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Comunicado del Gobierno Plurinacional por sentencia en el caso de los presos políticos

 

Valoramos que dentro de la podredumbre del Sistema de Justicia, aún existen operadores de justicia honorables, como el Juez que controla el caso denominado Cooptación del Estado o como la jueza que juzgó a los miembros de las Autoridades del Pueblo Q’anjob’al.
Queda mucho por hacer para devolverle al pueblo de Guatemala su confianza en las instituciones de Justicia, dentro de esas líneas de acciones, valoramos el esfuerzo que hace la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG para llevar ante la justicia a ex altos funcionarios de Gobierno sindicados de delitos que por sus efectos son delitos de lesa humanidad.

Sabemos de la solidaridad demostrada por Autoridades de las Naciones Mayas hermanas así como de los demás pueblos que cohabitamos este país y de la Comunidad Internacional amante de la paz, de la democracia y de la libertad, quienes también con su aporte, son parte de la liberación de los Presos Políticos del Pueblo Q’anjob’al. Infinitamente estamos las y los Q’anjob’al agradecidos por esa solidaridad.

Lea y descargue el comunicado completo aquí:

 

 

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El nuevo campamento de la resistencia pacífica de La Puya

Prensa Comunitaria Km 169

Por: Nelton Rivera.

Frente al Ministerio de Energía y Minas MEM, la cotidianidad cambio completamente, ya no es común ver el paso de los carros en una de las principales avenidas de la zona 11, ahora el movimiento frente el MEM es distinto, la cantidad vehicular puede que sea la misma o más, pero quienes circulan frente al ministerio se detienen, usan sus bocinas para saludar y aprobar la resistencia pacífica que se instaló frente a su ingreso principal.

Los vecinos de la resistencia pacífica “La Puya” instalaron un nuevo campamento frente al MEM, las carpas se levantaron de inmediato, la cocina, la despensa, un dormitorio improvisado, un baño, el área de lavado, un altar maya y el católico quedaron instalados desde el día 3 de marzo 2016.

Un plato de comida no le falta para quienes cubren los turnos, o para quienes llegan a solidarizarse con esta lucha que busca proteger el agua, no solo de sus comunidades sino de toda la ciudad capital, siempre hay una tortilla, un plato de comida, cafè o fresco.

Los comunitarios hacen turnos para cubrir el campamento, ahora seguro son dobles porque hay que cubrir “La Puya” y también en el MEM, dos meses y ya son varias las agresiones que han sufrido pero esto no los ha hecho retroceder, de marzo a mayo los días han sido calurosos, posiblemente se registraron las temperaturas más altas en el país por la destrucción del ambiente.

Las lluvias de mayo comenzaron esta semana, el campamento de la resistencia deberá enfrentarse al viento, a la lluvia que seguramente entrara por los techos de vinil de las carpas improvisadas, el agua correrá por el asfalto mojando todo lo que encuentre a su paso.

Quienes en este nuevo campamento resisten le exigen al ministro de energía y minas, cumpla con la ley guatemalteca, la CC les ordenó suspender las operaciones de la empresa por violar las normas y leyes del país, la municipalidad también lo ordenó, pero fundamentalmente es la decisión de la gente quienes les exige suspendan a una empresa que ha cometido violaciones a los derechos humanos y que pone en riesgo el agua de todo un departamento.

Más de 76 días frente al MEM y el ministro no da su brazo a torcer, prefiere irrespetar las resoluciones de las cortes.

La CC ya dio una resolución

Recientemente la Corte de Constitucionalidad CC, resolvió que la licencia de explotación de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada debe de suspenderse por ilegalidades cometidas para el funcionamiento de la misma.

La resolución señalo que una de las principales ilegalidades que cometió la empresa minera fue incumplir con la consulta a las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para solicitar la licencia de exploración y explotación de minerales en estos dos municipios del departamento de Guatemala.

La municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del consejo municipal también ordenó el cierre de la mina “El Tambor” en manos de la empresa EXMINGUA-KCA porque no tiene permisos municipales para la construcción en este municipio.

La empresa minera sigue operando, ahora de manera ilegal totalmente, cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, un puesto policial protege las instalaciones y al personal de la mina, de testimonios de los vecinos se sabe que acosan e intimidan a quienes llegan a la resistencia pacífica.

La resistencia pacífica “La Puya” nació en el año 2012 para defender el agua en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, una empresa canadiense en el año 2010 llegó a los realizar estudios a las montañas de los dos municipios, la gente se enteró que quien había adquirido una finca era una de las empresas mineras más fuertes del continente, la Radius Gold Inc.

La organización comunitaria tuvo impacto, comunidades Kaqchikeles y mestizas lograron en “La Puya” contener el proceso acelerado de construcción de la planta de explotación para oro a cielo abierto, durante cuatro años muchas cosas han pasado y la organización comunitaria lejos de desarticularse ha logrado permanecer  haciendo retroceder en las cortes el embate de la empresa.

Las acciones ilegales de la empresa KCA-EXMINGUA encontraron eco en las posiciones públicas del CACIF, quienes ven un peligro en la exigencia de la población y las resoluciones de las cortes que reafirmaron el derecho de consulta de la gente y las ilegalidades cometidas por las empresas mineras al rededor de la mina “El Tambor”.

 

 

La Puya: la empresa minera continúa operando ilegalmente

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

 

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada,  este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS de la misma marca y empresa que anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Al parecer estas personas fueron detenidas por seguir operando en la minera, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.”

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Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de las empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada). Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio complice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888    F-WWXD, TG-GEA[3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

Nace un segundo campamento de resistencia de La Puya

 El día 3 de marzo del 2016 un grupo de poblares de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo se instalaron en un segundo campamento de la resistencia pacífica “La Puya” frente al Ministerio de Energía y Minas, su objetivo es que el MEM acate la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la suspensión del proyecto minero “El Tambor”.

Varias carpas fueron instaladas, en una funciona la cocina, en otra se guarda los alimentos y materiales que les sirven para permanecer en turnos de 24 horas todos los días, en otra carpa se habilitaron camas sobre tablones de madera que fueron donados por un cura.

Durante los días domingos llega un cura a realizar la celebración de la palabra, en este nuevo campamento celebran la misa sobre un improvisado altar de madera. En La Puya San Miguel Arcángel está presente como santo patrón de la resistencia. Desde marzo hasta la fecha el MEM sigue sin acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.

[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 

Dos mujeres, la justicia y una torre telefónica

Fotografía de Nelton Rivera.

Fotografía de Nelton Rivera.

Texto realizado en base a entrevista a doña Carolina Cabrera e información proporcionada por la Licda. Saknicté Racancoj abogada de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

Por: Quimy De León

Doña Carolina Cabrera y doña Fabiana Menchú viven en el cantón Chitay en Quetzaltenango, lugar donde se instaló una antena de telefonía. Ellas fueron detenidas en distintos momentos de la mañana del 9 de febrero 2016 por el DEIC cuando iban en un bus urbano en plena luz del día, fueron tratadas como si fueran delincuentes. Esto por oponerse pacíficamente junto a la mayoría de la gente de este cantón a la instalación de la antena en su comunidad. Para actuar contra ellas penalmente se utilizó la Ley de Equipos Terminales Móviles, que aún se encuentra bajo análisis de la Corte de Constitucionalidad.[1] Además, como en tantos otros casos, se inventó una agresión –en este caso por parte de ellas mujeres de 57 y 62 años- contra un grupo de hombres jóvenes trabajadores

Me llamo Carolina Cabrera Estrada, tengo 57 años, tres hijos varones, dos nietos varones también. Soy originaria de San Andrés Villaseca, que pertenece a Reu, pero me vine para acá y aquí me vine a casar. Me quedé en Xela, de aquí son mis hijos y mi esposo. Tenemos 40 años de vivir aquí en el cantón Chitay. Este lugar se llama Sabana Grande, viven unas 300 o 400 familias, hay todos los servicios de agua, drenaje y todo lo pusimos nosotros, incluso el servicio de luz.

La llegada de la empresa

En el cantón Chitay fue en donde una empresa que se encarga de la infraestructura para otra empresa telefónica decidió que ahí debía instalarse una torre. Por lo que la empresa SBA Torres Guatemala llegó a instalarla y, como en tantos otros casos,  todo se hizo como si los vecinos no existieran.  La forma de actuar de los trabajadores de  la empresa constructora SBA Torres Guatemala Limitada aumentaba la oposición de los vecinos a las obras.

Este problema empezó porque el lugar  en donde está la torre es terreno de un familiar. Yo no sé si se lo compraron o se lo alquilaron por un tiempo porque la verdad que no sé cómo ha estado.

Venían hombres pero no nos imaginamos que era por eso, él tiene casas de alquiler, que tal vez iba a poner alguna tienda. Trajeron hierro, cemento, muchas cosas y nos pareció extraño porque él tenía un tráiler con el material, raro por lo grande que sería la construcción. Trajeron a dos policías que se mantenían cuidando, privados para ellos, dicen que no les pagaron y por eso se fueron.

Nos despertaron la curiosidad con las vecinas para ver qué iban a hacer ahí, eso cuando nos veíamos en la calle, en el mercado.  Nos dimos cuenta que iba a ser una antena. Unos decían que era de claro, otros que es de tigo, saber realmente de que empresa telefónica es.

Un día vino un tráiler con mucho hierro y unas varillas grandes. Una señora que tiene una tortillería salió y les dijo que le estorbaba y el chofer del tráiler empujó a la señora y la lastimó y los hijos le alegaron al chofer. La llevaron al sanatorio y no supe como lo arreglaron.

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Quimy De León.

La resistencia de la comunidad

Los vecinos buscaron información sobre la antena, pues a la par de la construcción hay un hospital privado donde había una niña que padecía de cáncer y está en recuperación. Ante estas preocupaciones, los vecinos acudieron a la Municipalidad, al Ministerio de Ambiente, al Juzgado Municipal, a la Procuraduría de Derechos Humanos pero no lograron hacer que ninguna institución del estado detuviera el proceso de construcción. Llegó un momento, el 15 de junio de 2015 en que los vecinos decidieron, ir a una manifestación pacífica, al mismo tiempo que se manifestaba gente de otras zonas de la ciudad, así luego de agotar muchas instancias decidieron resistir pacíficamente. [2]

Nos reunimos todas las mujeres y empezamos a manifestar pacíficamente ahí y nos paramos en ese terreno. Éramos de 25 a 30 mujeres y niños que bajaban. Nos colocamos en la carretera por hora y media. Sólo mujeres y algunos hombres, nos acostamos,  todo fue pacífico, la patrulla vino a cuidar. Luego nos quitamos.

A pesar de estas muestras de inconformidad, la empresa continuaba con las obras de instalación de la antena y la policía privada de la empresa resguardaba el sitio. Así que los vecinos decidieron instalar un plantón pacífico para impedir que los trabajadores continuaran. Como los hombres tenían que ir a trabajar, las mujeres eran quienes se quedaban en las mañanas y en las tardes se incorporaban ellos.  El plantón duró más de 6 meses, todo el resto del año 2015 y el inicio de 2016, ninguna institución del Estado respondió ante la demanda de la gente.

Nos dimos cuenta que estaban constantemente yendo y viniendo. Estuvimos un buen tiempo cuidando en la mañana y en la tarde, pensando ellos que nosotras nos íbamos a ir. Pero decidimos no dejar solo, hicimos una valla, un círculo alrededor con las manos agarradas y lo rodeamos.

Cuidábamos todo el tiempo, con sol, lluvia, de noche, algunos se compadecían de nosotros porque estábamos de día y de noche, y hacíamos turnos, muchas bajaban con sus niños, algunos nos traían café. Esto tardó como unos 6 meses más o menos.

Algunas veces dormimos en la entrada, hacíamos turnos  las mujeres y algunos hombres que podían nos acompañaban. Así estuvimos.

El supuesto diálogo con las autoridades

Estando de plantón, distintas instancias llegaron a intentar  convencerles de que desistieran de su actitud. Hubo un intento de conciliación en la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-. La gente fue, pero dice “aquí no nos vamos a  reconciliar porque ni siquiera nos preguntaron”, impusieron el proyecto de manera inconsulta. Se reunieron en la Municipalidad, pero ésta no hizo nada. La gente sigue indignada porque la Municipalidad está para proteger a los vecinos.  Finalmente, fueron al Ministerio Público -MP-, pero hizo caso omiso, luego sería esta institución quien abriría un proceso penal contra las personas. También estaba en diálogo constante con la empresa, pero nada funcionó.

Los compañeros fueron al MP, hablaron con el fiscal, expusieron sus razones y que si tenían que hacer algo. El fiscal no les dijo absolutamente nada. “miren cómo se las arreglan” fue la respuesta. Pero sí se tenía el respaldo del fiscal del MP para la empresa, eso sí. Siempre venía el fiscal, la PDH, también tocaron las puertas de las autoridades para solucionar esto, pero al final se lavaron las manos, diciendo no nos metemos.

La empresa siempre ha contado con el apoyo de la policía, cuando empezaban a construir esto, pasaba una patrulla a cada rato, cada 5 minutos iba y venía. Cuando estuvieron en construcción después de toda la situación con ellos y siempre que venía la empresa venían de custodios.

Daniel, el hombre de la antena, conversó con nosotras porque nosotras dialogamos con él pacíficamente y le dijimos que por favor se fueran. “No –dijo- porque el satélite aquí apuntó”.  Incluso nos trajeron un libro para que nos instruyéramos y habían personas de la costa y tierra fría, lugares bonitos donde estaban las antenas y los niños jugando, niños sanos, ¿quién dice que eso es malo? Como que dijeron que nosotros no pensábamos, como quien dice que éramos ignorantes y les dijimos que los ignorantes eran ellos.

Nosotros dijimos que no queríamos las antenas, que sabíamos que eso hacía daño y ellos nos decían que de donde habíamos sacado eso. Que eso es mentira, que es un mito, que donde lo averiguamos nosotras. El hospital sacó varios folletos y nos lo repartíamos en la colonia. No había que dejar que lo pusieran, reclamando nuestros derechos por la vida, la vida de uno no vale un centavo, muchas tenemos nietos, hijos y todos tenemos una casita que es patrimonio para nuestros hijos y nietos, no queremos que haya daño para ellos.

No es posible que vengan de otro lado a hacernos daño y además ni son del país, deben ser de un lugar lejano, los carros dicen SEREX. Ellos ya después ya pusieron las denuncias y de órdenes de captura contra mí y contra doña Fabiana Menchú.  No soy de ningún grupo, nos tomaron como lideresas pero nada que ver.

La denuncia por parte de la empresa

Como la resistencia no cejaba, la empresa pasó a la criminalización por la vía penal. En una reunión que hubo en una comisaría de la Policía Nacional Civil, un representante de la empresa lo expresó públicamente: “bueno, si ustedes no quieren nos vamos al aspecto penal y los vamos a meter presos”, una clara amenaza. Al poco tiempo, los vecinos recibieron las primeras notificaciones, pero decidieron no acudir al Ministerio Público, porque no habían cometido ningún delito.  

Trajeron a un fiscal el año pasado, que dijo que nos presentáramos al MP el 5 de febrero, y le dijimos que para qué?. Él dijo que no sabía, pero “las espero allá”. Entonces vamos a ir todas, pero dijo que no porque no íbamos a caber, que llegaran sólo unas 8 o 10. Entonces platicamos cuando ya se iba aproximando la fecha, qué vamos a hacer y dijimos que no íbamos a ir, porque allá nos van a agarrar o nos van a hacer que firmemos algo y ya no vamos a poder salir. No fuimos y nos pusieron las órdenes de captura.  No recuerdo el nombre del fiscal dejó algo escrito a un joven, el nieto de un señor pero en el celular lo adjuntó, pero saber. Daniel el hombre de la antena dijo que ya habían mandado las citaciones.

Se trataba de una acusación por el delito de “Atentado Contra el Servicio de Telecomunicaciones, está descrito en la Ley de Equipos Terminales Móviles en el artículo 294 bis.” El MP dió seguimiento al caso, justificándose en el artículo 30 de la ley 8-2013, que prácticamente veda todo el derecho de los ciudadanos de este país a organizarse, manifestar, expresarse  y colocarse en la calle.

Además, se acusó a doña Carolina y a doña Fabiana Menchú por agresión y amenazas al representante de la empresa, Daniel González. Como en otros casos de criminalización, el MP no se tomó ni el más mínimo tiempo en darle seguimiento a una investigación objetiva. Simplemente se basaron en lo que decía el querellante, en este caso la empresa, y solicitaron una orden de captura para 2 mujeres de la tercera edad, una embarazada y un hombre. Como dice una vecina: “No estamos de acuerdo con las capturas. Las autoridades deberían cuidarnos a nosotras que somos el pueblo; además, dicen que con palos y piedras agredimos a los representantes de la empresa encargada de instalar la antena, pero eso no es cierto.” [3]

Ese señor que le llaman Daniel González, mintió, dice que yo lo agredí y la otra señora también. Bajaron un grupo para hablar con él para llegar a un acuerdo que dieran regalías, que pusieran la antena pero que dieran al menos algo. Él vino en la mañana, pero él dijo que le dieran la lista de lo que querían y le dieron la lista. Hasta ahorita estamos esperando, como ya la pusieron ya no dan nada. Ese día vino una patrulla para cuidar y que no se rompiera el orden. Dicen que Daniel dijo que no quería esa patrulla sino la otra, era la señal de que los habían comprado, los otros polícias que eran más abusivos y los otros nada que ver, eran neutrales.

La captura y la audiencia

Doña Carolina y Doña Fabiana fueron capturadas el 9 de febrero de 2016 en un operativo digno del crimen organizado.  Doña Fabiana se disponía comprar pañales para su nieto, un niño con capacidades especiales[4]; mientras que doña Carolina piensa que la policía contó con la ayuda de una vecina que les informó acerca de los movimientos de ellas, otra persona de civil la reconció para que la policía la detuviera y no le mostraron una orden de detención.

Una señora que siempre controlaba todo fue la que nos delató, se daba cuenta cuando bajábamos y subíamos. Tomaba los números de placa de los carros que subían. Nosotros mirábamos que ella salía con su cuaderno y lo apuntaba todo y los de la antena se iban a su casa a platicar.

Tienen un monitor para la calle, había dos cámaras mirando para el camino. Mi hijo dijó que ellos estaban violando nuestros derechos, las cámaras no las podían tener en el camino, no teníamos otro camino, toda la gente pasa por ahí para tomar bus, para ir al mercado.

Algunas vecinas dicen que esta señora usó los nombres de ellas por su DPI, cuando “Paniagua” un candidato a la alcaldía estaba haciendo campaña, les iba a dar bolsas solidarias y esta señora lo estaba promoviendo, le avisó a quienes quiso y le sacó copia al documento. A mí no me dijo nada.

Ese día ella iba al mercado. Se fue en el bus y se dieron cuenta que la bajó la policía, nos avisó una señora que vive cerca.

La señora Irma me controló y les avisó a los de la antena. Seguro los de la antena llamaron a una patrulla, dicen que habían dos pero eso ya no me di cuenta, solo ví el montón de policías.

Cuando yo iba en bus después de que habían detenido a doña Fabiana, este paró y se metió una muchacha bajita con chaleco y gorra negra, pantalón de lona y blusa celeste con un emblema y dijo: “ella es”, señalándome y dijo que tenía yo orden de captura por agredir a no sé quién. Pregunté por qué me acusaban y me dieron un papel pero no me dejaron que lo leyera. Dijeron que era de delito de agresión No pude leer nada, sólo me dijeron que me estaban acusando de agresión. Sólo ella se subió, los otros se quedaron abajo, alguien dijo “bajala vos” y ella se me acercó y abusivamente me puso unas esposas y yo le dije “yo me bajo si me quitan las esposas”. Como que no me conocía, me bajé con la esposa en una mano, un policía gordo me dijo “colabore, si no le va a ir peor”. Al final me las quitaron, quien me bajó se reía de mí.

Me preguntaron quiénes eran mis papás, de donde soy originaria, si era guatemalteca, y le dije que no me siguieran preguntado, estaba muy enojada. Ya no hablé, me fui callada y me llevaron a la carceleta, eran como ocho policías y dos patrullas, todos vestidos de policías menos la que subió a bajarme del bus.

A la entrada del juzgado me quitaron mi bolsa y monedero. Que la iban a guardar y que se la entregarían a un familiar, quería quedarme con mi monedero porque tenía dinero, lo registraron y luego me llevaron esposada a la carceleta.

Apareció un policía y le pregunté por Fabiana, ya tiene 60 y pico y estaba arriba, ya no en la carceleta. “¿Por qué me tienen  aparte a mí y a Fabiana” les dije. A los cinco minutos me pasaron con ella y la señora temblaba, hacía mucho frío, ya estaba entrando la noche, eran como las 6 de la tarde. A mí me detuvieron a las 12 del día, a Fabiana más temprano, como a las 9 o 10.  Se tardaron bastante tiempo para subirnos a la audiencia, ahí estuvo la seño Sandy, mi hijo y la hija y sobrina de la señora y algunos medios.

En la audiencia, los fiscales del Ministerio Público acusaron a doña Carolina y doña Fabiana de amenazar con “quemar vivos a los empelados de la empresa constructora” el 22 de agosto de 2015. El juez de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango Ángel Ávila, se negó a dictar falta de mérito por la edad de las acusadas, pero sí les otorgó medida sustitutiva a cambio de que firmaran cada 15 días en el libro del Juzgado y no pudieran salir del país.[5]

Cuando el juez dijo que estábamos libres, salimos y el capitán todavía me quería poner las esposas. Insistía y también se la quería poner a doña Fabiana, pero nos llevaron a la carceleta estando ya libres, porque había que hacer una papelería, nos dijo… Doña Fabiana ya no aguantaba el frío, solo un suéter llevaba.

Salimos entre ocho y media y nueve de la noche. Habían varias personas esperándonos, algunos vecinos con café. Mi hijo y algunos familiares que llegaron a traernos, mis dos cuñadas, ahí también estaban las licenciadas.

La vida ahora

Después de este episodio intimidatorio, la empresa retomó las obras ya sin oposición, y según fuentes locales, “de forma intimidatoria y con amenazas”.[6] Desde entonces, la calma ya no ha regresado a las vidas de los vecinos del Cantón Chitay.

Cuando empezaron a construir ya no pudimos hacer nada. Me agarraron y me encarcelaron y olvídense. La construyeron como en 2 o 3 días, trabajaban de noche y de día. Antes no habían podido construir, sólo tenían hecha la base. Ya cuando nos detuvieron sí se apuraron en instalar la antena, ponían focos, solo una vecina les ofrecía comida.

Ahora que ya pusieron la antena y todos estuvieron trabajando, pusieron un lazo. Pusieron unas cosas que no dejaban que subieran los carros de las personas que viven arriba, incluso aquí mi esposo no podía subir por los lazos, tenían que levantar el lazo. Pusieron conos en la entrada y ya no podía ni pasar uno. Todos ponían cosas en el camino, material, había que estar pitando para que se hicieran a un lado.

Se estaban adueñando de todo. Cuando pasan las muchachas, a las niñas y personas más grandes, empiezan a silbarles y a acosarlas  los trabajadores.

Uno quiera o no teme por su familia, en Guatemala ya de todo pasa y que se puede esperar uno de personas así. Manejan mucho dinero entonces ellos son capaces de cualquier cosa.

Las señoras discuten, están atemorizadas, más que todo por todo esto que pasó y como todavía están las demandas. Todas ellas están asustadas y casi no salen como antes, no tienen la libertad como antes que salían y todo.

A veces me siento tan frustrada, le digo a mi esposo que me da cólera porque le digo que la justicia en Guatemala no es justa. Fíjese que cuánto delincuente anda haciendo cosas y a ellos si no les hacen nada y a una de mujer la agarran como si una fuera una gran delincuente. Me siento frustrada porque soy abuela, esposa, madre y cómo va a creer usted que yo voy a hacer para estar ahí que uno se había robado material. Eso es mentira: echaron cuatro viajes ese día que vinieron a acarrear el material que tenían y dijeron que se había perdido, nosotros nunca sacamos ni una tabla.

Uno teme que más adelante agarren represalias contra uno, porque estamos defendiendo el derecho a la vida más que todo. Si esto no causara algún daño para qué nos vamos a oponer, pero sabe que el derecho a la vida lo tenemos como ciudadanos guatemaltecos. Derecho a protestar por lo que nos pertenece, pues. No somos extranjeros.

Fotografía de Quimy De León

Fotografía de Quimy De León

Las consecuencias: nervios, división comunitaria y familiar

Le digo a mi esposo que nunca pensé que íbamos a tener  esa antenota, qué horrible se mira, nos vino a tapar la visión. Antes me paraba en la ventana y miraba cuando algún mi familiar o hijos venían en su carrito o en bus, venían para acá y yo lo miraba. Ahora no se mira nada, sólo la pared de la antena, ya no tenemos visibilidad. Ya hasta eso nos vino a afectar.

Imagino que la antena ya está funcionando o la van a poner a funcionar. Pero sí estamos afectados, hay muchas personas, casi la mayoría que han platicado conmigo están con nervios, ya padecían y ahora están peor, ya no pueden ni dormir a veces, no les dan ganas de nada, esto les vino a afectar la salud y la paz más que todo.

A mí me ha afectado mucho porque incluso me enojo. Voy al MP a firmar, porque cada 15 días debo ir a firmar hasta que sea la próxima audiencia. Primero dios, a veces ni ganas de comer le da a uno solo de pensar que no puede ni salir al parque.

Estoy padeciendo de los nervios, e insomnio. Mi esposo también como que estaba entrando en un estado de depresión y me dice a veces, mis hijos le han hablado: “la vida no se termina aquí, sigan adelante”. Y mi esposo a veces cuando platicamos me dice que le dan ganas de vender e irnos para otro lado “porque aquí ya no siento paz, ya no siento como antes cuando vivíamos tranquilos”. Toda la gente lo dice, dice que las propiedades cuando hay cosas así pierden valor, ya no se venden al precio que uno quisiera. La división comunitaria y de la familia le afecta a uno mucho también. Un familiar fue quien vendió ese pedazo de tierra a la empresa y fue quien vendió varios terrenos a varia gente aquí. Esto vino a hacer la división familiar. También hay una señora que les da la información, ella es la que siempre nos ha llevado la contraria, estaba de acuerdo con el de la antena y tal vez le dieron unos centavos a la pobre señora y ahí sigue. Nadie le habla, antes todo le hablábamos, le hacíamos favores cuando quería, pero desde que pasó eso nada que ver.

Doña Fabiana y doña Carolina tendran que enfrentar la denuncia penal del MP y de la empresa SBA Torres Guatemala, a ellas las asiste la razón, los derechos como ciudadanas de este país y su convicción de que estan haciendo lo correcto.

[1] Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena de telefonía en su comunidad, Noticias.com.gt, 11 febrero 2016; Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena, La Hora 10 de febrero 2016.

[2] Dos mujeres ligadas a proceso por oponerse a la instalación de una antena de telefonía en Xela, Stereo 100, 10 febrero 2016.

[3] Persiste lucha de mujeres contra instalación de antena en Xela, Prensa Libre, 12 febrero 2016.

[4] Ibidem. 

[5] Mujeres enfrentarían juicio por oponerse a instalación de antena. Soy 502,  10 de febrero 2016.

[6] Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena de telefonía en su comunidad, Noticias.com.gt, 11 febrero 2016.

Barillas: tres años de la resistencia pacífica “Nuevo Amanecer”

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Por: Manuel Pedro.

La resistencia pacífica; enmarcada en el derecho constitucional a la libre manifestación, organización y expresión. Se vive y se siente en Santa Cruz Barillas, en el agradecimiento al Ajaw y formador por el tercer aniversario de la Resistencia Pacifica “Nuevo amanecer” en Poza verde el 7 de abril de 2016.

Desde hace tres años; el 7 de abril de 2013, Miles de comunitarios y comunitarias de Santa Cruz Barillas se instalaron pacíficamente en el camino comunitario que conduce a la entrada de las instalaciones en donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende continuar realizando trabajos de construcción de la Hidroeléctricas Q’anb’alam I, Q’anb’alam II y Q’anb’alam III, en área denominada Poza Verde; La resistencia pacífica de Barillas decidió realizar un plantón y toma pacífica.

Desde esa época se vivió y se sigue viviendo una ola de persecuciones en contra de nuestros líderes y lideresas del municipio de Barillas, órdenes de capturas y encarcelamiento de forma arbitraria en contra de las autoridades ancestrales; tales como Ermitaño López Reyes y Adalberto Villatoro, actualmente integrantes del Gobierno Plurinacional de la etnia Mestiza, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, ambos maya Q’anjob’al integrantes del gobierno Plurinacional de la Región norte de Huehuetenango, todos del gobierno Plurinacional Yajawil Konob’ Imox.

El agradecimiento al Ajaw y formador por el tercer aniversario de la Resistencia Pacifica en Poza verde este 7 de abril de 2016. Se hizo saber a la opinión pública nacional e internacional que la resistencia sigue en pie, las exigencias a los derechos, la liberación de los presos políticos y el retiro de las empresas transnacionales fuera de nuestro territorio. Se les hizo una invitación a los presentes por las luchas a favor del agua, los recursos naturales, los derechos humanos, y la construcción de un estado plurinacional.

Barillas y Comunidades en Resistencia Pacífica, “Poza Verde – Nuevo Amanecer”.