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La movilización magisterial y popular en México
desInformemonos.org.mx
Por Pablo Sigüenza Ramírez.
La mal llamada Reforma Educativa que el gobierno de Peña Nieto en México está tratando de imponer tiene como consecuencia principal la privatización de la educación pública mexicana. Niega el derecho humano básico del acceso a la educación y pone en peligro la carrera docente de más de un millón de maestros y maestras.
En 2013 se aprobó la ley general de profesionalización docente, modificando el articulo 3 y 73 constitucional. En dicha ley el Estado se desliga de su responsabilidad de dar educación pública al pueblo mexicano, dejando el servicio educativo a disposición de grupos de capital que no buscan la calidad educativa sino el lucro a costa de la población.
Ante este intento de imposición, cientos de miles de maestros y maestras llevan tres años manifestando de manera pacífica su oposición a esta privatización de hecho. Se realizaron 36 foros a nivel nacional con participación de autoridades de gobierno, maestros y población tratando de discutir mejores caminos para el desarrollo de la educación en el país. El gobierno hizo caso omiso de estas discusiones y por el contrario impulsa la reforma privatizadora.
Las y los maestros han estado activos realizando asambleas magisteriales, informando a la ciudadanía de las implicaciones de está política de gobierno. Han solicitado diálogo con los representantes de educación pública, habiendo una política de oídos sordos desde el gobierno. La resistencia pacífica ha sido necesaria.
Como respuesta a las demandas legitimas del magisterio, lo que el gobierno ha ejecutado es represión y criminalización del movimiento nacional magisterial. Los días del 16 al 20 de junio las fuerzas de seguridad estatales y federales, negando la posibilidad de diálogo y negociación, han atacado al movimiento magisterial y a la población en diversas comunidades de. El saldo trágico hoy es de 8 fallecidos según datos oficiales, se presume la muerte de otras 30 personas aún no confirmadas y más de un centenar de heridos y desaparecidos. Hace un mes los desalojos violentos a plantones magisteriales se llevaron a cabo en distintos municipios de Chiapas.
La demanda que la sociedad hace hoy al Estado es el alto a la represión contra el magisterio y la población en Oaxaca y Chiapas. La exigencia primera es crear los mecanismos de negociación con el magisterio para garantizar que cualquier política de educación pública asegure el derecho de acceso a al educación gratuita y humanista para todas y todos los mexicanos.
Diversos sectores sociales apoyan hoy al magisterio. Este apoyo se ha vuelto también internacional. La lucha del magisterio mexicano es hoy, la lucha del pueblo latinoamericano.
Lima Perú: que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible ODS para Guatemala
Por: Leopoldo Batz.
Una delegación de Guatemala viajo recientemente hacia la ciudad de Lima Perú con el objetivo de participar en el quinto taller temático del “Programa Participa”, en este encuentro los temas prioritarios y estratégicos son todos los relacionados con los pueblos indígenas.
En este encuentro participan grupos de cinco países, este se realiza desde el año 2014, este es el quinto encuentro. La delegación guatemalteca estuvo representada por varias autoridades comunitarias, de gobiernos locales, académicos, jóvenes estudiantes y representantes de medios de comunicación de los municipios de Sololá y Totonicapán, quienes participaron de esta actividad e intercambio de opiniones en grupos.
Durante el encuentro se analizaron y se presentaron propuestas para los nuevos objetivos de desarrollo sostenibles ODS recientemente consolidados y aprobados por la asamblea general de la ONU[1], especialmente sobre el cumplimiento y balance de los ODM en las comunidades indígenas.
Tarcila Rivera una de las lideresas del pueblo Quechua en su intervención dijo: “Ya tenemos caminos abiertos; ya nos mencionan, el reto es cómo logramos e incidimos que las leyes se ejecuten y garanticen nuestros derechos colectivos.”
Distintos líderes de varios pueblos indígenas del continente compartieron sus experiencias e identificaron los impactos sobre los pueblos originarios a partir de medidas y políticas que afectan sus vidas, su entorno y territorios.
Después de la evaluación del impacto que ha tenido el programa PARTICIPA en los cinco países, se detectaron acciones de apoyo a comunidades y trabajo permanentemente por mejorar las condiciones en que las comunidades participan en los procesos políticos locales, regionales y nacionales, además se valoró el apoyo en cuanto a la divulgación e información en medios de comunicación independientes.
Durante la jornada se realizaron varias mesas de trabajo, aquí todos participaban, aportando desde cada espacio, desde las autoridades comunitarias, líderes, dirigentes, académicos y medios de comunicación, presentando varias propuestas en espacios de plenaria para la discusión de estas.
Finalmente en la clausura del encuentro regional existió un intercambio cultural realizado por cada una de las representaciones de los cinco países presentes en la ciudad de Lima, Perú. La realización de este encuentro fue a través de la Fundación Konrad Adenauer y financiado por la Unión Europea.
¿Cómo se podrán implementar todos y cada uno de los objetivos de desarrollo de en el caso de Guatemala?
[1] Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. Naciones Unidas. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
La Cooperacha: los fondos públicos para los cumpleaños del presidente
Foto Carlos Cano
Por redacción.
La mañana del sábado 11 de junio, se escribe otro capítulo en la historia del país, fueron capturados los ex ministros de la Defensa Nacional 2013 y 2014, el general de división Héctor Manuel López Ambrosio y de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, las autoridades intentaban ubicar al ex ministro de la Defensa Nacional del año 2012 que no fue hallado en su casa en el momento del allanamiento y quien se entregó en la sede del Ministerio Público (MP) en horas de la tarde.
Esas no fueron las únicas pesquisas realizadas por el MP, también fueron buscados los ex ministros de Comunicaciones y de Energía y Minas, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y Erick Estuardo Archila Dehesa quienes se encuentran fuera del país, vaya casualidad, según informaron del MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), ambos tiene una orden de captura internacional ya emitida.
De igual manera fueron notificados el ex presidente de la Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez quien está detenido desde el año pasado; el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, actualmente en el centro de detención para mujeres en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala.
La tranquilidad de la Torre de Tribunales en el centro histórico en cuestión de segundos se modificó, de un momento a otro las sirenas de las radio patrullas rompieron el silencio del lugar, fuertes contingentes policiales y de agentes del Sistema Penitenciario iban y venían de un lugar a otro, el primero en ser ingresado a la carceleta del sótano de la torre de tribunales fue el general de división López Ambrosio, unas horas más tarde lo acompaño López Bonilla.
El último en ingresar en la jornada de detenciones contra una parte de la estructura criminal #LaCooperacha fue el General de Brigada Ulises Noé Anzueto Girón. Estas detenciones y las ordenes de captura internacionales responden a la investigación por #LaCooperacha que estos funcionarios realizaban con fondos del Estado para otorgarse regalos en los cumpleaños del “Jefe”[1] en relación con Otto Pérez Molina.
Fiesta y cooperacha
A todos ellos y la ex vicepresidenta, el MP y Cicig, los vincula en un caso denominado «La Cooperacha», hacer cooperacha es la acción de realizar aportes o ajustones entre un grupo de amigos o socios para alcanzar una suma de dinero para la adquisición de algo que beneficiara a todos a uno de ellos en concreto. Esta acción se realizaba cuando el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti cumplían años, el grupo de ministros más cercanos a la pareja presidencial les daban regalos significativos, con la excepción el dinero salía de los ministerios que ellos mismos administraban, la suma alcanzó un monto de Q 33 millones durante los años 2012, 2013 y 2014.[2]
Según la Cicig el encargado de realizar la recaudación de los fondos estatales de «La Cooperacha» como el grupo de funcionarios lo denominaba era el secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón Rojas.
Los Hechos
Roxana Baldetti, era quien se encargaba de organizar la fiesta cuando el cumpleañero era Otto Pérez Molina, para el año 2012 en el cumpleaños número 62 le regalaron una lancha lujosa; a los 63 años en el 2013 le regalaron un casa de playa en el municipio de Taxisco del departamento de Santa Rosa; y en el cumpleaños del 2014 a los 64 años le regalaron un helicóptero, la fiesta y los regalos se terminaron para el cumpleaños 65 que lo celebro recluido en el cuartel Matamoros, bajo prisión preventiva.
Mientras en el caso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en su cumpleaños lo único que cambió fue el organizador de la fiesta, Otto Pérez Molina se convertía en el anfitrión, y lo demás en la estructura continuaba igual. Por ejemplo la investigación de la Cicig reveló como en los tres años recibió una casa en Roatán, Honduras. Todos los bienes adquiridos suman Q33 millones de quetzales.
Los señores de la cooperacha
La investigación del MP y la Cicig señalan que a Héctor Manuel López Ambrosio ex ministro de la defensa nacional de desviar Q 4 millones 200 mil. Héctor Mauricio López Bonilla, ex ministro de gobernación, desvió Q 2 millones 513 mil y U$D 98 mil. Erick Archila, ex ministro de Energía y Minas, desvió Q 2 millones 200 mil y U$D 100mil. Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones, desvió Q 2 millones 500 mil. U$D 245 mil. Y Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del IGSS, desvió Q 4 millones 400 mil. Para realizar los festejos y regalos de la pareja presidencial.
Juntos de nuevo
En horas de la noche del sábado 11 de junio el juzgado de turno del Organismo Judicial emitió un oficio para que los tres ex ministros sean trasladados a la Brigada Mariscal Zavala de la zona 17 de la ciudad de Guatemala. Otto Pérez Molina permanecerá en el Cuartel Matamoros y Roxaba Baldetti en Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18 Santa Teresa.
La fiesta con los territorios
La Cooperacha no fue la única forma de agenciarse de beneficios a partir de los bienes públicos, onerosos contratos, beneficiar a las empresas nacionales y transnacionales a través de ceder grandes extensiones de territorio para la instalación de mega proyectos con costos altísimos profundizando la problemática social en las comunidades indígenas y mestizas en todo el país es otra de las formas como operaron estos funcionarios, desde ministerios como Energía y Minas, Medio Ambiente o Caminos, Gobernación y Defensa nacional se implementaron dinámicas violentas y represivas desde el Estado para garantizar los intereses económicos de familias y corporaciones para obtener la explotación de bienes naturales.
Los costos más altos fueron muchas de vidas durante los años de gobierno de Otto Pérez Molina, la prisión política, militarización y Estados de Sitio, la violación sistemática de los derechos humanos de todas aquellas personas que se opusieron a los mega proyectos, la división comunitaria y la destrucción de los bienes naturales como la contaminación del agua, el despojo de tierra, entre otros.
Estos otros delitos también deben ser investigados por la fiscal general del MP y por la CICIG.
[1] COMUNICADO DE PRENSA 051 CASO LA COOPERACHA. CICIG. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=727&cntnt01returnid=67
[2] Ibídem.
CCDA: asesinato de Daniel Choc Pop debe de ser investigado
El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA–
Ante las Declaraciones de La Gobernadora de Alta Verapaz, Delegados del Fondo de Tierras, Secretaría de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
EXPONEMOS.
Rechazamos rotundamente la intención de la gobernadora de Alta Verapaz, del Fondo de Tierras y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, como entes responsables de la institucionalidad agraria en el país, su intención de invisibilizar su responsabilidad y negligencia institucional ante el asesinato violento de Daniel Choc Pop, miembro del Comité de Campesino del Altiplano –CCDA, activista de Derechos Humanos, dirigente campesino y líder comunitario de la Comunidad de San Juan Los Tres Ríos del departamento de Alta Verapaz; quien atendía problemas relacionados con su labor social, y la certeza jurídica de tierras en esa región para varias familias campesinas e indígenas; como resultado de la conflictividad agraria que impera en el país, el cual no es un tema aislado como lo han querido hacer ver. Ésta es la evidencia de su negligencia e incapacidad para resolver la problemática de la población indígena y campesina de Guatemala.
En el 2012 en el marco de la Marcha Indígena, Campesina y Popular integrada por organizaciones indígenas, campesinas y populares así como comunidades campesinas que salió desde Cobán para llegar a la ciudad capital entre sus planteamientos hacia los 3 poderes del Estado uno de ellos era la resolución de la conflictividad Agraria del país entre los casos presentados en su momento por el CCDA integrante de este esfuerzo de coordinación y lucha de los pueblos estaba el de la comunidad San Juan los 3 Ríos.
En los casos a los que les da acompañamiento el CCDA se han establecido múltiples “mesas técnicas”, “mesas de diálogo”, “mesas de seguimiento” entre el Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios para encontrarle solución a los múltiples casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, teniendo como común denominador que solo han servido para retardar el abordaje de la problemática el 18 de marzo del 2014 se envió un documento con casos priorizados al Gerente del Fondo de Tierras previo una reunión de consenso del día 10 de marzo del 2014 donde se abordaba el caso de San los 3 Ríos entre muchos más.
El día 17 de abril del 2015 amparados en legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, manifestación y resistencia pacífica frente a la sistemática y reiterada violación a sus derechos humanos se instalan más de 400 familias provenientes del Pueblo Q’eqchi esta acción fue denominado por ellas como Comunidad Q’eqchi que estuvieron por más de 12 días a las afueras de Casa Presidencial donde se presentaron diversos casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, como se puede verificar en el documento dirigido al Presidente de la República en su momento documento que fue recibido por la Secretaria Privada de la Presidencia con fecha 20 de abril del 2015. En el mencionado documento presentado a la Presidencia de la República con fecha 20 de abril del año 2015 se denunció las múltiples amenazas que en muchos casos eran y son perpetrados por fuerzas irregulares armadas que no corresponden al Estado, también se denunciaba los casos de criminalización a los líderes y lideresas encarcelándoseles y girando ordenes de captura contra ellos y ellas.
En su momento se le planteó al Presidente de la República y la institucionalidad agraria acciones que conllevaran a la resolución de la problemática y se procediera a realizar las acciones que le corresponden al Fondo de Tierras establecida en el Decreto Numero 24-99 Ley del Fondo de Tierras y al Acuerdo Gubernativo No. 199-2000 Reglamento del Fondo de Tierras para su regularización.
El 20 de abril del 2015 en el marco de la Comunidad Q’eqchi se instala una mesa de alto nivel integrada por el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretario de Asuntos Agrarios, Gerente del Fondo de Tierras, Asesor Presidencial responsable del Sistema Nacional de Dialogo y Representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA teniendo un primer documento de Acuerdos y Compromisos donde en su punto 5 estableció “Se acordó trabajar en forma inmediata de manera de analizar los 29 casos priorizados por el CCDA a efecto de tener una próxima reunión para la toma de decisión en el transcursos de esta semana con la presencia del Señor Presidente”.
El día 23 de abril del 2015 se sostuvo una reunión entre el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gerente del Fondo de Tierras, Secretaria de Asuntos Agrarios y representantes del Comité Campesino del Altiplano- CCDA- para dar respuesta a los casos priorizados en su momento, en esta reunión se firmó un documento de acuerdos y compromisos donde en el punto primero hace referencia “En lo que se refiere a los conflictos agrarios respecto a las fincas: Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad San Juan los 3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz todas relacionadas con acceso a la tierra, se acuerda por parte del Fondo de Tierras que en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la presente fecha , realizará y concluirá las distintas fases del procedimiento de gestión para adquisición de tierras para las familias campesinas”
El día de 10 julio es emitido el Acuerdo Gubernativo 181-2015 donde se establecía las ampliación presupuestaria para el cumplimiento de la resolución de la conflictividad agraria de los casos de Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad San Juan los 3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz sin tener claro hacia donde se dirigieron estos recursos financieros dado que la problemática sigue vigente.
El día 28 de abril por intermediación del Diputado Leocadio Juracán en coordinación con el Doctor Rokael Cardona de la Comisión Nacional de Dialogo se convocó a la institucionalidad agraria y representantes del CCDA para abordar la resolución de los casos de conflictividad agraria arriba descritos, en este orden se han sostenido reuniones en las fechas 11 y 17 de mayo del presente año con la finalidad de darle solución y en todas estas jornadas de discusión a estado incluido el caso de la Comunidad de San Juan los 3 Ríos.
Asimismo que las familias de la Comunidad San Juan los 3 Ríos en múltiples ocasiones han sido amenazados hasta de muerte por presuntos guardias de seguridad de la Finca Rancho Alegre, intimidados con armas de fuego como lo han denunciado ante las instancias correspondiente siendo las denuncias más recientes las que obran en los expedientes EXP.ORIENTACION ORD A.V. 4072-2016 de la Oficina Regional de Alta Verapaz del Procurador de los Derechos Humanos el 31 de marzo del 2016 “indican los comunitarios que en la mañana del día 30 de marzo del 2016 a las 9:30 llegaron un grupo de personas con machete y armas en la mano diciendo que están autorizadas por el señor German Sierra Sorio , para sacarlos del lugar donde se encuentran”. En esta denuncia se deja constancia que se lleva un proceso de regularización ante el Fondo de Tierras.
Que existen denuncias de parte de los comunitarios de san Juan los 3 Ríos ante la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz del Ministerio Publico siendo una de las más recientes el expediente MP 255-2016-2851donde se han emitido citaciones conciliatorias entre Germán Sierra Osorio, Hermelindo Chen, Evaristo Pop (siendo este último el presunto responsable material del asesinato de Daniel Choc Pop) y las familias de la comunidad siendo una de estas la más reciente con fecha 5 de abril por parte de la Unidad de Decisión Temprana. Donde los sindicados no se presentaron a la citación de conciliación de fecha 9 de abril del 2016 y como lo hace constar la fiscal auxiliar con fecha 11 de abril del año 2016.
Por todos los antecedentes antes descritos rechazamos cualquier intento de tratar de invisibilizar y declaraciones que traten de decir que el asesinato del dirigente Daniel Choc Pop que estuvo presente en todas las fases del proceso es un asesinato aislado o un conflicto entre comunitarios como lo han tratado de hacer creer la Gobernadora Departamental de Alta Verapaz, Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos con el único fin de esconder su incapacidad, su negligencia y su falta de voluntad de responder a los intereses de las comunidades indígenas y campesinas.
El CCDA– es una organización con presencia en veinte departamentos del país, con más de 34 años de historia en Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.
El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA– responsabiliza al Estado de Guatemala, por desatender la problemática de la tierra en nuestro País.
Por lo anteriormente expuesto:
EXIGIMOS:
La RENUNCIA de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera actual Presidente y Vice-Presidente de la República de Guatemala; por la desatención que han demostrado ante ésta problemática y por no responder a las demandas presentadas por los Pueblos, y darle prioridad a sus intereses individuales y de la oligarquía nacional. Así mismo, pedimos la destitución urgente de las autoridades a cargo de la Institucionalidad Agraria del País, por su incapacidad de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
Al Ministerio Publico una investigación imparcial que establezca los autores intelectuales y materiales que esclarezcan el asesinato del dirigente campesino Daniel Choc Pop para que este no sea un caso más que quede en la impunidad como han quedado muchos más en la región.
A la Gobernadora de Alta Verapaz que aclare las declaraciones vertidas por ella y asimismo que gestione un resarcimiento para la familia del dirigente campesino Daniel Choc Pop.
SOLICITAMOS:
A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– solicitamos públicamente que se investigue el accionar de la Institucionalidad Agraria, del Ministerio Público –MP– y de los Administradores de Justicia en la región de Alta Verapaz, ante los actos de corrupción que estamos convencidos existen; ya que muchas comunidades indígenas y campesinas están siendo desalojadas y violentadas en sus derechos por el tráfico de influencias de los funcionarios públicos de la región.
En Guatemala Crece y se Fortalece una Esperanza.
Guatemala 11de junio de 2016.
Guatemala: De la guerra contra el comunismo de ayer, a la lucha contra la corrupción actual
Por: Ollantay Itzamná.
Las estadísticas oficiales, y la retórica gubernamental, evidencian lo que casi nadie quiere ver o admitir. Guatemala subsiste en una desintegración social violenta producto del fracaso del proyecto de Estado nación que no pudo garantizar el cumplimiento de los básicos derechos fundamentales para su población.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
Prensa Comunitaria Km. 169 