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La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
Por: Nelton Rivera.
La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina «El Tambor».[1]
Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA segue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.
Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.
El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados. Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.
El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: «Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.» El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,00o mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.
En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: «Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle,30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García,46.» Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.
[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824
Guatemala: De la guerra contra el comunismo de ayer, a la lucha contra la corrupción actual
Por: Ollantay Itzamná.
Las estadísticas oficiales, y la retórica gubernamental, evidencian lo que casi nadie quiere ver o admitir. Guatemala subsiste en una desintegración social violenta producto del fracaso del proyecto de Estado nación que no pudo garantizar el cumplimiento de los básicos derechos fundamentales para su población.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas
Por Imox.
Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.
El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.
Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.
Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.
Denuncian violaciones a derechos humanos en región q´anjob´al ante embajador de Suecia
Por: Lorenzo Francisco Mateo.
Este día 17 de febrero 2016 los representantes del Gobierno Plurinacional se reunieron con el embajador del Reino de Suecia, el señor Georg Andren quien llegaron acompañados por el personal de un colectivo de observación de derechos humanos al municipio de Jolom Konob’ (Santa Eulalia, Huehuetenango).
En esta reunión estuvieron presentes las autoridades ancestrales, líderes comunitarios de Santa Eulalia y autoridades del Gobierno Ancestral Plurinacional en la cabecera municipal y otros municipios de la nación Q’anjob’al.
Una de las razones principales que motivó la llegada del embajador Andren son los casos de las constantes violaciones de los derechos humanos que se han vivido en toda la región norte del departamento de Huehuetenango, especialmente en donde se registra la presencia de megaproyectos impulsados por las empresas nacionales o transnacionales.
Los pueblos originarios buscan defender de manera pacífica sus derechos de territorio, agua y sus bienes naturales, pero esta situación empeoró desde que se instalaron varios proyectos de construcción de hidroeléctricas, por ejemplo en los municipios de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, Soloma y San Mateo Ixtatán.
Frente a la organización comunitaria durante los últimos cinco años el Estado respondió con 73 órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, treinta y una de esas personas han sido encarceladas arbitrariamente, cuarenta y un personas fueron heridas en distintas intervenciones de la fuerza pública (ejercito – policía), siete asesinatos y actualmente la existencia de siete presos políticos en las cárceles de Huehuetenango y la capital.
Durante uno de los puntos de la agenda con el embajador Andren, se escucharon varios testimonios de las víctimas de estas agresiones durante varios momentos de represión del Estado; agresiones de los trabajadores de las empresas, incluso agresiones cometidas por el ex alcalde Diego Marcos Pedro cuando éste ordenó el cierre ilegal de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, entre otros.
El embajador Andren se mostró preocupado por violación de los derechos humanos y libertad de expresión en el territorio y se reafirmó su buena voluntad para acompañar en la resolución de esta problemática.
Finalmente el Gobierno Ancestral Plurinacional hizo entrega de un memorial en el que se explica cada uno de los casos de agresiones y violaciones de los derechos humanos que se han vivido en distintas comunidades, se detalla en este documento quienes son los responsables de cada uno de los hechos denunciados, Estado, empresas y en algunos casos civiles o paramilitares.
La mayoría de hechos fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- y el Ministerio Público –MP- pero poco han avanzado con la investigación de cada una de las denuncias, la lentitud de estos procesos es otra de las fuetes preocupaciones de la población en toda la región, especialmente porque estas mismas instituciones si actúan para perseguir y llevar a los tribunales a sus autoridades comunitarias, sin importar que estas sean autoridades ancestrales.
Esta es el primer encuentro que las autoridades de la nación Q’anjob’al tienen en el territorio con el embajador del Reino de Suecia.
Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad
Por: Quimy De León
Jueves 14 de enero de 2016.- Saúl Aurelio Méndez y Antonio Rogelio Velásquez quedan hoy en libertad y muy pronto podrán estar de vuelta con sus familiares en Barillas, Huehuetenango. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestizas y maya q’anjob’al de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación inconsulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía -empresa española- que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona.
Ambos estuvieron detenidos injustamente desde el mes de agosto del año 2013, después de enfrentar un nuevo juicio luego que la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango ordenara la repetición del debate. Este nuevo debate dio inicio en septiembre del 2015 ante el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la ciudad de Quetzaltenango. Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Los primeros presos políticos de Huehuetenango
Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012, cuando fueran detenidos de forma arbitraria por paramilitares en Barillas el día 2 de mayo cuando se dirigían a la estación de la Policía Nacional Civil PNC para averiguar sobre el asesinato del comunitario Andrés Pedro Miguel ocurrido el 1 de mayo a manos de los jefes de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.
El 5 de noviembre del 2012, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas consideró en la Opinión 46/2012 emitida por este órgano confirmo que las detenciones hechas en Barillas el 2 de mayo fueron arbitrarias.[1]
En enero del 2013, luego de una fuerte batalla legal y política ambos junto a Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual Pedro lograron obtener su libertad nuevamente, ese mismo año regresaron a Barillas recibidos por miles de personas. Las amenazas de nuevos procesos en su contra empujados por la empresa Hidro Santa Cruz o su matriz en España Ecoener Hidralia Energía no se detuvieron.[2]
Meses después, sorpresivamente fueron detenidos nuevamente por una acusación falsa, el 27 de agosto de 2013 ambos llegaron a la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala para una nueva audiencia, en ésta audiencia debía de cerrase el proceso 92-2012 en contra de ellos y ahí mismo fueron detenidos por agentes del DEIC y trasladados a Huehuetenango.[3]
Ellos fueron acusados injustamente como los responsables de linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Barillas en 2010, la gente había identificado a estas dos personas (Guadalupe Francisco, de 46 años, y Mateo Diego Simón, 41)[4] como los responsables de varios delitos y robos en la región, ante el descontento masivo de la gente y la falta de aplicación de la justicia en el municipio fueron linchados en el año 2010. Este proceso se reactivó casualmente en 2013 pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento, lo extraño de éste proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en éste linchamiento señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Barillas.
El 14 de noviembre 2014 fueron condenados 33 años y cuatro meses de prisión por el tribunal de Femicidio en el departamento de Huehuetenango, sus abogados defensores interpusieron un recurso de Apelación Especial del proceso penal No. 13005-2013-00104 para que una Sala de Apelaciones de Huehuetenango revisara los vicios en el proceso; estos son de forma y de fondo y de esa cuenta la sentencia condenatoria emitida por el tribunal en Huehuetenango fue anulada.5 El 29 de abril 2015 la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango realizo una vista pública resolviendo anular la sentencia del tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso en Quetzaltenango.
[1] Naciones Unidas. Miguel de la Lama. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas. https://acoguate.files.wordpress.com/2013/03/gtda-opinion-no-46-2012-guatemala.pdf
[2] Quimy De León. Barillas: una historia de persecución política por defender el agua. Prensa Comunitaria. 15 de enero 2013. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/15/barillas-una-historia-de-persecucion-politica-por-defender-el-agua/
[3] Periodismo Humano. Detenidos dos defensores del agua contra empresa española Hidralia en Barillas, Guatemala. 29 de agosto 2013. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/detenidos-dos-defensores-del-agua-contra-empresa-espanola-hidralia-en-barillas-guatemala.html
[4] Prensa Libre. Condenan a 33 años de cárcel a dos hombres por linchamiento de pareja. Mike Castillo. 14 de noviembre 2014. http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Condena-anos-carcel-dos-hombres-linchamiento-pareja_0_1248475340.html
Prensa Comunitaria Km. 169 