La movilización comunitaria y la represión estatal

Uno de los puestos militares instalados en la Aldea Los Pajoques San Juan Sacatepéquez en octubre 2014.

Por: Quimy De  León, Francisco Lucas, Nelton Rivera y Santiago Bastos.

Como Prensa Comunitaria publicaremos una serie de textos elaborados como resultado de nuestro trabajo de investigación relacionados con la represión y la movilización comunitaria, este texto es la primer entrega.

Este texto trata sobre la criminalización de la protesta social. Es decir, cuando el Estado responde a quienes hacen reclamos y exigen derechos tratándolos como delincuentes y abusando de la fuerza del Estado en contra de ellos. Eso es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en muchos lugares de Latinoamérica: la actual fase de criminalización que vivimos tiene que ver con la fase de acumulación capitalista ligada al neoliberalismo y las prácticas extractivas.

En Guatemala la represión es la base de la respuesta de los últimos gobiernos a los reclamos que muchas comunidades indígenas y mestizas han hecho en contra de la instalación de actividades que invaden su territorio, ponen en peligro los recursos comunes y pretenden actuar por encima de su voluntad.

Municipios como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas son un ejemplo de organización comunitaria, pero también de las prácticas de represión desplegadas en contra de la voluntad de los habitantes.  Por esa razón, analizaremos el marco nacional y la historia de estos municipios antes de explicar qué entendemos por represión y cómo se desarrolla.  En los siguientes capítulos nos enfocaremos en dos formas básicas de represión que se han dado en tres municipios del territorio norte de Huehuetenango: la militarización, la persecución penal y la detención arbitraria. Y finalizaremos con las consecuencias que sufren las familias y especialmente las mujeres en los últimos seis años.

1    Neoliberalismo y despojo después del conflicto

Desde el cambio de siglo, la presencia masiva de diversas industrias extractivas está provocando conflictos en toda América Latina, las cuales incluyen a las empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la minería, la energía hidroeléctrica, eólica, las telecomunicaciones, el petróleo, los cultivos agroindustriales entre otras en general, estas actividades despojan a los pueblos y las comunidades de sus territorios, sus formas de vida y sus derechos fundamentales.

En Guatemala, la organización y movilización de las comunidades ante esta presencia prepotente y sus consecuencias, ha provocado una ola represiva por parte de los Gobiernos, que han preferido poner en marcha políticas de apertura al mercado mundial antes de desarrollar las propuestas de sociedad y nación contenidas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

Las consultas comunitarias como respuestas a la explotación

De hecho, el mismo gobierno que firmó la paz, presidido por Álvaro Arzú, fue el que apenas un año después en 1997, introdujo los cambios a la Ley de Minería que permitieron el desembarco de empresas a partir del cambio de siglo.[1] Al mismo tiempo se pusieron en marcha iniciativas de integración regional como el Plan Puebla Panamá y sus derivados, con claros objetivos hacia el mercado energético global; mientras el nacional era copado por empresas españolas, lo mismo que las telecomunicaciones con las mexicanas.[2] Los cultivos para agrocombustibles empezaron a reemplazar o complementar los productos tradicionales para la exportación, provocando una reconcentración de la tierra en manos de compañías locales y extranjeras.[3] A partir de 2001, las compañías mineras empezaron a solicitar licencias de exploración en todas las regiones del país–ver mapa- , y la primera que empezó operaciones fue la gigante canadiense GoldCorp, que abrió la mina Marlín en San Miguel Ixtahuacán,  San Marcos.

Ante la reacción en esta localidad y los recientes ejemplos de Comitancillo (San Marcos) y Rio Hondo (Zacapa), en la vecina Sipakapa (San Marcos) se promovió una consulta comunitaria en junio de 2005, en la que los vecinos plantearon que no querían actividades mineras en su territorio. Al año siguiente,  el Ministerio de Energía y Minas notificó a cinco municipalidades de Huehuetenango sobre exploraciones inminentes, lo cual resultó en una serie de consultas simultáneas el día 25 de julio de 2006.[4] Éste fue el inicio de una verdadera oleada de consultas comunitarias de buena Fe”: en siete años se desarrollaron más de 60 consultas (Municipales y de Buena Fe) en las que participaron más de un millón de personas que empezaron en los núcleos de San Marcos y Huehuetenango, pero inmediatamente se fueron extendiendo por el Altiplano y después por todo el país.[5]

 Mapa 1

En cada uno de los lugares en que se realizó la consulta, la respuesta de las personas de las comunidades fue impresionante: llegaron multitudes de mujeres, hombres, ancianos y niños, que de forma prácticamente unánime manifestaron públicamente su rechazo a las explotaciones mineras y de todos los bienes naturales como el agua en su territorio. Este éxito reflejaba la preocupación de las comunidades por la amenaza ante el deterioro de su entorno más inmediato, y su rechazo al modelo de desarrollo basado en la extracción impune de recursos. La convocatoria y la unanimidad eran resultado de todo un proceso de información y consulta que se llevó a cabo de forma paciente y minuciosa a partir de las estructuras como Alcaldes  Comunitarios e Indígenas,  COCODEs, autoridades ancestrales y  Asambleas; actualizando así comportamientos históricos en momentos de necesidad sentida.[6] Las consultas se realizaron  al amparo del Convenio 169 de la OIT, el nuevo Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo; con lo que estaba utilizando la legislación surgida o reformadas en el contexto de la paz sobre la participación y la toma de decisiones a nivel local.

Solo en el departamento de Huehuetenango durante el año 2006 los municipios de Colotenango, San Juan Atitán, Todos Santos, Concepción Huista, Santiago Chimaltenango, seguidos por Jolom Konob´ (Santa Eulalia, la cabeza de pueblo).

Para el 2007 el primer municipio de Huehuetenango que dio continuidad a las Consultas Comunitarias fue San Miguel Acatán, San Pedro, San Juan Ixcoy, San Antonio Huista, Santa Cruz Barillas, Tectitán, Chiantla, Jacaltenango, San Idelfonso Ixtahucán y se cierra el año el año con la consulta de Nentón.

Para el año 2008, el municipio de Santa Ana Huista arrancaba  el mes con las consultas comunitarias, Aguacatán, San Pedro Soloma, Cuilco, San Sebastián Huehuetenango. El año lo cerró el municipio de Santa Bárbara.

Para el año 2009 el municipio de San Rafael Petzal inicio, seguido por San Rafael La Independencia, San Mateo Ixtatán, San Gaspar Ixil  y  San Sebastián Coatán.

El año 2010 inicio con la consulta comunitaria de Unión Cantinil el día 18 de enero 2010. Y finalmente la consulta de Malacatancito realizada el 2 de agosto del 2015, para un total de 29 consultas comunitarias en igual cantidad de municipios del departamento, finalmente para el año 2016 son más de 70 consultas municipales y de Buena Fe las realizadas en todo el país.

La represión estatal y los conflictos comunitarios

Puesto militar y maquinaria para construcción Anillo Regional en San Juan Sacatepequez, septiembre 2014.

Pese a toda esta movilización, ninguno de los gobiernos de estos años –el de Berger entre 2004 y 2007; Colom de 2008 a 2011; Pérez Molina de 2012 a 2015, Maldonado Aguirre 2015 a 2016  de transición por la renuncia de Pérez Molina y Morales Cabrera desde enero 2016 –  le ha dado el valor legal, ni político a estos impresionantes ejercicios de ciudadanía participativa. Basándose en interpretaciones restringidas del Convenio 169 de la OIT y de las propias leyes guatemaltecas las cuales argumentan que el subsuelo y los recursos pertenecen a la nación y por tanto es a nivel central, y no municipal, donde se toman las decisiones.[7] Así, dedicaron sus esfuerzos y energías a facilitar el trabajo a las empresas dedicadas a estas actividades.[8]

 De esta forma, mientras se desarrollaban las consultas, empezaron a darse exploraciones y explotaciones de minas e hidroeléctricas, mientras se ampliaban los cultivos de Palma Africana y caña de azúcar a costa de pequeños propietarios. Después de la GoldCorp en San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, llego la Ente Nazionale per l’Energía eLettrica (ENEL) a  Cotzal, Soloma, Barillas, Santa Eulalia en Huehuetenango, Baja Verapaz y Quetzaltenango, Cementos Progreso a San Juan Sacatepéquez,  la familia Pellas Chamorro con el Ingenio Chabil Utzaj’ al Valle del Polochic, Ecoener Hidralia Energía a Barillas, Huehuetenango, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en Panzós Alta Verapaz y a El Estor Izabal; así como Kappes, Cassiday & Associates (KCA) a San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la expansión de la Palmas del Ixcan, Naturaceites y el Grupo HAME en Peten, Valle del Polochic y la Costa Sur, la Tahoe Resources Inc. a San Rafael las Flores, además de muchas más. En cada uno de estos lugares, las empresas llegaron sin haber avisado ni mucho menos consultado a las autoridades locales, apropiándose de los terrenos de forma abusiva y poco clara.

Ejercito se moviliza en el río Pueblo Viejo en el Valle del Polochic

Grupos irregulares al servicio de la familia Widmann queman las casas en la comunidad Quinich

PNC comandada por uno de los Widmann exigen el retiro de la población en la comunidad El Sauce

En estos lugares y muchos otros, la gente reaccionó como en las consultas: a través de las estructuras y autoridades comunitarias solicitaron que se respetara sus derechos y se escuchara su voz. A través de los mecanismos e instituciones que marca la ley, COCODEs  y Alcaldes comunitarios se dirigieron a las autoridades municipales y después a las centrales para manifestar su oposición a un tipo de actividades que no sólo amenazaba su entorno y su futuro –como había dejado muy claro el caso de la Mina Marlin-, sino que llegaba de forma invasiva y prepotente, sin consultarles.[9]

Cuando la oposición comunitaria empezó sus actividades, las empresas respondieron con comportamientos muy semejantes en todos los casos: combinando intimidaciones con ofertas económicas, utilizando más presión legal sobre las autoridades municipales, sembrando la división en las comunidades y persiguiendo penalmente cualquier acción de protesta y dirigiendo los procesos penales en contra de los principales liderazgos. De esta forma, las tensiones fueron aumentando y la conflictividad se instaló en muchos de estos lugares, llegando a situaciones violentas y a la detención y muerte de opositores a las empresas.[10]

Ante estas escaladas de tensión, las autoridades municipales y centrales, el aparato judicial, las fuerzas de seguridad y  el Ministerio Público actuaron y actúan –en general – apoyando a las empresas en sus acciones legales e ilegales y considerando a los opositores como unos criminales, no como ciudadanos que reclaman sus derechos, aplicando en los procesos el derecho penal del enemigo[11] contra las autoridades comunitarias, en casos como las de Santa Eulalia autoridades ancestrales del pueblo maya Q’anjob’al. Como vamos a ver más tarde en este capítulo, esta criminalización de la lucha social se acompaña de toda una campaña ideológica de estigmatización de los luchadores a partir de las categorías clásicas del repertorio racista, contrainsurgente y anticomunista, a los que se unen otras nuevas como el resentimiento y la oposición al desarrollo.

Como vamos a ver, aplican la ley de forma parcial y perversa, de tal manera que los reclamos de los ciudadanos en contra de los proyectos nunca avanzan y en cambio los opositores son tratados como criminales que realizan actos ilegales. En los últimos años ha ido creciendo el número de gente que es perseguida, detenida, enjuiciada y encarcelada por oponerse a las actividades de las empresas. Es una nueva forma de presos políticos, pues se les acusan de una serie de delitos que no han cometido, con la única finalidad de paralizar y desarticular la organización comunitaria.  Son las  acciones de las empresas las que provocan, generan y profundizan la ingobernabilidad en los territorios de los pueblos, para que el Estado justifique el uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra la lucha organizada, violando los derechos fundamentales de los pueblos.

Además, el Estado ha renovado las prácticas de terror que supuestamente había dejado atrás, adaptadas al nuevo contexto. Ante las demostraciones, marchas y reuniones, la actuación policial se suele realizar acompañada de fuerzas militares agrediendo sexualmente a las mujeres, y llegando a provocar la muerte.[12] En algunos casos –como el mismo de Barillas- se ha llegado a la declaración de Estados de sitio y/o excepción de forma ilegal como una estrategia para desarticular las movilizaciones de oposición e incluso para avanzar en unas obras que nadie quiere.[13]

Este comportamiento ha sido generalizado en los últimos diez años, provocando una desconfianza cada vez mayor de las comunidades hacia el gobierno central y las autoridades en general, mientras se ha ido consolidando la oposición al modelo de desarrollo que estas empresas representan. En los últimos años han aumentado las protestas en contra de donde pretendían instalarse, y las repuestas del estado han sido cada vez más contundentes y violentas.

La llegada a la Presidencia del ex general Otto Pérez Molina ha supuesto un salto cualitativo por aplicación generalizada de estrategias de militarización para terminar con la protesta social –el Estado de sitio en Barillas fue el primer ejemplo- por la aplicación sistemática de control y represión como respuesta a la movilización comunitaria –llegando a un punto complejo con la masacre de 6 indígenas maya Quiché de Totonicapán en octubre del 2012-, la rearticulación ideológica de la derecha oligárquico-militar más reaccionaria y con todo ello la generalización de la represión y asesinatos contra líderes y activistas. Con ello tenemos las trazas de estar en un proyecto militar renovado, ahora para cuidar los intereses económicos.[14]

Cumbre de Alaska, Km. 169 de la Carretera Interanericana, el 4 de octubre 2012.

Luego la exigencia de las comunidades por resultado desató nuevos escenarios de represión con otros estados de sitio en Jalapa y Santa Rosa, desalojos y asesinatos de campesinos en Samococh Alta Verapaz, y un segundo Estado de Prevención en las comunidades de San Juan Sacatepéquez en octubre 2014. Al mismo tiempo varios desalojos violentos en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc contra la resistencia pacífica La Puya, que incluyo la instalación de un puesto de la Policía Nacional Civil dentro de la Mina. En el territorio norte de Huehuetenango en el municipio de San Mateo Ixtatán se reinstaló el destacamento militar con un fuerte contingente militar dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica.[15] La detención de seis  autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo Q’anjob’al y mestizo de los municipios de Santa Eulalia y Barillas, nuevas órdenes de aprensión contra otras autoridades y personas opuestas a los megaproyectos en esta región.[16]

A pesar de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente Roxana Baldetti Elías en octubre del 2015 acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG y el Ministerio Público MP de dirigir varias redes criminales de corrupción dentro del Estado, la estrategia en contra de los pueblos por parte de las empresas extractivas en todo el país no se detuvo, la imposición de los megaproyectos y la estrategia represiva continúan, para 2016 en algunos casos incluso se ha profundizado.

Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*

Notas

[1] Yagenova, Simona 2012. La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2001(Revisar Fecha!). Guatemala: FLACSO.

[2] Solano, Luis 2005 Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder. Inforpress Centroamericana, Guatemala.

[3] Alonso-Fradejas, Alberto, José Luís Caal Hub y  Teresita Chinchilla Miranda, 2011 Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del s. XXI. Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)

[4] CEIBA y  ASDITOJ, (2007). Consultas comunitarias: Una herramienta estratégica para la defensa del territorio. Guatemala, Guatemala: CEIBA-ASDITOJ.

[5] Mérida, 2012

[6] Trentavizi, Bárbara y Cahuec, Eleuterio. (2012). “Las consultas comunitarias de buena fe y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala”. Informe de investigación Guatemala, Guatemala: CIRMA-OACNUDH.

[7] Yagenova, op cit.

[8] Cabanas, Andrés 2012 “El Proyecto Patriota: Neoliberalismo Militarista” En Memorial de Guatemala,http://memorialguatemala.blogspot.mx/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html

[9] Bastos Santiago y Quimy de León ,2013 La movilización comunitaria en Guatemala. Estudio de casos. Informe de investigación, Diakonía, Guatemala

[10] ibídem-

[11] Este es un análisis y planteamiento del abogado Edgar Pérez Archila del Bufete de Abogados de Derechos Humanos quien es el abogado director de Francisco Juan Pedro, líder comunitario de Santa Cruz Barillas y preso político.

[12] Carlos Figueroa Ibarra: “Del terror militar a la violencia neoliberal”. Año 2014. www.cinep.org.co

[13] Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Pueblos de Occidente CPO – presentado ante la Corte de Constitucionalidad CC-. El día 14 de mayo 2012.

[14] Cabanas, Andrés. Soñar y construir colectivamente un país nuevo. Memorial de Guatemala. Guatemala año 2012.

[15] Nelton Rivera. San Mateo Ixtatán: una nueva agresión contra el pueblo Chuj, Prensa Comunitaria. 21 de julio 2014. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

[16] Santiago Bastos.  Las trampas de la justicia en Guatemala. Reflexiones al cumplirse un año de prisión de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar. Prensa Comunitaria. 28 de marzo 2016.  https://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/21/san-mateo-ixtatan-una-nueva-agresion-contra-el-pueblo-chuj/

Las fotografías de los desalojos en el Valle del Polochic en 2011 son una producción de Caracol Producciones.