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Las trampas de la justicia en Guatemala. Reflexiones al cumplirse un año de prisión de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar
Santiago Bastos – Prensa Comunitaria
El mismo día en que todos celebrábamos la sentencia condenatoria contra los dos acusados en el caso Sepur Zarco, por lo que significaba del triunfo sobre la barbarie y recuperación de la dignidad de la mujeres de esta localidad, en otro nivel de la misma Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala se llevaba cabo la audiencia de otro caso. La juez Claudette Domínguez, presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A decidía ligar a juicio oral y público a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltasar por los delitos de coacción e instigación a delinquir en uno de dos casos que se sigue contra ellos desde marzo de 2014.[1]
No importa que don Domingo alegara repetidamente que él no estuvo ahí la noche en que ocurrieron los hechos en que se le imputan; tampoco importa que don Rigoberto sí estuviera, pero mediando en su calidad de autoridad ancestral de Santa Eulalia.[2] Los dos han sido ligados a proceso.
Evidentemente, esta resolución no fue tan conocida como la otra, pero tiene repercusiones importantes para el futuro de la lucha por la vida y el territorio en Guatemala, y la lucha contra impunidad y el actuar de las instancias judiciales y el mismo Ministerio Público, en estos momentos en que parece que se abren alguna vetas de luz para la justicia en Guatemala.
El retardo malicioso y las tácticas de agotamiento
Con esta decisión de la juez Claudette Domínguez, se terminaba un periodo de indecisión en que los procesos contra estos dos líderes se alargaron innecesariamente. Primero fue la extraña maniobra por la que tras su detención el 24 de marzo de 2015, el juez de Santa Eulalia constituido en la ciudad capital, los liberó el día 27 de ese mes, pero minutos más tarde de finalizada esta audiencia, agentes del DEIC los detuvieron nuevamente con una orden emitida dos días antes por un juzgado de turno en la capital. Cuando buscaron al juez, éste ya se había ido –sabiendo evidentemente que ellos estaban ahí-, por lo que tuvieron que quedarse en las carceletas de la Torre de Tribunales hasta que regresara a escucharles.[3]
Este trato de desprecio hacia la libertad y dignidad de dos personas que deberían ser consideradas como inocentes por el sistema judicial, se ha mantenido durante todo este año. Las audiencias se han suspendido ante la ausencia de la parte acusadora sin que esta haya sido amonestada ni siquiera reprendida por el Tribunal de Mayor Riesgo A. La ausencia del entonces alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro –querellante adhesivo- a las audiencias hasido usada como excusa por la jueza para suspenderlas.
Durante estos doce meses, don Rigoberto y don Domingo han estado recluidos en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, a más de un día de camino de su Santa Eulalia natal, en un ambiente hostil en que más de una vez han temido por su vida y en que su salud se quebrantó, como ellos mismos han relatado a las múltiples visitas de solidaridad que fueron a compartir con ellos estos momentos. Todo ello, sin que se haya podido avanzar en demostrar su inocencia ante el retardo malicioso que su proceso ha sufrido por parte de las autoridades judiciales.
Esto que cuento no es nada raro, es una estrategia habitual en estos casos. De hecho, lo mismo pasa con el resto de los presos de la región norte de Huehuetenango.[4] Ermitaño López Reyes está preso en Huehuetenango desde el 2 de junio de 2015. Don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo llevan detenidos, también en el Preventivo de la zona 18, desde el 26 de febrero de 2015. Fueron ligados a proceso también después de un año de espera y en una forma que los abogados defensores consideraron ilegal, pues en una audiencia que nunca debió de realizarse, la juez Claudette Domínguez retrotrajo el proceso.
Todo esto es algo más que la lentitud normal de la justicia guatemalteca y el desprecio hacia pobres e indígenas que no tienen la capacidad económica ni los contactos para incidir en el sistema, y por ello tienen que moverse al ritmo que otros dictan, siendo el proceso parte de la pena.
En este caso tenemos todos los ingredientes para pensar en una estrategia clara de dilación y estancamiento de los procesos judiciales como una forma de quebrar las voluntades de los presos y sus familias. Es parte de las estrategias de criminalización por la vía de la judicialización. Así lo planteaba el abogado Benito Morales en una de las auidencias retrasadas:
Lo que vivimos hoy fue una jornada más de indignación y de constatación de que estamos frente a una estrategia en algunos escenarios más evidentes, en otros más sutil pero al final de cuentas tiene un mismo resultado, el que la gente esté el mayor tiempo posible privada de su libertad.
Esto tiene diversidad de mensajes, tiene el mensaje que el entusiasmo, la energía, la convicción de los que están detenidos se vaya deteriorando, por otro lado tiene la intención de que la gente en las comunidades, en los pueblos de donde son originarios los detenidos sigan profundizando el miedo el temor, la preocupación y la afectación económica.[5]
Ya se intentó cuando los primeros nueve líderes de Barillas estuvieron injustamente detenidos durante más de nueve meses en 2012, y los personeros de Hidro Santa Cruz se acercaban a sus familias a ofrecer apoyos mientras ellos se enfermaban en la cárcel.[6] También lo intentaron cuando volvieron a inculpar injustamente a Rogelio Velásquez y Saúl Méndez en 2013 y pasaron en prisión hasta el 2015 cuando fueron absueltos de la acusación.
Incluso, en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, cuando el equipo de abogados logró que se les retiraran los cargos por plagio o secuestro; la juez se negó a darles la medida sustitutiva, obligándoles a continuar en prisión preventiva aunque tuvieran derecho a la libertad provisional. Ésta es una prueba bien clara de que el objetivo de estos procesos no es hacer justicia, sino mantener a estos defensores de la vida y el territorio fuera de la lucha política; utilizando para ellos las herramientas jurídicas como elementos de represión.
Y si acaso, hay otras 20 denuncias más puestas ante el Ministerio Público de Huehuetenango, con lo que una vez “terminando un proceso pueden seguir las subsiguientes para mantenerlos en la cárcel de por vida”.[7]
Pero a pesar de todo, hasta ahora en ninguno de estos casos se ha logrado que los presos políticos decaigan en su actitud.[8] Las visitas continuas de la familia y la comunidad, las muestras de solidaridad desde toda el área q’anjob’al, del país y más allá de las fronteras en forma de visitas, cartas, comunicados, han servido para mantener alta la moral y la claridad sobre su situación. En palabras de Rigoberto Juárez.
Como lo hemos dicho desde el momento que nos capturaron dijimos que somos presos políticos y ésa es nuestra calidad, el paso de los días lo estamos confirmando, ellos no nos asuste porque solamente lo estamos confirmando la forma que el sistema que se impuso en nuestros territorios ancestrales desde 1524 permanecen intactos, lo que han hecho es modificar las formas de represión, opresión, discriminación, y racismo.[9]
El oscuro papel del Ministerio Público en tiempos de Aldana y la CICIG
En esta estrategia de desgaste judicial, las empresas que operan en el norte de Huehuetenango, como CINCO M con la Hidroeléctrica San Luis en Santa Eulalia, Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz en Barillas o Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. (PDHSA) en San Mateo Ixtatán, cuentan con la complicidad de las autoridades y agentes judiciales que, en vez de penar las ausencias que obligan a suspender las audiencias repetidamente, permiten estas tácticas dilatorias por encima de los derechos más elementales de los procesados.
Incluso podemos percibimr un cambio en la estrategia de criminalización judicial. En los primeros casos de los líderes de Barillas, fue la empresa Ecoener Hidralia Energía quien denunció a los líderes. También en el caso de don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo son los trabajadores de esta empresa los acusadores. Pero en el proceso de don Rigoberto y don Domingo, son los mismos operadores de justicia del Centro de Administración de Justicia CAJ quienes se convirtieron en los acusadores y querellantes en contra de las autoridades comunitarias.
En este caso, además, el papel de las autoridades mucho más cuestionable, pues Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, reconocido líder q’anjob’al e histórico defensor de los derechos indígenas, está siendo acusado nada menos que por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Esta forma en que el Ministerio Público está actuando contra los defensores del territorio del norte Huehuetenango recuerda a la época de Claudia Paz y Paz, cuando se dio un fuerte empuje a la justicia transicional a través del caso de genocidio contra Ríos Montt, pero al mismo tiempo se perseguía con saña a los líderes comunitarios que se oponían a la instalación de las empresas mineras e hidroeléctricas, por encima de sus derechos y de las garantías más mínimas.[10]
Ahora está ocurriendo algo parecido. El Ministerio Público ha actuado en forma clara apoyando la construcción de casos como el de Sepur Zarco, CREOMPAZ y Mario Molina Thiessen, que en los últimos meses han supuesto un paso muy importante en el esclarecimiento de la barbarie como política de Estado durante los 80. De la misma manera, es más que evidente el papel que está jugando el Ministerio Público en colaboración con la CICIG en el desmantelamiento de parte de las estructuras criminales que se formaron en las últimas décadas dentro del Estado de Guatemala.
Estas actuaciones están permitiendo que la justicia entre en Guatemala en espacios que hasta hace poco parecían poco más que imposibles, y que se pueda pensar en recuperar la fe en que se pueda avanzar hacia un estado de derecho en estos aspectos.
Sin embargo, al mismo tiempo en lo que respecta a la criminalización de la protesta social, y en concreto la defensa del territorio y la vida, el Ministerio Público está jugando un papel en que se pone totalmente del lado de los intereses de las empresas. El mismo papel que juega con las empresas hidroeléctricas del norte de Huehuetenango, lo acaba de jugar con ENERGUATE, al condenar a los líderes de CODECA:
Ni en el expediente, ni en la Audiencia Pública, la FiscalíaENERGUATE pudieron mostrar pruebas materiales que relacionasen a los acusados con los dos delitos antes referido… El debate/examen público de la declaración de testigos y de los documentos probatorios, evidenció el «sin sentido» de dicho proceso judicial, tanto por la ausencia del cuerpo del delito, como por la inexistencia de la conducta antijurídica atribuible a los acusados. Pero, para «sorpresa» de la básica razón jurídica, el Juzgador, «en base a las pruebas testimoniales», declaró culpables por el delito de estafa en grado de tentativa a los tres defensores. [11]
Desaparece así la independencia judicial, y como el resto del aparato del Estado –Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, Ejército- el Ministerio Público se dedica a apoyar a las empresas como política de Estado. Pareciera que estamos ante una distribución de casos, un pacto con sectores poderosos en que se ya se acordó qué es lo que se persigue, cuáles son los límites que se pueden cruzar y lo caminos que se pueden recorrer.
El problema es que en ese reparto, la actuación del Ministerio Público queda desacreditada, al mismo nivel que esos defensores de los militares y de los corruptos cuyas tácticas dilatorias y procesales representan lo más alejado de la búsqueda de la justicia.
¿Así actúa una Fiscalía de Derechos Humanos?
En el caso que el Ministerio Público ha construido para don Domingo y don Rigoberto hay un asunto más que muestra hasta dónde puede llegar el cinismo de estos acuerdos entre Estado y empresas. Que la llamada “Fiscalía de Derechos Humanos” acuse a un reconocido defensor de derechos indígenas y líder comunitario, a una persona de la trayectoria de Rigoberto Juárez y a un líder con la legitimidad y los antecedentes Domingo Baltazar; y en las circunstancias que hemos venido señalando, muestra una corrupción de los objetivos iniciales de esta Fiscalía, y una vez más el uso de herramientas legales para el beneficio del capital y no de los ciudadanos.
En otro lugar hemos mostrado cómo el relato de los hechos que presenta el Ministerio Público responde a una versión parcial, sesgada y perversa de los hechos, que conscientemente deja de fuera una buena parte de lo ocurrido la noche del 19 al 20 de enero de 2015.[12] Así son las acusaciones que se montan en los procesos políticos: no importa la lógica, no importa demostrar los hechos, da igual la acusación: el objetivo es desarmar la oposición a las empresas concretas; y para ello se cuenta con la colaboración del aparato judicial que, salvo muy contadas excepciones, se presta a estas maniobras.[13]
Queda claro que el Ministerio Público no está actuando con la objetividad que se esperaría de una instancia de su carácter. El fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino ha usado en el proceso de manera extrajudicial una investigación elaborada por la empresa Hidro Santa Cruz titulada “Informe Estructural Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014”, que identifica a todos los líderes y autoridades comunitarias ahora procesados como criminales, y a Rigoberto Juárez en concreto como su cabecilla. Este documento fue entregado directamente al fiscal del MP por Víctor Hugo Villatoro, abogado de la hidroeléctrica.[14]
Un último hecho acaba de mostrar el posicionamiento del aparato judicial y el mismo Ministerio Público: nadie dudó en aceptar como querellante adhesivo en el proceso al ahora ex alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro. Este personaje de dudosa reputación en el área q’anjob’al tiene abiertos varios procesos por los hechos ocurridos en la misma noche en que él se presenta como acusador: por la muerte de un joven, atentado armado contra otro, intento de linchamiento de una COCODE de una comunidad, y por impedir la libertad de prensa. Y otro proceso por agresiones a comunicadores tres meses después.[15] Así que la calidad jurídica con la que él se presenta es muy dudosa.
¿Con qué calidad moral una Fiscalía de Derechos Humanos es capaz de admitir un querellante adhesivo de estas características? ¿Cómo un juez puede tener en su sala a este tipo y no perseguirle? ¿Dónde se ha visto que un reconocido defensor de derechos humanos se acusado por alguien que tiene abiertos procesos por muerte, atentado, linchamiento….? Que todo esto ocurra sin ningún problema para estos “agentes de la justicia” es otra muestra de los verdaderos objetivos de estos procesos
Una veta para que explore la CICIG
La mención a este exalcalde nos abre una interrogante que mercería la pena explorar. La CICIG está investigando y desmontando varias redes de connivencia entre empresas y sectores del Estado que se beneficiaban de los pagos que éstas les hacían para recibir apoyos de diversos tipos. Así es como se comportaban en la SAT, en aduanas, en el IGSS, y todas ellas eran conductas delictivas en detrimento de la ciudadanía, en las que estaban involucradas hasta las más altas magistraturas del Estado.
Pues bien, es evidente que la figura de Diego Marcos Pedro representa la alianza entre ciertos poderes locales y las empresas extractivas en la región.[16] Y la forma en que se han comportado algunas autoridades judiciales en los casos en que los defensores del territorio han sido criminalizados en los últimos años por su oposición a las actividades mineras, hidroeléctricas, agroindustriales y otras, da mucho que pensar. La forma en que algunos jueces, fiscales y representantes del Ministerio Público han defendido los intereses de estas empresas, que actuaban abiertamente o no como querellantes adhesivos en los procesos, hacen pensar hasta qué punto no estaríamos ante casos de corrupción como los que se han mostrado y demostrado en otros campos en los que ha actuado la CICIG.
En un contexto en que los agentes de la justicia en Guatemala han mostrado ser sensibles a los argumentos pecuniarios, esta hipótesis no es descabellada. Y la forma en que se han comportado estos jueces y demás agentes en los procesos judiciales, como hemos venido denunciando a lo largo de estos años, da pistas para ello. La compra de voluntades es una práctica habitual de estas grandes empresas, una más de las inversiones necesarias que las llega a convertir en crimen organizado, como hemos visto en las actuaciones de la CICIG.
Detrás de todos estos casos puede haber una trama de corrupción sistemática que explique mucho del comportamiento judicial que hemos estado y seguimos viendo, y que la CICIG podría investigar. Aquí habría una veta que nos explicaría mucho de lo que estamos siendo testigos.
Notas
[1] Dos autoridades ancestrales irán a juicio oral y público por delitos que no cometieron, Prensa Comunitaria, 26 febrero 2016.
[2] Me siento sumamente afectado en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al, Prensa Comunitaria, 2 febrero 2016.
[3] Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio., Prensa Comunitaria, 24 de marzo 2015; Detienen nuevamente a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo en la Torre de Tribunales. Prensa Comunitaria, 27 de marzo 2015.
[4] Ver Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Simón Antonio Ramón, Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.
[5] Tomado de Dos autoridades ancestrales siguen a la espera de la justicia, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria, 21 de enero 2016
[6] Ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en Barillas. Equipo Colibrí Zurdo / UDEFEGUA
[7] Palabras del abogado Edgar De León Chacaj, de la Asociación de Abogados Mayas, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, lunes 19 de octubre 2015. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH, Prensa Comunitaria, 20 de octubre 2015.
[8] En el caso de los presos de Barillas, uno de los detenidos el 2 de mayo sí cayó y se pretendió usar su testimonio para inculpar a otros 10 líderes, pero no prosperó el caso y sus compañeros continuaron firmes aislándole del grupo. Ver “Despojo, movilización y represión en Santa Cruz Barillas”, Santiago Bastos, Quimy de León, Dania Rodríguez, Nelton Rivera y Francisco Lucas, en Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala. Manuela Camus, Santiago Bastos y Julián López, coordinadores. Fundación Constelación FLACSO Guatemala, 2015.
[9] Tomado de la carta publicada en Visita a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, presos políticos, Prensa Comunitaria, 8 de julio 2015.
[10] Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresas. Santiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014. De forma simultánea, en esos mismos meses de 2013 se dio una oleada de desaparición y muerte de líderes comunitarios como Daniel Pedro en Santa Eulalia o Carlos Hernández Mendoza en Jocotán. Ver ¿De qué paz están hablando???? Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 17 de abril 2013; Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida, Prensa Comunitaria, 9 de marzo 2013.
[11] No hay indígena inocente para los tribunales de la justicia blanca, Ollantay Itzamná, Prensa Comunitaria, 21 de marzo, 2016.
[12] Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria, 12 de diciembre 2015. Esta versión del MP y la empresa fue divulgada por un medio de comunicación ligado al Ministerio de Energía y Minas.
[13] Esto es algo en que insisten todos autores los que han trabajado el tema de la criminalización: Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresas, Santiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014.
[14] Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria. 14 de junio 2015; Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.
[15] En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios, Iñaqui Aizpurúa Veitia, Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.
[16] ¿De qué se protegen los poderes locales de Huehuetenango?, Gladys Tzul Tzul, Prensa Comunitaria, 29 de marzo 2015
Santa Eulalia: Dejan en libertad al abogado Q’anjob’al Pedro Robel Toledo
Fuente: Cesia Juárez.
Por: Prensa Comunitaria.
Criminalizado por ejercer su profesión en defensa de su pueblo
El día de hoy obtuvo su libertad al abogado Pedro Robel Toledo, injustamente acusado por el Ministerio Público – MP por los hechos ocurridos en Santa Eulalia la noche del 19 de enero de 2015, por los que están en prisión Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar autoridades ancestrales Q’anjob’ales también de Santa Eulalia.
El equipo de abogados, formado por Benito Morales y Javier García logró demostrar que los delitos de plagio o secuestro, atentado, instigación a delinquir, y obstaculización a la acción penal eran todo una farsa, en palabras del mismo licenciado Morales.
De esa manera, el juez del Juez Miguel Ángel Gálvez, dejó en libertad a Pedro Toledo, por falta de mérito.
Queda pendiente la libertad de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, injustamente encarcelados desde hace más de cinco meses por estas mismas acusaciones falsas, y del resto de los presos políticos de Huehetenango y del país.
Prensa Comunitaria Km. 169 