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Suman otro proceso penal en contra de Rigoberto Juárez

Fotografìa de Nelton Rivera.

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Durante las primeras horas del día martes 24 de mayo Rigoberto Juárez fue notificado por el Sistema Penitenciario que sería trasladado desde la zona18 hacia la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motivo del traslado fuera del proceso penal por el que él está en prisión preventiva es extraño, la causa finalmente la supo horas más tarde en la carceleta de los tribunales cuando la abogada Jovita Tzul se reunión con él, en uno de los sótanos del edificio de justicia.

La fiscalía de derechos humanos del MP, la sección de delitos contra operadores de justicia solicitó que la autoridad ancestral Q’anjob’al fuera nuevamente citado para una audiencia de primera declaración, esto quiere decir que el MP está empujando el tercer proceso en su contra.

La juez Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A, previo al requerimiento del MP, debe escuchar a Rigoberto Juárez para garantizar que él continuará bajo la asesoría legal de sus abogados, luego el tribunal deberá citarlo de nuevo para escucharlo en audiencia de primera declaración.

Rigoberto deberá esperar en la carceleta hasta el momento en el que la juez pida al sistema penitenciario lo suban al nivel 14 para resolver la citación de este día. El MP busca abrirle una tercera causa penal, en la misma causa se encuentra Ermitaño López Reyes detenido en el centro preventivo de Huehuetenango desde el año 2015, don Taño como se le conoce en la región de Barillas es representante de la sociedad civil de su municipio, es otro de los presos políticos acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía.

En el marco del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, en octubre del 2015 se denunció ante la CIDH que son 20 denuncias en distintas fiscalías del MP en proceso contra de Rigoberto Juárez Mateo, la totalidad responden a denuncias de las empresas extractivas en el territorio norte de Huehuetenango. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH. 

Rigoberto guarda siempre una sonrisa, junto a él estan otros privados de libertad que esperan su turno para estar en algún tribunal, está al pendiente de la delegación del Gobierno Plurinacional que viajó desde el norte de Huehuetenango para presentar una serie de memoriales en distintos ministerios del Estado para frenar la continuidad de los megaproyectos, a pesar de su situación desde la prisión política, él no se aparta de las acciones del pueblo Q’anjob’al y mestizo.

 

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Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

 1.  La Consulta Comunitaria: Unidad social en la comunidad

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

 

Por: Francisco Simón.

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos. 

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790

 

Prisión política: Rigoberto Juárez y su historia

Rigoberto Juarez

Rigoberto Juárez Mateo

Con información de su familia.

Es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua.

Rigoberto Juárez Mateo ha tenido una vida dedicada al servicio de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas en Guatemala, ha ocupado muy diversos cargos en instituciones dedicadas a velar por los pueblos mayas. Con 17 años trabajó en la hidroeléctrica municipal que operaba en Santa Eulalia y después salió a estudiar Técnico en Salud Rural en el departamento de Izabal. Al recibirse en 1978, ejerció este puesto en el vecino municipio de San Mateo Ixtatán, hasta que la fuerte represión del ejército le obligó a salir a México en 1980. Desde ahí se incorporó a la emisora clandestina Voz Popular, que transmitía desde las faldas del volcán Tajumulco, donde trabajó en la comunicación radial hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Al volver a Guatemala, se dedicó de lleno a poner en marcha los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador del departamento de comunicaciones de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derecho Específicos del Pueblo Maya Wuqub’ N’oj. Más tarde fue coordinador general de COPMAGUA, de la Asociación MUJB’AB’L YOL, y miembro del Consejo Nacional de Principales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. También fue Secretario de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Director Administrativo y Director Financiero de la misma institución.

Todo ello no le hizo separarse de su tierra natal. Ejerció como primer Presidente de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al con sede en Santa Eulalia y en 1999, junto con Daniel Pedro Mateo, Domingo Baltasar y otros líderes comunitarios fundaron la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ para que sirviera para la preservación de la cultura maya Q’anjob’al y la comunicación de todos los q’anjob’ales del norte de Huehuetenango, más los que estaban en México y en los Estados Unidos, desde ese entonces son 16 años de trabajo comunitario de la radio, censurada desde 2015 por informar a la población sobre la presencia de los megaproyectos en la región.

En 2006 Rigoberto Juárez participó en la organización de la Consulta Comunitaria a través de la cual el pueblo q’anjobál de Santa Eulalia expresó con absoluta rotundidad su negativa a la presencia de las mineras y otras industrias extractivas en su territorio, y  más tarde en la formación del Paqt’un, el Parlamento Q’anjobal, que agrupaba a las autoridades de los municipios del norte de Huehuetenango.

Desde el año 2011 Rigoberto viajó en varias ocasiones a Ciudad de Guatemala para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al.  En el caso de Santa Eulalia, es la empresa CINCO M – Hidro San Luis la que, de acuerdo con los líderes comunitarios, esta empresa atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico, sumado a esto también denuncia el papel de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en Barillas y la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. PDHSA con el proyecto Pojom en San Mateo Ixtatán.

En septiembre de 2013 Rigoberto Juárez, en su calidad de autoridad ancestral Q’anjob’al, formó parte de la comisión que estableció una primera mesa de diálogo y  acercamiento con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el ministro de la defensa y el ministro de Medio Ambiente. En esta mesa se alcanzaron acuerdos que el gobierno central no respetaría meses después, originando la incursión militar y policial sin coordinación con las autoridades comunitarias, y llegando a las aprensiones contra líderes y lideresas. Del proceso de organización y autodefensa de los pueblo del norte del departamento en esas fechas, que llevó a esas reuniones surgió el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza.

El 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar –también líder comunitario de Santa Eulalia-  fueron detenidos de forma arbitraria al salir de la oficina de una organización de derechos humanos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes con todo el uso de la fuerza le capturaron, convirtiéndolo así en un nuevo preso político del Estado guatemalteco.

Rigoberto Juárez cumplió un año de estar en prisión, él es uno de los presos políticos del Estado guatemalteco.

Dos autoridades ancestrales irán a juicio oral y público por delitos que no cometieron

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Por Nelton Rivera.

“Vamos a seguir defendiendo la vida, si es necesario daremos la vida, pero no seguiremos arrodillados…el agua que es la vida, de donde viene?, la dan los arboles, la dan los cerros, por eso vamos a seguir defendiendo la vida, indistintamente de las acusaciones que nos hagan” Rigoberto Juárez.

Después de once meses de permanecer en prisión preventiva, finalmente la Juez Claudette Domínguez presidenta del tribunal de Mayor Riesgo grupo A de la ciudad capital, resolvió enviar a juicio oral y público a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los delitos de coacción e instigación a delinquir.

Ambos autoridad ancestral fueron detenidas en el mes de marzo del 2015 cuando iban a participar en una actividad pública en el centro histórico de la ciudad, fueron señalados por la fiscalía de delitos contra operadores de justicia del Ministerio Publico (MP) por su supuesta participación en el cierre del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, Huehuetenango el día 19 de enero del 2015.

Rigoberto Juárez Mateo en su calidad de autoridad ancestral fue convocado por la población como mediador el día 19 de enero 2015 luego que representantes de varios municipios de la región norte de Huehuetenango asistieran pacíficamente al CAJ para solicitar información sobre la situación jurídica y el paradero de dos jóvenes comunitarios de San Mateo Ixtatán.

Los dos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente ese mismo día en la aldea Pojom, Domingo Baltazar ese día sufrió un accidente que no le permitió movilizarse al CAJ contrario a la afirmación del MP.

Dos días le tomo al tribunal realizar la audiencia para escuchar al MP con la presentación de las pruebas, también fueron escuchados los querellantes, abogados defensores y las dos autoridades ancestrales.

La juez Claudette Domínguez consideró que existen suficientes pruebas para ordenar la apertura a juicio oral y público en el mes de marzo de 2016, pero rechazó la petición alternativa del MP de hacer una ampliación de la acusación a un tercer delito de plagio o secuestro.

El tribunal no permitió que el abogado José Luis Chan en representación de los querellantes adhesivos se acreditara como tal, debido a que no presento ningún mandato legal que lo respaldara, solamente quedan acreditados como querellantes el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ y el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar seguirán detenidos en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en un proceso que ambos consideran injusto y de persecución política por el papel que juegan como autoridades ancestrale y comunitaria en Santa Eulalia y el territorio Q’anjob’al.