Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

«El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

Los medios de comunicación son parte de estrategia de empresas hidroelétricas, caso PL 2013 monta información falsa. pic.twitter.com/6IvTb0q3va

— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) 15 de julio de 2016

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Suman otro proceso penal en contra de Rigoberto Juárez

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Durante las primeras horas del día martes 24 de mayo Rigoberto Juárez fue notificado por el Sistema Penitenciario que sería trasladado desde la zona18 hacia la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motivo del traslado fuera del proceso penal por el que él está en prisión preventiva es extraño, la causa finalmente la supo horas más tarde en la carceleta de los tribunales cuando la abogada Jovita Tzul se reunión con él, en uno de los sótanos del edificio de justicia.

La fiscalía de derechos humanos del MP, la sección de delitos contra operadores de justicia solicitó que la autoridad ancestral Q’anjob’al fuera nuevamente citado para una audiencia de primera declaración, esto quiere decir que el MP está empujando el tercer proceso en su contra.

La juez Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A, previo al requerimiento del MP, debe escuchar a Rigoberto Juárez para garantizar que él continuará bajo la asesoría legal de sus abogados, luego el tribunal deberá citarlo de nuevo para escucharlo en audiencia de primera declaración.

Rigoberto deberá esperar en la carceleta hasta el momento en el que la juez pida al sistema penitenciario lo suban al nivel 14 para resolver la citación de este día. El MP busca abrirle una tercera causa penal, en la misma causa se encuentra Ermitaño López Reyes detenido en el centro preventivo de Huehuetenango desde el año 2015, don Taño como se le conoce en la región de Barillas es representante de la sociedad civil de su municipio, es otro de los presos políticos acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía.

En el marco del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, en octubre del 2015 se denunció ante la CIDH que son 20 denuncias en distintas fiscalías del MP en proceso contra de Rigoberto Juárez Mateo, la totalidad responden a denuncias de las empresas extractivas en el territorio norte de Huehuetenango. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH. 

Rigoberto guarda siempre una sonrisa, junto a él estan otros privados de libertad que esperan su turno para estar en algún tribunal, está al pendiente de la delegación del Gobierno Plurinacional que viajó desde el norte de Huehuetenango para presentar una serie de memoriales en distintos ministerios del Estado para frenar la continuidad de los megaproyectos, a pesar de su situación desde la prisión política, él no se aparta de las acciones del pueblo Q’anjob’al y mestizo.

 

Presos políticos: ¿por qué las audiencias se suspenden una y otra vez?

Fotografia de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

“… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva,  porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran  trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

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Entre audiencias que se suspenden

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia,  no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

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Litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

Juan Castro y Eduardo De León, abogados defensores

Maynor Aguilar Bernardino (MP), Pascual Tiu Zapeta y José Luis Chan Chamale.

 

 

 

Huehuetenango: una delegación de la Unión Europea visita Santa Eulalia

Por Lorenzo Mateo Francisco.

Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH- y una delegación de funcionarios de la Unión Europea en Guatemala llegaron a Santa Eulalia este martes 19 de abril 2016, entre los asistentes estuvo la encargada de la cooperación de la embajada de Suiza y dos consultores integraron la delegación que visito el municipio de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango y se reunión con los representantes del Gobierno Ancestral Plurinacional. Uno de los compromisos asumidos es el de trasladar ante el Estado una petición para que garantice los derechos de los pueblos en especial que la justicia sea objetiva. 

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Miriam Chavajay y Catalina Lleras representantes de OACNUDH, el señor Tomás Pallás Aparisi es jefe de cooperación y encargado de negocios en Guatemala de la Unión Europea, Roberta de Beltranena esoficial de programa de la embajada Suiza; Mónica Mazariegos y Jennifer Echeverría consultoras de la UE., y un practicante de Derechos Humanos de Suiza llegaron desde la ciudad capital a Santa Eulalia para una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en este territorio.

Miembros del Payxa Yajawil Konob’ (Gobierno Ancestral Plurinacional) de las naciones Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al y población mestiza recibieron a la delegación en el salón comunitario de la comunidad de Sataq Na de Jolom Konob’ (Santa Eulalia).

La delegación en mención expuso su interés en la situación que viven los pueblos originarios del territorio Q’anjob’al en la región norte de Huehuetenango en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que se han informado de la conflictividad que se vive a través de la información de los medios de comunicación, sin embargo es también su objetivo conocer de primera mano que es lo que está ocurriendo.

Casos de violaciones a los derechos humanos

La representación del Gobierno Ancestral Plurinacional contextualizaron a los funcionarios de la Unión Europea sobre como las empresas nacionales o transnacionales están afectando a los pueblos durante los últimos 20 años, en una nueva ofensiva después de los acuerdos de paz. Expusieron los casos de violaciones de los derechos humanos que se registraron provocados por las empresas extractivas, como la minería, hidroeléctricas y petróleo.
Violaciones, intimidaciones, amenazas, asesinatos, secuestros y otros delitos forman parte de una larga lista de agresiones que han cometido las empresas con la complicidad de los gobiernos de turno, todo esto ha quedado en la impunidad.

Pablo Antonio Pablo de Santa Cruz Barillas manifestó: «Me dispararon personeros de la empresa Hidro Santa Cruz junto a Andrés Pedro Miguel quien murió por la misma causa el 1 de mayo de 2012, sin embargo, el sistema, lejos de impartir justicia se voltea en nuestra contra y ahora mi hijo Arturo Pablo está preso, ser un defensor de los derechos humanos mientras que los responsables del atentado que yo sufrí están libres» dijo mientras señalaba su mano donde impactó una de balas disparadas por los jefes de la seguridad de la empresa española Hidro Santa Cruz.

También detallaron la situación de siete líderes comunitarios que se encuentran en prisión política por oponerse a los megaproyectos, así como la totalidad de casos de procesos abiertos contra otros líderes, hombres y mujeres, las ordenes de aprensión vigentes y las amenazas que día a día se van contabilizando en territorios como Yixkisis y Pojom en San Mateo Ixtatán.

La embajada de Suiza es la segunda en visitar el territorio después de la visita de la embajada de Suecia, en años anteriores estuvo también presente en Barillas funcionarios de las Naciones Unidas en Guatemala.

En conclusión, el jefe de la cooperación europea manifestó su compromiso en exponer los problemas generados por la presencia de las empresas ante las autoridades de Guatemala a fin de que las leyes no se utilicen en contra de los pueblos, pese a que incluso ellos han sido atacados por cuestionar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos.