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Hoy hace un año, impunidad, dolor y ausencia.

Rigoberto J

Por Lucia Ixchíu.

Recuerdo que planeábamos un festival  solidario y diversas acciones para articular en torno a la demanda de liberación de  los presos políticos de Barillas Huehuetenango, recuerdo que teníamos pensado ir a Barillas y junto al Gobierno Plurinacional Q´anjob´al reclamar por su libertad. Nunca pensé que  después de pocos días se convertiría en uno más del listado de presos de la región Norte de Huehuetenango.

Eran las 5 de la tarde del 24 de marzo del 2015 y recuerdo como si fuera ayer aquel fatídico día. Así como recibí la terrible noticia de la masacre del 4 de octubre de Totonicapán en el 2012, pensé que ese dolor no se podría volver a sentir nunca, pero me equivoqué. Al enterarme entré en negación y sentí el silencio, sentí el vacío, sentí la ausencia que dejaría en espacio, sentí la ausencia que tendría en su pueblo, pero más dolorosa, sentí la ausencia que dejaría en sus ríos y montañas, sin aire y sin entender lo que estaba pasando tragué un poco de saliva y leí algo que no quería aceptar: Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron detenidos en la sexta avenida de la ciudad de Guatemala de manera arbitraria y nadie hizo nada para detenerlos; bueno sólo Ricardo Cajas que iba con ellos, quien también fue agredido por la PNC que sin orden de juez, detuvo a Rigoberto ilegalmente. Recordar esta detención es como echar sal en la herida, en esa herida que no sanará nunca, la herida que está abierta desde hace mucho, antes de que yo naciera desde hace más de 500 años.

Este mes hace un año, sin duda es un mes de mucho dolor, del recuerdo de agresiones, injusticias, arrebatos, dominación y abuso de poder, puesto que  el 19 de marzo fui agredida junto a Rigoberto y muchas otras compañeras y compañeros comunicadores, periodistas y locutores en el parque de Santa Eulalia -Huehuetenango- en el intento de reapertura de la radio Snuq’ Jolom Konob’  por el ex Alcalde Diego Marcos Pedro y todas y todos su empleados, allegados y operadores políticos. Ese día salimos corriendo, huyendo después de haber documentado la mierda y la impunidad que impera en Guatemala en todos sus niveles, en todos sus estratos,  en sus tres poderes, a todas luces  y la orden del día.

La detención de personas como Rigoberto rompe el tejido social del país y los pueblos, mismo que ha tratado de reconstruirse a pesar de la ruptura que hubo durante la  guerra de 36 años, la migración y diversos fenómenos sociales provocados por la desigualdad, el racismo y el clasismo. La desestabilización de la economía familiar y del pequeño productor, puesto que para un hombre indígena en este país la edad promedio de estabilidad económica está entre los 75 y 85 años, la desintegración de las mismas quizás sean los resultados más dolorosos de toda esta vorágine del despojo, de la dominación, la lejanía del encarcelamiento como el castigo máximo. Me parece un insulto que sigan torturando a los pueblos, despojándolos de sus líderes, de sus guías, de sus cabezas de pueblo,  acosándolos, reprimiéndolos y criminalizándolos por defender la vida. En este país cualquiera que este organizada es un crimen y un peligro.

Vivir la prisión política en carne propia supongo que ha de ser tortuoso y fulminante, pero a las y los cercanos es un mar de impotencia y dolor, los daños colaterales no son cuantificables, poco puede hacer una, más allá de los trámites y diligencias, de las vueltas por la comida, la ropa, de las colas largas de la visita y la lucha por que el encierro sea lo menos tortuoso posible, la angustia del día a día, en esas junglas de concreto, gobernadas por el narcotráfico, ex funcionarios, sicarios y delincuentes y la corrupción. La impotencia de ser una mujer indígena o mestiza y saber que se tiene en contra al estado en todas sus expresiones que te invisibiliza y obliga a someterte a su justicia, a su sistema penitenciario y la podredumbre alrededor de éste, que te denigra en tu integridad humana y de manera involuntaria  se guarda la prisión política junto a tu compañero con la esperanza de un poco de solidaridad, de los cercanos.

Qué hacen personas como Rigoberto, Domingo, Don Chico, El Profe Arturo y los demás en prisión por delitos inventados, detenidos arbitrariamente, torturados psicológicamente, y económicamente, puesto que el estar preso ahora también debe de ser un lujo a la hora de pagar la talacha si querés seguir con vida o al menos entero. El MP  ha negado en múltiples audiencias que es prisión política, en la que tienen sometidos a Rigoberto y las demás personas que se encuentran encerradas injustamente, pero si estas personas están presas por defender su casa, sus familias, su comida, sus ideas, sus pensamientos y sus saberes enseñados por sus ancestros.

La prisión política es el castigo máximo que han encontrado estos estados del terror donde siguen operando de manera ilegal la tortura de todo tipo y los abusos usuales a los que son sometidos los que defienden sus ideas, sus creencias y su territorio.

Hoy hace un año Rigoberto, lo llevo conmigo todos los días para que me recuerde que tengo el compromiso de seguir luchando, gracias por las pláticas de horas, enseñándonos sobre su tierra, sobre su historia, sobre su pueblo. Tengo miedo de no volver a verle, tengo miedo de que esta ausencia me ahogue y no pueda seguir luchando por demandar por su libertad. Gracias por creer y enseñarnos tanto con su encierro, que como usted lo ha dicho tantas veces, es sólo otra forma de luchar. Gracias por ser tan imprescindible, gracias por sus pasos en la tierra con los pies descalzos, gracias por ser el guardián de la vida de los ríos y las montañas. Acá afuera lo estamos esperando y sentimos su ausencia, nos hace tanta falta su caminar, su andar y su esperanza.

Me siento sumamente afectado en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al

Rigoberto Juarez

Por: Nelton Rivera.

“Lo que está pasando ahorita es solamente una situación que está alargando un proceso en el cual me siento sumamente afectado, y en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al aún más todavía.”

Claudette Domínguez juez del Tribunal de Mayor Riesgo A de la ciudad de Guatemala decidió suspender la audiencia de revisión de medida de coerción para Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo, autoridades ancestrales. Esta audiencia se programó para el día 18 de enero 2016 y por la ausencia de Diego Marcos Pedro ex alcalde municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango la juez no celebró esta primera audiencia.

Para este mismo día 18 de enero estaba programada también una segunda audiencia para conocer y discutir el acto conclusivo del Ministerio Publico de la acusación contra las dos autoridades ancestrales con el número de caso 13005-2015-00109. Por dos razones la juez canceló esta audiencia: a. Que no se encuentra el ex alcalde Diego Marcos Pedro y b. La renuncia del intérprete de idioma Q’anjob’al asignado por la unidad de pueblos indígenas del Organismo Judicial.

Al repetir esta audiencia para el día jueves 25 de febrero 2016 a las 8 de la mañana, ya Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar habrán cumplido 11 meses de prisión política, detenidos en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 de la ciudad capital.

Estas fueron las palabras de Rigoberto Juárez Mateo ante la juez de Mayor Riesgo:

“Antes que nada muy buenos días, estoy sumamente preocupado, me voy a referir primero sobre lo que dijo el hermano Q’anjob’al. Me sorprende enormemente de que él (Andrés Pedro Pascual, interprete designado) hasta aquí, venga a decir que no puede ser nuestro intérprete, cuando se supone que cuando le fue notificado, ¡ya tiene tiempo!, de eso hace algunos días. En ese momento debió haberle hecho saber a su jefe inmediato superior, que por las razones que él expuso hoy aquí no puede ser nuestro traductor. Y me sorprende de que hasta hoy y aquí en esta sala, haya hecho esa afirmación.

Con esta actitud interpreto y entiendo, que hay algunas situaciones que puedan ser entendidas de muchas maneras. A mi manera de pensar, me siento ofendido, al decir que hemos tenido relación laboral ¿qué es lo que está tratando de decir?, ¿Que yo pretendo manipularlo para que hable a favor mío?, eso será su conciencia, no la mía.

Y por lo tanto también, pediría a usted señora Juez, que oriente o solicite al Ministerio Público o al órgano correspondiente que sea más objetivo en cuanto a la designación de las personas que puedan facilitar un proceso, justo, necesario, pronta y cumplida de la justicia en nuestro país.

Lo que está pasando ahorita es solamente una situación que está alargando un proceso en el cual, me siento sumamente afectado, y en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al aún más todavía.

Entonces yo sí creo que los dos meses de más que ya definió para la investigación del MP, es demasiado tiempo. Y por otro lado, cuando mi abogado dice que renuncia solamente a nuestro derecho de revisar hoy la medida de coerción, teniendo en cuenta que nosotros estamos interesados que se resuelva cuanto antes nuestra situación jurídica, dado los argumentos que vienen y van, y las justificaciones o no.

Justificaciones que de alguna manera también lo hacen los querellantes adhesivos, en este caso el personal del Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia y que son los que yo diría debieran ser mucho más objetivos.

Sin embargo hay intereses muy claros, muy evidentes de parte suya, de que este proceso se prolongue y del señor Diego Marcos Pedro (ex alcalde municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango) ¿por qué durante los meses anteriores, en su calidad de funcionario público no se quiso hacer presente? Porque sabe exactamente, y acá los señores presentes, fiscales del Ministerio Público de Santa Eulalia saben que el señor Alcalde fue el causante de muchas de las acciones violentas que se generaron en su municipio.

Entiendo que hay comunicación de ellos con el señor Alcalde, eso se puede visualizar. Y ojalá que la prolongación de este proceso no sea una respuesta de esa comunicación que hay entre el Alcalde o el ex alcalde y los señores aquí que dicen ser agraviados de una situación que no fue real. Más bien nosotros nos sentimos ofendidos y acusados de una situación que no provocamos, y aun así se está pretendiendo prolongar el proceso de tal manera que nosotros sigamos siendo afectados.

Hay consecuencias colaterales de esta situación señora Juez. Nosotros somos padres de familia, tenemos responsabilidades familiares ¿Quién les da de comer a nuestros hijos? ¿Quién vela por la seguridad de nuestra familia? Y aun eso, hay otros efectos colaterales en nuestro municipio.

Se dice que hay una situación que se violenta, ¿Quiénes son los órganos encargados de ver que haya armonía en nuestro municipio? El Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia aún no está abierto, y eso no quiere decir que no haya armonía en nuestro pueblo, al contrario.

Por otro lado hay situaciones que se generan como consecuencia de nuestra detención, yo diría que hasta la fecha, detención ilegal, porque no se evidencia con mucha claridad, ¿somos culpables o no somos culpables de esos actos por los que nos acusan?

Entonces señora Juez quizá lo que yo voy a decir no va a poder variar su resolución, pero por los meses que llevamos ya detenidos sugeriría que tome en consideración, que sea cuanto antes.

Entiendo que tiene una cantidad enorme también de audiencias pero eso va en detrimento de nosotros como acusados injustamente de una situación que no cometimos. Entonces, reitero de nuevo, el señor Andrés, me sorprende su actitud, los señores del Centro de Administración de Justicia, me sorprende aún más su actitud, y ojala que lo considere, señora Jueza.”

 

Santa Eulalia: prisión política por defender el agua y el territorio

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Festivales Solidarios

Por Simón Antonio Ramón

Un día martes a las cuatro y media de la tarde del 24 de marzo, en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala en una de las avenidas peatonales “6ª avenida” delante la mirada de cientos de transeúntes un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil PNC, acompañados por agentes del de la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC detuvieron a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar, ambos líderes históricos del pueblo maya Q’anjob’al.

El operativo policial inicio cuando los dos líderes comunitarios se encontraban en una organización de derechos humanos denunciando las violaciones a los derechos humanos que comenten las empresas nacionales y transnacionales en contra de la población maya y mestiza de la nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del territorio norte de Huehuetenango.

Al momento de salir, ambos tomaron el transmetro en la estación San Sebastián y descendieron en la estación de la 8ª. Avenida y 14 calle de la zona 1, al llegar a la 6ª. Avenida cerca de un hotel capitalino en donde se realizaría un encuentro de comunidades en resistencia pacífica en defensa del territorio los agentes los estaban esperando.

Los dos comunitarios, hombres notables y reconocidos en la lucha por la defensa de la naturaleza y la vida fueron privados de su libertad, las detenciones no fueron por actos de corrupción, ni atrocidades que dañan a la población y a las futuras generaciones, simple y sencillamente fueron detenidos por representar la voz de las comunidades.

Sin embargo, para los oficiales de la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC que los aprehendió eso no importa, ellos solo cumplieron la orden de sus “superiores”, esos superiores paralelos a la justicia, oficiales superiores que responden a la orden de las empresas transnacionales que pretenden instalar de forma violenta sus proyectos en Huehuetenango.

En la región de la nación Q’anjob’al hay serios problemas con empresas como Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. e Hidro San Luis de la empresa Cinco M. Con estas empresas se rompió el tejido comunitario y la paz en las comunidades.

Detenciones arbitrarias

En el momento de la detención de Rigoberto y Domingo los agentes de la PNC no les mostraron una orden de aprensión en su contra, tampoco llevaban consigo una orden de juez competente, pero si tenían un listado con nombres y fotografías de personas a través del cual identificaron a los dos líderes comunitarios.

Pasaron varios minutos para que los oficiales recibieran la orden respectiva, de llevarlos a la carceleta de la Torre de Tribunales. Desde ese 24 de marzo, he sido testigo de cómo se ha impartido la “justicia” cuando de líderes comunitarios se trata.

Pareciera que las fiscalías del Ministerio Publico perdieron la objetividad para hacer investigación, se criminaliza, se persigue y se judicializa a las personas por pensar diferente, por disentir sobre las formas violentas de actuación de gobiernos, empresas o caciques locales. Sobre Rigoberto y Domingo, pesan delitos graves, las empresas transnacionales creen debilitar el movimiento fundado por ambos en los altos Cuchumatanes con el Gobierno Plurinacional de Autoridades Ancestrales y con eso buscan abrirle paso a los megaproyectos.

Este proceso de criminalización contra líderes comunitarios ha dejado en descubierto que el Estado de Guatemala, no responde a las demandas de la población sino a las exigencias de las empresas, bajo la lógica de muerte que penetran en los pueblos generando terror y dividiendo a la población.

En esta estrategia también está presente la cooptación de ciertos liderazgos que operan directamente con las empresas, uno de esos casos es el concejal municipal Víctor López y el alcalde municipal Diego Marcos Pedro en Santa Eulalia, así como ellos hay algunos más.

Una prisión política que no termina

Doscientos días después Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez permanecen en prisión preventiva, no están solos ellos están en nuestra memoria y en la articulación de la lucha pacífica de los pueblos.

Ante esto solo nos queda seguir visibilizando el contexto en que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar son aprehendidos de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad y que el pasado sábado 3 de octubre se les unió Pedro Robel Toledo un abogado criminalizado por defender y representar legalmente a las personas que son criminalizadas.

Ahora el pueblo Q´anjob´al tiene en la lejanía a diez de sus hijos detenidos injustamente, todos ellos son presos políticos del Estado de Guatemala.

Guatemala: la guerra de Paz y Paz

Guatemala la guerra de Paz y Paz

Fuente: es.InSightCrime.org 

Guatemala: la guerra de Paz y Paz es una de las más recientes investigaciones y publicaciones de In Sight Crime, en esta investigación se hace un recuento sobre las acciones de trabajo al interior y exterior del MP para impulsar su trabajo y como la Fiscal Claudia Paz y Paz busco estrategicamente el fortalecimiento administrativo, técnico e investigativo del Ministerio Publico.

In Sight Crime tambien pone sobre la mesa a los operadores políticos de los grupos de poder con intereses en la estructura del MP y de justicia en Guatemala, sus vínculos con empresarios, políticos y con altos funcionarios del gobierno de Otto Perez Molina.

Esta investigación nos permite entender como están operando actualmente los grupos criminales, militares y de poder económicos en el país para evitar que Claudia Paz y Paz nuevamente logre ganar una elección para repetir como Fiscal General de MP.

“Desde que asumió el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha librado una guerra revolucionaria desde el interior de una de las instituciones más aquejadas del país. Paz y Paz ha presentado su nombre para un nuevo mandato de cuatro años, que comenzaría en mayo, pero sus enemigos son fuertes y quieren regresar al status quo.” 

Lea y descargue el documento completo aquí: