Fotografía: ADH
Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.
Arturo Pablo, los comerciantes Adalberto Villatoro y Francisco Juan conocido como don Chico Palas, fueron detenidos en el juzgado de Santa Eulalia cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias en su contra, los tres estan acusados dentro de la Causa penal 139-2013, Procesados por delitos de «plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilicitas»; dichas acusaciónes responden a los intereses de la empresa española.
Los lideres de la Sociedad Civil de Barillas fueron capturados éste jueves 23 de enero en el Juzgado de Paz de Santa Eulalia, Huehuetenango. Además forman parte de la resistencia pacífica contra la instalación de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.
Con dos años de seria conflictividad en Barillas parece que a éste gobierno no le importa aumentarla, evidenciando su negativa en encontrar el camino que las comunidades y pueblos del norte de Huehuetenango con insistencia exigen para poder alcanzar la paz social y la tranquilidad en ese territorio.
En un comunicado representantes de las nacionalidades maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza de Huehuetenango rechazaron la captura de los lideres comunitarios, considerando este acción como un provocación e irrespeto hacia los pueblos. Autoridades y representantes del norte de Huehuentenango realizaban una reunión con el gobierno de Guatemala al momento de la captura de los lideres.
“Consideramos esta acción como una clara provocación y estrategia de las empresas para desmovilizar las demandas comunitarias, desesperar a las comunidades para justificar el uso de la fuerza por parte del gobierno. Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Cruz y al juez de paz de santa Eulalia Rubén Zamora por lo que pueda pasar hoy en la zona norte de Huehuetenango si no se resuelve vía negociación esta situación.“[1]
Represión mediante la persecución penal
Los actores políticos y empresariales están utilizando el aparato judicial y el entramado jurídico para neutralizar las acciones y la movilización de quienes se oponen a sus proyectos . Eso es lo que se llama la judicialización de la protesta, una parte central de la estrategia de represión que utiliza herramientas “legales” para acabar con las formas de oposición y de organización.
Se trata de una forma de represión más sutil que las formas “clásica” de violencia directa, pero no por ello menos efectiva, pues consiste en
“…introducir a los movimientos sociales en largos procesos de confrontación legal que apuestan al desgaste interno de los movimientos y que dejan a los actores sociales en una situación de profunda desventaja… Aun teniendo la capacidad de llevarlo en orden, el resultado puede ser claramente inclinado en favor del Estado, por la vía de la corrupción de las autoridades”[2]
Puede utilizarse de dos maneras complementarias. Puede funcionar cambiando la legislación y convirtiendo en delitos las acciones de protesta constitucionalmente resguardadas. O puede funcionar a base de detener a los líderes por unos delitos comunes –secuestro, robo- que no se pueden probar pero que les condena a prisión. Estos delitos son creados y denunciados por supuestos testigos, la mayoría ni si quiera son susceptibles de ser demostrados.
Profesor Arturo Pablo, lider comunitario de Barillas
¿Presos políticos?
De esta manera, aparece la figura del preso político.[3] El hecho de que su lucha sea la razón es lo que permite usar esta figura. Que se inventen delitos por opinar diferente de lo que se supone el sistema quiere respecto del modelo de desarrollo, expresarlo y organizarse para defender sus propias posturas en lo que pareciera ser una transgresión. Que el Estado niegue la condición de luchadores y defensores de sus derechos y la vida, usando los medios de comunicación para darles el carácter de delincuentes. Esas son las razones por las que se puede usar esta calificación.
Pese a esta forma de acusar inventado delitos, cuando el Estado incluye las acusaciones por terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, se está descubriendo. Está mostrando que existe una aceptación tácita del mismo Estado de que son presos políticos.
“Pretender ligar a un líder campesino al delito de terrorista, simplemente porque exige derechos, porque ejerce un derecho constitucional a manifestarse, a reunirse, a opinar de forma distinta;… entonces es el mismo estado a través del Ministerio Público quien decide que son presos políticos. Por la forma de persecución, implementando un estado de sitio, porque supuestamente se encuentra en peligro la estabilidad del Estado y especialmente la constitución, no puede percibirse esta realidad de otra manera, que no sea de carácter político”.[4]
Así pues a través de la judicialización de la protesta social se convierte en delincuentes y se detiene a personas que no han cometido delitos ni realizado acciones ilegales o violentas. Se les imputan delitos creados ex profeso para el proceso. No son susceptibles de ser demostrados y son extremadamente exagerados como terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.
Los presos por motivos políticos son sujetos a violaciones de derechos humanos tales como la detención ilegal, negación de juicios justos, violaciones al debido proceso, racismo y discriminación, malos tratos y torturas entre otros, es justamente lo que les da esta característica
Se trata de personas que solamente han defendido sus derechos, se han organizado, han expresado sus opiniones, sus luchas son las razones de la persecución penal. Y con su detención se busca minimizar las luchas sociales y afectar a la población completa.
Profesor Arturo Pablo. Foto ADH.
A quién afecta la represión
El encarcelamiento político afecta directamente a las comunidades, provocando dolor, zozobra a las familias y a quienes deciden continuar con la lucha o defensa de sus derechos. Impacta a otras comunidades y organizaciones, generando un desgaste profundo a nivel nacional con la defensa penal, las campañas públicas y otras formas de lucha que pueden también llevar al miedo y a replegarse de la lucha.
El uso de la justicia en la política a beneficio de los intereses del capital demuestra cómo se fortalece la impunidad: por un lado persigue a hombres y mujeres que luchan por defender la vida y sus derechos y por el otro no actúa en contra de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, corrupción y los abusos y violaciones a sus derechos precisamente a luchadores sociales.
Voces que no son escuchadas
Las voces que no se cansan de pedir justicia y que se vayan las empresas en la región norte en concreto Ecoener Hidralia/Hidro Santa Cruz, no son escuchadas y más bien se intenta silenciarlas.
[1] Comunicado Consejo de las Nacionalidades mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti del territorio Q’anjob’al. Consejo de Pueblos de Occidente CPO. Guatemala 23 de enero 2014.
[2] Pablo Romo, La Criminalización de la Protesta Social en México. Observatorio de la Conflictividad Social, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. México, 2008.
[3] Como recuerda Edelberto Torres Rivas (“Anticomunismo y Estado Terrorista” El Periódico, 7de julio 2013, por ejemplo), durante las cuatro décadas del conflicto armado, apenas existieron presos políticos en Guatemala, pues esa figura fue sustituida por la del desaparecido o directamente la del asesinado
[4] En entrevista al abogado a Sergio Vives.
Prensa Comunitaria Km. 169 