Archivos Mensuales: enero 2014

Concierto de Marimbas de la Nación Q’anjob’al

 

Manta 26-01-2014 copy

En Jolom Konob´ (Santa Eulalia) el día 26 Enero de 2014,  la nación Q´anjob´al realizó la actividad denominada  Concierto de Marimbas en el parque central de este municipio; desde las 4:00 A.M.  dicho lugar estaba lleno de personas y marimbas preparándose para el inicio de la actividad donde participó mas de una decena de conjuntos marimbísticos provenientes de comunidades y área urbana para alegrar y hacer vibrar a la nación Q´anjob´al.-

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Jolom Konob´ conocido como la Cuna de la Marimba lugar donde se fabrica y se hace cantar a la tecla morena de la  madera de hormigo  al estilo y ritmo de la Nación Q´anjob´al único en el mundo.-

Tecla Morena 26-01-2014

La actividad inició a las 9:00A.m. con un cielo azul y miles de niños, niñas, hombres y mujeres  como podemos observar en las fotografías tomadas en el evento, al mismo se resalta la participación de niños, y niñas llenos de energías y talentos llenándonos de esperanza para guiar y direccionar a la nación Q´anjob´al hacia una vida justa y donde hombres y mujeres son sujetos de derecho como lo han expresado en las consultas comunitarias de buena fe.-

Parque y Cancha 26-01-2014 copy

Niña 26-01-2014 copy

Niño 26-01-2014 copy

En este día la cancha de básquet boll y el parque central de Jolom Konob´ luce a colores con adornos, saxofones, integrantes de grupos sonrientes y el color único de la madera de hormigo que al sonar alegra al territorio de la nación Q´anjob´al y ratifica al territorio libre de megaproyectos.-

26-01-2014 Saxofón copy

Sonrisa 26-01-2014 copy

Museo y fotografía herramientas de la memoria colectiva contra el olvido

Amancio 1

En la fotografía se encuentra María del Rosario Bran frente a Amancio Samuel Villatoro su esposo y padre de cinco hijos: Sergio, Néstor, Silvana, Samuel y Norma.

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

“El Sauce” es uno de los barrios más antiguos de la capital, en él está el parque que lleva su nombre. Por cierto uno de los pocos parques que en esta ciudad caótica y desordenada, aun se puede escuchar al viento mover las ramas de viejos y jóvenes árboles.

A un costado del parque en una de las calles que le rodea se juntaron diversas voces y miradas, varias generaciones para traer al presente la memoria viva de quienes están ausentes,  porque aquí el olvido no tiene cabida.

Quienes estuvimos esta mañana pudimos sentirnos acompañados de la solidaridad, la ciencias forenses y la historia, testimonios y ciencia complementandose en función de esclarecer los hechos ocurrdidos durante la guerra en Guatemala. Museo y fotografía como herramientas que fortalecen el testimonio de quienes buscan en la recuperación de sus familiares detenidos y desaparecidos, reconstruir la memoria, reescribir la historia y hacer justicia.

En Guatemala conmemoramos este 30 de enero el segundo aniversario de la fundación del “Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular de Guatemala.” Lugar en donde se encuentran los restos Amancio Samuel Villatoro, quién fuera desaparecido  precisamente un 30 de enero de 1984 en la 15 calle y 2 avenida de la zona 1 del centro histórico.

Amancio Villatoro testimonio de nuestra memoria histórica

Amancio Villatoro, alias Guillermo o René, fue fundador del sindicato de Chicles Adams. En el momento de la captura coordinaba la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y era miembro de las FAR. Según la información del Diario Militar, fue capturado el 30 de enero de 1984 en la zona 1, y el 29 de marzo de 1984 fue “300”. Sergio Linares también aparece “300” el mismo día. Linares, alias Otto, era el encargado de la región central del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).”[1]

Personal de la FAFG, familiares, amigos, ex compañeros y compañeras de militancia y sindicalistas se reunieron a la sobra de los árboles del parque “El Sauce”, junto a familiares de 183 personas detenidas y desaparecidas quienes aparecieron registradas en el documento “Diario Militar” desclasificado en 1999.

El fotógrafo y periodista Daniel Hernández-Salazar realizó un breve recorrido por el interior del museo donde se encuentra montada la exposición fotográfica “Revelación… El poder de la memoria en el país del olvido, de su autoría.

Nadie debe perderse la visita al “Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular de Guatemala.”

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En la fotografía aparecen Juan Bautista Samayoa Pineda padre de Juan de Dios Samayoa Velásquez detenido-desaparecido del brazo de la hermana mayor de Juan de Dios, Daniel Hernández-Salazar y Ofelia Salanic familiar de Manuel Ismael Salanic Chiguil detenido-desaparecido.


[1] elPeriodico. Identifican a dos personas consignadas en Diario Militar. 23 de noviembre 2011.

San Juan Sacatepéquez: El uso de la difamación y la mentira para criminalizar las luchas

oposicion planta san gabriel

Por: Nelton Rivera -Prensa Comunitaria

En una de las aldeas de las que conforman las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez llamada Los Pajoques, vivieron nuevamente otra agresión por trabajadores de la empresa Cementos Progreso, según denunciaron varias personas.

Desde la llegada de ésta empresa a San Juan, la paz y tranquilidad de las comunidades se ha perdido. Cuando uno conversa con la gente, fácilmente cuentan que desde hace 8 años cuando apareció “la cementera“ la violencia no ha parado. La violencia política ejercida en contra de quienes se han organizado frente a estas agresiones constantes y para defender su vida y la naturaleza, pareciera no detenerse. Como en otros lugares, ésta violencia se refleja con mucha claridad, pues hay presos políticos, órdenes de captura, amenazas de muerte, procesos judiciales abiertos, agresiones, muertos, violación sexual a mujeres, campañas de difamación y mentiras.

Otro hecho de violencia

El día miércoles 22 de enero en horas de la noche, fueron atacados varios comunitarios y quedaron algunos de ellos heridos por arma de fuego y machete, por personas vinculadas laboralmente a la empresa, tal y como ellos mismos lo reconocen en un comunicado de prensa.

Llama la atención cómo en varios medios de prensa escrita se difundió información totalmente distinta de la versión de los representantes de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez. En la versión electrónica de elPeriodico aparece el día 24 de enero una nota titulada: Agreden a personal de fábrica de cemento y en Siglo21 otra nota titulada: Vapulean a empleados de cementera.

Siglo21 cita como fuente un comunicado elaborado por la empresa Cementos Progreso: “trabajadores de la construcción de la fábrica de cemento San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, fueron agredidos por hombres armados cuando retornaban de sus labores diarias a sus casas…”[1]

En el caso de elPeriodico no se cita el comunicado de la empresa, ni la fuente de quien hace la denuncia, pero si hace una narración de lo supuestamente vivido por los trabajadores: “Sus compañeros al conocer el hecho, llegaron al lugar para asistirlo, pero fueron emboscados y atacados con armas de fuego.”[2]

Pareciera que la empresa intenta colocar una versión diferente a lo ocurrido en los medios de comunicación, como es evidente en éstas notas, en donde dicen que fueron comunitarios los atacantes. Las fotografías mostradas en los diarios antes mencionados tampoco muestran a los supuestos trabajadores con heridas de arma de fuego.

¿Como podría un grupo armado realizar una emboscada, no herir a ninguna persona pero si salir ellos mismos con golpes?

Que hay detrás de esta versión contradictoria

Nuevamente se utiliza la difamación y la mentira, buscando criminalizar la lucha de las comunidades, acusando a lideres comunitarios y victimizar a los victimarios. No es nada nuevo que los medios de comunicación corporativos sirvan para sus intereses.

La cobertura mediática sirve entonces para validar públicamente la difamación y la mentira, preparando un nuevo escenario luego viene la persecución judicial de lideres, los trabajadores de la cementera saben que cuentan con el apoyo jurídico de la empresa para cometer las agresiones y que éstas quedaran en la impunidad.

En el año 2008, el asesinato de un vecino de la comunidad Las Trojes fue atribuido a las comunidades opositoras a la cementera, el resultado fue la imposición de un Estado de Prevención, militarización y represión de la organización comunitaria. No es nada nuevo ya presenciar en el país la provocación a las comunidades, para imponer mediante la violencia del Estado los intereses empresariales.

La versión de las Doce Comunidades

El día miércoles 22 de enero retornaban varios comunitarios tras finalizar su reunión permanente de la comunidad en Los Pajoques, otros vecinos regresaban del trabajo hacia sus hogares.

En un punto del camino se encontraron con el señor Felipe Patzán quién es trabajador de la empresa Cementos Progreso, esta persona provoca y agrede a varios comunitarios, desenfunda su arma y dispara delante de ellos.

Frente a la agresión los comunitarios buscan defenderse, es en ese momento cuando el señor Noé Chicojay Patzán promotor de la cementera interviene desenvainando su machete e hiriendo a un comunitario gravemente.

Varias personas desde un vehículo dispararon contra los comunitarios, resultando herido de bala otro vecino sin que se haya podido precisar el calibre y el tipo de arma utilizada en el ataque. Los señores Felipe Patzán y Noe Chicojay han estado involucrados en otras agresiones violentas, según denuncian varias personas de las comunidades.

En la noche del jueves 23 de enero los trabajadores de la empresa cementera se reunieron aproximadamente a las 10:30 de la noche, entonces se empezaron a escuchar disparos alarmando a la comunidad. Las autoridades comunitarias decidieron llamar a la Policía Nacional Civil para resguardar la integridad de los vecinos.

Preocupación por las agresiones

Isabel Turuy representante de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez ve con preocupación las agresiones y constantes provocaciones de la empresa en contra de los comunitarios. Los vecinos de Los Pajoques que fueron heridos están hospitalizados, su salud se encuentra estable pero tendrán que pasar por un proceso de recuperación por las heridas recibidas.

Saben que la empresa a través de sus trabajadores está acusando injustamente a otras personas que ni si quiera estaban en el lugar. La difamación y mentira intenta alcanzar a varios lideres Juan Zet, Oswaldo Car, Mariano Camey y a Fernando Turuy, acusándolos públicamente de ser ellos los responsables de una agresión que los mismos trabajadores de la cementera ocasionaron.

Para Las Doce Comunidades este tipo de acciones violentas son parte de la estrategia de la cementera para lograr instalar este proyecto minero, buscando judicializar y criminalizar la defensa del territorio de las comunidades y con esto instalar la Planta San Gabriel en su territorio.

En las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepequez, la gente aún sigue esperando y aportando para que la paz y la tranquilidad vuelva a ser parte de su cotidianidad; para que vuelvan a crecer las flores.


[1] Vapulean a empleados de cementera. Siglo21. Guatemala 24 de enero 2014.

[2] Agreden a personal de fábrica de cemento. elPeriodico. Guatemala 24 de enero 2014.

Lideres comunitarios de Barillas quedaron en libertad

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Santa Eulalia, Huehuetenango. Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan quedaron en libertad.

El Jusgado de Santa Eulalia retiro los cargos en contra de los tres lideres comunitarios de Barillas, en horas de la tarde son acompañados por el equípo de abogados, familiares y el pueblo de Santa Eulalia que acompaña solidaridamente en las instalaciones del juzgado de Paz.

El abogado defensor Sergio Vives expresó que los tres lideres comunitarios ahora podrán solventar su inocencia frente a las acusaciones en su contra y que será a través del debido proceso que ellos puedan cerrar este caso.

Representantes de los pueblos de Huehuetenango en horas de la tarde celebraron la liberación de los tres lideres comunitarios de Barillas:

“VICTORIA POLITICA DE LOS PUEBLOS SOBRE LA JUDICIALIZACION DE LAS DEMANDAS COMUNITARIAS, QUEDAN EN LIBERTAD LOS LIDERES DE BARILLAS ADALBERTO VILLATORO, FRANCISCO JUAN Y ARTURO PABLO” Para la Nacion Bajo una profunda solidaridad colectiva y movilizacion politica de las naciones qanjobales, chuj y akakteko, el juzgado de Santa Eualalia deja en libertar a los lideres de la resistencia de Barillas detenidos en forma arbitraria hoy por la ma;ana. Una vez mas se demuestra el poder de los pueblos y la perversidad del sistema de justicia a favor de las emrpesas extranjeras.
Que viva la libre determinacion de los pueblos
Ni un preso politico mas…” Reconstitución Territorio Q’anjob’alana.

Barillas: Detienen a tres defensores del agua, la represión continúa

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Fotografía: ADH

Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.

Arturo Pablo,  los comerciantes Adalberto Villatoro y  Francisco Juan conocido como don Chico Palas, fueron detenidos en el juzgado de Santa Eulalia cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias en su contra, los tres estan acusados dentro de la Causa penal 139-2013, Procesados por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilicitas”; dichas acusaciónes responden a los intereses de la empresa española.

Los lideres de la Sociedad Civil de Barillas fueron capturados éste  jueves 23 de enero en el Juzgado de Paz de Santa Eulalia, Huehuetenango.  Además forman parte de la resistencia pacífica contra la instalación de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

Con  dos años de seria conflictividad en Barillas parece que a éste gobierno no le importa aumentarla, evidenciando su negativa en encontrar el camino que las comunidades y pueblos del norte de Huehuetenango con insistencia exigen para poder alcanzar la paz social y la tranquilidad en ese territorio.

En un comunicado representantes de las nacionalidades maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza de Huehuetenango rechazaron la captura de los lideres comunitarios, considerando este acción como un provocación e irrespeto hacia los pueblos.  Autoridades y representantes del norte de Huehuentenango realizaban una reunión con el gobierno de Guatemala al momento de la captura de los lideres.

“Consideramos esta acción como una clara provocación y estrategia de las empresas para desmovilizar las demandas comunitarias, desesperar a las comunidades para justificar el uso de la fuerza por parte del gobierno. Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Cruz y al juez de paz de santa Eulalia Rubén Zamora por lo que pueda pasar hoy en la zona norte de Huehuetenango si no se resuelve vía negociación esta situación.“[1]


Represión mediante la persecución penal

Los actores políticos y empresariales están utilizando el aparato judicial y el entramado jurídico  para neutralizar las acciones y la movilización de quienes se oponen a sus proyectos . Eso es lo que se llama  la judicialización de la protesta, una parte central de la estrategia de represión que utiliza herramientas “legales” para acabar con las formas de oposición y de organización.

Se trata de una forma de represión más sutil que las formas “clásica” de violencia directa, pero no por ello menos efectiva, pues consiste en

“…introducir a los movimientos sociales en largos procesos de confrontación legal que apuestan al desgaste interno de los movimientos y que dejan a los actores sociales en una situación de profunda desventaja… Aun teniendo la capacidad de llevarlo en orden, el resultado puede ser claramente inclinado en favor del Estado, por la vía de la corrupción de las autoridades”[2]

Puede utilizarse de dos maneras complementarias. Puede funcionar cambiando la legislación y convirtiendo en delitos las acciones de protesta constitucionalmente resguardadas. O puede funcionar a base de detener a los líderes por unos delitos comunes –secuestro, robo- que no se pueden probar pero que les condena a prisión.  Estos delitos son creados y denunciados por supuestos testigos, la mayoría ni si quiera son susceptibles de ser demostrados.

Licenciado y profesor Arturo Pablo, lider comunitario.

Profesor Arturo Pablo, lider comunitario de Barillas

¿Presos políticos?

De esta manera, aparece la figura del preso político.[3] El hecho de que su lucha sea la razón es lo que permite usar esta figura. Que se inventen delitos por opinar diferente de lo que se supone el sistema quiere respecto del modelo de desarrollo, expresarlo y organizarse para defender sus propias posturas en lo que pareciera ser una transgresión. Que el Estado niegue la condición de luchadores y defensores de sus derechos y la vida, usando los medios de comunicación para darles el carácter de delincuentes. Esas son las razones por las que se puede usar esta calificación.

Pese a esta forma de acusar inventado delitos, cuando el Estado incluye las acusaciones por terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, se está descubriendo. Está mostrando que existe una aceptación tácita del mismo Estado de que son presos políticos.

“Pretender ligar a un líder campesino al delito de terrorista, simplemente porque exige derechos, porque ejerce un derecho constitucional a manifestarse, a reunirse, a opinar de forma distinta;… entonces es el mismo estado a través del Ministerio Público quien decide que son presos políticos. Por la forma de persecución, implementando un estado de sitio, porque supuestamente se encuentra en peligro la estabilidad del Estado y especialmente la constitución, no puede percibirse esta realidad de otra manera, que no sea de carácter político”.[4]

Así pues a través de la judicialización de la protesta social se convierte en delincuentes y se detiene a personas que no han cometido delitos ni realizado acciones ilegales o violentas.  Se les imputan delitos creados ex profeso para el proceso. No son susceptibles de ser demostrados y son extremadamente exagerados como terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

Los presos por motivos políticos son sujetos a violaciones de derechos humanos tales como la detención ilegal, negación de juicios justos, violaciones al debido proceso, racismo y discriminación, malos tratos y torturas entre otros, es justamente lo que les da esta característica

Se trata de personas que solamente han defendido sus derechos, se han organizado, han expresado sus opiniones, sus luchas son las razones de la persecución penal. Y con su detención se busca minimizar las luchas sociales y afectar a la población completa.

Licenciado y profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

Profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

A quién afecta la represión

El encarcelamiento político afecta directamente a las comunidades, provocando dolor, zozobra a las familias y a quienes deciden continuar con la lucha o defensa de sus derechos. Impacta a otras comunidades y organizaciones, generando un desgaste profundo a nivel nacional con  la defensa penal, las campañas públicas y otras formas de lucha que pueden también llevar al miedo y a replegarse de la lucha.

El uso de la justicia en la política a beneficio de los intereses del capital demuestra cómo se fortalece la impunidad: por un lado persigue a hombres y mujeres que luchan por defender la vida y sus derechos y por el otro no actúa en contra de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, corrupción y los abusos y violaciones a sus derechos precisamente a luchadores sociales.

Voces que no son escuchadas

Las voces que no se cansan de pedir justicia y que se vayan las empresas en la región norte en concreto Ecoener Hidralia/Hidro Santa Cruz, no son escuchadas y más bien se intenta silenciarlas.

 


[1] Comunicado Consejo de las Nacionalidades mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti del territorio Q’anjob’al. Consejo de Pueblos de Occidente CPO. Guatemala 23 de enero 2014.

[2] Pablo Romo, La Criminalización de la Protesta Social en México. Observatorio de la Conflictividad Social, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. México, 2008.

[3] Como recuerda Edelberto Torres Rivas (“Anticomunismo y Estado Terrorista” El Periódico, 7de julio 2013, por ejemplo), durante las cuatro décadas del conflicto armado, apenas existieron presos políticos en Guatemala, pues esa figura fue sustituida por la del desaparecido o directamente la del asesinado

[4] En entrevista al abogado a Sergio Vives.