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San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Pojom 3

Destacamento militar dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en Yich Kisis, San Mateo Ixtatán.

Por: Tik Laz y Nelton Rivera.

La vida en las comunidades de la microrregión de Yich Kisis en el municipio de San Mateo Ixtatán en los últimos 4 años han sido difíciles para los pobladores de las aldeas de Pojom, Varsovia, Río Negro, Concepción, Yul Chen, El Platanar y Bella Linda; la paz y tranquilidad que poco a poco fueron recuperando después de la firma de los acuerdos de paz al finalizar la guerra en 1996 la perdieron.

Con la llegada de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) al municipio todo cambio, al conocerse la intención de la empresa para desarrollar varias plantas hidroeléctricas sobre el río Pojom alerto a la población indígena Chuj y Q’anjob’al sobre los peligros que la empresa representaría para las comunidades. Y así fue, comenzó la división comunitaria, la presencia de ex comisionados militares señalados de desaparición forzada años atrás y su vinculación con la empresa fueron algunas de las cosas que las autoridades comunitarias comenzaron a denunciar.

El día 8 de abril del 2016 llegamos hasta la región de Yich Kisis en San Mateo Ixtatán, el municipio está a 3 horas 38 minutos de la cabecera departamental Huehuetenango, son aproximadamente 116 kilómetros sobre la Sierra de los Cuchumatanes.

Este día no un día común en las comunidades, un día antes por alguna extraña razón los gerentes de la empresa PDHSA ordenaron que la maquinaria del proyecto fuera retirada de Yich Kisis y trasladada a una comunidad en el municipio vecino de Ixcan Quiche, a pesar que la empresa es resguardada y protegida por un destacamento militar y una comisaria de la PNC las 24 horas del día.

También publicaron un el 6 de abril un Campo Pagado en El Periódico un diario que circula en la ciudad capital, en esta publicación de una página completa supuestos “COCODES” que apoyan a la empresa y a sus proyectos, hacen eco de la presencia de una supuesta guerrilla que les amenazó días antes, y a grupos delincuenciales que aseguran son externos a la región[1]; todo esto en el marco de la visita de una delegación que verificó la situación de los derechos humanos de las comunidades y su población.

La gente de nuevo volvió a denunciar las agresiones y ataques de la empresa

El domingo 8 de abril finalmente llegamos a Yich Kisis, eran las 10 de la mañana, un día antes estuvimos en la conmemoración del tercer aniversario de la resistencia pacífica “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas, un campamento comunitario que logró detener de forma pacífica las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia- Hidro Santa Cruz.

Llegamos bajo el calor de estos días de abril, en un valle cercano  a las instalaciones de la empresa PDHSA se encontraba ya reunida la población, habían representantes de varias comunidades y autoridades comunitarias, llegamos hasta la región de Yich Kisis porque del 2014 hasta la fecha, la única presencia del Estado en la región son los militares y los policías, pero estos están para custodiar a la empresa y no para dar seguridad a la población, como lo confirmaron los testimonios de las personas.

El Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH se retiraron de la región, dejando el camino libre para que la empresa y grupos afines a esta actúen con total impunidad, el resultado ha sido las constantes violaciones a los derechos humanos en Yich Kisis.

Los vecinos, alcaldes comunitarios y autoridades de la comunidad de Yich Kisis y de las otras comunidades cercanas manifestaron su rechazo a los megaproyectos, recordaron que en el año de 2009 realizaron la Consulta Comunitaria[2] a través de la rechazaron la construcción de proyectos hidroeléctricos y mineros privados y que los resultados de la consulta no son respetados.

Sus denuncias no son nuevas, hasta enero del 2015 muchas de estas eran tomadas por la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ en Santa Eulalia por su trabajo periodístico la gente uso la radio para que sus denuncias llegaran a otros lugares, la radio comunitaria fue cerrada después de denunciar la detención arbitraria de dos jóvenes de Pojom.[3]

Una de las principales preocupaciones de la gente son los trabajos de la empresa que pretende desviar el caudal del Río Pojom del que muchas comunidades hacen uso para abastecerse del agua, ellos contaron que por las noches la policía y la seguridad privada de la empresa sale a intimidarlos por las noches, sembrando el terror.

Muchas han sido las denuncias de la existencia de un grupo paramilitar que realiza disparos durante las noches en las comunidades, otras veces han realizado detenciones arbitrarias, llegan hasta los hogares buscando a los hombres o líderes comunitarios opuestos al proyecto. Una mujer que no quiso dar su nombre por temor a represalias por parte de la empresa expreso: “se puede observar que faltan pocos metros para que la zanja llegue al río el cual será desviado por medio de esos tubos enormes, una vez que eso se lleve a cabo, ya no quedara agua para los habitantes tanto como las personas, animales y arbustos”.

El desvió del río Pojom en Yich Kisis no solo es una violación a los derechos de los vecinos sino también es un atentado contra todos los seres vivos, la tierra y el ecosistema. Privatizar el caudal del río pone en riesgo el abastecimiento de las comunidades, el cultivo y las cosechas pero fundamentalmente alteraría el ecosistema dañando a miles de personas.

Para conseguir que los trabajadores puedan actuar con impunidad funciona dentro de la empresa PDHSA el destacamento y la comisaria de la Policía Nacional Civil (PNC), la gente denunció que la PNC ha hecho detenciones ilegales a muchas personas: “solo con pasar por el camino cercano a la empresa ya los consideran como una amenaza, otras veces nos cierran los caminos de uso comunitario y para pasar nos exigen firmar papeles de apoyo a la empresa” afirmó un muchacho que ya no puede ir a buscar y a traer leña por el temor a que lo arresten.

El sentimiento es generalizado, la gente está cansada de las amenazas constantes de los policías y del ejército,  afirmaron que sienten como que si estuvieran viviendo la represión militar de  los años 80, y no quieren emigrar a México nuevamente como en aquel entonces para encontrar refugio.

Luego de algunas horas de escucharlos detallando algunas de los casos que pudieron contar, retornamos nuevamente, fueron pocas horas para todos los testimonios de tantas personas que sufrieron más de alguna amenaza, intimidación, agresión o ataque.

Mientras que estuvimos en el lugar, hubo gente desde adentro de la empresa que estuvo grabando video a quienes llegamos hasta el lugar, también fue evidente una personas armada con un rifle desde uno de los techos.

Los gigantescos tubos eran más que evidentes, los grandes surcos hechos por la maquinaria pesada fueron la prueba contundente del próximo desvió del río Pojom y la construcción de un gigantesco embalse de la hidroeléctrica también está casi finalizado.

Sus autoridades comunitarias hacen esfuerzos grandes por denunciar las violaciones de los derechos humanos, mientras tanto el descontento y el cansancio crece en toda la región norte de Huehuetenango.

Berta Cáceres una de las principales lideresas indígena del pueblo Lenca en Honduras manifestó: Despertemos, despertemos humanidad ya no hay tiempo.” haciendo referencia a la lucha por la defensa del agua y el territorio.

[1] Comunicado de prensa. Campo Pagado. El Periódico. 6 de abril 2016.

[2] LO QUE REALMENTE ESTA PASANDO EN EL PUEBLO CHUJ DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA. Gobierno Plurinacional Q’anjobál, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo. 7 de mayo 2014. http://www.cpo.org.gt/index.php/articulos/157-gobierno-plurinacional-q-anjob-al-popti-chuj-akateko-y-mestizo

[3] Informe sobre casos de violación a la Libertad de Expresión en Guatemala. Edison Lanza relator de Libertad de Expresión de la CIDH. Año 2015.

 

Prisión política: Rigoberto Juárez y su historia

Rigoberto Juarez

Rigoberto Juárez Mateo

Con información de su familia.

Es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua.

Rigoberto Juárez Mateo ha tenido una vida dedicada al servicio de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas en Guatemala, ha ocupado muy diversos cargos en instituciones dedicadas a velar por los pueblos mayas. Con 17 años trabajó en la hidroeléctrica municipal que operaba en Santa Eulalia y después salió a estudiar Técnico en Salud Rural en el departamento de Izabal. Al recibirse en 1978, ejerció este puesto en el vecino municipio de San Mateo Ixtatán, hasta que la fuerte represión del ejército le obligó a salir a México en 1980. Desde ahí se incorporó a la emisora clandestina Voz Popular, que transmitía desde las faldas del volcán Tajumulco, donde trabajó en la comunicación radial hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Al volver a Guatemala, se dedicó de lleno a poner en marcha los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador del departamento de comunicaciones de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derecho Específicos del Pueblo Maya Wuqub’ N’oj. Más tarde fue coordinador general de COPMAGUA, de la Asociación MUJB’AB’L YOL, y miembro del Consejo Nacional de Principales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. También fue Secretario de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Director Administrativo y Director Financiero de la misma institución.

Todo ello no le hizo separarse de su tierra natal. Ejerció como primer Presidente de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al con sede en Santa Eulalia y en 1999, junto con Daniel Pedro Mateo, Domingo Baltasar y otros líderes comunitarios fundaron la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ para que sirviera para la preservación de la cultura maya Q’anjob’al y la comunicación de todos los q’anjob’ales del norte de Huehuetenango, más los que estaban en México y en los Estados Unidos, desde ese entonces son 16 años de trabajo comunitario de la radio, censurada desde 2015 por informar a la población sobre la presencia de los megaproyectos en la región.

En 2006 Rigoberto Juárez participó en la organización de la Consulta Comunitaria a través de la cual el pueblo q’anjobál de Santa Eulalia expresó con absoluta rotundidad su negativa a la presencia de las mineras y otras industrias extractivas en su territorio, y  más tarde en la formación del Paqt’un, el Parlamento Q’anjobal, que agrupaba a las autoridades de los municipios del norte de Huehuetenango.

Desde el año 2011 Rigoberto viajó en varias ocasiones a Ciudad de Guatemala para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al.  En el caso de Santa Eulalia, es la empresa CINCO M – Hidro San Luis la que, de acuerdo con los líderes comunitarios, esta empresa atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico, sumado a esto también denuncia el papel de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en Barillas y la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. PDHSA con el proyecto Pojom en San Mateo Ixtatán.

En septiembre de 2013 Rigoberto Juárez, en su calidad de autoridad ancestral Q’anjob’al, formó parte de la comisión que estableció una primera mesa de diálogo y  acercamiento con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el ministro de la defensa y el ministro de Medio Ambiente. En esta mesa se alcanzaron acuerdos que el gobierno central no respetaría meses después, originando la incursión militar y policial sin coordinación con las autoridades comunitarias, y llegando a las aprensiones contra líderes y lideresas. Del proceso de organización y autodefensa de los pueblo del norte del departamento en esas fechas, que llevó a esas reuniones surgió el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza.

El 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar –también líder comunitario de Santa Eulalia-  fueron detenidos de forma arbitraria al salir de la oficina de una organización de derechos humanos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes con todo el uso de la fuerza le capturaron, convirtiéndolo así en un nuevo preso político del Estado guatemalteco.

Rigoberto Juárez cumplió un año de estar en prisión, él es uno de los presos políticos del Estado guatemalteco.

La movilización comunitaria y la represión estatal

Uno de los puestos militares instalados en la Aldea Los Pajoques San Juan Sacatepéquez en octubre 2014.

Uno de los puestos militares instalados en la Aldea Los Pajoques San Juan Sacatepéquez en octubre 2014.

Por: Quimy De  León, Francisco Lucas, Nelton Rivera y Santiago Bastos.

Como Prensa Comunitaria publicaremos una serie de textos elaborados como resultado de nuestro trabajo de investigación relacionados con la represión y la movilización comunitaria, este texto es la primer entrega.

Este texto trata sobre la criminalización de la protesta social. Es decir, cuando el Estado responde a quienes hacen reclamos y exigen derechos tratándolos como delincuentes y abusando de la fuerza del Estado en contra de ellos. Eso es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en muchos lugares de Latinoamérica: la actual fase de criminalización que vivimos tiene que ver con la fase de acumulación capitalista ligada al neoliberalismo y las prácticas extractivas.

En Guatemala la represión es la base de la respuesta de los últimos gobiernos a los reclamos que muchas comunidades indígenas y mestizas han hecho en contra de la instalación de actividades que invaden su territorio, ponen en peligro los recursos comunes y pretenden actuar por encima de su voluntad.

Municipios como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas son un ejemplo de organización comunitaria, pero también de las prácticas de represión desplegadas en contra de la voluntad de los habitantes.  Por esa razón, analizaremos el marco nacional y la historia de estos municipios antes de explicar qué entendemos por represión y cómo se desarrolla.  En los siguientes capítulos nos enfocaremos en dos formas básicas de represión que se han dado en tres municipios del territorio norte de Huehuetenango: la militarización, la persecución penal y la detención arbitraria. Y finalizaremos con las consecuencias que sufren las familias y especialmente las mujeres en los últimos seis años.

1    Neoliberalismo y despojo después del conflicto

Desde el cambio de siglo, la presencia masiva de diversas industrias extractivas está provocando conflictos en toda América Latina, las cuales incluyen a las empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la minería, la energía hidroeléctrica, eólica, las telecomunicaciones, el petróleo, los cultivos agroindustriales entre otras en general, estas actividades despojan a los pueblos y las comunidades de sus territorios, sus formas de vida y sus derechos fundamentales.

En Guatemala, la organización y movilización de las comunidades ante esta presencia prepotente y sus consecuencias, ha provocado una ola represiva por parte de los Gobiernos, que han preferido poner en marcha políticas de apertura al mercado mundial antes de desarrollar las propuestas de sociedad y nación contenidas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

Las consultas comunitarias como respuestas a la explotación

De hecho, el mismo gobierno que firmó la paz, presidido por Álvaro Arzú, fue el que apenas un año después en 1997, introdujo los cambios a la Ley de Minería que permitieron el desembarco de empresas a partir del cambio de siglo.[1] Al mismo tiempo se pusieron en marcha iniciativas de integración regional como el Plan Puebla Panamá y sus derivados, con claros objetivos hacia el mercado energético global; mientras el nacional era copado por empresas españolas, lo mismo que las telecomunicaciones con las mexicanas.[2] Los cultivos para agrocombustibles empezaron a reemplazar o complementar los productos tradicionales para la exportación, provocando una reconcentración de la tierra en manos de compañías locales y extranjeras.[3] A partir de 2001, las compañías mineras empezaron a solicitar licencias de exploración en todas las regiones del país–ver mapa- , y la primera que empezó operaciones fue la gigante canadiense GoldCorp, que abrió la mina Marlín en San Miguel Ixtahuacán,  San Marcos.

Ante la reacción en esta localidad y los recientes ejemplos de Comitancillo (San Marcos) y Rio Hondo (Zacapa), en la vecina Sipakapa (San Marcos) se promovió una consulta comunitaria en junio de 2005, en la que los vecinos plantearon que no querían actividades mineras en su territorio. Al año siguiente,  el Ministerio de Energía y Minas notificó a cinco municipalidades de Huehuetenango sobre exploraciones inminentes, lo cual resultó en una serie de consultas simultáneas el día 25 de julio de 2006.[4] Éste fue el inicio de una verdadera oleada de consultas comunitarias de buena Fe”: en siete años se desarrollaron más de 60 consultas (Municipales y de Buena Fe) en las que participaron más de un millón de personas que empezaron en los núcleos de San Marcos y Huehuetenango, pero inmediatamente se fueron extendiendo por el Altiplano y después por todo el país.[5]

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 Mapa 1

Mapa consultas buena fe 2014
En cada uno de los lugares en que se realizó la consulta, la respuesta de las personas de las comunidades fue impresionante: llegaron multitudes de mujeres, hombres, ancianos y niños, que de forma prácticamente unánime manifestaron públicamente su rechazo a las explotaciones mineras y de todos los bienes naturales como el agua en su territorio. Este éxito reflejaba la preocupación de las comunidades por la amenaza ante el deterioro de su entorno más inmediato, y su rechazo al modelo de desarrollo basado en la extracción impune de recursos. La convocatoria y la unanimidad eran resultado de todo un proceso de información y consulta que se llevó a cabo de forma paciente y minuciosa a partir de las estructuras como Alcaldes  Comunitarios e Indígenas,  COCODEs, autoridades ancestrales y  Asambleas; actualizando así comportamientos históricos en momentos de necesidad sentida.[6] Las consultas se realizaron  al amparo del Convenio 169 de la OIT, el nuevo Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo; con lo que estaba utilizando la legislación surgida o reformadas en el contexto de la paz sobre la participación y la toma de decisiones a nivel local.

Solo en el departamento de Huehuetenango durante el año 2006 los municipios de Colotenango, San Juan Atitán, Todos Santos, Concepción Huista, Santiago Chimaltenango, seguidos por Jolom Konob´ (Santa Eulalia, la cabeza de pueblo).

Para el 2007 el primer municipio de Huehuetenango que dio continuidad a las Consultas Comunitarias fue San Miguel Acatán, San Pedro, San Juan Ixcoy, San Antonio Huista, Santa Cruz Barillas, Tectitán, Chiantla, Jacaltenango, San Idelfonso Ixtahucán y se cierra el año el año con la consulta de Nentón.

Para el año 2008, el municipio de Santa Ana Huista arrancaba  el mes con las consultas comunitarias, Aguacatán, San Pedro Soloma, Cuilco, San Sebastián Huehuetenango. El año lo cerró el municipio de Santa Bárbara.

Para el año 2009 el municipio de San Rafael Petzal inicio, seguido por San Rafael La Independencia, San Mateo Ixtatán, San Gaspar Ixil  y  San Sebastián Coatán.

El año 2010 inicio con la consulta comunitaria de Unión Cantinil el día 18 de enero 2010. Y finalmente la consulta de Malacatancito realizada el 2 de agosto del 2015, para un total de 29 consultas comunitarias en igual cantidad de municipios del departamento, finalmente para el año 2016 son más de 70 consultas municipales y de Buena Fe las realizadas en todo el país.

La represión estatal y los conflictos comunitarios

Puesto militar y maquinaria para construcción Anillo Regional en San Juan Sacatepequez, septiembre 2014.

Puesto militar y maquinaria para construcción Anillo Regional en San Juan Sacatepequez, septiembre 2014.

Pese a toda esta movilización, ninguno de los gobiernos de estos años –el de Berger entre 2004 y 2007; Colom de 2008 a 2011; Pérez Molina de 2012 a 2015, Maldonado Aguirre 2015 a 2016  de transición por la renuncia de Pérez Molina y Morales Cabrera desde enero 2016 –  le ha dado el valor legal, ni político a estos impresionantes ejercicios de ciudadanía participativa. Basándose en interpretaciones restringidas del Convenio 169 de la OIT y de las propias leyes guatemaltecas las cuales argumentan que el subsuelo y los recursos pertenecen a la nación y por tanto es a nivel central, y no municipal, donde se toman las decisiones.[7] Así, dedicaron sus esfuerzos y energías a facilitar el trabajo a las empresas dedicadas a estas actividades.[8]

 De esta forma, mientras se desarrollaban las consultas, empezaron a darse exploraciones y explotaciones de minas e hidroeléctricas, mientras se ampliaban los cultivos de Palma Africana y caña de azúcar a costa de pequeños propietarios. Después de la GoldCorp en San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, llego la Ente Nazionale per l’Energía eLettrica (ENEL) a  Cotzal, Soloma, Barillas, Santa Eulalia en Huehuetenango, Baja Verapaz y Quetzaltenango, Cementos Progreso a San Juan Sacatepéquez,  la familia Pellas Chamorro con el Ingenio Chabil Utzaj’ al Valle del Polochic, Ecoener Hidralia Energía a Barillas, Huehuetenango, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en Panzós Alta Verapaz y a El Estor Izabal; así como Kappes, Cassiday & Associates (KCA) a San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la expansión de la Palmas del Ixcan, Naturaceites y el Grupo HAME en Peten, Valle del Polochic y la Costa Sur, la Tahoe Resources Inc. a San Rafael las Flores, además de muchas más. En cada uno de estos lugares, las empresas llegaron sin haber avisado ni mucho menos consultado a las autoridades locales, apropiándose de los terrenos de forma abusiva y poco clara.

En estos lugares y muchos otros, la gente reaccionó como en las consultas: a través de las estructuras y autoridades comunitarias solicitaron que se respetara sus derechos y se escuchara su voz. A través de los mecanismos e instituciones que marca la ley, COCODEs  y Alcaldes comunitarios se dirigieron a las autoridades municipales y después a las centrales para manifestar su oposición a un tipo de actividades que no sólo amenazaba su entorno y su futuro –como había dejado muy claro el caso de la Mina Marlin-, sino que llegaba de forma invasiva y prepotente, sin consultarles.[9]

Cuando la oposición comunitaria empezó sus actividades, las empresas respondieron con comportamientos muy semejantes en todos los casos: combinando intimidaciones con ofertas económicas, utilizando más presión legal sobre las autoridades municipales, sembrando la división en las comunidades y persiguiendo penalmente cualquier acción de protesta y dirigiendo los procesos penales en contra de los principales liderazgos. De esta forma, las tensiones fueron aumentando y la conflictividad se instaló en muchos de estos lugares, llegando a situaciones violentas y a la detención y muerte de opositores a las empresas.[10]

Ante estas escaladas de tensión, las autoridades municipales y centrales, el aparato judicial, las fuerzas de seguridad y  el Ministerio Público actuaron y actúan –en general – apoyando a las empresas en sus acciones legales e ilegales y considerando a los opositores como unos criminales, no como ciudadanos que reclaman sus derechos, aplicando en los procesos el derecho penal del enemigo[11] contra las autoridades comunitarias, en casos como las de Santa Eulalia autoridades ancestrales del pueblo maya Q’anjob’al. Como vamos a ver más tarde en este capítulo, esta criminalización de la lucha social se acompaña de toda una campaña ideológica de estigmatización de los luchadores a partir de las categorías clásicas del repertorio racista, contrainsurgente y anticomunista, a los que se unen otras nuevas como el resentimiento y la oposición al desarrollo.

Como vamos a ver, aplican la ley de forma parcial y perversa, de tal manera que los reclamos de los ciudadanos en contra de los proyectos nunca avanzan y en cambio los opositores son tratados como criminales que realizan actos ilegales. En los últimos años ha ido creciendo el número de gente que es perseguida, detenida, enjuiciada y encarcelada por oponerse a las actividades de las empresas. Es una nueva forma de presos políticos, pues se les acusan de una serie de delitos que no han cometido, con la única finalidad de paralizar y desarticular la organización comunitaria.  Son las  acciones de las empresas las que provocan, generan y profundizan la ingobernabilidad en los territorios de los pueblos, para que el Estado justifique el uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra la lucha organizada, violando los derechos fundamentales de los pueblos.

Además, el Estado ha renovado las prácticas de terror que supuestamente había dejado atrás, adaptadas al nuevo contexto. Ante las demostraciones, marchas y reuniones, la actuación policial se suele realizar acompañada de fuerzas militares agrediendo sexualmente a las mujeres, y llegando a provocar la muerte.[12] En algunos casos –como el mismo de Barillas- se ha llegado a la declaración de Estados de sitio y/o excepción de forma ilegal como una estrategia para desarticular las movilizaciones de oposición e incluso para avanzar en unas obras que nadie quiere.[13]

Este comportamiento ha sido generalizado en los últimos diez años, provocando una desconfianza cada vez mayor de las comunidades hacia el gobierno central y las autoridades en general, mientras se ha ido consolidando la oposición al modelo de desarrollo que estas empresas representan. En los últimos años han aumentado las protestas en contra de donde pretendían instalarse, y las repuestas del estado han sido cada vez más contundentes y violentas.

La llegada a la Presidencia del ex general Otto Pérez Molina ha supuesto un salto cualitativo por aplicación generalizada de estrategias de militarización para terminar con la protesta social –el Estado de sitio en Barillas fue el primer ejemplo- por la aplicación sistemática de control y represión como respuesta a la movilización comunitaria –llegando a un punto complejo con la masacre de 6 indígenas maya Quiché de Totonicapán en octubre del 2012-, la rearticulación ideológica de la derecha oligárquico-militar más reaccionaria y con todo ello la generalización de la represión y asesinatos contra líderes y activistas. Con ello tenemos las trazas de estar en un proyecto militar renovado, ahora para cuidar los intereses económicos.[14]

Cumbre de Alaska, Km. 169 de la Carretera Interanericana, el 4 de octubre 2012.

Cumbre de Alaska, Km. 169 de la Carretera Interanericana, el 4 de octubre 2012.

Luego la exigencia de las comunidades por resultado desató nuevos escenarios de represión con otros estados de sitio en Jalapa y Santa Rosa, desalojos y asesinatos de campesinos en Samococh Alta Verapaz, y un segundo Estado de Prevención en las comunidades de San Juan Sacatepéquez en octubre 2014. Al mismo tiempo varios desalojos violentos en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc contra la resistencia pacífica La Puya, que incluyo la instalación de un puesto de la Policía Nacional Civil dentro de la Mina. En el territorio norte de Huehuetenango en el municipio de San Mateo Ixtatán se reinstaló el destacamento militar con un fuerte contingente militar dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica.[15] La detención de seis  autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo Q’anjob’al y mestizo de los municipios de Santa Eulalia y Barillas, nuevas órdenes de aprensión contra otras autoridades y personas opuestas a los megaproyectos en esta región.[16]

A pesar de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente Roxana Baldetti Elías en octubre del 2015 acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG y el Ministerio Público MP de dirigir varias redes criminales de corrupción dentro del Estado, la estrategia en contra de los pueblos por parte de las empresas extractivas en todo el país no se detuvo, la imposición de los megaproyectos y la estrategia represiva continúan, para 2016 en algunos casos incluso se ha profundizado.

Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*

Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*

Notas

[1] Yagenova, Simona 2012. La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2001(Revisar Fecha!). Guatemala: FLACSO.

[2] Solano, Luis 2005 Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder. Inforpress Centroamericana, Guatemala.

[3] Alonso-Fradejas, Alberto, José Luís Caal Hub y  Teresita Chinchilla Miranda, 2011 Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del s. XXI. Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)

[4] CEIBA y  ASDITOJ, (2007). Consultas comunitarias: Una herramienta estratégica para la defensa del territorio. Guatemala, Guatemala: CEIBA-ASDITOJ.

[5] Mérida, 2012

[6] Trentavizi, Bárbara y Cahuec, Eleuterio. (2012). “Las consultas comunitarias de buena fe y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala”. Informe de investigación Guatemala, Guatemala: CIRMA-OACNUDH.

[7] Yagenova, op cit.

[8] Cabanas, Andrés 2012 “El Proyecto Patriota: Neoliberalismo Militarista” En Memorial de Guatemala,http://memorialguatemala.blogspot.mx/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html

[9] Bastos Santiago y Quimy de León ,2013 La movilización comunitaria en Guatemala. Estudio de casos. Informe de investigación, Diakonía, Guatemala

[10] ibídem-

[11] Este es un análisis y planteamiento del abogado Edgar Pérez Archila del Bufete de Abogados de Derechos Humanos quien es el abogado director de Francisco Juan Pedro, líder comunitario de Santa Cruz Barillas y preso político.

[12] Carlos Figueroa Ibarra: “Del terror militar a la violencia neoliberal”. Año 2014. www.cinep.org.co

[13] Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Pueblos de Occidente CPO – presentado ante la Corte de Constitucionalidad CC-. El día 14 de mayo 2012.

[14] Cabanas, Andrés. Soñar y construir colectivamente un país nuevo. Memorial de Guatemala. Guatemala año 2012.

[15] Nelton Rivera. San Mateo Ixtatán: una nueva agresión contra el pueblo Chuj, Prensa Comunitaria. 21 de julio 2014. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

[16] Santiago Bastos.  Las trampas de la justicia en Guatemala. Reflexiones al cumplirse un año de prisión de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar. Prensa Comunitaria. 28 de marzo 2016.  https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

Las fotografías de los desalojos en el Valle del Polochic en 2011 son una producción de Caracol Producciones.

Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia

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Por: Simón Antonio.

Entrevista con el abogado Benito Morales Laynes.

El 24 de marzo 2015 en horas de la tarde fueron detenidos en la ciudad de Guatemala las autoridades comunitarias, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, dirigentes de las luchas por la defensa del agua y el territorio en los municipios del norte de Huehuetenango. Ante la instalación de empresas como la Hidro Santa Cruz en Barillas, Hidro San Luis de la empresa Cinco M S.A. en Santa Eulalia y PDH, S. A. en San Mateo Ixtatán.

A un año de su detención difundimos una entrevista que se realizó en el noticiero Maya K´at de FGER[1] en 29 de febrero, días después de haber sido enviados a juicio oral y público los líderes comunitarios.

  1. ¿Cuáles son los procesos por los que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar están detenidos y bajo qué cargos?

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, ahora mismo hay en concreto dos proceso que tienen un avance significativo en términos de tiempo. Uno tiene que ver con un tiempo que ya dilucidó en etapa preparatoria y ya se ordenó a conocer en debate oral y público programada para febrero de 2017. Este caso tiene que ver con las denuncias de trabajadores de una empresa hidroeléctrica de nombre Cinco M S.A. ubicado en Santa Eulalia, Huehuetenango.

Los delitos por los se les envía a juicio es por detenciones ilegales e instigación a delinquir.

Luego hay otro proceso que está conociendo la jueza Claudett Domínguez, titular del juzgado de mayor riesgo grupo A, el cual fue el pasado viernes (26 de febrero) ella tomó la decisión de que deben enfrentar juicio oral y público por los delitos de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir.

  1. ¿Podemos decir que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron enviados a juicio oral y público por los dos casos?

 Efectivamente, porque es la última decisión tomado el viernes pasado (29/02/2016) ellos van a juicio por este delito y falta concluir una fase determinada que es el ofrecimiento de pruebas, que está programado para el día 16 de marzo donde se van a determinar con cuales pruebas se va al debate oral y público, y se va a determinar una fecha tentativa para ese debate[2].

  1. ¿Cuando el abogado Edgar De León habló sobre este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, agregó que sobre Rigoberto Juárez existen otros casos penales, usted nos podrá mencionar ¿cuáles son y cuántos?

Hay varios procesos, los dos anteriores pues ya son fases avanzados en el que existen fechas en el inicie el debate oral y público. En el caso de Rigoberto Juárez también está acusado por el Ministerio Público, por unos hechos acaecidos en el día 23 de enero del año 2014 en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia.

Por este mismo proceso está en la cárcel el hermano Ermitaño López, que está en Huehuetenango y también el 1 de febrero se le acusó y atribuyeron esos hechos también a las tres personas que guardan prisión aquí en el Centro Preventivo de la zona 18, son originarios de Barillas, hablo de don Sotero Alberto Villatoro, Arturo Pablo Juan y Francisco Juan, ese es el otro proceso en el cual Rigoberto Juárez está acusado.

También tenemos conocimiento que  por lo menos hay dos o tres procesos e investigaciones que se siguen en su contra, nosotros no tenemos mayores detalles. En este momento podemos hablar de tres procesos, en particular en donde Rigoberto Juárez Mateo está siendo acusado.

  1. En todos estos procesos ha habido varias suspensiones de audiencias ¿Qué valoraciones hacen al respecto?

Aquí hay que decir una cosa que es muy evidente y clara,  que he repetido varias veces en las audiencias y he afirmado claramente con la jueza, lo que hay aquí es la implementación de una estrategia, en donde el fin último es a toda costa que Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y las otras tres personas de Barillas no salgan de la cárcel.

Yo puedo asegurar por las incidencias del proceso, particularmente por los intereses que hay alrededor de estos casos,  que hay sectores económicos interesados que pretenden imponer proyectos  a toda costa en nuestros territorios como pueblos indígenas y que entonces el tema de la criminalización pasa a ser parte de esta estrategia de imponer los proyectos.

  1. ¿Ustedes tienen conocimiento de cada uno de estos casos que menciona el abogado?

Sí tenemos conocimiento, porque efectivamente existe la orden de aprehensión donde varias mujeres y hombres están acusados de delitos tan graves como el plagio y secuestro. Cuando uno analiza esto fríamente se percata que entonces  el que se les acuse de estos delitos es no salir de la cárcel.

Afortunadamente con un trabajo riguroso que hemos estado realizando, desde que estas acusaciones fueron hechas,  empieza a tomar forma de que es en  contra de los líderes y de las autoridades. Hemos logrado en el caso del Tribunal de Mayor Riesgo, cuando todavía la anterior jueza Carol Patricia Flores, desvirtuar los delitos de plagio y secuestro y que la actual jueza comprendiera que de ninguna manera puede atribuirle hechos y acusaciones tan graves como el plagio y secuestro.

Sin embargo cambiaron a Flores y la actual jueza Claudette Domínguez, con los meses que lleva conociendo los casos, lo que hemos podido constatar es que,  por un lado es bastante incompetente y por otro  hay una clara intención, con una actitud totalmente parcial en el análisis de estos casos y a quienes les está beneficiando es a  las empresas vinculadas con el territorio.

  1. En la audiencia donde fue enviado de igual manera a debate oral y público Francisco Juan, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; mencionó la existencia de un documento sobre Redes Criminales en Barillas, Huehuetenango ¿Qué lectura política y jurídica hace a este documento y si tienen conocimiento de quién lo redactó?

 Tenemos conocimiento pleno de ese documento porque forma parte del expediente de estas tres personas de Barillas. Apareció de la nada, lo obtuvimos del expediente de investigación del Ministerio Público y fue el propio MP quien nos lo entregó.

Ellos se niegan regirse de ese documento porque la boca dice muchas cosas, sin embargo a la hora de mirar a quienes aparecen en ese documento resultan ser las personas ya capturadas o con orden de captura.

Entonces nuestra lectura jurídica al respecto es preocupante porque el Ministerio Público en este caso, pierde total objetividad en el trabajo que le corresponde hacer y prácticamente se deja regir por ese tipo de documento. Por otro lado, que la empresa Hidro Santa Cruz haya presentado ese documento al MP, es precisamente una clara injerencia en la investigación, que no debe hacerse de esa manera, donde indica que existe una estructura criminal en el norte de Huehuetenango y que está liderada por las personas que se mencionan ahí, los tres de Barillas, Rigoberto Juárez Mateo y otras personas más.

Lo que queda claro es que  quien está marcando las pautas de investigación, es este tipo de empresas y lo lamentable aquí, es que el MP se pega a esos intereses y es lo que estamos constatando a la fecha.

  1. Ante estos procesos de persecución contra líderes comunitarios tanto de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán ¿cuál es el llamado de los abogados defensores al MP de alguna manera y a la comunidad internacional?

 Lo que tiene que quedar claro es que estamos ante la repetición de la historia de opresión contra los pueblos indígenas en Guatemala, es decir, aquí lo que hay es una práctica reiterada de actos realizados durante el conflicto armado interno, donde evidencia que la historia de los pueblos indígenas no ha cambiado en lo absoluto. Si en aquellos tiempos era el tiempo de los salarios y la usurpación de las fincas y el ejemplo reciente es el caso Sepur Zarco, y al traerlo a la realidad es exactamente lo mismo con otros matices.  Ahora la disputa es el territorio vinculado con el aprovechamiento y el saqueo de los bienes naturales de nuestro territorio.

Hay una teoría aplicable, que establece que el derecho penal de la acusación de una persona en un momento determinando, deber ser la última instancia que se utilice por parte de los Estados para abordar una problemática.

Es evidente que lo que presenciamos es una problemática de tipo social, es el resultado de una Estado excluyente  que no ha garantizado los derechos de los pueblos indígenas. Entonces lo que ha hecho por medio de estos procesos es orillar a los pueblos indígenas y que esta problemática de tipo social, como lo he reiterado ante la jueza, no debe tener un abordaje de tipo penal, sin embargo la justicia y el derecho penal se está utilizando a beneficio de los intereses de empresas transnacionales y locales, para enviar un mensaje a las comunidades de que no tenemos derechos a levantar la voz, ni exigir nuestros derechos y no tenemos derecho a cuidar los bienes que nos pertenecen.

[1] Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER 50 Años.

[2] Esta audiencia no se llevó a cabo.

Denuncian violaciones a derechos humanos en región q´anjob´al ante embajador de Suecia

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Por: Lorenzo Francisco Mateo.

Este día 17 de febrero 2016 los representantes del Gobierno Plurinacional se reunieron con el embajador del Reino de Suecia, el señor Georg Andren quien llegaron acompañados por el personal de un colectivo de observación de derechos humanos al municipio de Jolom Konob’ (Santa Eulalia, Huehuetenango).

En esta reunión estuvieron presentes las autoridades ancestrales, líderes comunitarios de Santa Eulalia y autoridades del Gobierno Ancestral Plurinacional en la cabecera municipal y otros municipios de la nación Q’anjob’al.

Una de las razones principales que motivó la llegada del embajador Andren son los casos de las constantes violaciones de los derechos humanos que se han vivido en toda la región norte del departamento de Huehuetenango, especialmente en donde se registra la presencia de megaproyectos impulsados por las empresas nacionales o transnacionales.

Los pueblos originarios buscan defender de manera pacífica sus derechos de territorio, agua y sus bienes naturales, pero esta situación empeoró desde que se instalaron varios proyectos de construcción de hidroeléctricas, por ejemplo en los municipios de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, Soloma y San Mateo Ixtatán.

Frente a la organización comunitaria durante los últimos cinco años el Estado respondió con 73 órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, treinta y una de esas personas han sido encarceladas arbitrariamente, cuarenta y un personas fueron heridas en distintas intervenciones de la fuerza pública (ejercito – policía), siete asesinatos y actualmente la existencia de siete presos políticos en las cárceles de Huehuetenango y la capital.

Durante uno de los puntos de la agenda con el embajador Andren, se escucharon varios testimonios de las víctimas de estas agresiones durante varios momentos de represión del Estado; agresiones de los trabajadores de las empresas, incluso agresiones cometidas por el ex alcalde Diego Marcos Pedro cuando éste ordenó el cierre ilegal de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, entre otros.

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El embajador Andren se mostró preocupado por violación de los derechos humanos y libertad de expresión en el territorio y se reafirmó su buena voluntad para acompañar en la resolución de esta problemática.

Finalmente el Gobierno Ancestral Plurinacional hizo entrega de un memorial en el que se explica cada uno de los casos de agresiones y violaciones de los derechos humanos que se han vivido en distintas comunidades, se detalla en este documento quienes son los responsables de cada uno de los hechos denunciados, Estado, empresas y en algunos casos civiles o paramilitares.

La mayoría de hechos fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- y el Ministerio Público –MP- pero poco han avanzado con la investigación de cada una de las denuncias, la lentitud de estos procesos es otra de las fuetes preocupaciones de la población en toda la región, especialmente porque estas mismas instituciones si actúan para perseguir y llevar a los tribunales a sus autoridades comunitarias, sin importar que estas sean autoridades ancestrales.

Esta es el primer encuentro que las autoridades de la nación Q’anjob’al tienen en el territorio con el embajador del Reino de Suecia.