Eulalia. Es ahi mismo en donde los jóvenes se capacitan con especialidad en carpintería, sastrería u otras especialidades, todo esto como parte de la formación práctica de los estudiantes en el módulo de mercadería y distribución de ventas.

Los estudiantes a través de ésta actividad buscaron como objetivo el de poner en práctica los conocimientos que han adquirido durante la carrera para dar a conocer la empresa o asociación con sus diferentes productos, servicios y los de acción de la asociación ASDIJK Y AMEDIPK.

Fotografías: David Diego Marcos.

Semuc Champey: tanta belleza nos recibió al amanecer

Por: Rony Morales

Entrada la mañana llegamos a Semuc Champey, caminábamos hacia el mirador cansados, felices y sonriendo llegamos, mis ojos se deslumbraban como si viera miles de luciérnagas, me recordaba de las noches de caminata por las comunidades en del Bello Purulha, en esta ocasión era el imponente río lanquin y su belleza natural semuc…

Entre risas y un maremágnum de alegría, veíamos con Julia el río profundo y turquesa lleno de vida e historias que se perdian en la sierra obscura, de imaginable vida natural con sus barrancos y bosques que se extendían en vírgenes lugares en donde cualquier ser humano con gusto terminaría su ciclo de vida.

Desde Jalisco a Guatemala, la rearticulación de las comunidades indígenas ante el neoliberalismo depredador

Santiago Bastos

Tomado de:

En el año 2005, en la pequeña localidad de Mezcala de la Asunción, situada en la ribera del Lago de Chapala, en Jalisco, los comuneros se aliaron con los jóvenes simpatizantes del zapatismo de la cercana ciudad de Guadalajara para oponerse a las obras de reconstrucción de la isla que está frente al pueblo. Dicha obra era llevada a cabo por la municipalidad de Poncitlán, la Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Acusaban a estas instituciones de ultrajar la gesta en defensa de la isla, ocurrida 200 años atrás, y de no respetar la tierra comunitaria, para convertir la isla en un destino turístico más de la ribera de Chapala.

Los comuneros llevan varios años luchando para expulsar a un empresario tapatío que se asentó ilegalmente en sus tierras, para abrirlas al mercado inmobiliario. Ni las autoridades ni el invasor se imaginaron la energía con la que los mezcalenses se iban a oponer a la ocupación de su territorio: tenían clara la dimensión de lo que desafiaban y para hacerlo reclamaron sus derechos ancestrales como pueblo coca. Como respuesta a esta subversión sucedió lo que algunos mezcalenses no imaginaron: se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos, por defender un territorio según lo marca la ley.

Esta es la manera en que una pequeña comunidad está enfrentándose al capital inmobiliario y turístico en la ribera de Chapala. Su situación no es única: es similar a la que enfrentan varias comunidades indígenas en México hoy en día, que ven sus territorios y sus formas de vida amenazadas por empresas mineras, eólicas, turísticas, hidroeléctricas, agroindustriales, o dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Todas éstas son iniciativas que buscan la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia”, y suponen el “despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) del grupo social emplazado en una geografía específica”, en palabras de Harvey.

El fin del Estado corporativo posrevolucionario, su paso al Estado neoliberal con orientación al mercado externo, y de ahí al Estado cooptado, son procesos paralelos a la imposición de este modelo de despojo. Ante esta situación, muchas de las comunidades han reaccionado como Mezcala: con la reorganización de sus instituciones comunitarias, como el eje de su defensa frente a las amenazas que encaran, sin que el Estado las proteja. Después de 20 años de los frustrados Acuerdos de San Andrés, estas instituciones comunitarias se conciben como los órganos de gobierno de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho y reclaman una autonomía reconocida en la Constitución, pero negada en los hechos.

Esto es lo que ha ocurrido en Cherán, en San Dionisio y San Mateo del Mar, en Vícam, en Holbox, en Santa María Ostula y en muchos otros lugares del país. En todos ellos surgen respuestas comunitarias ante diferentes formas de despojo que ejerce la globalización neoliberal. La policía comunitaria de Guerrero y los municipios autónomos  zapatistas también son movimientos de recuperación de estructuras y lógicas comunitarias ante las agresiones.

Si uno compara todo esto con lo que ocurre en Guatemala, notará que las cosas no son muy diferentes, teniendo en cuenta los efectos de una historia marcada por un genocidio que recayó especialmente sobre las comunidades indígenas. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), en el año de 1996, la apertura a la economía mundial supuso la llegada de actividades extractivas, apoyadas incondicionalmente por gobiernos neoliberales cada vez más represivos.

Las primeras respuestas de las comunidades guatemaltecas fueron unas consultas comunitarias que se extendieron por todo el país, llegando a movilizar a un millón de personas, en 74 municipios (un 20% de los existentes), que se manifestaron de forma rotunda en contra de las actividades extractivas en sus territorios. Buena parte de su éxito se basó en la participación protagónica de autoridades e instituciones comunitarias que se reconfiguraron de formas diversas después de la guerra, con la participación de jóvenes, mujeres y antiguos revolucionarios. Ni el gobierno ni las empresas reconocieron las consultas, y los conflictos derivados de la impunidad con que se daba la explotación de recursos reforzaron la organización comunitaria. De esta manera, la movilización de base territorial revivió una movilización indígena que había perdido fuerza a partir del cambio de siglo.

Ante las transformaciones que supone la globalización, las comunidades indígenas están rearticulándose de muchas maneras. Las amenazas a los territorios y a las formas de vida, como consecuencia de actividades propias del capitalismo depredador de este inicio de siglo, están provocando la restructuración de la institucionalidad de gobiernos comunitarios, a partir de la idea de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho.Esto está transformando a las instituciones, las prácticas comunitarias y los significados de ser indígena en el siglo xxi, y está suponiendo un reto para los Estados que incurren en prácticas racistas renovadas.

 

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No nos resignamos porque al buscarlos, buscamos nuestra libertad. La marcha del 26 de septiembre en el Zócalo de ciudad de México

Fotos y texto Verónica Velázquez

 

Han pasado tantas cosas en este país pero la justicia no llega. ¿Dónde están los 43 estudiantes y las otras decenas de miles de desaparecidos sin rostro? no queremos conmemorar tragedias, queremos que pare la tormenta, que no se repitan las pesadillas encarnadas del asesinato de Julio o de Kassandra, de la masacre de San Fernando, de la tragedia de El ABC…

¡Basta de tanta impunidad de nuestros gobernantes!, ¡pongamos un alto a las formas letales del Estado cooptado!, ¡no más política de muerte!, ¡que se acabe la indolencia con la que está aprendiendo a sobrevivir la mayoría de la población!

Pero “¿quién dijo que todo está perdido?” ¡Ayotzinapa sigue vivo!.

Este 26 de septiembre me di cuenta de que no has muerto hermano normalista, que sigues vivo en cada latido que marchó para nombrarte, para gritar en la calle al son de los tambores que te devuelvan vivo, mientras el cielo lloraba porque el pueblo está herido. Más de cinco horas bajo la lluvia marchamos todas las voces, los estudiantes,  los maestros, los pueblos originarios, las organizaciones de la sociedad civil,  las madres y los padres con sus hijos, con los abuelos, la gente de todos los estratos sociales unidos bajo un mismo dolor y una misma exigencia de justicia.

No nos resignamos porque al buscarlos, buscamos nuestra libertad.

Abrazos a todos y a contagiar la esperanza activa que nos dejó la marcha.