Consulta comunitaria: vital para la vida del río Cahabón

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

El pasado sábado y domingo fueron días de fiesta en las aldeas y comunidades de Santa María Cahabón. Aprovechando que era este domingo la consulta comunitaria, las familias q’eqchi’ de 196 comunidades primero pasarian al  mercado, la iglesia, a visitar a amigos y familiares para luego dirigirse a los salones comunales,  escuelas o lugares donde harían valer su posición sobre el “sí” o  el “no” de proyectos hidroeléctricos en el río Cahabón. Con el apoyo de la municipalidad, organizaciones, colectivos, observadores y periodistas, se aseguraba que el proceso de consulta se hiciera en el mejor ambiente de fiesta y encuentro comunitario, pero esto no fue así.

En conferencia de prensa este 30 de julio de 2016, las comunidades comentaron que la consulta de vecinos fue convocada para el 31 de julio de 2016, por el alcalde y el Concejo Municipal de Cahabón a solicitud de más del 10 por ciento de los vecinos empadronados. Lamentablemente, el sistema judicial ampara la construcción de estas hidroeléctricas en el río Cahabón y Oxec, en jurisdicción de Santa María Cahabón, conociendo que este megaproyecto no ha cumplido con el estudio de impacto ambiental y que la consulta comunitaria realizada por estas hidroeléctricas se hizo con el personal que labora para ellos y sus familias.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado el permiso para la construcción de estas hidroeléctricas sin medir las consecuencias para las comunidades que se abastecen de las aguas de los ríos arriba mencionados, ya que los comunitarios no cuentan con pozos comunales, y menos con agua potable.

La empresa Oxec, S.A. comenzó una campaña de difamación y calumnias contra la realización de este acto soberano de las comunidades q’eqchi’ de Cahabón. Haciendo uso de mensajes radiales y medios escritos, la empresa ha intentado engañar a la población argumentando que los proyectos Oxec y Oxec II ya fueron consultados, presentando encuestas sesgadas como si hubieran realizado una verdadera consulta, suplantando así la expresión de todo el pueblo de Cahabón.

El pueblo q’eqchi’, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales, y apoyado por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y división comunitaria.

Además la campaña iniciada por la empresa y la criminalización lanzada contra el compañero Bernardo Caal, con el apoyo del Auxiliar Departamental de Derechos Humanos de Alta Verapaz, ha provocado desinformación, manipulación y divisionismo a través de algunos empleados de la empresa haciendo que el clima sea tenso y sumamente peligroso.

A través del Juzgado de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo de Alta Verapaz, se otorgó un amparo provisional a la empresa Oxec, S.A. Esta resolución ha provocado una situación riesgosa contra de la población y sus líderes, y aconsejaba suspender temporalmente la Consulta de Vecinos convocada para este domingo 31 de julio.

Las autoridades municipales presentes en la conferencia desmintieron la campaña negra que algunas personas particulares, la empresa hidroeléctrica y medios de comunicación han realizado en contra de la consulta de buena fe. Mencionaron y demostraron con documentos que son más de 150 aldeas en todas sus comunidades las que apoyan la consulta para el bien de los pueblos, y que su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Miles de personas indígenas maya hablantes q’eqchi’ participarán en la consulta el próximo domingo, con mucha fe en Dios y el destino esperan que la consulta sea un medio para defender la vida y el futuro de los pueblos.

Los Cocodes y las autoridades comunitarias y ancestrales de las 196 comunidades han decidido continuar con un proceso de sensibilización hacia con las comunidades. Asimismo convocaron a todas las y los habitantes de todas las Comunidades del pueblo maya q’eqchi’ del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, a unirse al proceso de consulta comunitaria sobre la aceptación o el rechazo a la explotación de los bienes naturales en el territorio. El acuerdo se basó en el espíritu del artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida y de organización de las comunidades indígenas; y de los artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

En la nueva convocatoria se espera que las comunidades y los pueblos indígenas que tienen derecho a la autonomía o el autogobierno con sus asuntos internos y locales, inicien la consulta comunitaria en las 196 aldeas del municipio. A partir de los siete años se puede manifestar la decisión sobre la aceptación o rechazo de los proyectos de exploración y explotación minera de metales, instalación de generadoras de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones, en el territorio del municipio de Santa María Cahabón, sin la debida consulta a nuestras comunidades.

El pueblo maya q’eqchi’ también es avalado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Dicho convenio reza en uno de sus artículos:“los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

 

Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza apoya al pueblo q´eqchi´en consulta comunitaria

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

La representación del Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua,  se pronuncia.

El día 22 de julio de 2016, el Tribunal Mayor de  Riesgo “A”, dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio q’anjob’al, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, tal como se confirmó el día de ayer en la sentencia absolutoria.Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, miembros de las autoridades ancestrales de los pueblos del norte de Huehuetenango, con solidaridad, amor y conciencia, han adquirido durante su recorrer con los ojos en futuro y el buen vivir de los pueblos, su preocupación sobre el uso y destino del agua, derecho ancestral de los pueblos que apoyan la consulta de buena fe que gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos, representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades de Santa María Cahabón,  Alta Verapaz, Guatemala.

Es por ellos que los vecinos han mostrado su solidaridad sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses atrás se han estado reuniendo para discutir el tema de la consulta comunitaria de buena fe, para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de proteger el vital líquido.

Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Creompaz: descanse en paz Domingo Mó, detenido y desaparecido por 34 años.

Por: UVOCGT

Nosotros, miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), acompañamos a la familia Mó Ti, quienes son miembros de nuestra organización, en el proceso de inhumación y exhumación de los restos del hermano Domingo Mó, maya poqomchi´, quien fue desaparecido en su casa de habitación el 25 de julio de 1982 en las afueras de nuestra casa en la aldea, por un grupo de militares. Acompañamos el acto con tristeza y lágrimas que han estado presentes desde hace 34 años.

Durante el entierro escuchamos las palabras del compañero Cristóbal Mó Ti, hijo y hermano de los compañeros desaparecidos. Inició agradeciendo al Creador y Formador por permitir ver enterrar los restos de su querido padre, hombre que siempre les habló con mucha claridad sobre lo difícil de llevar la vida aquí, en nuestra querida San Cristóbal Verapaz, Guatemala. Una Guatemala con un Estado que está siendo afectado por el sistema capitalista, el cual está creado para resolverles los problemas a pocas familias criollas y ladinas, muchas veces a costa de intentar acabar con la organización comunitaria e invisibilizar el trabajo de la población rural. Donde no hay espacio para un indígena quiere superarse, mucho menos para un poqomchi´.

Éramos cuatro hermanos, pero lamentablemente, por el conflicto armado en 1982 nos quedamos tres y sin padre, o sea que nos desaparecieron a dos miembros de la familia. Mi papá se llamaba Domingo Mó, y mi hermano se llamaba Domingo Mó Ti, a quien secuestraron de 14 años.

Estábamos en nuestra casa, no sabíamos nada, estábamos durmiendo y de repente a las cinco de la mañana, cuando vimos un montón de soldados que tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado. Entonces, en ese caso no los pudimos identificar nosotros a ellos. Llegaron y entraron a la casa, fueron a agarrar a mi papá, lo patearon, lo agarraron del pescuezo, lo tiraron ahí, lo volvieron patear y a mi hermano mayor lo fueron a agarrar. Entonces uno de los militares dice “ahí ese patojo que se venga para acá”, porque se dieron cuenta de que yo estaba viendo y pues agarraron a mi mamá, me agarraron del brazo y a mi hermanito. Entonces a mi papá si se lo llevaron y a mi hermano mayor, Domingo. Tenía 14 años Domingo.

Ahí comenzaron a disparar. De hecho yo tengo un recuerdo aquí de un raspón de una bala, y lo tengo aquí, mirá, y jamás nunca se me va a olvidar.

Cuando se lo llevaron, no salimos a buscarlos por temor a que le pasara algo al resto de nuestra familia. A los tres meses nosotros salimos a buscar a nuestro papá y a mi hermano, pero ya no fue posible localizarlos. Nosotros creemos que se lo llevaron para la comunidad de Quixal y que allá hay muchos cuerpos humanos, ahí hay un cementerio clandestino y hay muchos hermanos de nuestros hermanos y vecinos que están tirados adentro del río porque allá no se ha hecho una investigación.

Tenían pintada la cara de negro con una especie de aceite quemado a eso de las 5 de la mañana llegaron a la casa rompieron la puerta quebraron las cosas, mataron a nuestros animales, les pegaron a mi papá y mi hermano, los patearon, los golpearon y se los llevaron.

Hoy agradezco a las personas e instituciones y a mi organización UVOC por acompañarnos durante  muchos años en la búsqueda de los restos de mi familia. Hoy entierro a mi padre, ahora seguiremos hasta encontrar a mi hermano

Como UVOC, siempre hemos dicho que no debía de quedar ninguna duda de los patrulleros y los soldados que actuaban en ese momento cumpliendo órdenes precisas. Ellos eran ejecutores al nivel más bajo de la cadena, de una férrea estructura vertical, jerárquica, disciplinada. Aun más, sus acciones formaban parte de una estrategia cuidada, prevista y desarrollada en clave del Estado Mayor en campaña. Si ahora hay un gobierno democrático, si lo es, debe enfrentar el desafío de aplicar la ley

Y hacer justicia. Es el Estado el responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y no de violarlas, es también quien debe juzgar y sancionar a los responsables.

Quiero pedir ayuda a la vez para poder ir a investigar. Ahí dentro de esas pozas de agua hay huesos, hay hermanos víctimas y tal vez que aparece ahí mi hermano. También queremos que esos lugares sean investigados por el Ministerio Público, porque no es posible que quede solo así impune.

El de los pies descalzos yo siempre caminaré así porque mi papa así caminaba, mi pueblo así camina, es la vida que llevo. Aún falta encontrar a Domingo Mó Ti hijo, hermano, amigo compañero.

Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.