Archivos diarios: 16 marzo, 2016

Juicio por genocidio: a puerta cerrada

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Por: Quimy De León

De nuevo va a juicio Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez acusados de Genocidio.

Este caso lo conoce el Tribunal B de Mayor Riesgo presidido por Janeth Valdez. Esta vez el juicio será a puerta cerrada y no se permite a la prensa documentarlo, solamente pueden permanecer observadores y testigos o sobrevivientes de estos crímenes.

Los abogados de los querellantes argumentaron que aún hay asuntos legales sobre este caso que debe resolver la Corte de Constitucionalidad y dejaron su protesta ya que consideran que es ilegal que el juicio se haga de esta manera, también argumentaron que Ríos Montt debe enfrentar a la justicia en un caso separado del de Rodríguez Sánchez.

Efraín Ríos Montt no estuvo presente, solamente sus abogados, ya que como recordaremos se ha argumentado que el se encuentra demente.

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Dos radios comunitarias allanadas como resultado de una política de criminalización

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Las radios comunitarias Agua Viva de San Pedro Carcha, que transmitía en la Frecuencia Modulada FM, 104.7, y Radio Vida cuyo dial era 92.7, FM, ubicada en Tactic, ambas del departamento de Alta Verapaz, fueron allanadas por el Ministerio Público, MP, y la Policía Nacional Civil, PNC, el pasado 8 de marzo del presente año.

En los dos allanamientos el MP y la PNC sustrajeron documentos, equipo de cómputo, micrófonos, consolas y transmisores de 30 vatios. Por otro lado rompieron puertas y ventanas de los inmuebles allanados. De acuerdo a los encargados de dichas radios, el equipo sustraído tiene un costo promedio de Q100 mil.

En el momento en que llegó el MP y la PNC a la sede de la radio Agua Viva, no se encontraba nadie, por lo que procedieron a romper los seguros de las puertas, y como si se tratara de criminales de alto impacto, registraron el lugar y se llevaron documentos de interés para los encargados de dicha emisora, así lo relató Elsa Ichic, colaboradora de Agua Viva.

Las emisoras tenían unos 15 años de estar al aire y su programación era variada y de interés comunitaria. De acuerdo con Guillermo Ixim, colaborador de Radio Vida, en su programación se incluía un espacio semanal para el centro de salud, para la Comisaría 51 de Alta Verapaz y para la Municipalidad de Tactic. También se daba espacio a los Bomberos Voluntarios, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo y a toda persona necesitada de hacer un aviso o hacer una denuncia. Escuchar audio: http://goo.gl/NpIM5x

 “La policía hablaba a través de la radio, sobre la prevención de la violencia en nuestro departamento, también daban a conocer programas de prevención en festividades puntuales como semana santa o navidad. Nosotros no cobramos cuando son avisos de interés comunitario, pero cuando se trata de anunciar una festividad pedimos una contribución voluntaria para cubrir los gastos de energía eléctrica”, explicó Ixim a Voces de Iximulew.

 “El allanamiento de las radios nos afectó, pero más le afectó a las comunidades, porque el equipo que se llevaron lo compramos entre todos. Con el equipo que nos quitaron cubríamos entre 10 y 12 kilómetros cuadrados, nuestras transmisiones se hacían en idiomas Poqomchi´, Qeqchi´ y castellano para que nos entendieran todas las comunidades de Tactic”, añadió Guillermo Ixim.

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La criminalización de las radios comunitarias

Atendiendo la solicitud de los monopolios de la radiodifusión aglutinados en la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, CRG, el MP tiene una fiscalía dedicada a perseguir a las radios comunitarias por los supuestos delitos de “hurto o robo del espectro radioeléctrico”, amparándose en el Código Penal.

El Código Penal cuando se refiere a hurto de fluidos (artículo 249), habla de “sustraer energía eléctrica, gas, agua, fuerza de instalación o cualquier otro fluido ajeno”. Y dice en su artículo 254, Robo de Fluidos, que cuando los hechos a los que se refiere el artículo 249 “se cometieren con violencia serán calificados como robo”.

Interpretando los dos artículos del Código Penal en mención, se puede decir que no hay hurto porque el espectro radioeléctrico que utilizan las radios comunitarias está dentro del territorio de la comunidad o pueblo al que ellos se deben y no lo están sustrayendo del mismo, además no es una cosa palpable.

Por otro lado, se evidencia que existe una clara criminalización hacia las radios comunitarias por parte de los monopolios de la radio en Guatemala y el MP. Pues las emisoras comunitarias no han cometido violencia contra nadie a la hora de usar una frecuencia que no estaba siendo utilizada dentro de su territorio, por lo tanto no existe el delito de robo de frecuencias.

Pero si de utilizar las leyes a favor o en contra de ciertos grupos se trata, entonces las radios comunitarias deberían de iniciar una contracampaña en contra las grandes cadenas radiales y televisivas que tienen acaparado el espectro radioeléctrico, utilizando para ello el Artículo 130 de nuestra Carta Magna que prohíbe los monopolios y privilegios en este país.

En Guatemala, entre las grandes empresas que tienen acaparado el espectro radioeléctrico están: Central de Radio, Emisoras Unidas, Grupo Alius, entre otras medianas empresas a quienes el Estado les ha dado en usufructo unas 20 frecuencias a cada una.

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Por otro lado, la campaña de criminalización contra las radios comunitarias que tiene sonando la Cámara de Radio Difusión de Guatemala en sus radios comerciales, no busca el respeto al “Estado de Derecho o la defensa de derechos laborales de sus empleados” como pretenden hacer creer a los guatemaltecos/as. Por el contrario esa campaña lo que busca es mantener concentrado el espectro radioeléctrico en pocas manos. Entonces el MP prácticamente se ha convertido en el instrumento que las empresas radiales utilizan para apoderarse por completo del espectro radioeléctrico y seguir haciendo los grandes negocios políticos y comerciales que los han convertido en multimillonarios.

Fuente: Voces de Iximulew

Simposio “Migración, Cultura y Memoria” del Departamento de Estudios Centroamericanos de la Universidad Estatal de California

 

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El lunes 14 de marzo dio comienzo el Simposio “Migración, Cultura y Memoria”  organizado por el Departamento de Estudios Centroamericanos de la Universidad Estatal de California en Northridge, en Los Àngeles.

La primera mesa de la actividad estuvo dedicada a la memoria de Berta Cáceres, y contó con la participación vía skype de Tomás Gòmez Membreño, miembro de la COPINH que habló desde la Esperanza, en Honduras. Compartió cómo el gobierno de este país pretende destruir a la COPINH a raíz del asesinato de Berta, desprestigiándolo y haciendo aparecer a la organización como culpable de la muerte de su dirigente. En cambio ellos están exigiendo que un grupo de peritos independientes investigue el crimen con  el apoyo de la  Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –MACCIH- y que como medidas cautelares se suspendan los proyectos hidroeléctricos y que el Ejército se retire de la zona.

Juana Mulul, activista k’iche’, miembro de Agenda Global de las Mujeres Indìgenas se refirió a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado que asoló Guatemala  y cómo ahora está volviendo con el despojo, en la forma de persecución, judicialización y asesinatos. “Defendemos el territorio porque tenemos territorio vamos a morir”, concluyó.

Por su parte José Artiga comentó cómo la filosofía de los Lenca choca con la visión e intereses  de las hidroeléctricas como la de Agua Zarca.

El martes 15 se llevó a cabo la mesa “Desplazamiento y Diáspora Indígena”, que abrió Édgar Esquit, del Instituto de Estudios Interétnicos de Guatemala.   En su intervención habló de cómo las tierras comunitarias de los q’anjob’ales fueron expropiadas por el estado guatemalteco para favorecer el cultivo del café. Un ejemplo fue la creación del municipio de Barillas, en tierras de de  Santa Eulalia; pero ello no impidió la lucha común que continúa hasta nuestros días.

Luis Escala, investigador de El Colegio de la Frontera Norte describió cómo las comunidades mixtecas y zapotecas que han migrado desde  Oaxaca a California reproducen en este lugar el festival de la Guelaguetza. Pero lo hacen de mucho menos folklorizada y mercantil a cómo se lleva cabo en la ciudad de Oaxaca y más parecido a como se realiza en sus comunidades. Ésta es una manera en que se muestra cómo las prácticas culturales sirven para mantener la comunidad en lugares lejanos.

Después, Santiago Bastos, investigador de CIESAS y de Colibrí Zurdo/Prensa Comunitaria abordó la forma en que en Guatemala las comunidades se han movilizado ante el despojo que está teniendo lugar en sus territorios con la llegada de mineras, hidroeléctricas, agrocombustibles y otras actividades extractivas. A partir de las consultas comunitarias se pusieron en marcha procesos en que fueron fundamentales las autoridades e instituciones comunitarias, la “conciencia”  heredada de las últimas décadas, los derechos como pueblos indígenas y la presencia de las mujeres.

Finalmente, Karla Rivas, de la Red Jesuita de Migrantes y Radio Progreso de Honduras mostró una panorámica de la situación de la migración desde este país y cómo las supuestas “políticas de desarrollo” son las que están empujando a la población a abandonar sus lugares de origen. En ese sentido alertó contra la “Alianza por la Prosperidad”  en el Triángulo Norte de Centro América que supuestamente dice buscar evitar la migración pero cuyos efectos expulsarán a más gente de sus territorios.

Además de estas dos mesas, hubo otras dedicadas a la violencia del paso por la frontera, la contracultura en El Salvador, o el trauma. El Simposio destacó por su carácter interdisciplinario: en estos dos días tuvimos la presentación de un libro de Regina José Galindo, de una instalación del salvadoreño Ronald Morán, y una obra de teatro dirigida por el mexicano Martín Acosta.

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