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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.

También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.

En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.

“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes  a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”

“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben  actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

Minería criminal en Guatemala

La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.

En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.

En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.

Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.

Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.

Extracción ilegal

Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.

El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.

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San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/

La Puya: la empresa minera continúa operando ilegalmente

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

 

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada,  este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS de la misma marca y empresa que anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Al parecer estas personas fueron detenidas por seguir operando en la minera, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.”

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Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de las empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada). Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio complice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888    F-WWXD, TG-GEA[3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

Nace un segundo campamento de resistencia de La Puya

 El día 3 de marzo del 2016 un grupo de poblares de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo se instalaron en un segundo campamento de la resistencia pacífica “La Puya” frente al Ministerio de Energía y Minas, su objetivo es que el MEM acate la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la suspensión del proyecto minero “El Tambor”.

Varias carpas fueron instaladas, en una funciona la cocina, en otra se guarda los alimentos y materiales que les sirven para permanecer en turnos de 24 horas todos los días, en otra carpa se habilitaron camas sobre tablones de madera que fueron donados por un cura.

Durante los días domingos llega un cura a realizar la celebración de la palabra, en este nuevo campamento celebran la misa sobre un improvisado altar de madera. En La Puya San Miguel Arcángel está presente como santo patrón de la resistencia. Desde marzo hasta la fecha el MEM sigue sin acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.

[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 

Chicacao, Suchitepéquez: vecinos se movilizan para defender el agua

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Por Nelton Rivera.

El pueblo de Chicacao uno de los municipios del departamento de Suchitepéquez ubicados en el sur occidente del país se movilizó para denunciar el desvió de varios ríos, detrás de esto estaría la represa de una empresa, la gente busca recuperar los ríos desviados y se niegan a quedarse sin agua, adultos, niños y ancianos marcharon para detener el daño que le provocan a los ríos.

El mes de mayo abrió la movilización de los vecinos de Chicacao que ven con preocupación cómo la empresa Inversiones Atenas, S.A. construyó una Represa en su municipio, desviando el cauce de varios ríos: río Panán, río Tigre, Río Santa Inés y río Zarco. La presa está ubicada en las fincas San Cristóbal, Santa Clara, La Grecia y Anexo Buenos Aires, jurisdicción de los Municipios de San Miguel Panán y Chicacao, Departamento de Suchitepéquez.[1]

Con la represa están concentrando gran cantidad de agua en un embalse, la gente entiende que para hacerlo echaron mano de manera ilegal de los cauces de por lo menos 4 ríos en Suchitepéquez, desviándolos hacia la represa. En el año 2013 la represa Panán provoco el descontento de las autoridades comunitarias de Santiago Atitlán en Sololá quienes denunciaron que el trabajo de reforestación y la inversión millonaria que hizo la gente para conservar los recursos hídricos peligran con el uso del agua para la represa.[2]

Inversiones Atenas S.A. tiene sus oficinas en uno de los edificios del Europlaza WBC en la zona 14 de la capital, la represa según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE esta empresa comenzó a funcionar en 2011, pero los trabajos los comenzó a realizar desde el 2008.

La población denunció que en Suchitepéquez las presencia de las hidroeléctricas les genera problemas, dos de estas están haciendo uso indebido de los causes de los ríos, una tercera se está comenzando a construir, al desviar el cauce natural de los ríos están perjudicando a miles de personas que dependen del agua.

“También están inconformes porque estos proyectos se construyen sin consultarles, hacen uso de los bienes naturales como el agua y luego instalan grandes cantidades de cableado, se apoderaron de los causes del río desviando sus aguas a sabor y antojó y todo esto de manera ilegal.” Manifestó un vecino de Chicacao.

Con información de los vecinos de Chicacao.

[1] Anzueto & Asociaciados, firma que realizó el evaluó. http://pp.centramerica.com/pp/bancofotos/275-2292.pdf

[2] Prensa Libre. Hidroeléctrica causa malestar. Danilo López. 26 de junio 2013. http://www.prensalibre.com/suchitepequez/Hidroelectrica-causa-malestar_0_944905513.html

 

Poca voluntad política para dialogar con La Puya pero si hay acciones para militarizar San Pedro Ayampuc

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Por Redacción de Prensa Comunitaria.

Mientras se militariza el territorio de San Pedro Ayampuc a pesar que la población del municipio rechaza la presencia del ejército porque consideran que las tareas de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional Civil y no a la institución castrense, en el Ministerio de Energía y Minas las autoridades se negaron a realizar una reunión con La Puya.

En el Ministerio de Energía y Minas la gente de la resistencia pacífica de La Puya continua exigiendo que este ministerio respete y acate las resoluciones de las cortes guatemaltecas que le ordenaron suspender el proyecto minero “El Tambor” Progreso VII derivada de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA y EXMINGUA.

El día de hoy a través de personeros del MEM les informaron a la resistencia pacifica La Puya  que  el ministro Juan Pelayo Castañón, quería reunirse con ellos a las 11:00 de la mañana, luego de 50 minutos de retraso para realizar esa reunión llegaron dos de los  viceministros y otros funcionarios, pero el ministro no se presentó.

Una comisión de La Puya fue delegada para atender esta reunión y estuvieron a la espera desde las 11 de la mañana frente al ingreso principal del MEM,  al percatarse de la inasistencia de Pelayo Castañón, la representación de La Puya afirmó que en esas condiciones no se podía tener una reunión.

Los viceministros del MEM intervinieron diciendo  que se les está vedando el derecho al trabajo y que son respetuosos de las leyes y sólo cumplen con ellas. Ante esa afirmación fueron cuestionados sobre el por qué no cumplen entonces con  las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y otras acciones legales resueltas a favor de las comunidades, “si es que son respetuosos de la ley”. Además se les cuestionó a los funcionarios públicos el por qué dejaban operar a la empresa minera de manera ilegal, sin licencia, sin permisos municipales y con serias denuncias de violaciones a los derechos humanos, simplemente los funcionarios del MEM  no respondieron.

Después de exponer las razones de por qué no era posible un diálogo en esas condiciones, sin el ministro presente y con la mina operando, la resistencia volvió al campamento frente a las instalaciones del MEM.

Minutos después una fila de vehículos llegó a la entrada del Ministerio para entrar, porque les “informaron” que se había llegado a un acuerdo y que finalmente podían entrar, un vehículo logro hacerlo. Esta afirmación no es cierta, la acción de los trabajadores del MEM provocó un momento de tensión, finalmente los trabajadores se retiraron y el vehículo que entró tuvo que salir.

Las acciones del MEM lejos de aportar al diálogo generaron tensión, luego llegaron algunos agentes de la PNC y minutos más tarde llego un microbús con 10 o 12 agentes policiales más, finalmente a las 14:40 se retiraron todos los policías.

La presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras delegaciones de observación de derechos humanos permitieron que las acciones de los funcionarios del MEM no profundizaran la conflictividad provocada por la empresa minera, además del incumplimiento del MEM de cancelarle la licencia de explotación.