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Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza apoya al pueblo q´eqchi´en consulta comunitaria

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

La representación del Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua,  se pronuncia.

El día 22 de julio de 2016, el Tribunal Mayor de  Riesgo “A”, dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio q’anjob’al, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, tal como se confirmó el día de ayer en la sentencia absolutoria.Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, miembros de las autoridades ancestrales de los pueblos del norte de Huehuetenango, con solidaridad, amor y conciencia, han adquirido durante su recorrer con los ojos en futuro y el buen vivir de los pueblos, su preocupación sobre el uso y destino del agua, derecho ancestral de los pueblos que apoyan la consulta de buena fe que gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos, representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades de Santa María Cahabón,  Alta Verapaz, Guatemala.

Es por ellos que los vecinos han mostrado su solidaridad sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses atrás se han estado reuniendo para discutir el tema de la consulta comunitaria de buena fe, para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de proteger el vital líquido.

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Cómo varió el escenario y las formas de lucha, pero el problema de fondo sigue sin resolverse

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Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Durante estos días de audiencia en el juicio que se realiza contra 7 autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, escuchar a los testigos y peritos motiva una serie de sentimientos y reflexiones respecto del uso del sistema de justicia oficial para desmovilizar la organización comunitaria y la resistencia a la imposición de proyectos extractivos.

Y es que desde el establecimiento de las formas de propiedad de la tierra, desde que la propiedad privada se convirtió en la figura legal que amparó la concentración de la riqueza en pocas manos, producto de eso que Karl Marx denominó la acumulación originaria, y que los pueblos indígenas y originarios llamamos el primer despojo, hemos sido violenta y sistemáticamente privados de nuestros medios de vida. Hoy han cambiado las formas, pero el modelo de despojo sigue siendo el mismo, la acumulación de riqueza en pocas cuentas de banco a costa de la desposesión de los medios de vida más básicos de la mayoría de la población.

Desde el idioma, la espiritualidad, la relación con la tierra y la naturaleza, todas nuestras formas de vida y organización social se ven agredidas por este sistema colonial que no desaparece. Uno que en el nombre de la legalidad ha justificado hasta el genocidio.

Sin embargo, los pueblos resistimos la embestida, luchamos por conservar las riquezas de nuestra cultura a través de los siglos, las mujeres y los tejidos, los ajq’ijab y nuestro tiempo, los agricultores y las semillas, las autoridades y nuestro sistema de justicia, por nombrar algunas de ellas. Pero también nosotros hemos aprendido el idioma del colono, el castellano, el alemán y el inglés, sus leyes y normas para así poder comunicarnos con el poder dominante. Aunque cabe mencionar que en esa batalla muchos son seducidos por ese poder y se olvidan de su origen y lo desprecian.

Pero es comprensible, si nos dijeron por siglos que debíamos pensar como blancos para ser civilizados, que debíamos ser ciudadanos y despojarnos de nuestras formas de vida tan atrasadas, que debíamos creer en Dios para tener un alma. Y así lo trataron de hacer los abuelos y abuelas, aprendieron esas formas, pero a escondidas hacían la ceremonias en los cerros, hablaban su idioma y mantenían sus formas de organización, que se conservan hasta el día de hoy, pero que se han adaptado a los cambios políticos y sociales de nuestra era, al igual que nosotros los indígenas, que somos los de siempre, pero nunca los mismos.

Aprendimos a convivir y resistir al Estado, que fue impuesto a nuestro pueblo por una minoría. Sus leyes y normas han justificado ayer y hoy el encierro o asesinato de nuestras autoridades y el despojo de los territorios, ahora para regalarlos a empresas extractivas que producen destrucción.

Sin embargo, ante tanto desastre creado por el Estado y el modelo económico neo-liberal que protege, aún hay quienes con lujo de ignorancia nos siguen llamando “indios brutos”, desprecian nuestra ciencia y con su sistema educativo solo quieren borrar nuestra cultura. Ah, pero luego aparece la NASA usando el calendario creado por nuestros abuelos para hacer viajes espaciales, las compañías farmacéuticas patentan nuestras semillas y hierbas para hacer medicinas que luego no podemos comprar y las diseñadoras usan nuestros textiles para vender caros ropajes fuera de nuestros territorios sin reconocer nuestro trabajo.

Pero si defendemos nuestros derechos nos dicen que no podemos cambiar las cosas, que organizarnos es delito, que resistir cuesta la vida y la libertad, que lo hecho, hecho esta y que por lo tanto nos toca olvidar todo el pasado de dolor y seguir adelante. ¿Pero, con qué? Si no tenemos tierra, si las fuentes de agua están contaminadas, si aunque ganemos amparos en las Cortes de Justicia no se respetan nuestros derechos, si el sistema de justicia monta juicios falsos como en la colonia, para encarcelar a nuestras autoridades.

Cuando los pueblos proponemos alternativas de vida nos dicen radicales y locos. Pero algo es seguro, si ser loco y radical es defender el derecho a la vida, pues eso somos. Y aunque el escenario sea distinto y nuestras formas de lucha cambien, el problema de nosotros los pueblos sigue siendo el mismo de hace siglos. El racismo y todos sus hijos…

Venecia: historia de despojos en el valle del Polochic

Por: caserío Venecia / Rony Morales

Comunidad Venecia, a los pobladores, comunitarios, compañeros y compañeras de lucha del municipio de Panzós, Alta Verapaz y de otras regiones del país, les saludamos cordialmente de parte del caserío Venecia, territorio q´eqchi´ en el valle del Polochic, deseándoles un buen vivir y al mismo tiempo aprovechamos para compartir esta nota que contiene parte de la historia de la Comunidad ubicada en la región III del municipio.

Esta historia comienza en 1964, cuando el señor Pedro Saúl Sub se trasladó de Telemán a estos terrenos baldíos y luego fueron llegando otras familias y se conformó lo que le llamaron comunidad San Antonio.

Conforme fueron llegando las familias, se fueron ubicando, organizándose para cortar de parte del bosque y así cultivar sus alimentos. Cuando San Antonio estuvo conformado por varias manzanas llegó a los terrenos el Señor Sebastián Marcutz, quien decía ser el dueño de la finca Panacté, y comenzó a molestar a las familias de la comunidad con amenazas e intimidaciones, en varias ocasiones este señor finquero llamó al señor Pedro Sub, quien era dirigente de la comunidad, hasta que un día don Pedro accedió y fue a la reunión convocada para pedirle que desocupara el terreno y trasladaran la comunidad a un lugar en la planicie del Valle Polochic.

La idea fue presentada a los miembros de la comunidad, quienes analizaron detenidamente el problema pero decidieron seguir viviendo en el lugar. Finalmente solamente el señor Pedro Sub con su familia se trasladaron a un lugar al que después le pusieron por nombre Venecia. Al Señor Pedro Sub se le unieron los señores Alberto Pop, Sebastián Caal, Alberto Sub Col y sus familias. Algo que se destaca en este caso es que el motivo principal del traslado de las familias a este lugar fue porque era un terreno baldío y muy fértil para el cultivo de alimentos.

Muy pronto a este lugar fueron llegando familias de diferentes municipios del departamento de Alta Verapaz, quienes conformaron la Comunidad Venecia hasta contabilizar un número de 60 familias. Es importante mencionar que las 4 familias que fundaron la comunidad profesaban al fe católica y continuaron sus actividades religiosas en el lugar, logrando que todas las familias de la misma se unieran y en 1976, con el apoyo de los habitantes, se construyó la Ermita del lugar y se hicieron las gestiones para que el párroco de la iglesia de Panzós fuera el encargado de atender las actividades religiosas de mayor relevancia. Debido a la falta de carreteras y transporte, el padre llamado José solo viajaba en cayuco una vez al año para atender las necesidades espirituales de las familias, logrando también nombrar y organizar a los catequistas como autoridades de la iglesia local.

A estas alturas la comunidad ya estaba debidamente organizada y se oficializa la comunidad con el nombre de Caserío Venecia. Según los ancianos que aún viven, el nombre de esta comunidad está inscrito en el registro municipal y la gobernación departamental.

A partir de 1976 también se iniciaron las gestiones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la adjudicación de la tierra en nombre de la comunidad. La veracidad del proceso de la gestión consta en documentos y un carnet extendido de parte del INTA al presidente de la comunidad, Pedro Sub. Hasta aquí es importante aclarar que el área de terreno en gestión es de 10 caballerías.

En 1977,cuatro familias de la comunidad recibieron capacitación sobre derechos humanos de parte de varias personas que visitaba las comunidades de la región. En este caso todos los integrantes de la familia de Manuel Tiul Chub y sus cinco hijos y dos hijas; Genaro Cac Cuz y un hijo; Ricardo Tiul y sus 4 hijos y Manuel Cac Cuz de 15 años se prepararon para apoyar a la comunidad y defender sus derechos ante la amenaza de algunos finqueros que estaban apropiándose de las tierras del lugar.

En 1978 falleció el señor Sebastián Marcutz, quien se había apropiado del terreno en donde habían vivido las familias. Con su muerte se inició otra etapa de conflicto para la comunidad. Hombres armados comenzaron a intimidar y amenazar a sus moradores. Ante estas amenazas, jóvenes posiblemente universitarios llegaron a la comunidad para organizar y capacitar a toda la comunidad para defenderse de las amenazas.

Después de la muerte del señor Sebastián Marcutz, aparecieron dos nuevos finqueros: Isaac Longo Pérez y Gilberto Puertas, de origen español, quienes solicitaron a la comunidad que desocupara el terreno porque supuestamente era una finca de su propiedad.

En todo caso prometieron venderles una pequeña extensión de la tierra solo para las viviendas para lo cual también les ofrecieron apoyar con algunos proyectos como el agua potable y la construcción de una carretera hacia la comunidad. También advirtieron a la comunidad que necesitaban la tierra para la crianza y engorde de ganado, por lo que ya no podían seguir cultivando en los terrenos.

La visita de estos señores significó un duro golpe a la tranquilidad de la comunidad, pues hasta entonces ya habían avanzado en su proceso de desarrollo pero se presentaba entonces una sombra y aún no se sabe lo que va a suceder, ya que consideraron que los ofrecimientos no se iban a cumplir y ni eran legales.

La respuesta de la comunidad fue no acceder a la petición de los señores Longo Pérez y Puerta, por lo que ellos pidieron el apoyo del Ejército,que comenzó a amenazar a la comunidad con el agregado de que la acusación no era por la tierra sino por no pertenecer al grupo revolucionario de la región.

La ola de violencia se inició en 1982, con la desaparición del compañero Alberto Pop Ché, quien fue capturado en la finca Tinajas y posteriormente trasladado a la finca Paraná donde desapareció y nunca más se supo de él. Luego un año más tarde también desapareció el compañero Alejandro Caal. Ya que él fue catequista de la comunidad y miembro dela autodefensa civil. Fue llamando por el Ejército a una reunión en la casa patronal de la finca Paraná, en donde desapareció y ya no se supo más de él.

En 1991 también fueron asesinados los compañeros Manuel Chub Tiul, Ricardo Tiul, Manuel Cac Cuz, Genaro Cac Cuz. El hecho sucedió un día miércoles, a eso de las 15:00 horas, ellos regresaban de sus labores agrícolas y pasaban frente la casa patronal de la finca Paraná y desde ahí fueron atacados a balazos por hombres armados que se encontraban en su interior. La apariencia de los atacantes correspondía a la de miembros de la Policía Judicial y militares que actuaron por orden de los finqueros.

Estos hechos vinieron a causar una gran conmoción e inseguridad en la comunidad. Por lo tanto, para poder defender la vida, decidieron abandonar el lugar. La comunidad se dividió en dos grupos: 30 familias decidieron aceptar la oferta de los finqueros sobre la venta de una franja de la finca Panacté y se trasladaron en 1991. Otras 30 familias se dispersaron a otras comunidades de Panzós, e incluso algunas se fueron a vivir a Playa Grande, Peten y Fray Bartolomé de las Casas. Cabe destacar que las familias que huyeron a las Sierra de las Minas fueron los huérfanos que tuvieron dificultades para movilizarse a lugares lejanos.

Hay que recordar que durante 16 años, la comunidad a través de sus dirigentes y autoridades locales continuó la gestión ante el INTA, pero la persecución y asesinato de sus dirigentes los obligó a abandonar el proceso y finalmente el terreno.

Sobre esta corta pero importante historia se reconoce y se valora el papel de lucha de los destacados líderes, quienes aún viven y que voz reluciente nos han contado los testimonios de lo ocurrido a quienes también agradecemos la valentía y la sabiduría con que dirigieron a las familias hasta el día de hoy. Y con honor y respeto mencionamos sus nombres:los señores Alberto, Sebastián y Pedro. Lamentamos el reciente fallecimiento del compañero Pedro Sub.

 Palma aceitera y despojo de tierras ancestrales

La rápida expansión de las plantaciones de palma ha implicado para las comunidades q´eqchi´ es transformaciones profundas en la realidad socio económica, demográfica, política y cultural. El caserío Venecia no es la excepción. Desde los años setenta, varias familias han establecido en esta parte de Panzós, y el INTA ayuda a esta población exigiendo ese espacio como el derecho histórico de estas comunidades q´eqchí´s.

La problemática de las plantaciones palmeras–en este caso NaturAceites– ha venido a causar otra historia de despojo en el caserío Venecia. Esta historia no es nueva, sino de hace varios años, pues por sus condiciones geográficas y climáticas “casi todo el territorio del norte de Guatemala es apto para el cultivo de palma africana”

Estas condiciones, aunadas a una situación comercial favorable a nivel internacional y la presencia de actores económicos nacionales con interés en estas plantaciones, han hecho que empresas palmeras se ubiquen en Río Dulce, El Estor y el Valle del Polochic, y son el centro de atención desde hace varios años. Mientras tanto, el impacto causado por las malas prácticas de tenencia y el uso de la tierra son visibles, las proyecciones expansivas de las empresas palmeras parecen no llegar a su fin.

Nuestros abuelos y abuelas fueron primero poseedores de su tierra y después mozos colonos de la finca.El sistema económico dio un cambio a nuestras vidas en el Valle del Polochic, pues se fue imponiendo la producción de monocultivos, que avanzo rápidamente dejándonos apenas en posesión de poca tierra. Nuestra comunidad, haciendo uso de la poca y casi nula institucionalidad, hemos acudido indistintamente a muchas vías, administrativas y laborales para defendernos, ya que se ha promovido en varias ocasiones el desalojo.Hemos sido una comunidad que ha resistido y al día de hoy, a pesar de vivir en una zozobra por el acoso en el área por parte de empresarios y su seguridad privada.

La preocupación de la población q´eqchi´ es que muchos de los niños sufren de desnutrición crónica, no cuentan con ningún servicio (agua, escuela, centro de salud). Las señoras y niños tienen granos por el cuerpo y siempre están con el temor de ser desalojados ya que los empresarios se encuentran sembrando palma en sus tierras.

Ellos comentan que el problema es la falta de un título de tierra que los avale como dueños aunque hayan estado ahí desde 1976. Esto ha motivado que la empresa aceitera no los deje vivir en su tierra,y ya varios despojos han sufrido.

Postura de organizaciones sociales

Las organizaciones sociales que se encuentran en el área comentan que para este mes existen amenazas de desalojo en esta comunidad y otras más. También comentaron el descontento que les provocó la muestra desproporcional de fuerza y de recursos del Estado desalojar.Es completamente contradictorio y desigual al interés actual por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias desalojadas, en especial la garantía al derecho de la salud, alimentación, acceso a la tierra y medios de producción. Detener el desalojo anunciado es necesario ya que la población q´eqchi´ vive con mucho temor pues recuerdan que en el 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, se realizó una serie de desalojos violentos de comunidades q´eqchi´ es en el Valle del Polochic. El saldo fue de cientos de familias despojadas de su tierra, asesinato de líderes campesinos e indígenas, la pérdida de grandes extensiones de tierra cultivada y finalmente la pérdida de sus hogares.

Exigimos al Estado de Guatemala que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares de las 14 comunidades y el respeto a los derechos de las familias que se encuentran en el territorio en cuestión y que cumpla el convenio 169 de la OIT, relacionado con la validez de las consultas populares comunitarias que se han realizado alrededor de la llegada de megaproyectos que violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

 

 

Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

COMUNICADO DE FESTIVALES SOLIDARIOS ANTE AGRESIÓN SUFRIDA EN SANTO DOMINGO XENACOJ

Festivales Solidarios es una colectividad de artistas, gestores culturales y comunicadores comunitarios que desde el año 2013 realizan actividades artísticas y culturales que se solidarizan con las comunidades que protegen la vida y el territorio y que por medio de la música y la lúdica acompañan las resistencias de varios pueblos que defienden sus derechos.

El pasado sábado 16 de abril del año 2016, se celebró el festival comunitario Rujotay Quchuq’a’ organizado por el colectivo KojK’astaj Xenakoj en el parque central del Municipio de San Domingo Xenacoj del Departamento de Sacatepéquez.

El evento artístico y cultural concluyó alrededor de las 23:00 horas del mismo día. Al terminar, las y los miembros de Festivales Solidarios que asistieron al evento: Lucía Ixchíu, Sara Curruchich, Laura Penados, Ixmucané Choy, Marcos Hernández y Carlos Cano, se retiraron y buscaron algo de comer en las ventas cercanas al parque central, cuando se percataron de que había un grupo de aproximadamente 100 personas vestidas con túnicas negras, máscaras y pasamontañas. Quienes además estaban armados con pistolas tipo rifle, machetes, mangueras y palos.

Esta situación nos sorprendió pues no teníamos conocimiento de la existencia de grupos armados no estatales e institucionales en dicho municipio.

Este grupo armado rondaba en los alrededores del salón municipal dónde se desarrolló el evento, situación que nos generó temor. Al terminar de comer, el grupo de Festivales Solidarios acordó en retirarse a descansar.

Nuestra compañera y compañero, Lucía Ixchíu y Carlos Cano, abordaron su vehículo para regresar a la ciudad capital. Mientras salían del municipio hacia la carretera interamericana se percataron de que eran perseguidos por dos vehículos tipo Pickup, modelo Hilux, que tenían placas oficiales, los cuales les hacían señales con las luces para indicar que detuvieran la marcha. Les fue interceptado el paso e inmediatamente fueron rodeados por alrededor de 12 personas que portaban pasamontañas, algunos con uniforme verde olivo y otros con uniforme negro y armas de alto calibre (AK47). Al ser detenido el vehículo, Carlos Cano mostró su credencial laboral a los sujetos armados y al ver que dicha acreditación pertenece a una agencia de cooperación internacional, les dijeron en ingles que se fueran de allí, reaccionando inmediatamente huyendo del lugar.

Paralelo a este hecho, las compañeras y el compañero, Sara Curruchich, Laura Penados, Ixmucané Choy, Marco Hernández y las compañeras del colectivo Casa Colibrí, se vieron amenazados en el parque central del municipio de Xenacoj por un grupo de aproximadamente 50 personas, que vestían túnicas y ropas de color negro, pasamontañas o máscaras y quienes portaban armas de fuego tipo rifles y armas corto contundentes, tipo machete.  Estas personas se acercaron y rodearon a nuestras compañeras y compañero, dirigiendo palabras intimidatorias e inmediatamente amenazaron con un machete a una persona local que intervino para evitar la intención de agresión del grupo, mientras dijeron que los activistas no eran bienvenidos en dicho municipio.

Este hecho ocurrió mientras los artistas se trasladaban hacia las instalaciones de Casa Colibrí, que amablemente ofreció dar hospedaje para los artistas, decidiendo cambiar así el lugar de hospedaje al inicialmente ofrecido por los organizadores del evento.

Ante la agresión y eminente riesgo para la vida de varios miembros de este colectivo, se procedió a contactar a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y gente de confianza para denunciar el hecho y solicitar apoyo.

Por los cambios suscitados en el lugar de hospedaje y el shock de lo vivido, una parte del grupo  asumió que  nuestros compañeros Sara, Laura, Ixmucané y Marcos habían sido agredidos en dicho hotel, y dio una primera  versión de lo ocurrido, que además fue denunciada públicamente, cosa que fue corroborada horas más tarde y se solicitó a los medios que cubrieron el hecho que ampliaran lo inicialmente dicho sobre el lugar de la agresión ya que en medio de la confusión se dio por hecho que quienes se quedaron en el municipio de Xenacoj estarían en su hotel.

Sin embargo, estos hechos violentos de persecución, intimidación y de amenaza directa, tanto verbal y con armas, nos colocó en una posición vulnerable y de alto riesgo, en dónde nuestra vida y seguridad fueron afectadas.

Esta situación no es fácil para nosotros, que amamos el arte y la vida. Nos encontramos en un estado emocional sensible y resultado de esto nosotros hemos puesto denuncias penales y legales pues consideramos importante que la justicia prevalezca y que hechos como este no permanezcan en la impunidad.

  • Lamentamos que se nos re victimice, difame y se minimice un hecho contra nuestra integridad personal en medio de esta situación.
  • Repudiamos la presencia de grupos armados civiles que recurren a la persecución, intimidación y criminalización hacia los artistas, periodistas y defensores de derechos humanos que promueven el derecho a la vida y la libertad, en las comunidades.
  • Exigimos que se investigue este acontecimiento violento que puso en riesgo la vida de nuestras compañeras y compañeros, ya que estos hechos violentos e intimidatorios se suman a las múltiples agresiones que enfrentan muchos defensores de la vida, el agua, el territorio y de los derechos humanos.
  • La seguridad y organización comunitaria es con justicia, dialogo, consenso y respeto, no con armas, ese jamás ha sido el espíritu de la autoridad comunitaria. Estas prácticas nos colocan frente a la sociedad como sujetos violentos, acorde a la visión racista y hegemónica que nos ha juzgado siempre.

Seguiremos insistiendo en construir con Arte, Conciencia y Resistencia.  ¡No silenciaran el arte, ni la vida!

FIRMAMOS

Ana Lucía Ixchíu Hernández

Sara Curruchich Cumez

Laura Gabriela Penados Díaz

Ixmucané Choy

Marco Antonio Hernández Arévalo

Carlos Ernesto Cano

Andrea Isabel Ixchíu Hernández

Xun Ciin Ceto Morales

María Gabriela Ixchíu Hernández

Linda Bac

Susana Tipaz

Xib Ach Wel Ixmucane Ceto Morales

Festivales Solidarios

Iximulew, Guatemala 19 de abril del 2016.

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