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Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza apoya al pueblo q´eqchi´en consulta comunitaria

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

La representación del Gobierno Plurinacional de la nación q’anjob’al, chuj, akateka, poptí y mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua,  se pronuncia.

El día 22 de julio de 2016, el Tribunal Mayor de  Riesgo “A”, dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio q’anjob’al, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, tal como se confirmó el día de ayer en la sentencia absolutoria.Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, miembros de las autoridades ancestrales de los pueblos del norte de Huehuetenango, con solidaridad, amor y conciencia, han adquirido durante su recorrer con los ojos en futuro y el buen vivir de los pueblos, su preocupación sobre el uso y destino del agua, derecho ancestral de los pueblos que apoyan la consulta de buena fe que gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos, representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades de Santa María Cahabón,  Alta Verapaz, Guatemala.

Es por ellos que los vecinos han mostrado su solidaridad sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses atrás se han estado reuniendo para discutir el tema de la consulta comunitaria de buena fe, para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de proteger el vital líquido.

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Postura de las autoridades ancestrales ante los organismos vivos modificados

Por: Rony Morales

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las diez de la mañana un recurso de inconstitucionalidad solicitado por autoridades ancestrales, miembros de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (RedSag) y miembros de la Asociación de los Abogados Mayas

La fiscalía de asuntos constitucionales del Ministerio Público (MP), el diputado Amílcar Pop y el señor Tomás Saloj, en representación de las autoridades ancestrales de los cuatro puntos cardinales coincidieron hoy en la vista pública de la Corte de Constitucionalidad en solicitar que se declare con lugar la inconstitucionalidad y que se expulse el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala. Dicho protocolo trata sobre la participación de los beneficios del uso de la biodiversidad.

La solicitud se realizó por vicio de procedimiento, al no llegar a las dos terceras partes del número de diputados que establece la ley para que se aprobara “de urgencia nacional”. Adicionalmente las autoridades ancestrales consideraron que el protocolo promueve el despojo, la privatización y el uso lucrativo de los conocimientos ancestrales.

A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país no estuvieron de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM)

Varias autoridades indígenas mostraron su preocupación por que las semillas se privaticen exigieron respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

Además hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales a pronunciarse ante esta situación y exigir que el Organismo Ejecutivo asuma su responsabilidad de investigar y castigar a los responsables de poner en practica estos tratados sin consultarles a los pueblos indígenas.  Que el Gobierno indemnice a las familias afectadas por este desastre ecológico que vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de las familias indígenas y campesinas de la región, de la agroecología y la agricultura ancestral ante los desastres ecológicos provocados por los agrotóxicos y los insumos agrícolas.

 

UVOC: tierra derecho histórico de los pueblos

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Por: Rony Morales

El caso de los conflictos agrarios se refiere a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los contínuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre otros.

Esta es la disputa del derecho histórico de las poblaciones indígenas por la tierra, el territorio y el derecho que se atribuyen los propietarios terratenientes en función de la propiedad de la tierra respaldada por el Registro de la Propiedad.

Como veremos en los casos recopilados, en este Inventario de conflictos, existe en la mayoría de ellos un reclamo de las comunidades por la propiedad de la tierra porque ellos la ocupan y la trabajan. En muchos casos son generaciones las que han reproducido sus formas sociales en esas tierras, mientras que en la mayoría de casos hay personas mestizas, extranjeras y algunas indígenas que reclaman los derechos legales de esta y exigen el desalojo de las comunidades ocupantes.

Se reunieron miembros de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-este 6 de mayo, con el fin de establecer la ruta a seguir para la pronta atención y resolución de los casos algunos priorizados.

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 Santa Inés

En el año 2000 un grupo de familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras,  retornan luego de los Acuerdos de Paz  y deciden recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda.

La comunidad de Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos judiciales en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, Juez de Paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001.

 A estos miembros del pueblo maya poqomchi’ les han destruido los  cultivos, quemado la  ropa, los  han golpeado.15 familias han resistido todos estos golpes de impunidad  y aún permanecen en el área que les corresponde. Al investigar registralmente, se establece que la propiedad donde están asentados  pertenece a la finca matriz de una finca nacional cedida a la municipalidad de Santa Cruz. Estas tierras no han  tenido movimiento registral desde el año 1908.

Este tema se ha llevado a la mesa de negociación con autoridades de Alta Verapaz  desde hace 14 años, lamentablemente las autoridades no han querido ponerle atención al tema y varias veces intentaron deshacer el dialogo.

Se ha pedido hacer un geopocesionamiento, ubicación física, investigación registral y catastral de la  finca como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan Gobernación, Secretaría Agraria, Fondo de Tierra, Catastro Nacional, Derechos Humanos y las comunidades afectadas.

 El caso de la finca Dulce Nombre es de acceso a la tierra y el motivo de requerir el apoyo de la SAA es por la conflictividad que existe dentro de mismo, es necesario conciliar entre las partes, ya que han existido varios percances. Para la atención del caso se debe convocar en la mesa a PDH, COPREDEH y Gobernación pero con personal de las oficinas centrales,  ya que el personal regional no toma acciones en el mismo.

El propietario Ricardo Gario ya presentó su carta de oferta al Fondo de Tierra el 30 de septiembre del 2014 en las oficinas regionales. El representante de la comunidad indica que al momento de empezar a gestionar la compra de la finca existía un solo grupo de 40 familias, pero al paso del tiempo surgieron ciertos problemas y se dividieron en dos grupos. Cuando iniciaron el proceso la finca no se encontraba ocupada

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 Jacolol, Cantiha y Secamquim: 250 familias desalojadas del Valle del Polochic se les resolvería el problema con la compra de 3 fincas para que las 250 familias se reubicaran, a pesar que existía una mesa de negociación a nivel de SAA no se ha solucionado, s a través del Fondo de Tierras en búsqueda de fincas, las cuales están en propuestas; Cantihá, Panzós, A.V., Finca Jacolol, Cahabon, A.V., Y la finca Tzibalpec Cahabón. A.V., asimismo manifiesta que existe la política de colonato, que puede facilitar el acceso a  esas fincas.

La finca que está más avanzada es la de Tzibalpec, ya que se cumplió con todo el proceso y solo está en fase de pagarla. Ahí se ubican  50 familias de Secamquim.

Las fincas que ya pasaron el proceso de calificación son Jacolol (50 familias), Tzibalpec, (50 familias) y la finca de Cantihá (50 familias). Aún se encuentra en proceso de reconocimiento. Pendiente queda Jalaute (100 familias) y no ha completado la documentación respectiva (carta de oferta ante el Fondo de Tierras).

Aldea Mocohan de Purulhá  es una comunidad propiamente  indígena que compró su tierra con monedas de plata y su título tiene el sello del Rey de España. Actualmente ha tenido amenazas de desalojo por finqueros vecinos.

En la actualidad terratenientes se han apoderado de las tierras y los comunitarios mediante su trabajo y esfuerzo se organizaron en la Asociación de Vecinos de la Aldea Mocohan, Purulhá, Baja Verapaz, con acompañamiento de UVOC. Hubo una primera reunión de la Secretaría Agraria en la Comunidad en donde se  solicita la presentación de estudio del RIC, una solución al problema de la tierra de la aldea y la exposición pública.

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 Estos son algunos casos de conflictividad agraria que se lleva como –UVOC- los cuales son un conjunto de problemas con sus propias particularidades, que en la historia agraria guatemalteca mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia.

Estamos viviendo en la última trinchera que le queda a las comunidades indígenas y las disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos agrarios están determinados en Guatemala por los continuos procesos históricos de usurpación de tierras y explotación de unos grupos sociales sobre otros.

El conflicto puede entenderse también como un factor fundamental para propiciar el cambio social, una expresión de las contradicciones respaldadas por factores históricos y también coyunturales entre dos o más personas o grupos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos o una combinación de estos. Es decir, que no podría considerarse una sociedad sin conflictos, al ser estos inherentes a la vida social, los cuales generalmente implican cambios y pueden jugar un papel dinamizador de las relaciones sociales.

Para solucionar el caso el Registro de Información Catastral –RIC- debe presentarse el estudio histórico, informe registral y catastral de la situación real de la tierra, es importante que en esta presentación se encuentre el alcalde del municipio, la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-, Fondo de Tierras y PDH. Deben encontrar una solución para minimizar la susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces,  desembocando en la violencia, además que se pueda terminar con el conflicto para propiciar el cambio social.

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Llamada mundial para promover y asegurar los derechos a la tierra de los pueblos y comunidades.

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Por: Rony Morales

La solución a los conflictos de tierra es parte fundamental de la problemática agraria y requiere de voluntad política del gobierno y medidas que inicien la solución de los conflictos más graves, atender las demandas más urgentes del indígena y campesinado, evitar las consecuencias de enfrentamiento, derramamiento de sangre y pérdida de vidas humanas que implica la lucha por la tierra y la vida.

Los conflictos de tierra es otro elemento que debe solucionarse de manera ágil. Las demandas sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra se hacen indispensable resolverlas, para que el campesinado tenga acceso a la tierra y de esa manera contribuir de mejor manera al desarrollo del país. Se deben detener los desalojos y activar inmediatamente las mesas de diálogo ya sea por seguridad jurídica, delimitación de linderos, propiedad en disputa, adquisición de tierras y acceso a tierras por otros medios

Es por ello que los integrantes  de la International Land Coalition en Guatemala (ILC), que es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales, trabajan de forma unida a través de Las organizaciones de la ILC, planteando que la problemática agraria en Guatemala, construida de forma histórica,  es la mayor causa y génesis de la desigualdad, pobreza y conflictividad social, y dieron a conocer  la posición de las comunidades  indígenas y campesinas, ante los actos de corrupción evidenciados en los últimos meses en el país.

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Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo las  organizaciones sociales, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, Comité Campesino del Altiplano –CCDA-, Alianza de Mujeres Rurales –AMR-, Central Campesina Chortí –Nuevo Día- y la Coordinadora de ONGs y Cooperativas –CONGCOOP-  junto a todos los miembros de –ILC-  mundial iniciamos una campaña mundial con el objetivo de  promover y asegurar los derechos a la tierra de los pueblos y comunidades.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta.Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible, a esto se han comprometido los líderes de nuestras naciones.Territorio Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria en Guatemala, como resultado de un proceso de consulta y debate en torno a la problemática agraria, el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria, el  acaparamiento de tierras y bienes de la naturaleza por parte de grandes empresas nacionales e internacionales son parte de la discusión.

 Expresan  la preocupación frente a la coyuntura del país, y que este gobierno  no da prioridad a los pueblos indígenas y campesinos, por lo tanto no existe una agenda que unifique las demandas sociales.

El objetivo es duplicar para 2020 en todas partes los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades.

Hacen la llamada a unirse a esta acción global.

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Coban: 25 de Febrero 2015 día por la Dignificación de la Víctimas del Conflicto Armado Interno

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Por: Rony Morales

El 25 de febrero del año 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- hizo entrega del informe denominado “GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO”; al momento de la entrega de dicho informe expresaron: “Con tristeza y dolor hemos cumplido la misión encomendada, ponemos este informe en manos de los guatemaltecos, hombres y mujeres de ayer y de hoy, para que las nuevas generaciones conozcan las grandes calamidades y tragedias sufridas por este pueblo”.

 Llegaron a solidarizarse y a ser parte de la construcción de la memoria histórica, miembros de colegios, escuelas,  comercios, organizaciones, en fin, los pueblos q´eqchi´, poqomchi´, qchi´ y mestizo. Miembros de la Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Alta Verapaz,en el marco de la conmemoración de las víctimas del conflicto armado por medio de una exposición de fotografías, pinturas, cine comunitario, teatro, canto y un foro del 23 al 25 de febrero  conmemoraron este día “8 Imox”  que en el calendario sagrado de los mayas nos  enseña lo bueno y lo malo del mundo.

Mediante diversas presentaciones se pudo observar y conocer  la historia del conflicto, se dieron a conocer  casos como Creompaz, Sepur Zarco y casos de detenidos desaparecidos en el tiempo del conflicto armado interno, además de las investigaciones,Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que nos permite entender luego del proceso de investigación, los múltiples delitos cometidos

Caso Creompaz.

El 27 de febrero del 2012 se presentaron miembros del ministerio publico –MP- acompañados de la policía nacional civil –PNC- y miembros de la fundación de antropología forense –FAFG- en las instalaciones del Comando Regional de Entrenamiento para Operaciones de Mantenimiento de Paz –CREOMPAZ-  antigua zona militar N0.21, con el objeto de realizar exhumaciones porque se tenían  conocimientos de que en el lugar se encontraban los cuerpos de personas desaparecidas en tiempos de conflicto armado.

De las osamentas encontradas 22 eran niños de 0 a 3 años, 46 eran niños de 4 a 12 años, 129 eran jóvenes de 18 a 22 años, 314 personas de 26 a 29 años, 3 mayores de 50, 22 no determinados y 5 partes de 18 personas.

Durante el juicio se habló de varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, sin embargo este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Caso Matilde Col Choc

Ella era una mujer maya Q’eqchí nació el 14 de Marzo del 1954 a eso de las 10 de la noche en la ciudad de Cobán Alta Verapaz, departamento de Guatemala, sus padres son Francisco Col Pacay y Albertina Choc, juntos tuvieron seis hijos e hijas más. “Mati” como cariñosamente le decían los amigos y amigas, era soñadora, aplicada y estudiosa.

Matilde fue la sembradora de la semilla de la educación Bilingüe en Guatemala, fue maestra de educación bilingüe, actividad que desarrolló en el instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER-, convirtiéndose desde la comunicación a través de la radio.en una de las principales promotoras.

Luchó incansablemente por promover el reconocimiento e incorporación en el sistema de educación de los idiomas maternos mayas en el país, ésta tarea la lleva a desempeñar  el cargo de conductora de un programa en la  radio desde -IGER-.

La escritura y educación desde el idioma materno maya Q’eqchí fueron prioritarios para ella,  al mismo tiempo luchó por el reconocimiento de todos los idiomas mayas y la importancia de practicarlos a todo nivel,  su trabajo la convirtió en una de las primeras en traducir textos del idioma castellano al idioma Q’eqchi’ insistiendo en lo valioso de la cultura de la población en el territorio Q’eqchi’.

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Caso Otto Macz Pacay

Otto Macz Pacay fue encontrado en la zona militar 21 Cobán A.V., junto a 535 agrónomo q´eqchi, coordinó la producción  de maíz, arroz, frijol y miel en cooperativas de esta localidad detenido-desaparecido por el Ejército de Guatemala el 5 de marzo de 1983. Luego de 32 años de búsqueda Otto Macz fue velado en Cobán, Alta Verapaz, junto a cientos de personas y familiares.

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Presentación de Pinturas y fotografías

Oswaldo Lem Pérez nos comenta su trabajo artístico en San Cristóbal Alta Verapaz y como un   mural se convierte en un lugar de expresión de algo que quizá había pasado invisible para muchos: su sentir acerca de las masacres y violencia militar contra algunas aldeas del municipio en la década de 1980.  Ha sido dramático ver cómo los sentimientos continúan en la población por generaciones.

Los murales son un espacio para la difusión de la cultura de una forma figurativa, impulsando visualmente la historia del pueblo. Esto se realiza de forma colectiva en consenso. La participación de los diferentes grupos de niños, niñas, adolescentes y adultos ha sido importante. En los murales las personas pueden expresar y canalizar sus emociones.

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Se realizó una caminata hasta el parque central en Cobán en la cual los  Q’ eqchi’,poqomchi’, Achi´y Mestizo donde se explicó que más de 300 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar 

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