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La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

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Por: Nelton Rivera.

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA segue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,00o mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle,30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García,46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

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[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

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Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas

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Por Imox.

Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.

El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.

Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.

Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.

Denuncian violaciones a derechos humanos en región q´anjob´al ante embajador de Suecia

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Por: Lorenzo Francisco Mateo.

Este día 17 de febrero 2016 los representantes del Gobierno Plurinacional se reunieron con el embajador del Reino de Suecia, el señor Georg Andren quien llegaron acompañados por el personal de un colectivo de observación de derechos humanos al municipio de Jolom Konob’ (Santa Eulalia, Huehuetenango).

En esta reunión estuvieron presentes las autoridades ancestrales, líderes comunitarios de Santa Eulalia y autoridades del Gobierno Ancestral Plurinacional en la cabecera municipal y otros municipios de la nación Q’anjob’al.

Una de las razones principales que motivó la llegada del embajador Andren son los casos de las constantes violaciones de los derechos humanos que se han vivido en toda la región norte del departamento de Huehuetenango, especialmente en donde se registra la presencia de megaproyectos impulsados por las empresas nacionales o transnacionales.

Los pueblos originarios buscan defender de manera pacífica sus derechos de territorio, agua y sus bienes naturales, pero esta situación empeoró desde que se instalaron varios proyectos de construcción de hidroeléctricas, por ejemplo en los municipios de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, Soloma y San Mateo Ixtatán.

Frente a la organización comunitaria durante los últimos cinco años el Estado respondió con 73 órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, treinta y una de esas personas han sido encarceladas arbitrariamente, cuarenta y un personas fueron heridas en distintas intervenciones de la fuerza pública (ejercito – policía), siete asesinatos y actualmente la existencia de siete presos políticos en las cárceles de Huehuetenango y la capital.

Durante uno de los puntos de la agenda con el embajador Andren, se escucharon varios testimonios de las víctimas de estas agresiones durante varios momentos de represión del Estado; agresiones de los trabajadores de las empresas, incluso agresiones cometidas por el ex alcalde Diego Marcos Pedro cuando éste ordenó el cierre ilegal de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, entre otros.

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El embajador Andren se mostró preocupado por violación de los derechos humanos y libertad de expresión en el territorio y se reafirmó su buena voluntad para acompañar en la resolución de esta problemática.

Finalmente el Gobierno Ancestral Plurinacional hizo entrega de un memorial en el que se explica cada uno de los casos de agresiones y violaciones de los derechos humanos que se han vivido en distintas comunidades, se detalla en este documento quienes son los responsables de cada uno de los hechos denunciados, Estado, empresas y en algunos casos civiles o paramilitares.

La mayoría de hechos fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- y el Ministerio Público –MP- pero poco han avanzado con la investigación de cada una de las denuncias, la lentitud de estos procesos es otra de las fuetes preocupaciones de la población en toda la región, especialmente porque estas mismas instituciones si actúan para perseguir y llevar a los tribunales a sus autoridades comunitarias, sin importar que estas sean autoridades ancestrales.

Esta es el primer encuentro que las autoridades de la nación Q’anjob’al tienen en el territorio con el embajador del Reino de Suecia.

 

Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad

Por: Quimy De León

Jueves 14 de enero de 2016.- Saúl Aurelio Méndez y Antonio Rogelio Velásquez quedan hoy en libertad y muy pronto podrán estar de vuelta con sus familiares en Barillas, Huehuetenango. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestizas y maya q’anjob’al de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación inconsulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía -empresa española- que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona.

Ambos estuvieron detenidos injustamente desde el mes de agosto del año 2013, después de enfrentar un nuevo juicio luego que la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango ordenara la repetición del debate. Este nuevo debate dio inicio en septiembre del 2015 ante el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la ciudad de Quetzaltenango. Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Los primeros presos políticos de Huehuetenango

Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012, cuando fueran detenidos de forma arbitraria por paramilitares en Barillas el día 2 de mayo cuando se dirigían a la estación de la Policía Nacional Civil PNC para averiguar sobre el asesinato del comunitario Andrés Pedro Miguel ocurrido el 1 de mayo a manos de los jefes de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

El 5 de noviembre del 2012, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas consideró en la Opinión 46/2012 emitida por este órgano confirmo que las detenciones hechas en Barillas el 2 de mayo fueron arbitrarias.[1]

En enero del 2013, luego de una fuerte batalla legal y política ambos junto a Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual Pedro lograron obtener su libertad nuevamente, ese mismo año regresaron a Barillas recibidos por miles de personas. Las amenazas de nuevos procesos en su contra empujados por la empresa Hidro Santa Cruz o su matriz en España Ecoener Hidralia Energía no se detuvieron.[2]

Meses después, sorpresivamente fueron detenidos nuevamente por una acusación falsa, el 27 de agosto de 2013 ambos llegaron a la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala para una nueva audiencia, en ésta audiencia debía de cerrase el proceso 92-2012 en contra de ellos y ahí mismo fueron detenidos por agentes del DEIC y trasladados a Huehuetenango.[3]

Ellos fueron acusados injustamente como los responsables de linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Barillas en 2010, la gente había identificado a estas dos personas (Guadalupe Francisco, de 46 años, y Mateo Diego Simón, 41)[4] como los responsables de varios delitos y robos en la región, ante el descontento masivo de la gente y la falta de aplicación de la justicia en el municipio fueron linchados en el año 2010. Este proceso se reactivó casualmente en 2013 pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento, lo extraño de éste proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en éste linchamiento señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Barillas.

El 14 de noviembre 2014 fueron condenados 33 años y cuatro meses de prisión por el tribunal de Femicidio en el departamento de Huehuetenango, sus abogados defensores interpusieron un recurso de Apelación Especial del proceso penal No. 13005-2013-00104 para que una Sala de Apelaciones de Huehuetenango revisara los vicios en el proceso; estos son de forma y de fondo y de esa cuenta la sentencia condenatoria emitida por el tribunal en Huehuetenango fue anulada.5 El 29 de abril 2015 la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango realizo una vista pública resolviendo anular la sentencia del tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso en Quetzaltenango.

[1] Naciones Unidas. Miguel de la Lama. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas. https://acoguate.files.wordpress.com/2013/03/gtda-opinion-no-46-2012-guatemala.pdf

[2] Quimy De León. Barillas: una historia de persecución política por defender el agua. Prensa Comunitaria. 15 de enero 2013. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/15/barillas-una-historia-de-persecucion-politica-por-defender-el-agua/

[3] Periodismo Humano. Detenidos dos defensores del agua contra empresa española Hidralia en Barillas, Guatemala. 29 de agosto 2013. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/detenidos-dos-defensores-del-agua-contra-empresa-espanola-hidralia-en-barillas-guatemala.html

[4] Prensa Libre. Condenan a 33 años de cárcel a dos hombres por linchamiento de pareja. Mike Castillo. 14 de noviembre 2014. http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Condena-anos-carcel-dos-hombres-linchamiento-pareja_0_1248475340.html