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San Marcos: autoridades ancestrales exigen libertad de diez presos políticos

Asamblea de Pueblos Te Txe Chman

Por: Nelton Rivera.

La Asamblea de Pueblos Te Txe Chman y las autoridades ancestrales Maya Mam de San Marcos realizaron una conferencia de prensa durante la mañana de este jueves 4 de agosto 2016, a los medios de comunicación locales y medios comunitarios denunciaron el contexto de criminalización y represión que se vive en las comunidades desde el año 2008, cuando en distintos municipios de San Marcos se comenzó a conocer de la presencia de intereses del capital extractivista, en este caso minería e hidroeléctricas.

La representación de los pueblos maya Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo denunció como empresas con capitales locales o extranjeros están dañando la paz y tranquilidad de las comunidades.

Empresas como HidroSalá, El Porvenir, Tres Ríos y Proyecto Negro que buscan imponer una serie de hidroeléctricas y presas de forma violenta y legal, sin la consulta previa a las comunidades, a pesar que en el territorio de San Marcos.

En ese contexto de conflictividad instalado por las empresas, la Asamblea de Pueblos denunció como el aparato de justicia del Estado judicializó a diez autoridades comunitarias, entre estas a doña María Maribel Díaz Gómez la segunda mujer en prisión política desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Al mismo tiempo demandaron al Estado la inmediata libertad de las diez autoridades comunitarias de San Pablo, San Marcos, municipio en donde la violencia de las empresas es elevada.

Heriberto Evelio Santos López, Nery Edilmar Santos López, Simeón Mauricio Guzmán, Marco Tulio Pérez Pablo, María Maribel Díaz Gómez, Bruno Emilio Solís Pérez, Fausto Sánchez Robledo, Alfonso Chilel Hernández, Florencio Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez.

Pero unas horas después de la conferencia de prensa don Óscar Sánchez autoridad ancestral Maya Mam de San Marcos fue detenido de forma arbitraria por agentes de la Policía Nacional Civil. Ahora se eleva la cantidad de presos políticos de San Marcos en defensa del territorio.

Esta detención arbitraria de otra autoridad ancestral maya en Guatemala se realiza a escasos 13 días de la sentencia histórica del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios en el que se reconoce el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y representación legitima de los pueblos originarios, la defensa de la tierra y bienes naturales.

Comunicado de las autoridades ancestrales:

 

 

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Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

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¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.

Finalizó fase de acto conclusivo por desaparición forzada contra militares de Cobán

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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

Suman otro proceso penal en contra de Rigoberto Juárez

Fotografìa de Nelton Rivera.

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Durante las primeras horas del día martes 24 de mayo Rigoberto Juárez fue notificado por el Sistema Penitenciario que sería trasladado desde la zona18 hacia la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motivo del traslado fuera del proceso penal por el que él está en prisión preventiva es extraño, la causa finalmente la supo horas más tarde en la carceleta de los tribunales cuando la abogada Jovita Tzul se reunión con él, en uno de los sótanos del edificio de justicia.

La fiscalía de derechos humanos del MP, la sección de delitos contra operadores de justicia solicitó que la autoridad ancestral Q’anjob’al fuera nuevamente citado para una audiencia de primera declaración, esto quiere decir que el MP está empujando el tercer proceso en su contra.

La juez Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A, previo al requerimiento del MP, debe escuchar a Rigoberto Juárez para garantizar que él continuará bajo la asesoría legal de sus abogados, luego el tribunal deberá citarlo de nuevo para escucharlo en audiencia de primera declaración.

Rigoberto deberá esperar en la carceleta hasta el momento en el que la juez pida al sistema penitenciario lo suban al nivel 14 para resolver la citación de este día. El MP busca abrirle una tercera causa penal, en la misma causa se encuentra Ermitaño López Reyes detenido en el centro preventivo de Huehuetenango desde el año 2015, don Taño como se le conoce en la región de Barillas es representante de la sociedad civil de su municipio, es otro de los presos políticos acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía.

En el marco del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, en octubre del 2015 se denunció ante la CIDH que son 20 denuncias en distintas fiscalías del MP en proceso contra de Rigoberto Juárez Mateo, la totalidad responden a denuncias de las empresas extractivas en el territorio norte de Huehuetenango. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH. 

Rigoberto guarda siempre una sonrisa, junto a él estan otros privados de libertad que esperan su turno para estar en algún tribunal, está al pendiente de la delegación del Gobierno Plurinacional que viajó desde el norte de Huehuetenango para presentar una serie de memoriales en distintos ministerios del Estado para frenar la continuidad de los megaproyectos, a pesar de su situación desde la prisión política, él no se aparta de las acciones del pueblo Q’anjob’al y mestizo.

 

Mí opinión sobre la captura de los posibles asesinos de Bertha Cáceres, mi mamá

Fuente: elventano.es

Fuente: elventano.es

Por: Olivia Marcela Zúniga Cáceres.

A las 4 de la madrugada del 3 de marzo me entere de que mi madre había sido asesinada, desde ese instante en medio del dolor que casi me hacía caer en un estado de inconciencia comencé a denunciar, al igual que toda mi familia, por los medios de comunicación que responsabilizaba de éste crimen a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) al poder transnacional e instituciones financieras de esta empresa y al Estado hondureño.

A la Empresa DESA porque mi madre por su lucha en la defensa de la vida desde siempre vivió con amenazas y hostigamiento, especialmente después del golpe de Estado del 2009, pero al iniciar la lucha en la defensa del Río Gualcarque desde hace aproximadamente 3 años las amenazas y agresiones se dispararon como nunca antes, recibiendo solo en el año 2015 33 amenazas a muerte provenientes del personal que trabaja para DESA y de activistas y funcionarios públicos del partido nacional afines a DESA.

Al Estado hondureño por usar sus fuerzas cohercitivas públicas para reprimir, perseguir y hasta asesinar (En el caso de Tomas García, líder del copinh) al pueblo de Río Blanco y a mi madre, también porque sus representantes a nivel regional agredían, calumniaban y difamaban a mi madre, era claro que funcionarios públicos con la policía y militares junto al personal y directiva de DESA dirigían las operaciones de emboscamiento, de romper carreteras para interrumpir el paso de los buses y de los carros de copinh, de realizar amenazas directas vía telefónica después de que ella regresaba a La Esperanza, de organizar a pobladores familiares del personal de DESA y al personal de DESA para hacer actos de intimidación cargados de misoginia y racismo y para usarlos para ejercer la violencia con machetes, armas de fuego, palos, botellas de vidrio y piedras.

Además a pesar de ser el Estado hondureño el que debía ejecutar medidas adecuadas para garantizar la vida de Bertha Cáceres, la que gozaba de medidas cautelares desde el 2009, fue el Estado de Honduras el que ejecutó una guerra jurídica y mediática contra ella, quien antes de ser asesinada fue víctima del Plan Colombia, es decir que fue atacada con las mismas tácticas que usa el Estado Colombiano contra los defensores y defensoras para neutralizar y detener sus acciones de lucha, haciendo uso del Discurso del odio, la difamación, el desprestigio y en los que claramente vimos a las voces más altas de la derecha posicionarse en este plano, usando toda su estructura mediática bajo su mando y control para estos macabros fines.

Imposible olvidar a Juan Ramón Martínez (analista político de la derecha), a Aline Flores (representante máxima de la empresa privada) al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez (Vocero oficial de la derecha más recalcitrante), al diputado por el PN de Santa Bárbara, el Sr. Mario Pérez quien amenazo públicamente de querellar a mi mamá, incluso la misma empresa DESA públicamente denuncia a Bertha responsabilizándola de que en un año le había ocasionado la pérdida de más de 3 mil millones de dólares.

Es por esto que como familiares hemos dicho que tenemos derecho a creer que el Estado conocía el plan de asesinar a nuestra Bertha y que no tuvo voluntad y que fue incapaz de garantizar su vida, dándole cámaras de “seguridad” de juguete, diciéndole NO cuando ella solicito seguridad privada ya que sospechaba que la policía y militares controlaban sus pasos, usando su institucionalidad para atacarla y criminalizarla a través de sus jueces y fiscales corruptos, ignorantes y tarifados.

El Estado hondureño no atacó ni la vulnerabilidad a raíz de su nivel de riesgo con medidas materiales (iluminación de calles, chalecos anti balas, carros blindados, seguridad privada de su confianza, botón de pánico, etc.) ni tampoco atacó las amenazas, es decir el origen del riesgo, siendo el Estado hondureño el que concesionó inmediatamente después del Golpe de Estado más del 30% del territorio hondureño haciendo el Honduras Open For Bussiness, entregando nuestra patria/matria a manos de Empresas Multinacionales sin ninguna condición ni requisito de respeto a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

El golpe de Estado se da con la finalidad de consolidar el modelo extractivista, en el que se instalan en nuestros territorios Mega Proyectos de Extracción de nuestros recursos hídricos y minerales, las Zonas Especiales de Desarrollo, el monocultivo, etc. Siendo los principales afectados los pueblos indígenas del país que es donde están las riquezas naturales más grandes, para los cuales el convenio 169 de la OIT establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otros. Es por eso que los que dieron el Golpe de Estado también son responsables del asesinato de mi mamá ya que son los mismos intereses y los mismos autores materiales e intelectuales.

No dudo que sean coroneles, militares o ex militares, graduados de la West Point los que estén implicados como autores materiales de éste crimen vinculados directamente con la empresa DESA. Este crimen, como siempre lo hemos sostenido, es UN CRIMEN POLÍTICO. Y en ese sentido no podemos negar que como familia y victimas nos sentimos de alguna forma satisfechos porque es el fruto de nuestro arduo e incansable trabajo por la justicia, las lágrimas recorren nuestros rostros al ver las caras de los que apretaron el gatillo y el dolor se revuelve pero sabemos claramente que esta pequeña victoria no es del Estado Hondureño, quien ha respondido a nuestras exigencias con el silencio, el boicot y de igual manera que como lo hizo con mi mamá, con una guerra mediática y jurídica contra nosotros y nosotras, REVICTIMIZANDONOS NUEVAMENTE.

Esta pequeña victoria es gracias en primer lugar a la lucha incansable de mi abuela, de Mamamaberta, que a sus 83 años y con tan duro golpe no ha parado en la exigencia por la justicia y que ha dicho en su carta pública que no quiere morir sin que haya justicia para su hija. Ella con su experiencia y profunda sabiduría, con su infinito amor hacia su hija asesinada, hacia sus nietas, nieto, bis nieto y hacia nuestro padre nos ha acobijado con la fuerza milenaria que se carga, dándonos el oxígeno lleno de temple y experiencia que solo ella nos puede dar. Esta pequeña victoria es gracias a la lucha incansable de mis tíos y tías, hermanos de mi mamá que cargando en los hombros el dolor más grande han tenido la tenacidad, la valentía y la fuerza para clamar justicia y quienes además nos han tendido su hombro con infinita solidaridad y amor. Es gracias también a toda nuestra familia desde el más grande hasta el más pequeñito.

 Es gracias a la presión de la comunidad internacional que no está dispuesta a tolerar semejante acto de barbarie. Es gracias al movimiento social hondureño que enérgicamente ha elevado su voz por la justicia. Es gracias a la comunidad hondureña en Estados Unidos y demás países del mundo. Es gracias a todos los amigos y amigas de mi mamá y de la familia y a todas aquellas personas que a pesar de no haberla conocido personalmente se indignaron y tomaron acciones para que el crimen no quede en la impunidad.

A todos ellos y ellas les agradecemos profundamente su lucha por la justicia y por la solidaridad con la familia, sin embargo NO ES MOMENTO DE PARAR, por el contrario es momento de ejercer más presión que nunca porque a pesar de que hay autores materiales detenidos, faltan los más importantes que son los autores intelectuales del asesinato que no se deben quedar en la impunidad y que no debemos olvidarlos. Para ejecutar éste crimen que requirió un gran trabajo logístico, un gran trabajo de vigilancia y seguimiento de meses y meses tuvo que haber un gran respaldo financiero.

Quienes planificaron, diseñaron y financiaron éste asesinato también deben ser detenidos y encarcelados. Quienes dieron la orden de asesinar a nuestra Bertha deben ser castigados con todo el peso de la justicia. Es por eso que seguimos responsabilizando a la Empresa DESA, al Estado Hondureño y al Poder transnacional e Instituciones Financieras como el FMO, el Banco Mundial, El Banco Finlandes, el BCIE, SIEMENS, etc. que financian sangre, despojo, exterminio y saqueo en nuestros pueblos.

No es posible que el desarrollo económico de las potencias y de empresas transnacionales sea a costa del exterminio y el baño de sangre de nuestros pueblos, así como lo dijo en sus repudiables y condenables declaraciones el presidente del Banco Mundial en otras palabras, que esos actos inhumanos de barbarie deben ser considerados como daños colaterales del desarrollo occidental.

Esa visión de muerte y de genocidio no debe ser permitida, ya que la vida de Janeth Kawas, de Carlos Escaleras, de Carlos Luna, de Justo Sorto, de Pedro Pérez, de Cándido Amador y de Bertha Cáceres no son daños colaterales, el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.

Recordamos que unos días antes de ser asesinada mí madre denunciaba que 4 líderes del COPINH habían sido asesinados por la defensa del Río Gualcarque. Es decir que la empresa DESA ha traído destrucción y muerte a nuestro pueblo lenca. Le recuerdo al Estado hondureño que nadie ni nada nos devolverá a nuestra madre, hija, tía, hermana. Nadie nos la trae de nuevo para poderla abrazar y escuchar su voz y que es una pérdida irreparable, irremplazable, por lo tanto les hago un llamado para que actúen conforme a la justicia y la verdad, les recuerdo que tienen una deuda histórica con el pueblo lenca, con el pueblo hondureño y con el mundo y que tanto ustedes como Estado, así como la Empresa DESA y las transnacionales que la financian están obligados a reparar.

El llamado es para tomar acciones políticas urgentes y de forma articulada para exigir lo siguiente:

  1. Que el Estado hondureño permita que la CIDH intervenga en el proceso investigativo a través de una comisión internacional e independiente con un equipo interdisciplinario de expertos.

  1. Que se castigue con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este espantoso asesinato.

  1. Que se cancelen de manera inmediata y definitiva las concesiones para la instalación de represas e hidroeléctricas y la explotación minera en nuestro país y en especial la cancelación definitiva del Proyecto Agua Zarca en el territorio lenca.

  1. Que el Río Gualcarque sea declarado patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO.

JUSTICIA A MEDIAS ¡NO ES JUSTICIA! EXIJO JUSTICIA.

La Esperanza, Intibucá 2 de mayo del 2016.