Archivo del sitio

San Marcos: “soy autoridad ancestral y aquí nos agarran como que somos animales”

Fotografía de Norma Sancir.

Por: Nelton Rivera y Norma Sancir.

Las palabras de Don Oscar Sánchez, autoridad ancestral maya Mam detenido arbitrariamente esta mañana mientras las comunidades y pueblos Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo de San Marcos se movilizaron para demandar la libertad de 10 #PresosPoliticos del Estado, en esa convocatoria se encontraba don Oscar Sánchez cuando bajo engaños se le condujo hacia la Comisaría de la Policía Nacional Civil PNC, Don Oscar se convierte hoy en el onceavo preso político en defensa del territorio del departamento de San Marcos.

***

“Creo que ese es el delito, por defender el derecho de los pueblos o sea para mis hijos, porque mis hijos vienen, son chiquitos. De todas maneras creo que ese es el delito, no hay otra cosa.

Defiendo el territorio, yo lo que estoy defendiendo es mi casa y mi terreno, no estoy en contra de otra cosa.

No tengo conocimiento del porqué de la detención, yo soy inocente de cualquier delito, hoy solamente me pidieron mi DPI, yo declare cual es mi cargo, dije porque es que estoy aquí, porque ando aquí, estoy aquí porque soy Autoridad Ancestral del pueblo maya Mam, únicamente.

Sobre si estoy en contra de una hidroeléctrica no soy solo  yo, es toda la población, todos en general, todo esto está de acuerdo a las actas, de acuerdo a las consultas que tienen los pueblos, no solo yo lo estoy haciendo. Porque yo estoy nombrado a través de un acuerdo en donde se tomaron en cuenta todas estas cuestiones.

Yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy porque este es mi derecho a defender mi casa, mi terreno, mi pueblo, eso es lo único.

Soy inocente, no sé leer, ni anda, pero entiendo porque mi trabajo es legítimo indígena, cuando me detuvieron no me dijeron nada, ni me mostraron nada, solo me dijeron vamos a la jefatura a hacer un mandado y ahora me di cuenta que me vinieron a dejar a la policía.

No me presentaron ningún documento, yo solo les presente mi vara da autoridad ancestral, les hable de autoridad a autoridad y ellos tienen que defender mis derecho, no me han dado nada, ni dicho nada ni me han mostrado ningún documento en donde diga el porqué de la detención.

Porque si hubiera existido algo, yo tengo casa, tengo la casa de las autoridades comunitarias, ahí debió de haber llegado cualquier citación ahí, de haber sido así estaría de acuerdo, pero aquí nos agarran como a animales, yo tengo derechos, soy una persona, un ser humano. Estoy defendiendo mi identidad, al prójimo, tengo mis valores y mis costumbres porque yo soy legítima autoridad indígena.”

 

Premios Nobel de la Paz piden liberación de los Presos Políticos en Guatemala

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Nueve premios Nobel de la Paz – entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum, y el ex presidente José Ramos Horta – han dado a conocer el día de hoy una carta pidiendo al presidente de Guatemala y autoridades del sistema de Justicia, cesar con las falsas acusaciones contra siete defensores del medio ambiente presos, e instan a liberarlos.

Indican los nombres de los siete presos políticos del norte de Huehuetenango: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Quienes son acusados de graves delitos contra operadores de justicia, que supuestamente tuvieron lugar durante protestas en contra de la imposición de las presas hidroeléctricas en la región y durante las protestas contra las detenciones arbitrarias de otros líderes de la comunidad.

En la carta, las y los galardonados con el Nobel de la Paz, señalan que existen órdenes de detención pendientes contra más de sesenta líderes y autoridades comunitarias, por lo que piden que retiren esa persecusión también.

“Debido a los buenos precedentes de las cortes y tribunales de Guatemala en los últimos años, consideramos que es especialmente preocupante que los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos de las comunidades mayas y mestizas en Huehuetenango, que están luchando para proteger los derechos de sus comunidades, y la soberanía del territorio, estén en la mira y sean acusados de crímenes que no cometieron y enviados a la cárcel” dice la carta. Los laureados llaman al gobierno de Guatemala para detener la criminalización y represión contra las comunidades mayas.

Hace dos semanas dio inicio el debate oral y público dentro del juicio contra los defensores, promovido por fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. La carta de los Nobeles de la paz se produce en vísperas de la conclusión del juicio.

Información desde el sitio de la Nobel Women Initiative, organización de las mujeres Nobeles de la paz.

Libertad para los Presos Políticos en Guatemala

 

Corte de Constitucionalidad suspendió otra licencia de exploración en Quiché y Baja Verapaz

Por: Consejo del Pueblo Maya – CPO –

La Corte de Constitucionalidad resolvió SUSPENDER la licencia de exploración minera denominada “LOS CIMIENTOS” ubicada en los municipios de Chicamán, Uspantán y Cubulco de los departamentos de Quiché y Baja Verapaz (Exp. 411 -2014).

La licencia fue autorizada en el año 2006 a Nichromet Guatemala, confiriéndole la facultad exclusiva de localizar, analizar, evaluar y estudiar los yacimientos de cadmio, plomo, zinc, cobalto, cobre, minerales del grupo del platino, molibdeno, níquel, oro, plata y tierras raras.

La Corte de Constitucionalidad resolvió la suspensión de la misma, puesto que no fue respetado el derecho de consulta a pueblos indígenas en el otorgamiento de la licencia minera.

Según la resolución de la CC, es obligatorio para el Ministerio de Energía y Minas consultar a los pueblos antes de la autorización de cualquier licencia minera, o bien, prórroga de licencias que hayan sido autorizadas.

Esta resolución es el resultado de acciones de amparo presentadas por las autoridades comunitarias articuladas en el Consejo del Pueblo K’iche,’ miembros del Consejo del Pueblo Maya –CPO- .

Lea y descargue la sentencia completa aquí:

sentencia cc mineria

Cobán: Copal Aa La Esperanza y el cuidado de la naturaleza

La niñez y la juventud en la comunidad de Copal Aa, llamada “La Esperanza” es una comunidad situada entre varios ríos en Cobán Alta Verapaz.

Uno de los ríos principales es el río Chixoy que desde la década del 70 ha mantenido en preocupación constante a las comunidades que viven en la región de Ixcan, Uspantán en Quiche y Cobán en Alta Verapaz por el interés del INDE y otras empresas de construir una represa que afectaría e inundaría a cientos de comunidades.

El río Copala cruza la comunidad y se une con el Chixoy, la comunidad se encuentra en medio de cerros y montañas en donde la naturaleza les permite interactuar aún en un territorio lleno de selva, bosque, fauna y flora.

Por eso en Copal Aa se realiza el festival del medio ambiente para que las personas convivan con la naturaleza, la protejan y la cuiden.

“Todo lo que se debe de hacer para proteger el medio ambiente se reduce a: la regla de las tres erres. Reducir, reutilizar y reciclar.”

Fotografías de Joel Pérez.

Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

***

¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

****

[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.