Poderes regionales y distorsión ilícita de la Democracia guatemalteca

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Por Harald Waxenecker

Introducción

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

En efecto, “ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia (Torres-Rivas, 2010: 1). En las vísperas de cumplir casi 30 años de gobiernos civiles y 20 años de paz en Guatemala, es necesario reflexionar sobre las concepciones y realidades del paradigma liberal de democratización, que ha transcurrido en un complejo contexto de rupturas y continuidades de estructuras y redes de poder a nivel nacional.

Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción, -especialmente en las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en varias cabeceras departamentales-, han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación aparentemente anómala de estos personajes regionales y
locales. Esa percepción parece confirmar que “…las ocultas relaciones de poder, son encubiertas por sus propios actores. Sin embargo, pueden ser percibidas a través de sus manifestaciones por terceros dando lugar a hipótesis sobre su existencia (…) Podrán haber existido, existir y en un futuro también podría darse este tipo de relaciones de poder que nunca sean descubiertas. Pero, por lo general son descubiertas por su actuar ya grosero e insultante por su inmoralidad” (Robles, 2000: 171).

Desde ese punto de vista, el presente ensayo problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del país, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q.10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que ha alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones.

En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

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Publicado el 11 agosto, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. Excelente análisis gracias!!!!

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