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Prisión política: Rigoberto Juárez y su historia

Rigoberto Juarez

Rigoberto Juárez Mateo

Con información de su familia.

Es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua.

Rigoberto Juárez Mateo ha tenido una vida dedicada al servicio de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas en Guatemala, ha ocupado muy diversos cargos en instituciones dedicadas a velar por los pueblos mayas. Con 17 años trabajó en la hidroeléctrica municipal que operaba en Santa Eulalia y después salió a estudiar Técnico en Salud Rural en el departamento de Izabal. Al recibirse en 1978, ejerció este puesto en el vecino municipio de San Mateo Ixtatán, hasta que la fuerte represión del ejército le obligó a salir a México en 1980. Desde ahí se incorporó a la emisora clandestina Voz Popular, que transmitía desde las faldas del volcán Tajumulco, donde trabajó en la comunicación radial hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Al volver a Guatemala, se dedicó de lleno a poner en marcha los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador del departamento de comunicaciones de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derecho Específicos del Pueblo Maya Wuqub’ N’oj. Más tarde fue coordinador general de COPMAGUA, de la Asociación MUJB’AB’L YOL, y miembro del Consejo Nacional de Principales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. También fue Secretario de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Director Administrativo y Director Financiero de la misma institución.

Todo ello no le hizo separarse de su tierra natal. Ejerció como primer Presidente de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al con sede en Santa Eulalia y en 1999, junto con Daniel Pedro Mateo, Domingo Baltasar y otros líderes comunitarios fundaron la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ para que sirviera para la preservación de la cultura maya Q’anjob’al y la comunicación de todos los q’anjob’ales del norte de Huehuetenango, más los que estaban en México y en los Estados Unidos, desde ese entonces son 16 años de trabajo comunitario de la radio, censurada desde 2015 por informar a la población sobre la presencia de los megaproyectos en la región.

En 2006 Rigoberto Juárez participó en la organización de la Consulta Comunitaria a través de la cual el pueblo q’anjobál de Santa Eulalia expresó con absoluta rotundidad su negativa a la presencia de las mineras y otras industrias extractivas en su territorio, y  más tarde en la formación del Paqt’un, el Parlamento Q’anjobal, que agrupaba a las autoridades de los municipios del norte de Huehuetenango.

Desde el año 2011 Rigoberto viajó en varias ocasiones a Ciudad de Guatemala para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al.  En el caso de Santa Eulalia, es la empresa CINCO M – Hidro San Luis la que, de acuerdo con los líderes comunitarios, esta empresa atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico, sumado a esto también denuncia el papel de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en Barillas y la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. PDHSA con el proyecto Pojom en San Mateo Ixtatán.

En septiembre de 2013 Rigoberto Juárez, en su calidad de autoridad ancestral Q’anjob’al, formó parte de la comisión que estableció una primera mesa de diálogo y  acercamiento con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el ministro de la defensa y el ministro de Medio Ambiente. En esta mesa se alcanzaron acuerdos que el gobierno central no respetaría meses después, originando la incursión militar y policial sin coordinación con las autoridades comunitarias, y llegando a las aprensiones contra líderes y lideresas. Del proceso de organización y autodefensa de los pueblo del norte del departamento en esas fechas, que llevó a esas reuniones surgió el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza.

El 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar –también líder comunitario de Santa Eulalia-  fueron detenidos de forma arbitraria al salir de la oficina de una organización de derechos humanos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes con todo el uso de la fuerza le capturaron, convirtiéndolo así en un nuevo preso político del Estado guatemalteco.

Rigoberto Juárez cumplió un año de estar en prisión, él es uno de los presos políticos del Estado guatemalteco.

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Dos autoridades ancestrales siguen a la espera de la justicia

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Texto: Nelton Rivera

Fotografías: Jeff Abbott

Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez cumplieron 10 meses de encierro en una de las cárceles en la ciudad capital, los acusa el Ministerio Publico –MP- por su supuesta participación en una audiencia realizada en el Centro de Administración de Justicia -CAJ- el 19 de enero 2015 en dónde los acusa de obstaculizar la acción penal, detención ilegal y coacción

El 18 de enero debía llevarse a cabo una audiencia de revisión de la medida coercitiva y la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público.  Uno de los querellantes del caso es el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro (período 2011-2015) y no se presentó a esta audiencia ni al resto que han habido a excepción de la primera. El traductor Q’anjob’al se excusó de no participar alegando contradicción con uno de los acusados. Estas fueron las dos razones para que el MP y los otros dos querellantes que son trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ presentes en la sala pidieran a la jueza que se suspendiera la audiencia. La jueza Claudette Domínguez preside el Tribunal de Mayor Riesgo, ella fijó una nueva fecha para esta audiencia que no terminó de llevarse a cabo para el 25 de febrero 2016.

Los hechos

El Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala programó desde el año pasado dos audiencias para el día 18 de enero 2016, la primera era una audiencia para revisión de la medida coercitiva actual (prisión preventiva) y la segunda para que el MP presente el acto conclusivo de la acusación en contra de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, autoridades comunitarias.

El acceso a la justicia es complicado, especialmente en estos casos ya que Rigoberto y Domingo llevan esperando en prisión 10 meses para que el tribunal pueda resolver si situación. A las 9 de la mañana debía de comenzar la audiencia en la sala 14 de la Torre de Tribunales, pero el sistema penitenciario tuvo un atraso, todos los privados de libertad en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 fueron trasladados tarde.

Según sus abogados revisar la medida de coerción significa que los delitos por los que están encarcelados no ameritan la prisión preventiva y podría la jueza ordenar que ambos salgan inmediatamente de la cárcel.

El otro procedimiento de esta audiencia debía ser que  la jueza conociera el acto conclusivo del MP en la etapa intermedia del proceso, en la cual  debe considerarse si hay suficientes elementos de prueba que ameriten ir a un juicio oral y público.  Otra posiblidad es que si se determina porque no hay pruebas contundentes de que ellos hayan cometido los delitos por los que se les acusa, entonces ella  podría cerrar el caso.

Retraso en la justicia

Por dos razones la jueza no pudo realizar las audiencias programadas, la primera por la inasistencia de Diego Marcos Pedro y ex alcalde de Santa Eulalia que además es querellante en el proceso y la segunda razón porque el traductor a idioma q´anjob´al se excusó de participar en la audiencia, alegando que conocía tiempo antes a Rigoberto Juárez que además fue fundador de la academia de lenguas mayas de Guatemala.

Por lo que los querellantes Gildardo Chua Martínez y Pascual Tiu Zapeta ambos trabajadores CAJ de Santa Eulalia y el fiscal del MP Maynor Alfredo Aguilar Bernardino pidieron que se suspendiera la audiencia.

Vale la pena decir que el ex alcalde Diego Marcos Pedro tiene dos antejuicios por varias denuncias por el cierre ilegal de la radio y por amenazas y agresiones sufridas por varios periodistas de distintos medios de comunicación el día 19 de marzo en ese mismo municipio, también se le señala de agresión física que terminó con la vida de un joven.

Los abogados defensores Benito Laynez, Sergio Belteton, Juan Castro y Eduardo De León por su parte solicitaron que la audiencia continuara, luego de renunciar a la de revisión de medida. Con esta acción la jueza podría haber conocido el acto conclusivo del MP, pero esto no fue posible. Entonces se volvió a reprogramar para el 25 de febrero 2016.

Para Benito Morales uno de los abogados de la defensa esto se puede comprender así:

Lo que vivimos hoy fue una jornada más de indignación y de constatación de que estamos frente a una estrategia en algunos escenarios más evidentes, en otros más sutil pero al final de cuentas tiene un mismo resultado, el que la gente esté el mayor tiempo posible privada de su libertad.

Esto tiene diversidad de mensajes, tiene el mensaje que el entusiasmo, la energía, la convicción de los que están detenidos se vaya deteriorando, por otro lado tiene la intención de que la gente en las comunidades, en los pueblos de donde son originarios los detenidos sigan profundizando el miedo el temor, la preocupación y la afectación económica.

Lo decía Rigoberto y Domingo tenemos familias, tenemos hijos que necesitan de nosotros, necesitan cuidado, educación, seguridad, comida… creo que es la constatación nuevamente que la historia no ha cambiado, la historia para los pueblos indígenas no ha variado desde hace siglos, el racismo ha mutado y adquirido nuevas formas y sigue siendo lo mismo.

Estás ante un Estado que te oprime, un Estado que te margina, un Estado que no te da ninguna seguridad jurídica, por lo tanto el responsable de todo esto es el Estado, el Sistema de Justicia, son los jueces, son los fiscales y son todos los criminales que giran alrededor de ellos.

Rigoberto en reacción a lo ocurrido en la audiencia se expresó:

Me sorprende enormemente, que el traductor hasta aquí venga a decir que no puede ser nuestro intérprete, se supone que desde cuando fue notificado tuvo tiempo, de eso hace días, cuando tuvo que decirle a su jefe inmediato.  Me sorprende que lo haga en esta sala, entiendo que hay situaciones que se pueden interpretar de otra manera.

Me siento ofendido, el hecho de que por haber tenido relación laboral que está pretendiendo decir, que yo pretendo manipularlo para que hable a favor mío, esa será su conciencia no la mí.  Pediría a su persona señora juez que oriente o solicite al MP o al órgano correspondiente sea más objetivo en la facilitación de las personas que puedan facilitar un proceso justo necesario y pronta y complicada de la justicia en nuestro país. Me siento sumamente afectado y en mi calidad de autoridad del pueblo maya Q’anjob’al me siento más aun todavía.

Autoridades indígenas acompañan este proceso penal

Muchas personas tuvieron que permanecer de pie por la falta de lugares en la sala, las reiteradas acciones que retrasan las audiencias y la detención arbitraria las dos autoridades Q’anjob’ales preocupa a varios sectores, varias autoridades indígenas llegaron para solidarizarse, las familias de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez junto a varios representantes del movimiento social viajaron desde Santa Eulalia durante 14 horas para estar en la audiencia.

En este proceso hay observación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala – OACNUDH, de la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH, de la oficina de Guatemala Human Rights Comission – GHRC con sede en Washington, el diputado Leocadio Juracán y el Consejo de Pueblos de Occidente – CPO.

Domingo Baltazar también intervino en esta audiencia frente a la jueza y dijo:

Quiero manifestarles como ser humano, siento que es demasiado discriminatorio para nosotros este caso, desde la primera audiencia cuando nos capturaron, por ejemplo aquí está el fiscal de Santa Eulalia y aquí está el licenciado Pascual Tiu, vamos a hablar de frente, ustedes me señala a mí de un montón de delitos como seis o siete delitos, ni siquiera sé que sucedió el 19 y 20 de enero, cuando yo estuve en mi casa reposado y ahora tengo 10 meses injustamente en la cárcel, el ministerio Publico en ningún momento ha presentado pruebas.

Esto es una injusticia, por eso la población en Guatemala dice que en este país no hay ley, por eso la gente no cree en la justicia en Guatemala ¿qué está pasando? Una persona inocente está en la cárcel y el verdadero responsable de los problemas de santa Eulalia que es el Alcalde, qué corona tiene, el es el que provocó todos los problemas, homicidios, ya murió Pascual Basilio. También a otro muchacho, a otra señora y un montón de gente que agredió ese día. ¿Y qué está haciendo el Ministerio Público?

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