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Suman otro proceso penal en contra de Rigoberto Juárez
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
Durante las primeras horas del día martes 24 de mayo Rigoberto Juárez fue notificado por el Sistema Penitenciario que sería trasladado desde la zona18 hacia la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motivo del traslado fuera del proceso penal por el que él está en prisión preventiva es extraño, la causa finalmente la supo horas más tarde en la carceleta de los tribunales cuando la abogada Jovita Tzul se reunión con él, en uno de los sótanos del edificio de justicia.
La fiscalía de derechos humanos del MP, la sección de delitos contra operadores de justicia solicitó que la autoridad ancestral Q’anjob’al fuera nuevamente citado para una audiencia de primera declaración, esto quiere decir que el MP está empujando el tercer proceso en su contra.
La juez Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A, previo al requerimiento del MP, debe escuchar a Rigoberto Juárez para garantizar que él continuará bajo la asesoría legal de sus abogados, luego el tribunal deberá citarlo de nuevo para escucharlo en audiencia de primera declaración.
Rigoberto deberá esperar en la carceleta hasta el momento en el que la juez pida al sistema penitenciario lo suban al nivel 14 para resolver la citación de este día. El MP busca abrirle una tercera causa penal, en la misma causa se encuentra Ermitaño López Reyes detenido en el centro preventivo de Huehuetenango desde el año 2015, don Taño como se le conoce en la región de Barillas es representante de la sociedad civil de su municipio, es otro de los presos políticos acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía.
En el marco del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, en octubre del 2015 se denunció ante la CIDH que son 20 denuncias en distintas fiscalías del MP en proceso contra de Rigoberto Juárez Mateo, la totalidad responden a denuncias de las empresas extractivas en el territorio norte de Huehuetenango. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH.
Rigoberto guarda siempre una sonrisa, junto a él estan otros privados de libertad que esperan su turno para estar en algún tribunal, está al pendiente de la delegación del Gobierno Plurinacional que viajó desde el norte de Huehuetenango para presentar una serie de memoriales en distintos ministerios del Estado para frenar la continuidad de los megaproyectos, a pesar de su situación desde la prisión política, él no se aparta de las acciones del pueblo Q’anjob’al y mestizo.
Presos políticos: ¿por qué las audiencias se suspenden una y otra vez?
Fotografia de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
“… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.
En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva, porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.
Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.
Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.
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Entre audiencias que se suspenden
El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.
Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.
La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia, no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.
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Litigio malicioso
“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.
Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.
“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.
El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.
La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.
El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.
La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.
De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.
Huehuetenango: una delegación de la Unión Europea visita Santa Eulalia
Por Lorenzo Mateo Francisco.
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH- y una delegación de funcionarios de la Unión Europea en Guatemala llegaron a Santa Eulalia este martes 19 de abril 2016, entre los asistentes estuvo la encargada de la cooperación de la embajada de Suiza y dos consultores integraron la delegación que visito el municipio de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango y se reunión con los representantes del Gobierno Ancestral Plurinacional. Uno de los compromisos asumidos es el de trasladar ante el Estado una petición para que garantice los derechos de los pueblos en especial que la justicia sea objetiva.
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Miriam Chavajay y Catalina Lleras representantes de OACNUDH, el señor Tomás Pallás Aparisi es jefe de cooperación y encargado de negocios en Guatemala de la Unión Europea, Roberta de Beltranena esoficial de programa de la embajada Suiza; Mónica Mazariegos y Jennifer Echeverría consultoras de la UE., y un practicante de Derechos Humanos de Suiza llegaron desde la ciudad capital a Santa Eulalia para una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en este territorio.
Miembros del Payxa Yajawil Konob’ (Gobierno Ancestral Plurinacional) de las naciones Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al y población mestiza recibieron a la delegación en el salón comunitario de la comunidad de Sataq Na de Jolom Konob’ (Santa Eulalia).
La delegación en mención expuso su interés en la situación que viven los pueblos originarios del territorio Q’anjob’al en la región norte de Huehuetenango en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que se han informado de la conflictividad que se vive a través de la información de los medios de comunicación, sin embargo es también su objetivo conocer de primera mano que es lo que está ocurriendo.
Casos de violaciones a los derechos humanos
La representación del Gobierno Ancestral Plurinacional contextualizaron a los funcionarios de la Unión Europea sobre como las empresas nacionales o transnacionales están afectando a los pueblos durante los últimos 20 años, en una nueva ofensiva después de los acuerdos de paz. Expusieron los casos de violaciones de los derechos humanos que se registraron provocados por las empresas extractivas, como la minería, hidroeléctricas y petróleo.
Violaciones, intimidaciones, amenazas, asesinatos, secuestros y otros delitos forman parte de una larga lista de agresiones que han cometido las empresas con la complicidad de los gobiernos de turno, todo esto ha quedado en la impunidad.
Pablo Antonio Pablo de Santa Cruz Barillas manifestó: “Me dispararon personeros de la empresa Hidro Santa Cruz junto a Andrés Pedro Miguel quien murió por la misma causa el 1 de mayo de 2012, sin embargo, el sistema, lejos de impartir justicia se voltea en nuestra contra y ahora mi hijo Arturo Pablo está preso, ser un defensor de los derechos humanos mientras que los responsables del atentado que yo sufrí están libres” dijo mientras señalaba su mano donde impactó una de balas disparadas por los jefes de la seguridad de la empresa española Hidro Santa Cruz.
También detallaron la situación de siete líderes comunitarios que se encuentran en prisión política por oponerse a los megaproyectos, así como la totalidad de casos de procesos abiertos contra otros líderes, hombres y mujeres, las ordenes de aprensión vigentes y las amenazas que día a día se van contabilizando en territorios como Yixkisis y Pojom en San Mateo Ixtatán.
La embajada de Suiza es la segunda en visitar el territorio después de la visita de la embajada de Suecia, en años anteriores estuvo también presente en Barillas funcionarios de las Naciones Unidas en Guatemala.
En conclusión, el jefe de la cooperación europea manifestó su compromiso en exponer los problemas generados por la presencia de las empresas ante las autoridades de Guatemala a fin de que las leyes no se utilicen en contra de los pueblos, pese a que incluso ellos han sido atacados por cuestionar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos.
