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Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

“El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

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Día cinco del debate oral contra las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Por: Nelton Rivera.

Este martes 12 de julio 2016 se realizó la quinta jornada durante el Debate Oral y Público que se abrió en contra de siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango.

Estas siete personas: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Ermitaño López, Mynor López, Arturo Pablo y  Francisco Juan Pedro fueron acusados por varias empresas que pretenden instalar varios proyectos de hidroeléctricas en el departamento, algunas de estas también podrían estar preparando condiciones para extracción de minerales como el caso de Hidro Santa Cruz con el proyecto Qanbalam.

Durante toda la mañana rindió su testimonio el fiscal del MP, el señor René Maldonado Maldonado, en su declaración acuso de forma insistente a las autoridades comunitarias, califico de violentos a la comunidad Q’anojb’al de Santa Eulalia y otros municipios, acusándolos de haber rodeado el CAJ muchas personas, con armas como machetes, palos, piedras y galones de combustible; con el objetivo de asesinar a todos los trabajadores del CAJ, específicamente a él. “La consigna que llevaban era que debía de correr sangre” refirió el fiscal.

René Maldonado cuando comenzó la interpelación de los abogados defensores de las siete autoridades comunitarias comenzó a contradecirse con su propia versión de lo ocurrido en el CAJ en enero del 2014, cuando modificó el expediente agregando el delito de plagio o secuestro en esa audiencia.

La acusación de los testigos del MP, la mayoría trabajadores del Organismo Judicial, Bufete Popular, Ministerio Publico y Policía Nacional Civil en el CAJ de Santa Eulalia se ha ido desvaneciendo con las contradicciones de los mismos testigos del MP, las pruebas presentadas testimoniales y documentales por parte de la defensa.

Durante la tarde se presentó el abogado Pedro Rubel Toledo, propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias, Pedro Rubel es uno de varios abogados que intervinieron en la defensa de dos jóvenes de Pojom detenidos de forma arbitraria el 19 de enero del 2015. Pedro Toledo fue criminalizado por ejercer la defensa de los opositores a otra hidroeléctrica en Pojom, fue detenido en la ciudad de Huehuetenango. La nota Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios explica cómo fue su detención.

Pedro Rubel es un ejemplo claro de cómo la justicia en Huehuetenango pareciera tener fuertes vínculos con las empresas extractivas, Santa Eulalia: Abogado Q’anjob’al Pedro Toledo regresa a su territorio se explica cómo finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B ordeno el cierre de la persecución penal en su contra.

David Diego Marcos periodista comunitario y miembro de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también se presento ante el tribunal para atestiguar a traves de su trabajo cuando durante la cobertura de la reunión entre autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional con el director del CAJ Pascual Tiu Zapeta, el corresponsal grabo un video que documento como se realizo la reunión entre autoridades y el director del CAJ el dia 19 de enero del 2015, este material audiovisual como prueba desmintió la acusación del MP al afirmar que al director del CAJ se le había agredido, amenazado y golpeado durante las horas que permaneció en el interior del centro.

Son tres las causas penales existentes, pero el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios decidió conexar los tres procesos por los que están siendo procesados las autoridades comunitarias y reunirlos a todos en un mismo debate oral y publico.

  1. Año 2013: la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía acuso a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Mynor López y a Francisco Juan Pedro de haber secuestrado, coaccionado y amenazado a 11 trabajadores de la hidroeléctrica en el lugar conocido como Poza Verde, Barillas cercano al ingreso del terreno de la empresa.

Francisco Juan Pedro no estuvo en ese lugar, el 22 de abril 2013, cuando las autoridades mediaron para que se retiraran los trabajadores de la empresa que habían instigado a la población de las comunidades que permanece en un plantón permanente.

  1. Año 2014: el Ministerio Público inicio un proceso penal en contra de Ermitaño López Reyes acusándolo de haber “retenido” a los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero 2014, cuando al celebrarse una audiencia por el caso de la hidroeléctrica en Barillas el fiscal del MP, René Maldonado Maldonado modificó la acusación del expediente de las autoridades comunitarias, en un procedimiento que muchos consideran ilegal pide sean detenidos por Plagio o Secuestro, delito que no existían en el expediente.

Esa misma tarde se realizó una segunda audiencia a través de la cual un juez de Santa Eulalia ordeno que las autoridades no fueran detenidos de forma preventiva como intentaba el fiscal del MP horas antes.

  1. Año 2015: por varias órdenes emitidas por un juez de Santa Eulalia las fuerzas de seguridad en la madrugada del 19 de enero, ingresaron violentamente en las comunidades de Pojom en San Mateo Ixtatán, deteniendo a dos jóvenes y trasladándolos de forma arbitraria por helicóptero hasta la comisaria 431 de Huehuetenango, las comunidades sin saber el paradero de los dos jóvenes fueron al CAJ en Santa Eulalia lugar natural al que debieron los fiscales del MP y agentes de la PNC trasladar a los dos hermanos detenidos en Pojom.

La tercera acusación hecha por los funcionarios del CAJ se centra en Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y Domingo Baltazar, este último nunca estuvo en el CAJ por un accidente sufrido trabajando la tierra.

El MP los acusa de haber “retenido” a todos los trabajadores del CAJ considerándolo el delito de Plagio o Secuestro.

Huehuetenango: dará inicio debate oral y público contra líderes y autoridades comunales

Por: Nelton Rivera.

Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.

Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.

Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.

Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación  del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.

San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/

Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

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¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.