Consulta comunitaria: vital para la vida del río Cahabón

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

El pasado sábado y domingo fueron días de fiesta en las aldeas y comunidades de Santa María Cahabón. Aprovechando que era este domingo la consulta comunitaria, las familias q’eqchi’ de 196 comunidades primero pasarian al  mercado, la iglesia, a visitar a amigos y familiares para luego dirigirse a los salones comunales,  escuelas o lugares donde harían valer su posición sobre el “sí” o  el “no” de proyectos hidroeléctricos en el río Cahabón. Con el apoyo de la municipalidad, organizaciones, colectivos, observadores y periodistas, se aseguraba que el proceso de consulta se hiciera en el mejor ambiente de fiesta y encuentro comunitario, pero esto no fue así.

En conferencia de prensa este 30 de julio de 2016, las comunidades comentaron que la consulta de vecinos fue convocada para el 31 de julio de 2016, por el alcalde y el Concejo Municipal de Cahabón a solicitud de más del 10 por ciento de los vecinos empadronados. Lamentablemente, el sistema judicial ampara la construcción de estas hidroeléctricas en el río Cahabón y Oxec, en jurisdicción de Santa María Cahabón, conociendo que este megaproyecto no ha cumplido con el estudio de impacto ambiental y que la consulta comunitaria realizada por estas hidroeléctricas se hizo con el personal que labora para ellos y sus familias.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado el permiso para la construcción de estas hidroeléctricas sin medir las consecuencias para las comunidades que se abastecen de las aguas de los ríos arriba mencionados, ya que los comunitarios no cuentan con pozos comunales, y menos con agua potable.

La empresa Oxec, S.A. comenzó una campaña de difamación y calumnias contra la realización de este acto soberano de las comunidades q’eqchi’ de Cahabón. Haciendo uso de mensajes radiales y medios escritos, la empresa ha intentado engañar a la población argumentando que los proyectos Oxec y Oxec II ya fueron consultados, presentando encuestas sesgadas como si hubieran realizado una verdadera consulta, suplantando así la expresión de todo el pueblo de Cahabón.

El pueblo q’eqchi’, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales, y apoyado por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y división comunitaria.

Además la campaña iniciada por la empresa y la criminalización lanzada contra el compañero Bernardo Caal, con el apoyo del Auxiliar Departamental de Derechos Humanos de Alta Verapaz, ha provocado desinformación, manipulación y divisionismo a través de algunos empleados de la empresa haciendo que el clima sea tenso y sumamente peligroso.

A través del Juzgado de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo de Alta Verapaz, se otorgó un amparo provisional a la empresa Oxec, S.A. Esta resolución ha provocado una situación riesgosa contra de la población y sus líderes, y aconsejaba suspender temporalmente la Consulta de Vecinos convocada para este domingo 31 de julio.

Las autoridades municipales presentes en la conferencia desmintieron la campaña negra que algunas personas particulares, la empresa hidroeléctrica y medios de comunicación han realizado en contra de la consulta de buena fe. Mencionaron y demostraron con documentos que son más de 150 aldeas en todas sus comunidades las que apoyan la consulta para el bien de los pueblos, y que su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Miles de personas indígenas maya hablantes q’eqchi’ participarán en la consulta el próximo domingo, con mucha fe en Dios y el destino esperan que la consulta sea un medio para defender la vida y el futuro de los pueblos.

Los Cocodes y las autoridades comunitarias y ancestrales de las 196 comunidades han decidido continuar con un proceso de sensibilización hacia con las comunidades. Asimismo convocaron a todas las y los habitantes de todas las Comunidades del pueblo maya q’eqchi’ del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, a unirse al proceso de consulta comunitaria sobre la aceptación o el rechazo a la explotación de los bienes naturales en el territorio. El acuerdo se basó en el espíritu del artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida y de organización de las comunidades indígenas; y de los artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

En la nueva convocatoria se espera que las comunidades y los pueblos indígenas que tienen derecho a la autonomía o el autogobierno con sus asuntos internos y locales, inicien la consulta comunitaria en las 196 aldeas del municipio. A partir de los siete años se puede manifestar la decisión sobre la aceptación o rechazo de los proyectos de exploración y explotación minera de metales, instalación de generadoras de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones, en el territorio del municipio de Santa María Cahabón, sin la debida consulta a nuestras comunidades.

El pueblo maya q’eqchi’ también es avalado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Dicho convenio reza en uno de sus artículos:“los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

 

Conferencia de prensa: sí a la consulta de Cahabón

Por: Gilberto Che/Rony Morales

En conferencia de prensa este martes 26 de julio de 2016, representantes de 10 regiones del municipio de Santa María Cahabón, miembros el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel, y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo municipal respaldaron la postura de 190 comunidades de la población rural. Llegaron a la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, a dar el «si»  en apoyo a la consulta de buena fe que se realizará este el domingo 31 de julio de 2016.

 El pueblo q’eqchi’, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales, y apoyado por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y división comunitaria.

Las autoridades municipales presentes en la conferencia desmintieron la campaña negra que algunas personas particulares, la empresa hidroeléctrica, y medios de comunicación han realizado en contra de la consulta de buena fe.Misionaron y demostraron con documentos que son más de 150 aldeas en todas sus comunidades las que apoyan la consulta para el bien de los pueblos, y que su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Miles de personas indígenas maya hablantes q’eqchi’ participarán en la consulta el próximo domingo, con mucha fe en Dios y el destino esperan que la consulta sea un medio para defender la vida y el futuro de los pueblos.

 

Cahabón: el agua, un bien sagrado para la vida del pueblo q’eqchi’

Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria

Entre los valles y montañas el paisaje es verde oscuro en la lejanía. Aún más lo es Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde de forma pacífica y de manera espontánea se realizaron caminatas, caravana y asambleas, para manifestar la inconformidad de las personas con la implementación de proyectos hidroeléctricos en el municipio, debido a que no se les consultó sobre los mismos. Estas formas de expresión fueron una medida para que la corporación municipal diera su visto bueno para lograr un acuerdo gubernamental que lograra la consulta de buena fe en el municipio de Cahabón.

Esta consulta de buena fe gira en torno al agua, ya que hidroeléctricas y otros megaproyectos representan serias amenazas para el buen vivir de las comunidades. La construcción de hidroeléctricas ha roto en “pedazos” el río, y lo ha secado en varios tramos. Algunos con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no consideró necesario someter los proyectos a una evaluación de impacto ambiental. La autorización del ministerio, pese a la oposición de las comunidades, permitirá a la empresa obtener mayores ganancias basadas en el “profundo deterioro” del entorno, en detrimento de “los aprovechamientos preexistentes”.

El caudal del río se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que está construyendo la Hidroeléctrica. El río Cahabón está completamente sucio y las personas de las comunidades no pueden abastecerse del líquido vital, pues temen enfermarse. Ellos no cuentan con un sistema de agua potable ni con pozos, por lo que tienen que utilizar el río como fuente de abastecimiento.

Estos problemas y malestares hicieron que miles de hombres y mujeres q’eqchi’,miembros de pueblos indígenas de este municipio y dueños legítimos de sus tierras, se reunieran en la plaza de Cahabón, Alta Verapaz, levantándose en resistencia ante las amenazas de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que iniciaron sin consultarles.

Las comunidades están dispuestas a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Las Autoridades comunitarias, consejo comunitario de desarrollo (COCODES) y miembros de la consulta municipal ya están listos para esta primera consulta comunitaria en el municipio, la segunda en el departamento de Alta Verapaz y la primera que gira entorno a la problemática del agua.

 El reglamento de la consulta nos dice que: es una consulta de vecinos que tratará única y exclusivamente sobre la construcción de las hidroeléctricas en el río Oxec y otra sobre el río Cahabón, del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que pretende construir una empresa privada, estableciéndose para dicho fin la modalidad de votación en Asamblea Comunitaria a mano alzada, cuyo resultado será anotado en el Libro de Actas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y bajo observación de delegados de la Comisión Específica.

El Estado de Guatemala es signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual resguarda los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo que debe resguardar los derechos de la población del municipio de Santa María Cahabón, la cual es mayoritariamente de origen q’eqchi’.

Para ello, la municipalidad de Santa María Cahabón y la Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos podrán informar a la población, únicamente invitando a todos los vecinos a participar en la consulta, indicando la forma de realizar su expresión ciudadana en su calidad de vecinos y los lugares donde se realizarán las asambleas comunitarias de consulta, este 31 de Julio de 2016. En ningún momento la municipalidad se pronunciará o inclinará por una posición definida entre el sí o el no.

Asimismo queda terminantemente prohibido a las autoridades, funcionarios y empleados de la municipalidad de Santa María Cahabón emitir opiniones con tendencia a influir en los resultados de la consulta, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas. La participación individual fuera de las horas de trabajo es permitida, siempre y cuando no se identifiquen como autoridades, funcionarios o empleados municipales.Su participación será siempre como vecino facultado para emitir su opinión a través de la consulta.

La Comisión Específica de Coordinación de la Consulta Municipal de Vecinos será la encargada de velar para que se cumpla la prohibición expresada en el párrafo anterior y de imponer las sanciones a los funcionarios o empleados municipales que violen esta prohibición. En todos los casos se respetará la propiedad privada y quedan prohibidas las pintas en las instalaciones y sedes de instituciones gubernamentales, puentes, carreteras, parques, establecimientos educativos o lugares públicos.

Esta consulta es el resultado del proceso de preparación, información y concientización del pueblo maya q’eqchi’ sobre el impacto de los megaproyectos y las leyes que están siendo legisladas en el Congreso de la República, que se pueden considerar que atentan contra los intereses de los pueblos en Guatemala.

 Cahabón es un municipio con más 150 aldeas. En todas sus comunidades, su economía se sustenta por su agricultura, basada en el cultivo del café y cardamomo, que constituye el principal ingreso local y familiar. Además, la mayoría de las comunidades se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que el agua es fundamental para sus actividades agrícolas.

Es por ello que los vecinos han mostrado su preocupación sobre el uso, destino y propiedad del agua, y desde meses antes se han estado reuniendo para discutir el tema. De ahí nace la propuesta de la consulta comunitaria de buena fe para este treinta y uno de Julio del presente año, en el marco de que se proteja el vital líquido

Foto: Bernardo Xol

 

Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Venecia: historia de despojos en el valle del Polochic

Por: caserío Venecia / Rony Morales

Comunidad Venecia, a los pobladores, comunitarios, compañeros y compañeras de lucha del municipio de Panzós, Alta Verapaz y de otras regiones del país, les saludamos cordialmente de parte del caserío Venecia, territorio q´eqchi´ en el valle del Polochic, deseándoles un buen vivir y al mismo tiempo aprovechamos para compartir esta nota que contiene parte de la historia de la Comunidad ubicada en la región III del municipio.

Esta historia comienza en 1964, cuando el señor Pedro Saúl Sub se trasladó de Telemán a estos terrenos baldíos y luego fueron llegando otras familias y se conformó lo que le llamaron comunidad San Antonio.

Conforme fueron llegando las familias, se fueron ubicando, organizándose para cortar de parte del bosque y así cultivar sus alimentos. Cuando San Antonio estuvo conformado por varias manzanas llegó a los terrenos el Señor Sebastián Marcutz, quien decía ser el dueño de la finca Panacté, y comenzó a molestar a las familias de la comunidad con amenazas e intimidaciones, en varias ocasiones este señor finquero llamó al señor Pedro Sub, quien era dirigente de la comunidad, hasta que un día don Pedro accedió y fue a la reunión convocada para pedirle que desocupara el terreno y trasladaran la comunidad a un lugar en la planicie del Valle Polochic.

La idea fue presentada a los miembros de la comunidad, quienes analizaron detenidamente el problema pero decidieron seguir viviendo en el lugar. Finalmente solamente el señor Pedro Sub con su familia se trasladaron a un lugar al que después le pusieron por nombre Venecia. Al Señor Pedro Sub se le unieron los señores Alberto Pop, Sebastián Caal, Alberto Sub Col y sus familias. Algo que se destaca en este caso es que el motivo principal del traslado de las familias a este lugar fue porque era un terreno baldío y muy fértil para el cultivo de alimentos.

Muy pronto a este lugar fueron llegando familias de diferentes municipios del departamento de Alta Verapaz, quienes conformaron la Comunidad Venecia hasta contabilizar un número de 60 familias. Es importante mencionar que las 4 familias que fundaron la comunidad profesaban al fe católica y continuaron sus actividades religiosas en el lugar, logrando que todas las familias de la misma se unieran y en 1976, con el apoyo de los habitantes, se construyó la Ermita del lugar y se hicieron las gestiones para que el párroco de la iglesia de Panzós fuera el encargado de atender las actividades religiosas de mayor relevancia. Debido a la falta de carreteras y transporte, el padre llamado José solo viajaba en cayuco una vez al año para atender las necesidades espirituales de las familias, logrando también nombrar y organizar a los catequistas como autoridades de la iglesia local.

A estas alturas la comunidad ya estaba debidamente organizada y se oficializa la comunidad con el nombre de Caserío Venecia. Según los ancianos que aún viven, el nombre de esta comunidad está inscrito en el registro municipal y la gobernación departamental.

A partir de 1976 también se iniciaron las gestiones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la adjudicación de la tierra en nombre de la comunidad. La veracidad del proceso de la gestión consta en documentos y un carnet extendido de parte del INTA al presidente de la comunidad, Pedro Sub. Hasta aquí es importante aclarar que el área de terreno en gestión es de 10 caballerías.

En 1977,cuatro familias de la comunidad recibieron capacitación sobre derechos humanos de parte de varias personas que visitaba las comunidades de la región. En este caso todos los integrantes de la familia de Manuel Tiul Chub y sus cinco hijos y dos hijas; Genaro Cac Cuz y un hijo; Ricardo Tiul y sus 4 hijos y Manuel Cac Cuz de 15 años se prepararon para apoyar a la comunidad y defender sus derechos ante la amenaza de algunos finqueros que estaban apropiándose de las tierras del lugar.

En 1978 falleció el señor Sebastián Marcutz, quien se había apropiado del terreno en donde habían vivido las familias. Con su muerte se inició otra etapa de conflicto para la comunidad. Hombres armados comenzaron a intimidar y amenazar a sus moradores. Ante estas amenazas, jóvenes posiblemente universitarios llegaron a la comunidad para organizar y capacitar a toda la comunidad para defenderse de las amenazas.

Después de la muerte del señor Sebastián Marcutz, aparecieron dos nuevos finqueros: Isaac Longo Pérez y Gilberto Puertas, de origen español, quienes solicitaron a la comunidad que desocupara el terreno porque supuestamente era una finca de su propiedad.

En todo caso prometieron venderles una pequeña extensión de la tierra solo para las viviendas para lo cual también les ofrecieron apoyar con algunos proyectos como el agua potable y la construcción de una carretera hacia la comunidad. También advirtieron a la comunidad que necesitaban la tierra para la crianza y engorde de ganado, por lo que ya no podían seguir cultivando en los terrenos.

La visita de estos señores significó un duro golpe a la tranquilidad de la comunidad, pues hasta entonces ya habían avanzado en su proceso de desarrollo pero se presentaba entonces una sombra y aún no se sabe lo que va a suceder, ya que consideraron que los ofrecimientos no se iban a cumplir y ni eran legales.

La respuesta de la comunidad fue no acceder a la petición de los señores Longo Pérez y Puerta, por lo que ellos pidieron el apoyo del Ejército,que comenzó a amenazar a la comunidad con el agregado de que la acusación no era por la tierra sino por no pertenecer al grupo revolucionario de la región.

La ola de violencia se inició en 1982, con la desaparición del compañero Alberto Pop Ché, quien fue capturado en la finca Tinajas y posteriormente trasladado a la finca Paraná donde desapareció y nunca más se supo de él. Luego un año más tarde también desapareció el compañero Alejandro Caal. Ya que él fue catequista de la comunidad y miembro dela autodefensa civil. Fue llamando por el Ejército a una reunión en la casa patronal de la finca Paraná, en donde desapareció y ya no se supo más de él.

En 1991 también fueron asesinados los compañeros Manuel Chub Tiul, Ricardo Tiul, Manuel Cac Cuz, Genaro Cac Cuz. El hecho sucedió un día miércoles, a eso de las 15:00 horas, ellos regresaban de sus labores agrícolas y pasaban frente la casa patronal de la finca Paraná y desde ahí fueron atacados a balazos por hombres armados que se encontraban en su interior. La apariencia de los atacantes correspondía a la de miembros de la Policía Judicial y militares que actuaron por orden de los finqueros.

Estos hechos vinieron a causar una gran conmoción e inseguridad en la comunidad. Por lo tanto, para poder defender la vida, decidieron abandonar el lugar. La comunidad se dividió en dos grupos: 30 familias decidieron aceptar la oferta de los finqueros sobre la venta de una franja de la finca Panacté y se trasladaron en 1991. Otras 30 familias se dispersaron a otras comunidades de Panzós, e incluso algunas se fueron a vivir a Playa Grande, Peten y Fray Bartolomé de las Casas. Cabe destacar que las familias que huyeron a las Sierra de las Minas fueron los huérfanos que tuvieron dificultades para movilizarse a lugares lejanos.

Hay que recordar que durante 16 años, la comunidad a través de sus dirigentes y autoridades locales continuó la gestión ante el INTA, pero la persecución y asesinato de sus dirigentes los obligó a abandonar el proceso y finalmente el terreno.

Sobre esta corta pero importante historia se reconoce y se valora el papel de lucha de los destacados líderes, quienes aún viven y que voz reluciente nos han contado los testimonios de lo ocurrido a quienes también agradecemos la valentía y la sabiduría con que dirigieron a las familias hasta el día de hoy. Y con honor y respeto mencionamos sus nombres:los señores Alberto, Sebastián y Pedro. Lamentamos el reciente fallecimiento del compañero Pedro Sub.

 Palma aceitera y despojo de tierras ancestrales

La rápida expansión de las plantaciones de palma ha implicado para las comunidades q´eqchi´ es transformaciones profundas en la realidad socio económica, demográfica, política y cultural. El caserío Venecia no es la excepción. Desde los años setenta, varias familias han establecido en esta parte de Panzós, y el INTA ayuda a esta población exigiendo ese espacio como el derecho histórico de estas comunidades q´eqchí´s.

La problemática de las plantaciones palmeras–en este caso NaturAceites– ha venido a causar otra historia de despojo en el caserío Venecia. Esta historia no es nueva, sino de hace varios años, pues por sus condiciones geográficas y climáticas “casi todo el territorio del norte de Guatemala es apto para el cultivo de palma africana”

Estas condiciones, aunadas a una situación comercial favorable a nivel internacional y la presencia de actores económicos nacionales con interés en estas plantaciones, han hecho que empresas palmeras se ubiquen en Río Dulce, El Estor y el Valle del Polochic, y son el centro de atención desde hace varios años. Mientras tanto, el impacto causado por las malas prácticas de tenencia y el uso de la tierra son visibles, las proyecciones expansivas de las empresas palmeras parecen no llegar a su fin.

Nuestros abuelos y abuelas fueron primero poseedores de su tierra y después mozos colonos de la finca.El sistema económico dio un cambio a nuestras vidas en el Valle del Polochic, pues se fue imponiendo la producción de monocultivos, que avanzo rápidamente dejándonos apenas en posesión de poca tierra. Nuestra comunidad, haciendo uso de la poca y casi nula institucionalidad, hemos acudido indistintamente a muchas vías, administrativas y laborales para defendernos, ya que se ha promovido en varias ocasiones el desalojo.Hemos sido una comunidad que ha resistido y al día de hoy, a pesar de vivir en una zozobra por el acoso en el área por parte de empresarios y su seguridad privada.

La preocupación de la población q´eqchi´ es que muchos de los niños sufren de desnutrición crónica, no cuentan con ningún servicio (agua, escuela, centro de salud). Las señoras y niños tienen granos por el cuerpo y siempre están con el temor de ser desalojados ya que los empresarios se encuentran sembrando palma en sus tierras.

Ellos comentan que el problema es la falta de un título de tierra que los avale como dueños aunque hayan estado ahí desde 1976. Esto ha motivado que la empresa aceitera no los deje vivir en su tierra,y ya varios despojos han sufrido.

Postura de organizaciones sociales

Las organizaciones sociales que se encuentran en el área comentan que para este mes existen amenazas de desalojo en esta comunidad y otras más. También comentaron el descontento que les provocó la muestra desproporcional de fuerza y de recursos del Estado desalojar.Es completamente contradictorio y desigual al interés actual por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias desalojadas, en especial la garantía al derecho de la salud, alimentación, acceso a la tierra y medios de producción. Detener el desalojo anunciado es necesario ya que la población q´eqchi´ vive con mucho temor pues recuerdan que en el 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, se realizó una serie de desalojos violentos de comunidades q´eqchi´ es en el Valle del Polochic. El saldo fue de cientos de familias despojadas de su tierra, asesinato de líderes campesinos e indígenas, la pérdida de grandes extensiones de tierra cultivada y finalmente la pérdida de sus hogares.

Exigimos al Estado de Guatemala que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares de las 14 comunidades y el respeto a los derechos de las familias que se encuentran en el territorio en cuestión y que cumpla el convenio 169 de la OIT, relacionado con la validez de las consultas populares comunitarias que se han realizado alrededor de la llegada de megaproyectos que violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.