Condenan a ex militar: trabajador de una empresa minera por amenazas a periodistas

Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.

En el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en torre de tribunales, en una audiencia de Fase Intermedia se condenó a Juan José Reyes Carrera y al teniente retirado Pablo Silas Orozco Cifuentes a dos años de cárcel por los delitos de coacción y amenazas contra periodistas independientes y de organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina – CUC y de la Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej.  Los acusados, tuvieron como abogado defensor a Fernando Linares Beltranena, en la audiencia estuvo presente el coronel retirado Mario Ricardo Figueroa Archila gerente de Exmingua.

Los dos acusados son trabajadores y personeros de la empresa minera EXMINGUA S.A. parte de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA, en el caso de Pablo Silas Orozco su cargo es gerente de operaciones. Esta empresa ha querido imponerse en contra de la voluntad de la población de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes se encuentran desde hace más de un año en resistencia pacífica.

La pena es conmutable a razón de Q.5.00 por amenazas y Q.20.00 por coacción. Al pagar el equivalente, no deben ingresar en la cárcel. Se fijó audiencia para presentar la condena el 24 de octubre y una de resarcimiento el 29 de octubre.

El tribunal dio valor a todas las pruebas, testimoniales, documentales  de fotografía y video, a los peritajes psicológicos y análisis del lenguaje que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses – INACIF- para identificar la carga de violencia y criminalidad en los hechos. Las pruebas eran tan contundentes que a los acusados no les quedó más remedio que admitir los hechos en su primera declaración[1]. A partir de ello, el juez determinó que los dos acusados fueron autores de los delitos de coacción y amenaza en contra de periodistas independientes

Los hechos que constituyeron delito sucedieron el 22 de noviembre del 2012 en las cercanías del proyecto minero “El Tambor” Progreso VII Derivada, lugar conocido como La Puya en San José Del Golfo, Guatemala, cuando el exmilitar amenazó públicamente a varios comunicadores por la labor que hacían al cubrir el plantón pacífico para impedir el  paso de maquinaria. 

Estas amenazas constituyen una grave violación de la Libertad de Expresión de periodistas independientes y de comunicadores de organizaciones campesinas, indígenas y medios alternativos.  Por eso esta medida es un paso importante en la lucha contra la impunidad, por la libertad de prensa y de expresión, por los derechos de las comunidades a la información veraz de lo que les ocurre en sus luchas de resistencia pacífica, frente a la violencia de las empresas apoyadas por el Estado.

En la audiencia estuvo presente el gerente de EXMINGUA – contraparte de la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA, el ex coronel Mario Ricardo Figueroa Archila, en representación de la empresa y del proyecto minero.

La fuerza y el  apoyo de las comunidades en resistencia y la asesoría legal de Madre Selva son una muestra de la necesidad de fortalecer acciones desde diferentes formas, hacerlo el trabajo de los medios libres es una de ellas para defender la vida y el agua.

Foto: Al centro el Juez del Juzgado segundo de primera instancia penal, de izquierda a derecha: Lic. Cabrera abogado querellante de Madre Selva, Lic. Elmer Yat, fiscalia de delitos contra los periodistas del MP, Nelton Rivera comunicador Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Ricard Busquets comunicador Comité de Unidad Campesina CUC y Gustavo Illescas comunicador alternativo (CMI). Hacia la derecha personeros y acusados de la empresa.

[1] Realizada el 3 de julio de 2013, en ese entonces el juez ordenó cárcel domiciliar, prohibición para salir del país, caución económica y la orden de firmar el libro de actas en la fiscalía del MP cada 15 días.