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Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia

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Por: Simón Antonio.

Entrevista con el abogado Benito Morales Laynes.

El 24 de marzo 2015 en horas de la tarde fueron detenidos en la ciudad de Guatemala las autoridades comunitarias, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, dirigentes de las luchas por la defensa del agua y el territorio en los municipios del norte de Huehuetenango. Ante la instalación de empresas como la Hidro Santa Cruz en Barillas, Hidro San Luis de la empresa Cinco M S.A. en Santa Eulalia y PDH, S. A. en San Mateo Ixtatán.

A un año de su detención difundimos una entrevista que se realizó en el noticiero Maya K´at de FGER[1] en 29 de febrero, días después de haber sido enviados a juicio oral y público los líderes comunitarios.

  1. ¿Cuáles son los procesos por los que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar están detenidos y bajo qué cargos?

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, ahora mismo hay en concreto dos proceso que tienen un avance significativo en términos de tiempo. Uno tiene que ver con un tiempo que ya dilucidó en etapa preparatoria y ya se ordenó a conocer en debate oral y público programada para febrero de 2017. Este caso tiene que ver con las denuncias de trabajadores de una empresa hidroeléctrica de nombre Cinco M S.A. ubicado en Santa Eulalia, Huehuetenango.

Los delitos por los se les envía a juicio es por detenciones ilegales e instigación a delinquir.

Luego hay otro proceso que está conociendo la jueza Claudett Domínguez, titular del juzgado de mayor riesgo grupo A, el cual fue el pasado viernes (26 de febrero) ella tomó la decisión de que deben enfrentar juicio oral y público por los delitos de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir.

  1. ¿Podemos decir que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron enviados a juicio oral y público por los dos casos?

 Efectivamente, porque es la última decisión tomado el viernes pasado (29/02/2016) ellos van a juicio por este delito y falta concluir una fase determinada que es el ofrecimiento de pruebas, que está programado para el día 16 de marzo donde se van a determinar con cuales pruebas se va al debate oral y público, y se va a determinar una fecha tentativa para ese debate[2].

  1. ¿Cuando el abogado Edgar De León habló sobre este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, agregó que sobre Rigoberto Juárez existen otros casos penales, usted nos podrá mencionar ¿cuáles son y cuántos?

Hay varios procesos, los dos anteriores pues ya son fases avanzados en el que existen fechas en el inicie el debate oral y público. En el caso de Rigoberto Juárez también está acusado por el Ministerio Público, por unos hechos acaecidos en el día 23 de enero del año 2014 en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia.

Por este mismo proceso está en la cárcel el hermano Ermitaño López, que está en Huehuetenango y también el 1 de febrero se le acusó y atribuyeron esos hechos también a las tres personas que guardan prisión aquí en el Centro Preventivo de la zona 18, son originarios de Barillas, hablo de don Sotero Alberto Villatoro, Arturo Pablo Juan y Francisco Juan, ese es el otro proceso en el cual Rigoberto Juárez está acusado.

También tenemos conocimiento que  por lo menos hay dos o tres procesos e investigaciones que se siguen en su contra, nosotros no tenemos mayores detalles. En este momento podemos hablar de tres procesos, en particular en donde Rigoberto Juárez Mateo está siendo acusado.

  1. En todos estos procesos ha habido varias suspensiones de audiencias ¿Qué valoraciones hacen al respecto?

Aquí hay que decir una cosa que es muy evidente y clara,  que he repetido varias veces en las audiencias y he afirmado claramente con la jueza, lo que hay aquí es la implementación de una estrategia, en donde el fin último es a toda costa que Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y las otras tres personas de Barillas no salgan de la cárcel.

Yo puedo asegurar por las incidencias del proceso, particularmente por los intereses que hay alrededor de estos casos,  que hay sectores económicos interesados que pretenden imponer proyectos  a toda costa en nuestros territorios como pueblos indígenas y que entonces el tema de la criminalización pasa a ser parte de esta estrategia de imponer los proyectos.

  1. ¿Ustedes tienen conocimiento de cada uno de estos casos que menciona el abogado?

Sí tenemos conocimiento, porque efectivamente existe la orden de aprehensión donde varias mujeres y hombres están acusados de delitos tan graves como el plagio y secuestro. Cuando uno analiza esto fríamente se percata que entonces  el que se les acuse de estos delitos es no salir de la cárcel.

Afortunadamente con un trabajo riguroso que hemos estado realizando, desde que estas acusaciones fueron hechas,  empieza a tomar forma de que es en  contra de los líderes y de las autoridades. Hemos logrado en el caso del Tribunal de Mayor Riesgo, cuando todavía la anterior jueza Carol Patricia Flores, desvirtuar los delitos de plagio y secuestro y que la actual jueza comprendiera que de ninguna manera puede atribuirle hechos y acusaciones tan graves como el plagio y secuestro.

Sin embargo cambiaron a Flores y la actual jueza Claudette Domínguez, con los meses que lleva conociendo los casos, lo que hemos podido constatar es que,  por un lado es bastante incompetente y por otro  hay una clara intención, con una actitud totalmente parcial en el análisis de estos casos y a quienes les está beneficiando es a  las empresas vinculadas con el territorio.

  1. En la audiencia donde fue enviado de igual manera a debate oral y público Francisco Juan, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; mencionó la existencia de un documento sobre Redes Criminales en Barillas, Huehuetenango ¿Qué lectura política y jurídica hace a este documento y si tienen conocimiento de quién lo redactó?

 Tenemos conocimiento pleno de ese documento porque forma parte del expediente de estas tres personas de Barillas. Apareció de la nada, lo obtuvimos del expediente de investigación del Ministerio Público y fue el propio MP quien nos lo entregó.

Ellos se niegan regirse de ese documento porque la boca dice muchas cosas, sin embargo a la hora de mirar a quienes aparecen en ese documento resultan ser las personas ya capturadas o con orden de captura.

Entonces nuestra lectura jurídica al respecto es preocupante porque el Ministerio Público en este caso, pierde total objetividad en el trabajo que le corresponde hacer y prácticamente se deja regir por ese tipo de documento. Por otro lado, que la empresa Hidro Santa Cruz haya presentado ese documento al MP, es precisamente una clara injerencia en la investigación, que no debe hacerse de esa manera, donde indica que existe una estructura criminal en el norte de Huehuetenango y que está liderada por las personas que se mencionan ahí, los tres de Barillas, Rigoberto Juárez Mateo y otras personas más.

Lo que queda claro es que  quien está marcando las pautas de investigación, es este tipo de empresas y lo lamentable aquí, es que el MP se pega a esos intereses y es lo que estamos constatando a la fecha.

  1. Ante estos procesos de persecución contra líderes comunitarios tanto de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán ¿cuál es el llamado de los abogados defensores al MP de alguna manera y a la comunidad internacional?

 Lo que tiene que quedar claro es que estamos ante la repetición de la historia de opresión contra los pueblos indígenas en Guatemala, es decir, aquí lo que hay es una práctica reiterada de actos realizados durante el conflicto armado interno, donde evidencia que la historia de los pueblos indígenas no ha cambiado en lo absoluto. Si en aquellos tiempos era el tiempo de los salarios y la usurpación de las fincas y el ejemplo reciente es el caso Sepur Zarco, y al traerlo a la realidad es exactamente lo mismo con otros matices.  Ahora la disputa es el territorio vinculado con el aprovechamiento y el saqueo de los bienes naturales de nuestro territorio.

Hay una teoría aplicable, que establece que el derecho penal de la acusación de una persona en un momento determinando, deber ser la última instancia que se utilice por parte de los Estados para abordar una problemática.

Es evidente que lo que presenciamos es una problemática de tipo social, es el resultado de una Estado excluyente  que no ha garantizado los derechos de los pueblos indígenas. Entonces lo que ha hecho por medio de estos procesos es orillar a los pueblos indígenas y que esta problemática de tipo social, como lo he reiterado ante la jueza, no debe tener un abordaje de tipo penal, sin embargo la justicia y el derecho penal se está utilizando a beneficio de los intereses de empresas transnacionales y locales, para enviar un mensaje a las comunidades de que no tenemos derechos a levantar la voz, ni exigir nuestros derechos y no tenemos derecho a cuidar los bienes que nos pertenecen.

[1] Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER 50 Años.

[2] Esta audiencia no se llevó a cabo.

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Presos Políticos: recurso de inconstitucionalidad por acusación del MP en contra defensor del agua

CC 1

Por Nelton Rivera.

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las 10 de la mañana un Recurso de Inconstitucionalidad solicitado por los abogados Benito Morales Laynes y Francisco García en representación de Bernardo Ermitaño López detenido desde el día 3 de junio del 2015.

Benito Morales busca con este recurso que los magistrados emitan opinión sobre la aplicación que él considera errada del artículo 201 del Código Procesal Penal que tipifica el delito de “PLAGIO O SECUESTRO” usado por el Ministerio Publico –MP- para acusar a Ermitaño López. A consideración de los abogados, el MP está incurriendo en una inconstitucionalidad al aplicar este delito.

El recurso busca ejercer control constitucional sobre la resolución inconstitucional del juez de primera instancia penal del departamento de Huehuetenango, quien el día 14 de octubre del 2015 resolvió sin lugar un incidente de inconstitucionalidad planteado en ese departamento.

“ARTICULO 201. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual…”[1]

Durante su intervención como ponente de la inconstitucionalidad, el abogado Benito Morales argumentó que el MP está siendo inobjetivo al insistir en la utilización de este tipo penal, siendo el caso de don Ermitaño López uno de varios casos de criminalización en contra de líderes comunitarios de los municipios de Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán en la región que impulsa el MP de forma similar.

“vemos con preocupación que la aplicación del artículo 201 del Código Procesal Penal en contra de un líder comunitario de Santa Cruz Barillas responde a la estrategia de criminalización y a la aplicación de la doctrina del derecho penal del enemigo.”[2]

Esta doctrina se entiende como:

“una postura teórica en la dogmática penal, el Derecho Penal del Enemigo, mediante el cual el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino que combate peligros.

El Derecho Penal del enemigo define individuos que en su actitud, en su vida económica, o mediante su incorporación a una organización criminal, se han apartado del Derecho de un modo duradero, y no sólo de manera incidental. Los enemigos no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal, y demuestran este déficit por medio de su conducta permanentemente antisocial. El problema que representan los enemigos no puede ser resuelto por el Derecho Penal ‘normal’ y es necesario configurar un Derecho Penal de ‘Tercera vía’, diferenciado en sus principios y en sus reglas.”[3]

Es decir, se está tratando a los defensores del agua como si hubieran buscado el beneficio propio a través de una acción criminal, y como si su pertenencia a una banda del crimen organizado, narcotráfico o terrorismo internacional, el MP prácticamente les convierte en personas peligrosas para la sociedad.

Desde el análisis del abogado Edgar Pérez Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la aplicación de esta doctrina es la representación de la criminalización de los líderes comunitarios, indígenas o mestizos. Es la transformación de la política criminal democrática del MP de la noche a la mañana por una política criminal represiva.[4]

Significa reprimir y sancionar con la pena máxima a quienes representan los derechos colectivos de las comunidades y se oponen de forma pacífica y democrática a los megaproyectos y a sus empresas.

[1] Código Procesal Penal. CAPITULO I DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_codigo_penal.pdf

[2] Abogado Benito Morales Laynes. Audiencia Publica recurso de inconstitucionalidad. Guatemala 11 de noviembre 2015.

[3] Lidia Teresa Juárez Barato. Derecho Penal del Enemigo. Revista Jurídica 2007 – 2008. Organismo Judicial de Guatemala.

[4] Edgar Pérez Archila. Intervención en el Tribunal de Mayor Riesgo A, durante la fase intermedia del proceso en contra de tres líderes comunitarios de Barillas. 13 de octubre 2015.