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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.

También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.

En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.

“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes  a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”

“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben  actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

Minería criminal en Guatemala

La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.

En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.

En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.

Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.

Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.

Extracción ilegal

Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.

El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.

[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.

Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

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¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.

Suman otro proceso penal en contra de Rigoberto Juárez

Fotografìa de Nelton Rivera.

Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Durante las primeras horas del día martes 24 de mayo Rigoberto Juárez fue notificado por el Sistema Penitenciario que sería trasladado desde la zona18 hacia la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motivo del traslado fuera del proceso penal por el que él está en prisión preventiva es extraño, la causa finalmente la supo horas más tarde en la carceleta de los tribunales cuando la abogada Jovita Tzul se reunión con él, en uno de los sótanos del edificio de justicia.

La fiscalía de derechos humanos del MP, la sección de delitos contra operadores de justicia solicitó que la autoridad ancestral Q’anjob’al fuera nuevamente citado para una audiencia de primera declaración, esto quiere decir que el MP está empujando el tercer proceso en su contra.

La juez Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A, previo al requerimiento del MP, debe escuchar a Rigoberto Juárez para garantizar que él continuará bajo la asesoría legal de sus abogados, luego el tribunal deberá citarlo de nuevo para escucharlo en audiencia de primera declaración.

Rigoberto deberá esperar en la carceleta hasta el momento en el que la juez pida al sistema penitenciario lo suban al nivel 14 para resolver la citación de este día. El MP busca abrirle una tercera causa penal, en la misma causa se encuentra Ermitaño López Reyes detenido en el centro preventivo de Huehuetenango desde el año 2015, don Taño como se le conoce en la región de Barillas es representante de la sociedad civil de su municipio, es otro de los presos políticos acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía.

En el marco del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las autoridades comunitarias, en octubre del 2015 se denunció ante la CIDH que son 20 denuncias en distintas fiscalías del MP en proceso contra de Rigoberto Juárez Mateo, la totalidad responden a denuncias de las empresas extractivas en el territorio norte de Huehuetenango. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH. 

Rigoberto guarda siempre una sonrisa, junto a él estan otros privados de libertad que esperan su turno para estar en algún tribunal, está al pendiente de la delegación del Gobierno Plurinacional que viajó desde el norte de Huehuetenango para presentar una serie de memoriales en distintos ministerios del Estado para frenar la continuidad de los megaproyectos, a pesar de su situación desde la prisión política, él no se aparta de las acciones del pueblo Q’anjob’al y mestizo.

 

Carta de los presos políticos del territorio Q’anjoba’l a las miles de personas de la marcha por el agua

Xe’q’aq , Iximulew 9 Ix / Guatemala 18 de abril 2016.

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Hermanos y hermanas, todos y todas.

Constituidos en la marcha por la sagrada agua, la vida y los territorios ancestrales de nuestros pueblos originarios.

Desde el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala; los cinco Presos Políticos del territorio Q’anjob’al, los saludamos y los felicitamos, al mismo tiempo un gran abrazo a todas y todos por esta hermosa actividad.

Estamos seguros que el corazón de nuestra madre tierra, el corazón del sagrado agua, el corazón del sagrado aire, entre su larga agonía se exalta de felicidad al escuchar de sus mejores hijas e hijos – “Basta ya de tanta destrucción.”

Del mismo modo el espíritu de nuestros milenarios ancestros han de regocijarse por estas actividades que estimula las energías para una mayor movilización en la defensa de su legado.

El cansancio, el hambre, la sed que tuvieron que soportar durante el trayecto de las jornadas se ha convertido en una preciosa ofrenda agradable a la energía cósmica que es dadora de vida.

Hermanas y hermanos de todas las edades, de todas las culturas, credos y posición social, la vida es un derecho fundamental, que a la vez se convierte en una indiscutible obligación el defenderla, mayormente ahora cuando los efectos irreversibles de la devastación ocasionada a la madre tierra constituyen una alarma general.

Sin embargo los principales responsables de esos daños, su ambición de más acumulación está acelerando el ya deteriorado ambiente, al grado de exterminar la vida en aquellas regiones en donde pretenden implantar sus proyectos extractivos.

Los hechos que se están dando en el territorio Q’anjob’al en la región norte del departamento de Huehuetenango, entre otros. Son una muestra de lo que son capaces de hacer y hasta peores cosas aun, en donde el exterminio es su política, el Estado se ha convertido en el operador eficaz, en ocasiones anteriores ya hemos denunciado la forma en la que operan las instituciones públicas para lograr el objetivo empresarial.

Hoy la situación en el territorio Q’anjob’al se agrava, por ejemplo hay más de 60 órdenes de aprensión giradas por el Juzgado de Primera Instancia, mediante la cual se oficializa la persecución penal contra autoridades de las naciones maya Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza, acusándolos de haber cometido supuestos delitos graves cuyas condenas son mayores; simultáneamente hay un despliegue de fuerzas militares en todo el territorio.

Los últimos hechos están apuntando a crear condiciones para masacrar a poblaciones enteras, pues es un hecho que la mayoría de la población de los pueblos mayas y mestizos que habitamos esos territorios rechazamos tales proyectos.

Advertimos a la opinión mundial que la circulación de un video de un supuesto grupo guerrillero es el preámbulo de graves violaciones a los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos, como los ocurridos en los años 80.

No cabe duda que todo responde a un plan como dijimos antes de exterminio, el ejército se hacen cargo de la construcción de carreteras comunales en la región. El anuncio del aparecimiento de este supuesto grupo armado y su discurso prefabricado nos recuerdan las actividades idénticas que impulso el ejército guatemalteco en nuestros territorios, los que usaron de argumento para llevar a acabo aquellos planes de tierras arrasadas, solo los más ingenuos pueden creer semejante invento

Lo que si es cierto es que los grupos paramilitares financiados ahora por esas empresas, con el apoyo logístico y entrenamiento brindado por el ejército nacional y policía nacional civil, ordenado desde los altos mandos de estas instituciones de seguridad, pero no del pueblo si no de las empresas, quienes actúan de aquí en adelante para amedrentar  a la población mediante el terror, actúan bajo la protección de las instituciones referidas.

Desde el año 2012 hemos venido denunciando a las instancias de Derechos Humanos oficiales de la presencia de estos grupos paramilitares en el territorio, pero nadie hizo algo o se ha pronunciado al respecto, mucho menos las entidades de justicia.

La materialización del desvió del río YichK’isis en la comunidad del mismo nombre en el municipio de San Mateo Ixtatán, se llevó a cabo de forma apresurada en medio de esta falsa información como una cortina de humo para que nadie se dé cuenta de esta actividad a todas luces ilegal, ilegitima.

Finalmente demandamos a los organismos de justicia que se lleven a cabo las investigaciones que sean necesarias con toda objetividad para que de inmediato se capturen a los responsables materiales e intelectuales de estos gravísimos crímenes y la cancelación de estos proyectos extractivos en nuestros territorios.

Así como el cese de la persecución penal y judicial de nuestras autoridades y la inmediata libertad de nosotros, pues los delitos por los que se nos acusa nunca existieron, son inventados, cuyo objetivo es frenar el creciente rechazo de nuestros pueblos a sus proyectos.

¡Los bienes naturales y nuestros territorios no se vende, de defienden!

Atentamente.

Los Presos Políticos del territorio Q’anjob’al:

Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo y Francisco Juan Pedro, todos en el Preventivo de la zona 18 en Guatemala. Ermitaño López Reyes y Maynor López están detenidos en Huehuetenango.

 

 

 

Dos mujeres, la justicia y una torre telefónica

Fotografía de Nelton Rivera.

Fotografía de Nelton Rivera.

Texto realizado en base a entrevista a doña Carolina Cabrera e información proporcionada por la Licda. Saknicté Racancoj abogada de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

Por: Quimy De León

Doña Carolina Cabrera y doña Fabiana Menchú viven en el cantón Chitay en Quetzaltenango, lugar donde se instaló una antena de telefonía. Ellas fueron detenidas en distintos momentos de la mañana del 9 de febrero 2016 por el DEIC cuando iban en un bus urbano en plena luz del día, fueron tratadas como si fueran delincuentes. Esto por oponerse pacíficamente junto a la mayoría de la gente de este cantón a la instalación de la antena en su comunidad. Para actuar contra ellas penalmente se utilizó la Ley de Equipos Terminales Móviles, que aún se encuentra bajo análisis de la Corte de Constitucionalidad.[1] Además, como en tantos otros casos, se inventó una agresión –en este caso por parte de ellas mujeres de 57 y 62 años- contra un grupo de hombres jóvenes trabajadores

Me llamo Carolina Cabrera Estrada, tengo 57 años, tres hijos varones, dos nietos varones también. Soy originaria de San Andrés Villaseca, que pertenece a Reu, pero me vine para acá y aquí me vine a casar. Me quedé en Xela, de aquí son mis hijos y mi esposo. Tenemos 40 años de vivir aquí en el cantón Chitay. Este lugar se llama Sabana Grande, viven unas 300 o 400 familias, hay todos los servicios de agua, drenaje y todo lo pusimos nosotros, incluso el servicio de luz.

La llegada de la empresa

En el cantón Chitay fue en donde una empresa que se encarga de la infraestructura para otra empresa telefónica decidió que ahí debía instalarse una torre. Por lo que la empresa SBA Torres Guatemala llegó a instalarla y, como en tantos otros casos,  todo se hizo como si los vecinos no existieran.  La forma de actuar de los trabajadores de  la empresa constructora SBA Torres Guatemala Limitada aumentaba la oposición de los vecinos a las obras.

Este problema empezó porque el lugar  en donde está la torre es terreno de un familiar. Yo no sé si se lo compraron o se lo alquilaron por un tiempo porque la verdad que no sé cómo ha estado.

Venían hombres pero no nos imaginamos que era por eso, él tiene casas de alquiler, que tal vez iba a poner alguna tienda. Trajeron hierro, cemento, muchas cosas y nos pareció extraño porque él tenía un tráiler con el material, raro por lo grande que sería la construcción. Trajeron a dos policías que se mantenían cuidando, privados para ellos, dicen que no les pagaron y por eso se fueron.

Nos despertaron la curiosidad con las vecinas para ver qué iban a hacer ahí, eso cuando nos veíamos en la calle, en el mercado.  Nos dimos cuenta que iba a ser una antena. Unos decían que era de claro, otros que es de tigo, saber realmente de que empresa telefónica es.

Un día vino un tráiler con mucho hierro y unas varillas grandes. Una señora que tiene una tortillería salió y les dijo que le estorbaba y el chofer del tráiler empujó a la señora y la lastimó y los hijos le alegaron al chofer. La llevaron al sanatorio y no supe como lo arreglaron.

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Quimy De León.

La resistencia de la comunidad

Los vecinos buscaron información sobre la antena, pues a la par de la construcción hay un hospital privado donde había una niña que padecía de cáncer y está en recuperación. Ante estas preocupaciones, los vecinos acudieron a la Municipalidad, al Ministerio de Ambiente, al Juzgado Municipal, a la Procuraduría de Derechos Humanos pero no lograron hacer que ninguna institución del estado detuviera el proceso de construcción. Llegó un momento, el 15 de junio de 2015 en que los vecinos decidieron, ir a una manifestación pacífica, al mismo tiempo que se manifestaba gente de otras zonas de la ciudad, así luego de agotar muchas instancias decidieron resistir pacíficamente. [2]

Nos reunimos todas las mujeres y empezamos a manifestar pacíficamente ahí y nos paramos en ese terreno. Éramos de 25 a 30 mujeres y niños que bajaban. Nos colocamos en la carretera por hora y media. Sólo mujeres y algunos hombres, nos acostamos,  todo fue pacífico, la patrulla vino a cuidar. Luego nos quitamos.

A pesar de estas muestras de inconformidad, la empresa continuaba con las obras de instalación de la antena y la policía privada de la empresa resguardaba el sitio. Así que los vecinos decidieron instalar un plantón pacífico para impedir que los trabajadores continuaran. Como los hombres tenían que ir a trabajar, las mujeres eran quienes se quedaban en las mañanas y en las tardes se incorporaban ellos.  El plantón duró más de 6 meses, todo el resto del año 2015 y el inicio de 2016, ninguna institución del Estado respondió ante la demanda de la gente.

Nos dimos cuenta que estaban constantemente yendo y viniendo. Estuvimos un buen tiempo cuidando en la mañana y en la tarde, pensando ellos que nosotras nos íbamos a ir. Pero decidimos no dejar solo, hicimos una valla, un círculo alrededor con las manos agarradas y lo rodeamos.

Cuidábamos todo el tiempo, con sol, lluvia, de noche, algunos se compadecían de nosotros porque estábamos de día y de noche, y hacíamos turnos, muchas bajaban con sus niños, algunos nos traían café. Esto tardó como unos 6 meses más o menos.

Algunas veces dormimos en la entrada, hacíamos turnos  las mujeres y algunos hombres que podían nos acompañaban. Así estuvimos.

El supuesto diálogo con las autoridades

Estando de plantón, distintas instancias llegaron a intentar  convencerles de que desistieran de su actitud. Hubo un intento de conciliación en la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-. La gente fue, pero dice “aquí no nos vamos a  reconciliar porque ni siquiera nos preguntaron”, impusieron el proyecto de manera inconsulta. Se reunieron en la Municipalidad, pero ésta no hizo nada. La gente sigue indignada porque la Municipalidad está para proteger a los vecinos.  Finalmente, fueron al Ministerio Público -MP-, pero hizo caso omiso, luego sería esta institución quien abriría un proceso penal contra las personas. También estaba en diálogo constante con la empresa, pero nada funcionó.

Los compañeros fueron al MP, hablaron con el fiscal, expusieron sus razones y que si tenían que hacer algo. El fiscal no les dijo absolutamente nada. “miren cómo se las arreglan” fue la respuesta. Pero sí se tenía el respaldo del fiscal del MP para la empresa, eso sí. Siempre venía el fiscal, la PDH, también tocaron las puertas de las autoridades para solucionar esto, pero al final se lavaron las manos, diciendo no nos metemos.

La empresa siempre ha contado con el apoyo de la policía, cuando empezaban a construir esto, pasaba una patrulla a cada rato, cada 5 minutos iba y venía. Cuando estuvieron en construcción después de toda la situación con ellos y siempre que venía la empresa venían de custodios.

Daniel, el hombre de la antena, conversó con nosotras porque nosotras dialogamos con él pacíficamente y le dijimos que por favor se fueran. “No –dijo- porque el satélite aquí apuntó”.  Incluso nos trajeron un libro para que nos instruyéramos y habían personas de la costa y tierra fría, lugares bonitos donde estaban las antenas y los niños jugando, niños sanos, ¿quién dice que eso es malo? Como que dijeron que nosotros no pensábamos, como quien dice que éramos ignorantes y les dijimos que los ignorantes eran ellos.

Nosotros dijimos que no queríamos las antenas, que sabíamos que eso hacía daño y ellos nos decían que de donde habíamos sacado eso. Que eso es mentira, que es un mito, que donde lo averiguamos nosotras. El hospital sacó varios folletos y nos lo repartíamos en la colonia. No había que dejar que lo pusieran, reclamando nuestros derechos por la vida, la vida de uno no vale un centavo, muchas tenemos nietos, hijos y todos tenemos una casita que es patrimonio para nuestros hijos y nietos, no queremos que haya daño para ellos.

No es posible que vengan de otro lado a hacernos daño y además ni son del país, deben ser de un lugar lejano, los carros dicen SEREX. Ellos ya después ya pusieron las denuncias y de órdenes de captura contra mí y contra doña Fabiana Menchú.  No soy de ningún grupo, nos tomaron como lideresas pero nada que ver.

La denuncia por parte de la empresa

Como la resistencia no cejaba, la empresa pasó a la criminalización por la vía penal. En una reunión que hubo en una comisaría de la Policía Nacional Civil, un representante de la empresa lo expresó públicamente: “bueno, si ustedes no quieren nos vamos al aspecto penal y los vamos a meter presos”, una clara amenaza. Al poco tiempo, los vecinos recibieron las primeras notificaciones, pero decidieron no acudir al Ministerio Público, porque no habían cometido ningún delito.  

Trajeron a un fiscal el año pasado, que dijo que nos presentáramos al MP el 5 de febrero, y le dijimos que para qué?. Él dijo que no sabía, pero “las espero allá”. Entonces vamos a ir todas, pero dijo que no porque no íbamos a caber, que llegaran sólo unas 8 o 10. Entonces platicamos cuando ya se iba aproximando la fecha, qué vamos a hacer y dijimos que no íbamos a ir, porque allá nos van a agarrar o nos van a hacer que firmemos algo y ya no vamos a poder salir. No fuimos y nos pusieron las órdenes de captura.  No recuerdo el nombre del fiscal dejó algo escrito a un joven, el nieto de un señor pero en el celular lo adjuntó, pero saber. Daniel el hombre de la antena dijo que ya habían mandado las citaciones.

Se trataba de una acusación por el delito de “Atentado Contra el Servicio de Telecomunicaciones, está descrito en la Ley de Equipos Terminales Móviles en el artículo 294 bis.” El MP dió seguimiento al caso, justificándose en el artículo 30 de la ley 8-2013, que prácticamente veda todo el derecho de los ciudadanos de este país a organizarse, manifestar, expresarse  y colocarse en la calle.

Además, se acusó a doña Carolina y a doña Fabiana Menchú por agresión y amenazas al representante de la empresa, Daniel González. Como en otros casos de criminalización, el MP no se tomó ni el más mínimo tiempo en darle seguimiento a una investigación objetiva. Simplemente se basaron en lo que decía el querellante, en este caso la empresa, y solicitaron una orden de captura para 2 mujeres de la tercera edad, una embarazada y un hombre. Como dice una vecina: “No estamos de acuerdo con las capturas. Las autoridades deberían cuidarnos a nosotras que somos el pueblo; además, dicen que con palos y piedras agredimos a los representantes de la empresa encargada de instalar la antena, pero eso no es cierto.” [3]

Ese señor que le llaman Daniel González, mintió, dice que yo lo agredí y la otra señora también. Bajaron un grupo para hablar con él para llegar a un acuerdo que dieran regalías, que pusieran la antena pero que dieran al menos algo. Él vino en la mañana, pero él dijo que le dieran la lista de lo que querían y le dieron la lista. Hasta ahorita estamos esperando, como ya la pusieron ya no dan nada. Ese día vino una patrulla para cuidar y que no se rompiera el orden. Dicen que Daniel dijo que no quería esa patrulla sino la otra, era la señal de que los habían comprado, los otros polícias que eran más abusivos y los otros nada que ver, eran neutrales.

La captura y la audiencia

Doña Carolina y Doña Fabiana fueron capturadas el 9 de febrero de 2016 en un operativo digno del crimen organizado.  Doña Fabiana se disponía comprar pañales para su nieto, un niño con capacidades especiales[4]; mientras que doña Carolina piensa que la policía contó con la ayuda de una vecina que les informó acerca de los movimientos de ellas, otra persona de civil la reconció para que la policía la detuviera y no le mostraron una orden de detención.

Una señora que siempre controlaba todo fue la que nos delató, se daba cuenta cuando bajábamos y subíamos. Tomaba los números de placa de los carros que subían. Nosotros mirábamos que ella salía con su cuaderno y lo apuntaba todo y los de la antena se iban a su casa a platicar.

Tienen un monitor para la calle, había dos cámaras mirando para el camino. Mi hijo dijó que ellos estaban violando nuestros derechos, las cámaras no las podían tener en el camino, no teníamos otro camino, toda la gente pasa por ahí para tomar bus, para ir al mercado.

Algunas vecinas dicen que esta señora usó los nombres de ellas por su DPI, cuando “Paniagua” un candidato a la alcaldía estaba haciendo campaña, les iba a dar bolsas solidarias y esta señora lo estaba promoviendo, le avisó a quienes quiso y le sacó copia al documento. A mí no me dijo nada.

Ese día ella iba al mercado. Se fue en el bus y se dieron cuenta que la bajó la policía, nos avisó una señora que vive cerca.

La señora Irma me controló y les avisó a los de la antena. Seguro los de la antena llamaron a una patrulla, dicen que habían dos pero eso ya no me di cuenta, solo ví el montón de policías.

Cuando yo iba en bus después de que habían detenido a doña Fabiana, este paró y se metió una muchacha bajita con chaleco y gorra negra, pantalón de lona y blusa celeste con un emblema y dijo: “ella es”, señalándome y dijo que tenía yo orden de captura por agredir a no sé quién. Pregunté por qué me acusaban y me dieron un papel pero no me dejaron que lo leyera. Dijeron que era de delito de agresión No pude leer nada, sólo me dijeron que me estaban acusando de agresión. Sólo ella se subió, los otros se quedaron abajo, alguien dijo “bajala vos” y ella se me acercó y abusivamente me puso unas esposas y yo le dije “yo me bajo si me quitan las esposas”. Como que no me conocía, me bajé con la esposa en una mano, un policía gordo me dijo “colabore, si no le va a ir peor”. Al final me las quitaron, quien me bajó se reía de mí.

Me preguntaron quiénes eran mis papás, de donde soy originaria, si era guatemalteca, y le dije que no me siguieran preguntado, estaba muy enojada. Ya no hablé, me fui callada y me llevaron a la carceleta, eran como ocho policías y dos patrullas, todos vestidos de policías menos la que subió a bajarme del bus.

A la entrada del juzgado me quitaron mi bolsa y monedero. Que la iban a guardar y que se la entregarían a un familiar, quería quedarme con mi monedero porque tenía dinero, lo registraron y luego me llevaron esposada a la carceleta.

Apareció un policía y le pregunté por Fabiana, ya tiene 60 y pico y estaba arriba, ya no en la carceleta. “¿Por qué me tienen  aparte a mí y a Fabiana” les dije. A los cinco minutos me pasaron con ella y la señora temblaba, hacía mucho frío, ya estaba entrando la noche, eran como las 6 de la tarde. A mí me detuvieron a las 12 del día, a Fabiana más temprano, como a las 9 o 10.  Se tardaron bastante tiempo para subirnos a la audiencia, ahí estuvo la seño Sandy, mi hijo y la hija y sobrina de la señora y algunos medios.

En la audiencia, los fiscales del Ministerio Público acusaron a doña Carolina y doña Fabiana de amenazar con “quemar vivos a los empelados de la empresa constructora” el 22 de agosto de 2015. El juez de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango Ángel Ávila, se negó a dictar falta de mérito por la edad de las acusadas, pero sí les otorgó medida sustitutiva a cambio de que firmaran cada 15 días en el libro del Juzgado y no pudieran salir del país.[5]

Cuando el juez dijo que estábamos libres, salimos y el capitán todavía me quería poner las esposas. Insistía y también se la quería poner a doña Fabiana, pero nos llevaron a la carceleta estando ya libres, porque había que hacer una papelería, nos dijo… Doña Fabiana ya no aguantaba el frío, solo un suéter llevaba.

Salimos entre ocho y media y nueve de la noche. Habían varias personas esperándonos, algunos vecinos con café. Mi hijo y algunos familiares que llegaron a traernos, mis dos cuñadas, ahí también estaban las licenciadas.

La vida ahora

Después de este episodio intimidatorio, la empresa retomó las obras ya sin oposición, y según fuentes locales, “de forma intimidatoria y con amenazas”.[6] Desde entonces, la calma ya no ha regresado a las vidas de los vecinos del Cantón Chitay.

Cuando empezaron a construir ya no pudimos hacer nada. Me agarraron y me encarcelaron y olvídense. La construyeron como en 2 o 3 días, trabajaban de noche y de día. Antes no habían podido construir, sólo tenían hecha la base. Ya cuando nos detuvieron sí se apuraron en instalar la antena, ponían focos, solo una vecina les ofrecía comida.

Ahora que ya pusieron la antena y todos estuvieron trabajando, pusieron un lazo. Pusieron unas cosas que no dejaban que subieran los carros de las personas que viven arriba, incluso aquí mi esposo no podía subir por los lazos, tenían que levantar el lazo. Pusieron conos en la entrada y ya no podía ni pasar uno. Todos ponían cosas en el camino, material, había que estar pitando para que se hicieran a un lado.

Se estaban adueñando de todo. Cuando pasan las muchachas, a las niñas y personas más grandes, empiezan a silbarles y a acosarlas  los trabajadores.

Uno quiera o no teme por su familia, en Guatemala ya de todo pasa y que se puede esperar uno de personas así. Manejan mucho dinero entonces ellos son capaces de cualquier cosa.

Las señoras discuten, están atemorizadas, más que todo por todo esto que pasó y como todavía están las demandas. Todas ellas están asustadas y casi no salen como antes, no tienen la libertad como antes que salían y todo.

A veces me siento tan frustrada, le digo a mi esposo que me da cólera porque le digo que la justicia en Guatemala no es justa. Fíjese que cuánto delincuente anda haciendo cosas y a ellos si no les hacen nada y a una de mujer la agarran como si una fuera una gran delincuente. Me siento frustrada porque soy abuela, esposa, madre y cómo va a creer usted que yo voy a hacer para estar ahí que uno se había robado material. Eso es mentira: echaron cuatro viajes ese día que vinieron a acarrear el material que tenían y dijeron que se había perdido, nosotros nunca sacamos ni una tabla.

Uno teme que más adelante agarren represalias contra uno, porque estamos defendiendo el derecho a la vida más que todo. Si esto no causara algún daño para qué nos vamos a oponer, pero sabe que el derecho a la vida lo tenemos como ciudadanos guatemaltecos. Derecho a protestar por lo que nos pertenece, pues. No somos extranjeros.

Fotografía de Quimy De León

Fotografía de Quimy De León

Las consecuencias: nervios, división comunitaria y familiar

Le digo a mi esposo que nunca pensé que íbamos a tener  esa antenota, qué horrible se mira, nos vino a tapar la visión. Antes me paraba en la ventana y miraba cuando algún mi familiar o hijos venían en su carrito o en bus, venían para acá y yo lo miraba. Ahora no se mira nada, sólo la pared de la antena, ya no tenemos visibilidad. Ya hasta eso nos vino a afectar.

Imagino que la antena ya está funcionando o la van a poner a funcionar. Pero sí estamos afectados, hay muchas personas, casi la mayoría que han platicado conmigo están con nervios, ya padecían y ahora están peor, ya no pueden ni dormir a veces, no les dan ganas de nada, esto les vino a afectar la salud y la paz más que todo.

A mí me ha afectado mucho porque incluso me enojo. Voy al MP a firmar, porque cada 15 días debo ir a firmar hasta que sea la próxima audiencia. Primero dios, a veces ni ganas de comer le da a uno solo de pensar que no puede ni salir al parque.

Estoy padeciendo de los nervios, e insomnio. Mi esposo también como que estaba entrando en un estado de depresión y me dice a veces, mis hijos le han hablado: “la vida no se termina aquí, sigan adelante”. Y mi esposo a veces cuando platicamos me dice que le dan ganas de vender e irnos para otro lado “porque aquí ya no siento paz, ya no siento como antes cuando vivíamos tranquilos”. Toda la gente lo dice, dice que las propiedades cuando hay cosas así pierden valor, ya no se venden al precio que uno quisiera. La división comunitaria y de la familia le afecta a uno mucho también. Un familiar fue quien vendió ese pedazo de tierra a la empresa y fue quien vendió varios terrenos a varia gente aquí. Esto vino a hacer la división familiar. También hay una señora que les da la información, ella es la que siempre nos ha llevado la contraria, estaba de acuerdo con el de la antena y tal vez le dieron unos centavos a la pobre señora y ahí sigue. Nadie le habla, antes todo le hablábamos, le hacíamos favores cuando quería, pero desde que pasó eso nada que ver.

Doña Fabiana y doña Carolina tendran que enfrentar la denuncia penal del MP y de la empresa SBA Torres Guatemala, a ellas las asiste la razón, los derechos como ciudadanas de este país y su convicción de que estan haciendo lo correcto.

[1] Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena de telefonía en su comunidad, Noticias.com.gt, 11 febrero 2016; Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena, La Hora 10 de febrero 2016.

[2] Dos mujeres ligadas a proceso por oponerse a la instalación de una antena de telefonía en Xela, Stereo 100, 10 febrero 2016.

[3] Persiste lucha de mujeres contra instalación de antena en Xela, Prensa Libre, 12 febrero 2016.

[4] Ibidem. 

[5] Mujeres enfrentarían juicio por oponerse a instalación de antena. Soy 502,  10 de febrero 2016.

[6] Mujeres en prisión por oponerse a la instalación de antena de telefonía en su comunidad, Noticias.com.gt, 11 febrero 2016.