Conferencia de prensa: sí a la consulta de Cahabón

Por: Gilberto Che/Rony Morales

En conferencia de prensa este martes 26 de julio de 2016, representantes de 10 regiones del municipio de Santa María Cahabón, miembros el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel, y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo municipal respaldaron la postura de 190 comunidades de la población rural. Llegaron a la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, a dar el «si»  en apoyo a la consulta de buena fe que se realizará este el domingo 31 de julio de 2016.

 El pueblo q’eqchi’, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales, y apoyado por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y división comunitaria.

Las autoridades municipales presentes en la conferencia desmintieron la campaña negra que algunas personas particulares, la empresa hidroeléctrica, y medios de comunicación han realizado en contra de la consulta de buena fe.Misionaron y demostraron con documentos que son más de 150 aldeas en todas sus comunidades las que apoyan la consulta para el bien de los pueblos, y que su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Miles de personas indígenas maya hablantes q’eqchi’ participarán en la consulta el próximo domingo, con mucha fe en Dios y el destino esperan que la consulta sea un medio para defender la vida y el futuro de los pueblos.

 

Cahabón: el agua, un bien sagrado para la vida del pueblo q’eqchi’

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.

 El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido

Foto: Bernardo Xol

 

Postura de las autoridades ancestrales ante los organismos vivos modificados

Por: Rony Morales

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las diez de la mañana un recurso de inconstitucionalidad solicitado por autoridades ancestrales, miembros de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (RedSag) y miembros de la Asociación de los Abogados Mayas

La fiscalía de asuntos constitucionales del Ministerio Público (MP), el diputado Amílcar Pop y el señor Tomás Saloj, en representación de las autoridades ancestrales de los cuatro puntos cardinales coincidieron hoy en la vista pública de la Corte de Constitucionalidad en solicitar que se declare con lugar la inconstitucionalidad y que se expulse el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala. Dicho protocolo trata sobre la participación de los beneficios del uso de la biodiversidad.

La solicitud se realizó por vicio de procedimiento, al no llegar a las dos terceras partes del número de diputados que establece la ley para que se aprobara “de urgencia nacional”. Adicionalmente las autoridades ancestrales consideraron que el protocolo promueve el despojo, la privatización y el uso lucrativo de los conocimientos ancestrales.

A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país no estuvieron de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM)

Varias autoridades indígenas mostraron su preocupación por que las semillas se privaticen exigieron respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

Además hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales a pronunciarse ante esta situación y exigir que el Organismo Ejecutivo asuma su responsabilidad de investigar y castigar a los responsables de poner en practica estos tratados sin consultarles a los pueblos indígenas.  Que el Gobierno indemnice a las familias afectadas por este desastre ecológico que vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de las familias indígenas y campesinas de la región, de la agroecología y la agricultura ancestral ante los desastres ecológicos provocados por los agrotóxicos y los insumos agrícolas.

 

Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Semuq Champey y el desalojo de su tierra ancestral

Por: Rony Morales

Hemos recibido llamadas desesperadas de auxilio de la gente que vive en las cuatro comunidades q´eqchi´es: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Llevan mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016, 200 patrullas alrededor y de 800 elementos  se encuentran en el lugar generando  violencia y tratando de llevar a cabo un desalojo en contra de estas comunidades ancestrales.

El origen del conflicto es la mala administración que la municipalidad y el Conap hacían en esta área protegida, y la mala negociación por parte de autoridades gubernamentales. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. En este espacio territorial en donde habitamos, un grupito intenta consolidar más su poder mediante vías violentas para enriquecerse, así sin más.

Los comunitarios han denunciado el incumplimiento de parte de la municipalidad local y el Conap, y la entrega del 30 por ciento de los ingresos generados por el turismo en el centro a manos indebidas. Estos ingresos les corresponden por mandato legal, según decreto 25-2005, Ley de declaración de área protegida en el año 2005, además el lugar está localizado en el territorio que les pertenece ancestralmente.

Foto: La masa

Los pobladores de los caseríos antes mencionados fueron objeto  de desalojo por parte de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que siguen en el centro turístico y pide refuerzos para seguir generando violencia. Los pobladores de origen maya q’eqchi’, desde 2015 han exigido el cumplimiento de disposiciones legales sobre el ingreso generado en el centro turístico y balneario Semuc Champey.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional, porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

Hasta el último momento de esta publicación, los comunitarios esperan la presencia e intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos en el lugar.Las autoridades indígenas y habitantes de las comunidades se oponen que el Conap siga administrando Semuc Champey por distintas anomalías,tales como la corrupción y el descuido del lugar sagrado. Además, se oponen por la prohibición de la entrada a las personas que ahí viven, y por el incumplimiento de compromisos que se habían hecho con esta entidad. Por lo que decidieron volver a gestionarlo en la comunidad.

Hoy, 6 de julio de 2016, la gente resiste, cantando, orando y unida. Con toda la dignidad del mundo no se ha permitido que les arrebaten con lujo de fuerza el poco espacio de vida que les queda y que les corresponde históricamente.Y digo históricamente porque a lo largo de la historia les ha sido arrebatada toda posibilidad de vivir de verdad. La maldición de la democracia nos genera un mal sabor de boca permanente, pues el grupo de gente que está en el gobierno y que ha sido electa “popularmente”debería responder a quienes los eligen.Sin embargo, responde a quienes les pagan, a quienes los financian.

Lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria y estigmatizado a las autoridades y comunitarios. Incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo área roja.Las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos.Incluso, su postura es que la de que el lugar es más seguro y limpio siendo administrado por las comunidades, pues generan su propio trabajo beneficiándose hombres, mujeres y ancianos. El desalojo es un hecho que violenta y criminaliza a las autoridades y defensores de la naturaleza y el patrimonio comunitario, defensores legítimos del territorio de los pueblos indígenas, en este caso q’eqchi’es.