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San Marcos: autoridades ancestrales exigen libertad de diez presos políticos
Asamblea de Pueblos Te Txe Chman
Por: Nelton Rivera.
La Asamblea de Pueblos Te Txe Chman y las autoridades ancestrales Maya Mam de San Marcos realizaron una conferencia de prensa durante la mañana de este jueves 4 de agosto 2016, a los medios de comunicación locales y medios comunitarios denunciaron el contexto de criminalización y represión que se vive en las comunidades desde el año 2008, cuando en distintos municipios de San Marcos se comenzó a conocer de la presencia de intereses del capital extractivista, en este caso minería e hidroeléctricas.
La representación de los pueblos maya Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo denunció como empresas con capitales locales o extranjeros están dañando la paz y tranquilidad de las comunidades.
Empresas como HidroSalá, El Porvenir, Tres Ríos y Proyecto Negro que buscan imponer una serie de hidroeléctricas y presas de forma violenta y legal, sin la consulta previa a las comunidades, a pesar que en el territorio de San Marcos.
En ese contexto de conflictividad instalado por las empresas, la Asamblea de Pueblos denunció como el aparato de justicia del Estado judicializó a diez autoridades comunitarias, entre estas a doña María Maribel Díaz Gómez la segunda mujer en prisión política desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Al mismo tiempo demandaron al Estado la inmediata libertad de las diez autoridades comunitarias de San Pablo, San Marcos, municipio en donde la violencia de las empresas es elevada.
Heriberto Evelio Santos López, Nery Edilmar Santos López, Simeón Mauricio Guzmán, Marco Tulio Pérez Pablo, María Maribel Díaz Gómez, Bruno Emilio Solís Pérez, Fausto Sánchez Robledo, Alfonso Chilel Hernández, Florencio Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez.
Pero unas horas después de la conferencia de prensa don Óscar Sánchez autoridad ancestral Maya Mam de San Marcos fue detenido de forma arbitraria por agentes de la Policía Nacional Civil. Ahora se eleva la cantidad de presos políticos de San Marcos en defensa del territorio.
Esta detención arbitraria de otra autoridad ancestral maya en Guatemala se realiza a escasos 13 días de la sentencia histórica del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios en el que se reconoce el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y representación legitima de los pueblos originarios, la defensa de la tierra y bienes naturales.
Comunicado de las autoridades ancestrales:
San Marcos: “soy autoridad ancestral y aquí nos agarran como que somos animales”
Fotografía de Norma Sancir.
Por: Nelton Rivera y Norma Sancir.
Las palabras de Don Oscar Sánchez, autoridad ancestral maya Mam detenido arbitrariamente esta mañana mientras las comunidades y pueblos Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo de San Marcos se movilizaron para demandar la libertad de 10 #PresosPoliticos del Estado, en esa convocatoria se encontraba don Oscar Sánchez cuando bajo engaños se le condujo hacia la Comisaría de la Policía Nacional Civil PNC, Don Oscar se convierte hoy en el onceavo preso político en defensa del territorio del departamento de San Marcos.
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«Creo que ese es el delito, por defender el derecho de los pueblos o sea para mis hijos, porque mis hijos vienen, son chiquitos. De todas maneras creo que ese es el delito, no hay otra cosa.
Defiendo el territorio, yo lo que estoy defendiendo es mi casa y mi terreno, no estoy en contra de otra cosa.
No tengo conocimiento del porqué de la detención, yo soy inocente de cualquier delito, hoy solamente me pidieron mi DPI, yo declare cual es mi cargo, dije porque es que estoy aquí, porque ando aquí, estoy aquí porque soy Autoridad Ancestral del pueblo maya Mam, únicamente.
Sobre si estoy en contra de una hidroeléctrica no soy solo yo, es toda la población, todos en general, todo esto está de acuerdo a las actas, de acuerdo a las consultas que tienen los pueblos, no solo yo lo estoy haciendo. Porque yo estoy nombrado a través de un acuerdo en donde se tomaron en cuenta todas estas cuestiones.
Yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy porque este es mi derecho a defender mi casa, mi terreno, mi pueblo, eso es lo único.
Soy inocente, no sé leer, ni anda, pero entiendo porque mi trabajo es legítimo indígena, cuando me detuvieron no me dijeron nada, ni me mostraron nada, solo me dijeron vamos a la jefatura a hacer un mandado y ahora me di cuenta que me vinieron a dejar a la policía.
No me presentaron ningún documento, yo solo les presente mi vara da autoridad ancestral, les hable de autoridad a autoridad y ellos tienen que defender mis derecho, no me han dado nada, ni dicho nada ni me han mostrado ningún documento en donde diga el porqué de la detención.
Porque si hubiera existido algo, yo tengo casa, tengo la casa de las autoridades comunitarias, ahí debió de haber llegado cualquier citación ahí, de haber sido así estaría de acuerdo, pero aquí nos agarran como a animales, yo tengo derechos, soy una persona, un ser humano. Estoy defendiendo mi identidad, al prójimo, tengo mis valores y mis costumbres porque yo soy legítima autoridad indígena.»
Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.
Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.
Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.
En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.
Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.
Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.
La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.
Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.
A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.
El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.
Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.
La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.
El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias
Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.
Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).
Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
¿Porque enfrentan este juicio?
En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.
Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.
La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.
El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.
Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.
La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.
En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.
En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.
Peritajes en esta jornada
El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.
El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”
Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó, cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-
Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.
Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.
Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.
Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:
- El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
- No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
- La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
- La criminalización de autoridades comunitarias.
- La detención arbitraria.
- El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.
Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.
Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.
El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.
Premios Nobel de la Paz piden liberación de los Presos Políticos en Guatemala
Por: Andrea Ixchíu Hernández.
Nueve premios Nobel de la Paz – entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum, y el ex presidente José Ramos Horta – han dado a conocer el día de hoy una carta pidiendo al presidente de Guatemala y autoridades del sistema de Justicia, cesar con las falsas acusaciones contra siete defensores del medio ambiente presos, e instan a liberarlos.
Indican los nombres de los siete presos políticos del norte de Huehuetenango: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Quienes son acusados de graves delitos contra operadores de justicia, que supuestamente tuvieron lugar durante protestas en contra de la imposición de las presas hidroeléctricas en la región y durante las protestas contra las detenciones arbitrarias de otros líderes de la comunidad.
En la carta, las y los galardonados con el Nobel de la Paz, señalan que existen órdenes de detención pendientes contra más de sesenta líderes y autoridades comunitarias, por lo que piden que retiren esa persecusión también.
«Debido a los buenos precedentes de las cortes y tribunales de Guatemala en los últimos años, consideramos que es especialmente preocupante que los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos de las comunidades mayas y mestizas en Huehuetenango, que están luchando para proteger los derechos de sus comunidades, y la soberanía del territorio, estén en la mira y sean acusados de crímenes que no cometieron y enviados a la cárcel» dice la carta. Los laureados llaman al gobierno de Guatemala para detener la criminalización y represión contra las comunidades mayas.
Hace dos semanas dio inicio el debate oral y público dentro del juicio contra los defensores, promovido por fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. La carta de los Nobeles de la paz se produce en vísperas de la conclusión del juicio.
Información desde el sitio de la Nobel Women Initiative, organización de las mujeres Nobeles de la paz.
Libertad para los Presos Políticos en Guatemala
Cómo varió el escenario y las formas de lucha, pero el problema de fondo sigue sin resolverse
Por: Andrea Ixchíu Hernández.
Durante estos días de audiencia en el juicio que se realiza contra 7 autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, escuchar a los testigos y peritos motiva una serie de sentimientos y reflexiones respecto del uso del sistema de justicia oficial para desmovilizar la organización comunitaria y la resistencia a la imposición de proyectos extractivos.
Y es que desde el establecimiento de las formas de propiedad de la tierra, desde que la propiedad privada se convirtió en la figura legal que amparó la concentración de la riqueza en pocas manos, producto de eso que Karl Marx denominó la acumulación originaria, y que los pueblos indígenas y originarios llamamos el primer despojo, hemos sido violenta y sistemáticamente privados de nuestros medios de vida. Hoy han cambiado las formas, pero el modelo de despojo sigue siendo el mismo, la acumulación de riqueza en pocas cuentas de banco a costa de la desposesión de los medios de vida más básicos de la mayoría de la población.
Desde el idioma, la espiritualidad, la relación con la tierra y la naturaleza, todas nuestras formas de vida y organización social se ven agredidas por este sistema colonial que no desaparece. Uno que en el nombre de la legalidad ha justificado hasta el genocidio.
Sin embargo, los pueblos resistimos la embestida, luchamos por conservar las riquezas de nuestra cultura a través de los siglos, las mujeres y los tejidos, los ajq’ijab y nuestro tiempo, los agricultores y las semillas, las autoridades y nuestro sistema de justicia, por nombrar algunas de ellas. Pero también nosotros hemos aprendido el idioma del colono, el castellano, el alemán y el inglés, sus leyes y normas para así poder comunicarnos con el poder dominante. Aunque cabe mencionar que en esa batalla muchos son seducidos por ese poder y se olvidan de su origen y lo desprecian.
Pero es comprensible, si nos dijeron por siglos que debíamos pensar como blancos para ser civilizados, que debíamos ser ciudadanos y despojarnos de nuestras formas de vida tan atrasadas, que debíamos creer en Dios para tener un alma. Y así lo trataron de hacer los abuelos y abuelas, aprendieron esas formas, pero a escondidas hacían la ceremonias en los cerros, hablaban su idioma y mantenían sus formas de organización, que se conservan hasta el día de hoy, pero que se han adaptado a los cambios políticos y sociales de nuestra era, al igual que nosotros los indígenas, que somos los de siempre, pero nunca los mismos.
Aprendimos a convivir y resistir al Estado, que fue impuesto a nuestro pueblo por una minoría. Sus leyes y normas han justificado ayer y hoy el encierro o asesinato de nuestras autoridades y el despojo de los territorios, ahora para regalarlos a empresas extractivas que producen destrucción.
Sin embargo, ante tanto desastre creado por el Estado y el modelo económico neo-liberal que protege, aún hay quienes con lujo de ignorancia nos siguen llamando “indios brutos”, desprecian nuestra ciencia y con su sistema educativo solo quieren borrar nuestra cultura. Ah, pero luego aparece la NASA usando el calendario creado por nuestros abuelos para hacer viajes espaciales, las compañías farmacéuticas patentan nuestras semillas y hierbas para hacer medicinas que luego no podemos comprar y las diseñadoras usan nuestros textiles para vender caros ropajes fuera de nuestros territorios sin reconocer nuestro trabajo.
Pero si defendemos nuestros derechos nos dicen que no podemos cambiar las cosas, que organizarnos es delito, que resistir cuesta la vida y la libertad, que lo hecho, hecho esta y que por lo tanto nos toca olvidar todo el pasado de dolor y seguir adelante. ¿Pero, con qué? Si no tenemos tierra, si las fuentes de agua están contaminadas, si aunque ganemos amparos en las Cortes de Justicia no se respetan nuestros derechos, si el sistema de justicia monta juicios falsos como en la colonia, para encarcelar a nuestras autoridades.
Cuando los pueblos proponemos alternativas de vida nos dicen radicales y locos. Pero algo es seguro, si ser loco y radical es defender el derecho a la vida, pues eso somos. Y aunque el escenario sea distinto y nuestras formas de lucha cambien, el problema de nosotros los pueblos sigue siendo el mismo de hace siglos. El racismo y todos sus hijos…
Prensa Comunitaria Km. 169 