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Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.
Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.
Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.
En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.
Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.
Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.
La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.
Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.
A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.
El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.
Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.
La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.
El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias
Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.
Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).
Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
¿Porque enfrentan este juicio?
En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.
Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.
La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.
El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.
Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.
La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.
En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.
En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.
Peritajes en esta jornada
El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.
El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”
Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó, cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-
Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.
Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.
Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.
Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:
- El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
- No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
- La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
- La criminalización de autoridades comunitarias.
- La detención arbitraria.
- El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.
Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.
Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.
El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.
Presos políticos: cuarto día de debate oral contra autoridades comunitarias
Boletín sobre la audiencia del día 11 de julio 2016
El lunes 11 de julio 2016 se realiza el cuarto día de audiencia dentro de la etapa de Debate en el Juicio Oral y Público contra autoridades comunitarias de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
En el cuarto día de audiencia continúan rindiendo su testimonio los testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), siendo ellos trabajadores del CAJ (Organismo Judicial, Bufete Popular, trabajadores adminstrativos) y personas allegadas al ex-alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro.
La Secretaria del CAJ, Sandra Pascual García, afirmó haber sido secuestrada y retenida violentamente por los manifestantes, sin embargo durante su declaración se contradijo al decir que se pudo mover con libertad durante los hechos. Indicó que manifestantes de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia portaban lazos y machetes durante manifestación y aseguró que la población maya Q’anjob’al de Santa Eulalia es violenta y que ella tenia mucho miedo.
Acusó a Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral de agresiones verbales y de agredirla físicamente, sin embargo no cuenta con medios contundentes para probar estos hechos. La testigo además indicó no ser testigo presencial de las amenazas de las cuales se acusa a Rigoberto Juárez de cometer contra el Juez de Paz y el coordinador del CAJ.
Posteriormente declaró José Teófilo Marines, empleado del CAJ quién declaró que la gente de Huehuetenango es violenta, que fue golpeado, sin embargo no puede identificar a ninguno de los hoy detenidos como sus agresores.
David Rivera, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, asegura haber sido golpeado por Rigoberto Juárez, declaró además: “La gente Q’anbjobal es violenta”. Y puede identificar únicamente a Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y Ermitaño López durante los hechos y no a los demás sindicados.
Bartolo Sebastián Diego, ex comisionado militar y vecino de Santa Eulalia testificó acusando a las autoridades comunitarias de contratar gente para manifestarse contra el CAJ y trasladarlas en vehículos, pero no tiene pruebas para sustentar su declaración. Durante el interrogatorio de los abogados de la defensa de las autoridades comunitarias dijo que a él no le constan ninguno de los hechos por los cuales él testifica y fue contradictorio para responder a la pregunta sobre su licencia para portar de armas de fuego.
El señor Sebastiśn Diego, es allegado y está vinculado al ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro y laboró con anterioridad para la empresa Hidroeléctrica CINCO M / Hidro San Lauis, que intentó instalarse en el municipio de Santa Eulalia. Durante su intervención dio respuestas contradictorias, sobre todo a la pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre su licencia para portar armas de fuego. Negó poseer una, luego se contradijo.
Además, Sebastián Diego esta vinculado con agresiones vividas el 19 de marzo del 2015, cuando amenzaó a varios miembros del equipo de Prensa Comunitaria mientras realizaban la cobertura del intento de reapertura a la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ cerrada arbitrariamente por el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marco Pedro, este caso que se encuentra documentado y denunciado ante la fiscalía de delitos contra el periodista del Ministerio Público, sin que la investigación avance.
A las 2:40 de la tarde comenzaron a pasar los primeros testigos convocados por la defensa de las autoridades comunitarias de Huehuetenango.
Jueza presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo suspende audiencia por receso para ingerir alimentos.
A partir de las 2 de la tarde, la Juez Yassmin Barrios presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la ciudad capital, reinicio el debate oral y público que enfrentan siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, de los municipios de Barillas y Santa Eulalia.
El primero de los testigos fue el señor Samuel Pedro Nicolás, quien es actualmente autoridad comunitaria y miembro de la junta de seguridad comunitaria de una de las comunidades de Santa Eulalia, quien narró como a petición del director del Centro de Administración de Justicia CAJ el señor Pascual Tiu Zapeta en Santa Eulalia se conformó una comisión en la noche del 19 de enero 2015, a petición del director del CAJ, esta comisión acompañó a Tiu Zapeta para que el mismo fuera a traer a cada uno de los trabajadores del MP, Juzgado y otros del CAJ para realizar la segunda audiencia el día 19 de enero.
El testimonio de Samuel Pedro Nicolás contradijo la afirmación del mismo Pascual Tiu Zapeta querellante en este proceso contra la autoridad comunitaria, quien afirmo desde el inicio que fue supuestamente agredido, obligado y amenazado.
El segundo testigo Eduardo Pablo es autoridad comunitaria del municipio Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, él explica al tribunal el papel que jugaron ese día todas las autoridades comunitarias y ancestrales que asistieron al CAJ el 19 de enero luego de las agresiones y detenciones arbitrarias hechas por la PNC y el MP en San Mateo Ixtatán, la autoridad demandó una explicación a las autoridades del CAJ por el paradero de dos jóvenes detenidos ese día, quienes no aparecían.
“Nuestro papel todo el tiempo es el de beneficiar al dialogo para la resolución de cualquier tipo de problemática social, teníamos un proceso de revisión y coordinación con las autoridades del CAJ planteadas en distintos momentos con ellos para avances en la aplicación del derecho indígena y el derecho occidental, la tranquilidad de la población y el respeto de los funcionarios públicos del Estado.”
“El director del CAJ, Pascual Tiu Zapeta trató a las autoridades comunitarias y ancestrales como ignorantes, negó en todo momento encontrar una solución por las detenciones de jóvenes en Pojom, por intereses de las empresas hidroeléctricas y eso complicaba la situación en toda la región.”
“En ningún momento agredimos a nadie, no insultamos a ningún funcionario público, todo el tiempo solicitamos información de manera respetuosa al director del CAJ y este todo el tiempo nos engañó y no nos dio información.”
Presos políticos: inicia debate oral contra siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango
Este 6 de julio del 2016 y a pesar del retraso en el traslado a las autoridades comunitarias criminalizadas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por parte del sistema penitenciario, dio inicio la primera audiencia del Debate Oral y Público en el Tribunal de Sentencia «A» de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yasmín Barrios cerca de las 10 horas, a pesar de haber estado citada para las 8:30 horas.
La audiencia se desarrolló con una gran afluencia de personas, entre familiares, vecinos de las comunidades a las que pertenecen las autoridades, también se hicieron presentes miembros de otros pueblos y comunidades solidarias, como La Puya y observadores de Derechos Humanos.
La Jueza Yasmín Barrios quién preside el Tribunal de Sentencia “A” anunció la solicitud de renuncia de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz como querellantes adhesivos en el proceso penal en contra de las siete autoridades comunitarias, así mismo el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro ha sido desligado en su calidad de querellante y ahora es testigo dentro del proceso.
El Ministerio Publico presento sus argumentos de acusación, en dónde acusa a las autoridades de los delitos de instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, aunque en cada uno de los procesos intento en reiteradas ocasiones imputarles el delito de Plagio o Secuestro como un delito grave, buscando la pena de 25 años de prisión.
Los abogados defensores presentaron sus argumentos en favor de las autoridades comunitarias, alegando el uso del sistema de justicia en favor de las empresas hidroeléctricas, por medio del Ministerio Público, quien aplica a las autoridades la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, los criminaliza y persigue judicialmente, para eso la prisión preventiva juega el papel de castigo, muchos de ellos tienen un año y cuatro meses, Maynor López cumplió tres años de estar detenido en Huehuetenango.
Uno a uno, los señores Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López, Ermitaño López y Rigoberto Juárez presentaron sus argumentos de defensa y atendieron a cada una de las preguntas de los fiscales y abogados defensores.
Las autoridades comunitarias fueron enfáticas en señalar su inocencia y todos concordaron en que esta persecución criminal en su contra es resultado de su trabajo comunitario en el cuidado del ambiente y su abierta oposición a los proyectos hidroeléctricos que de forma violenta se han instalado en sus territorios.
#LibertadPresosPoliticos #JusticiaYa
Huehuetenango: dará inicio debate oral y público contra líderes y autoridades comunales
Por: Nelton Rivera.
Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.
Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.
Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.
Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.
Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.
Prensa Comunitaria Km. 169 