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Gobierno finalmente confirmó el asesinato de Byron Lima Oliva y 12 personas más en Granja Penal Pavón

Byron Lima Oliva, en una foto de 2012. Moises Castillo AP

Por: Nelton Rivera.

Algunos medios de comunicación internacionales dan por hecho que el asesinato de Byron Lima Oliva, capital del ejército y responsable del asesinato material del obispo Juan José Gerardi Conedera fue resultado de un motín[1] en la Granja Penal de Pavón un centro de mayor seguridad para privados de libertad ubicado en el municipio de Fraijanes cercano a la Ciudad de Guatemala.

Esta mañana la noticia sacudió a la sociedad guatemalteca, la versión de un motín fue desmentida por varios internos quienes en el ingreso principal de la Granja Penal de Pavón dieron públicamente la versión de los hechos ocurridos o por lo menos una de las tantas versiones de lo ocurrido durante la mañana de este 18 de julio 2016.

En un medio local se reprodujo el audio de las declaraciones de uno de los reos en Pavón:

“le pagaron dos balazos en la cabeza… queremos que la guardia o la policía nacional civil lo arme un operativo y lo saquen de aquí de penal… hay una cantidad de 9 a 10 muertos alla dentro. Porque fue gente que mando Marvin Montiel alias “El Taquero” con sus doce seguridades, todos están armados…”[2]

Esta versión fue confirmada por el actual ministro de Gobernación; Francisco Rivas en una conferencia de prensa que fueron 13 personas asesinadas, 12 internos entre estos el capital Byron Lima Oliva y la ciudadana argentina Joanna Elizabeth Birriel. El ministro confirmo que el ataque habría sido a consecuencia de la disputa de las ventas de droga en el interior del centro penal.

En el ataque armado utilizaron armamento militar, por lo menos una granada de fragmentación se hizo detonar, utilizaron armas de fuego sin que el Mingob confirme el tipo y calibres utilizados. ¿Cómo obtuvieron dicho armamento? ¿Cómo la seguridad de «El Taquero» logró pasar desapercibida al trasladarse hacia Lima Oliva? Estas y muchas interrogantes giran en estos momentos, será el Ministerio Público y las autoridades gubernamentales quienes den mayores explicaciones en uno de los ataques dentro del Sistema Penitenciario[3] más sangriento este año a uno de los hombres fuertes dentro de las cárceles guatemaltecas.

Al finalizar la conferencia de prensa el actual ministro Francisco Rivas no informo si serian destituidos funcionarios responsables de la Granja Penal de Pavón o viceministros de su cartera, incluyéndolo a él.

Byron Lima Oliva guardaba prisión desde 2001 por la muerte del obispo Juan Gerardi. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

 

[1] ElPais. Byron Lima, el asesino del obispo Juan Gerardi muere durante un motín carcelario. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/18/america/1468872103_598746.html?id_externo_rsoc=TW_AM_CM

[2] Prensa Libre. El Taquero habría ordenado la ejecución de Byron Lima. http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/control-de-pavon-habria-provocado-el-enfrentamiento

[3] Comunicado CICIG. DESARTICULAN RED QUE INVOLUCRA A EDGAR CAMARGO Y BYRON LIMA OLIVA. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=559&cntnt01returnid=67

Premios Nobel de la Paz piden liberación de los Presos Políticos en Guatemala

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Nueve premios Nobel de la Paz – entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum, y el ex presidente José Ramos Horta – han dado a conocer el día de hoy una carta pidiendo al presidente de Guatemala y autoridades del sistema de Justicia, cesar con las falsas acusaciones contra siete defensores del medio ambiente presos, e instan a liberarlos.

Indican los nombres de los siete presos políticos del norte de Huehuetenango: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Quienes son acusados de graves delitos contra operadores de justicia, que supuestamente tuvieron lugar durante protestas en contra de la imposición de las presas hidroeléctricas en la región y durante las protestas contra las detenciones arbitrarias de otros líderes de la comunidad.

En la carta, las y los galardonados con el Nobel de la Paz, señalan que existen órdenes de detención pendientes contra más de sesenta líderes y autoridades comunitarias, por lo que piden que retiren esa persecusión también.

«Debido a los buenos precedentes de las cortes y tribunales de Guatemala en los últimos años, consideramos que es especialmente preocupante que los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos de las comunidades mayas y mestizas en Huehuetenango, que están luchando para proteger los derechos de sus comunidades, y la soberanía del territorio, estén en la mira y sean acusados de crímenes que no cometieron y enviados a la cárcel» dice la carta. Los laureados llaman al gobierno de Guatemala para detener la criminalización y represión contra las comunidades mayas.

Hace dos semanas dio inicio el debate oral y público dentro del juicio contra los defensores, promovido por fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. La carta de los Nobeles de la paz se produce en vísperas de la conclusión del juicio.

Información desde el sitio de la Nobel Women Initiative, organización de las mujeres Nobeles de la paz.

Libertad para los Presos Políticos en Guatemala

 

Santa Eulalia: la reforma al sistema de justicia y mega proyectos reúne a autoridades comunitarias y municipales

Por: Lorenzo Francisco.

La corporación municipal presidida por el alcalde Diego Domingo Pedro, Movimiento Social, miembros del Gobierno Plurinacional Q’anjoba’l (Yajawil Payxa Konob’). Convocaron a hoy domingo 26 de junio a autoridades comunitarias, Cocodes, líderes de diferentes  iglesias y organizaciones que existen en Santa Eulalia para informar, análisis y tomar decisiones importantes.

Uno de los objetivos de esta reunión es la de informar sobre la comisión que viajó a la ciudad capital el pasado 24 de mayo a Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Congreso de la República y Derechos Humanos, con la finalidad de presentar un memorial para impugnar la resolución número 003658 emitida por el MEM con fecha del día de 10 de octubre del 2015.

Esta resolución fue notificada el 17 de mayo de 2016, misma que atiende al memorial presentado el 11 de diciembre del 2014, relacionado a la oposición de la población a la construcción del proyecto de la  hidroeléctrica San Luis de la empresa Cinco M S.A. con capacidad de 12.2 MW. El MEM resolvió que agotado el procedimiento que hizo para otorgar la licencia a la empresa Cinco M S.A. nada puede hacer para revocarla, y ordenó entonces archivar el memoria de petición del pueblo Q’anjob’al.

Julio Mateo, representante de la iglesia católica enfatizó sobre su preocupación por la emboscada que sufrieron los de la comisión  de parte de la Policía Nacional Civil en la entrada a la ciudad de Huehuetenango durante las horas de la madrugada del día en que se dirigían a la ciudad capital.

Esto cuando aproximadamente a las 2 de la madrugada los detuvo una radio patrulla de la PNC posicionándose frente al microbús que los transportaba, y de inmediato fue rodeado el microbús por tres agentes más que aparecieron en diferentes direcciones, poniendo en riesgo a la delegación de representantes que viajaban a la capital.

Esto demuestra que la fuerza pública están haciendo operaciones de control y vigilancia de  los representantes del pueblo maya Q’anojb’al fuera de las atribuciones constitucionales de brindar seguridad ciudad en democracia.

Otro de los puntos importantes a tratar en la agenda de este día, se hizo un análisis sobre las licencias de exploración y explotación de minería e hidroeléctricas en el territorio Maya Q’ANJOB’AL y en específico del pueblo de Jolom Konob’. Asimismo se analizaron las propuestas del pueblo maya Jolom Konob’  para la reforma constitucional del sistema de justicia guatemalteco, presentadas por el Gobierno Plurinacional en las mesas de dialogo nacionales para esta reforma.

El territorio norte de Huehuetenango ha sido de los territorios más afectados por la criminalización y persecución penal, especialmente por la función que asumen los operadores de justicia en contra de la organización comunitaria. Un ejemplo claro de todo esto son los 7 presos políticos del territorio en distintas cárceles del país.

 

San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/

La movilización magisterial y popular en México

desInformemonos.org.mx

Por Pablo Sigüenza Ramírez.

La mal llamada Reforma Educativa que el gobierno de Peña Nieto en México está tratando de imponer tiene como consecuencia principal la privatización de la educación pública mexicana. Niega el derecho humano básico del acceso a la educación y pone en peligro la carrera docente de más de un millón de maestros y maestras.

En 2013 se aprobó la ley general de profesionalización docente, modificando el articulo 3 y 73 constitucional. En dicha ley el Estado se desliga de su responsabilidad de dar educación pública al pueblo mexicano, dejando el servicio educativo a disposición de grupos de capital que no buscan la calidad educativa sino el lucro a costa de la población.

Ante este intento de imposición, cientos de miles de maestros y maestras llevan tres años manifestando de manera pacífica su oposición a esta privatización de hecho.  Se realizaron 36 foros a nivel nacional con participación de autoridades de gobierno, maestros y  población tratando de discutir mejores caminos para el desarrollo de la educación en el país. El gobierno hizo caso omiso de estas discusiones y por el contrario impulsa la reforma privatizadora.

Las y los maestros han estado activos realizando asambleas magisteriales, informando a la ciudadanía de las implicaciones de está política de gobierno. Han solicitado diálogo con los representantes de educación pública, habiendo una política de oídos sordos desde el gobierno. La resistencia pacífica ha sido necesaria.

Como respuesta a las demandas legitimas del magisterio, lo que el gobierno ha ejecutado es represión y criminalización del movimiento nacional magisterial. Los días del 16 al 20 de junio las fuerzas de seguridad estatales y federales, negando la posibilidad de diálogo y negociación, han atacado al movimiento magisterial y a la población en diversas comunidades de. El saldo trágico hoy es de 8 fallecidos según datos oficiales, se presume la muerte de otras 30 personas aún no confirmadas y más de un centenar de heridos y  desaparecidos. Hace un mes los desalojos violentos a plantones magisteriales se  llevaron a cabo en distintos municipios de Chiapas.

La demanda que la sociedad hace hoy al Estado es el alto a la represión contra el magisterio y la población en Oaxaca y Chiapas. La exigencia primera es crear los mecanismos de negociación con el magisterio para garantizar que cualquier política de educación pública asegure el derecho de acceso a al educación gratuita y humanista para todas y todos los mexicanos.

Diversos sectores sociales apoyan hoy al magisterio. Este apoyo se ha vuelto también internacional. La lucha del magisterio mexicano es hoy, la lucha del pueblo latinoamericano.