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Presos políticos: cuarto día de debate oral contra autoridades comunitarias

Boletín sobre la audiencia del día 11 de julio 2016

El lunes 11 de julio 2016 se realiza el cuarto día de audiencia dentro de la etapa de Debate en el Juicio Oral y Público contra autoridades comunitarias de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En el cuarto día de audiencia continúan rindiendo su testimonio los testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), siendo ellos trabajadores del CAJ (Organismo Judicial, Bufete Popular, trabajadores adminstrativos) y personas allegadas al ex-alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro.

La Secretaria del CAJ, Sandra Pascual García, afirmó haber sido secuestrada y retenida violentamente por los manifestantes, sin embargo durante su declaración se contradijo al decir que se pudo mover con libertad durante los hechos. Indicó que manifestantes de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia portaban lazos y machetes durante manifestación y aseguró que la población maya Q’anjob’al de Santa Eulalia es violenta y que ella tenia mucho miedo.

Acusó a Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral de agresiones verbales y de agredirla físicamente, sin embargo no cuenta con medios contundentes para probar estos hechos. La testigo además indicó no ser testigo presencial de las amenazas de las cuales se acusa a Rigoberto Juárez de cometer contra el Juez de Paz y el coordinador del CAJ.

Posteriormente declaró José Teófilo Marines, empleado del CAJ quién declaró que la gente de Huehuetenango es violenta, que fue golpeado, sin embargo no puede identificar a ninguno de los hoy detenidos como sus agresores.

David Rivera, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, asegura haber sido golpeado por Rigoberto Juárez, declaró además: “La gente Q’anbjobal es violenta”. Y puede identificar únicamente a Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y Ermitaño López durante los hechos y no a los demás sindicados.

Bartolo Sebastián Diego, ex comisionado militar y vecino de Santa Eulalia testificó acusando a las autoridades comunitarias de contratar gente para manifestarse contra el CAJ y trasladarlas en vehículos, pero no tiene pruebas para sustentar su declaración. Durante el interrogatorio de los abogados de la defensa de las autoridades comunitarias dijo que a él no le constan ninguno de los hechos por los cuales él testifica y fue contradictorio para responder a la pregunta sobre su licencia para portar de armas de fuego.

El señor Sebastiśn Diego, es allegado y está vinculado al ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro y laboró con anterioridad para la empresa Hidroeléctrica CINCO M / Hidro San Lauis, que intentó instalarse en el municipio de Santa Eulalia. Durante su intervención dio respuestas contradictorias, sobre todo a la pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre su licencia para portar armas de fuego. Negó poseer una, luego se contradijo.

Además, Sebastián Diego esta vinculado con agresiones vividas el 19 de marzo del 2015, cuando amenzaó a varios miembros del equipo de Prensa Comunitaria mientras realizaban la cobertura del intento de reapertura a la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ cerrada arbitrariamente por el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marco Pedro, este caso que se encuentra documentado y denunciado ante la fiscalía de delitos contra el periodista del Ministerio Público, sin que la investigación avance.

A las 2:40 de la tarde comenzaron a pasar los primeros testigos convocados por la defensa de las autoridades comunitarias de Huehuetenango.

Jueza presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo suspende audiencia por receso para ingerir alimentos.

A partir de las 2 de la tarde, la Juez Yassmin Barrios presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la ciudad capital, reinicio el debate oral y público que enfrentan siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, de los municipios de Barillas y Santa Eulalia.

El primero de los testigos fue el señor Samuel Pedro Nicolás, quien es actualmente autoridad comunitaria y miembro de la junta de seguridad comunitaria de una de las comunidades de Santa Eulalia, quien narró como a petición del director del Centro de Administración de Justicia CAJ el señor Pascual Tiu Zapeta en Santa Eulalia se conformó una comisión en la noche del 19 de enero 2015, a petición del director del CAJ, esta comisión acompañó a Tiu Zapeta para que el mismo fuera a traer a cada uno de los trabajadores del MP, Juzgado y otros del CAJ para realizar la segunda audiencia el día 19 de enero.

El testimonio de Samuel Pedro Nicolás contradijo la afirmación del mismo Pascual Tiu Zapeta querellante en este proceso contra la autoridad comunitaria, quien afirmo desde el inicio que fue supuestamente agredido, obligado y amenazado.

El segundo testigo Eduardo Pablo es autoridad comunitaria del municipio Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, él explica al tribunal el papel que jugaron ese día todas las autoridades comunitarias y ancestrales que asistieron al CAJ el 19 de enero luego de las agresiones y detenciones arbitrarias hechas por la PNC y el MP en San Mateo Ixtatán, la autoridad demandó una explicación a las autoridades del CAJ por el paradero de dos jóvenes detenidos ese día, quienes no aparecían.

“Nuestro papel todo el tiempo es el de beneficiar al dialogo para la resolución de cualquier tipo de problemática social, teníamos un proceso de revisión y coordinación con las autoridades del CAJ planteadas en distintos momentos con ellos para avances en la aplicación del derecho indígena y el derecho occidental, la tranquilidad de la población y el respeto de los funcionarios públicos del Estado.”

“El director del CAJ, Pascual Tiu Zapeta trató a las autoridades comunitarias y ancestrales como ignorantes, negó en todo momento encontrar una solución por las detenciones de jóvenes en Pojom, por intereses de las empresas hidroeléctricas y eso complicaba la situación en toda la región.”

“En ningún momento agredimos a nadie, no insultamos a ningún funcionario público, todo el tiempo solicitamos información de manera respetuosa al director del CAJ y este todo el tiempo nos engañó y no nos dio información.”

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San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/

Huehuetenango: PNC restringe visita de abogados de Ermitaño López Reyes

Fotografia de Cesia Juárez.

Por Nelton Rivera.

Don Taño como se le conoce a Ermitaño López es un dirigente del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas Huehuetenango, actualmente se encuentra detenido en la Comisaría 43 de la Policía Nacional Civil de ese departamento.

En la mañana de este miércoles 22 de junio, varios de los abogados que realizan la defensa técnica de él llegaron para conversar con él sobre su caso, pero tuvieron varias complicaciones para poder conversar con él por más de 3 minutos.

Para los abogados Benito Morales, Francisco Javier García y Francisco Vivar Castellanos; es preocupante que las autoridades de la  PNC están restringiendo las visitas que realizan a este centro, en varias ocasiones Ermitaño López ha denunciado que en la Comisaría 43 le han restringido la visita a instituciones y organizaciones de derechos humanos, a su familia y  otras personas.

Los agentes de la PNC también obstruyeron la labor de prensa de una de las corresponsales de este medio digital a quien en varias ocasiones le interrumpieron su labor, ademas le exigieron sus datos personales a pesar de estar debidamente acreditada.

Ermitaño López fue detenido en el año 2015, es criminalizado por la movilización de las comunidades mestizas y Q’anjob’ales del municipio que se oponen a la construcción de una serie de hidroeléctricas de una empresa española Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz sobre los ríos de Barillas.

Lea más sobre este caso: Barillas: Don Taño es otro preso político más por defender la vida

Fotografia de Cesia Juárez.

Fotografía de Cesia Juárez.

Fotografía de Cesia Juárez

Mí opinión sobre la captura de los posibles asesinos de Bertha Cáceres, mi mamá

Fuente: elventano.es

Fuente: elventano.es

Por: Olivia Marcela Zúniga Cáceres.

A las 4 de la madrugada del 3 de marzo me entere de que mi madre había sido asesinada, desde ese instante en medio del dolor que casi me hacía caer en un estado de inconciencia comencé a denunciar, al igual que toda mi familia, por los medios de comunicación que responsabilizaba de éste crimen a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) al poder transnacional e instituciones financieras de esta empresa y al Estado hondureño.

A la Empresa DESA porque mi madre por su lucha en la defensa de la vida desde siempre vivió con amenazas y hostigamiento, especialmente después del golpe de Estado del 2009, pero al iniciar la lucha en la defensa del Río Gualcarque desde hace aproximadamente 3 años las amenazas y agresiones se dispararon como nunca antes, recibiendo solo en el año 2015 33 amenazas a muerte provenientes del personal que trabaja para DESA y de activistas y funcionarios públicos del partido nacional afines a DESA.

Al Estado hondureño por usar sus fuerzas cohercitivas públicas para reprimir, perseguir y hasta asesinar (En el caso de Tomas García, líder del copinh) al pueblo de Río Blanco y a mi madre, también porque sus representantes a nivel regional agredían, calumniaban y difamaban a mi madre, era claro que funcionarios públicos con la policía y militares junto al personal y directiva de DESA dirigían las operaciones de emboscamiento, de romper carreteras para interrumpir el paso de los buses y de los carros de copinh, de realizar amenazas directas vía telefónica después de que ella regresaba a La Esperanza, de organizar a pobladores familiares del personal de DESA y al personal de DESA para hacer actos de intimidación cargados de misoginia y racismo y para usarlos para ejercer la violencia con machetes, armas de fuego, palos, botellas de vidrio y piedras.

Además a pesar de ser el Estado hondureño el que debía ejecutar medidas adecuadas para garantizar la vida de Bertha Cáceres, la que gozaba de medidas cautelares desde el 2009, fue el Estado de Honduras el que ejecutó una guerra jurídica y mediática contra ella, quien antes de ser asesinada fue víctima del Plan Colombia, es decir que fue atacada con las mismas tácticas que usa el Estado Colombiano contra los defensores y defensoras para neutralizar y detener sus acciones de lucha, haciendo uso del Discurso del odio, la difamación, el desprestigio y en los que claramente vimos a las voces más altas de la derecha posicionarse en este plano, usando toda su estructura mediática bajo su mando y control para estos macabros fines.

Imposible olvidar a Juan Ramón Martínez (analista político de la derecha), a Aline Flores (representante máxima de la empresa privada) al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez (Vocero oficial de la derecha más recalcitrante), al diputado por el PN de Santa Bárbara, el Sr. Mario Pérez quien amenazo públicamente de querellar a mi mamá, incluso la misma empresa DESA públicamente denuncia a Bertha responsabilizándola de que en un año le había ocasionado la pérdida de más de 3 mil millones de dólares.

Es por esto que como familiares hemos dicho que tenemos derecho a creer que el Estado conocía el plan de asesinar a nuestra Bertha y que no tuvo voluntad y que fue incapaz de garantizar su vida, dándole cámaras de “seguridad” de juguete, diciéndole NO cuando ella solicito seguridad privada ya que sospechaba que la policía y militares controlaban sus pasos, usando su institucionalidad para atacarla y criminalizarla a través de sus jueces y fiscales corruptos, ignorantes y tarifados.

El Estado hondureño no atacó ni la vulnerabilidad a raíz de su nivel de riesgo con medidas materiales (iluminación de calles, chalecos anti balas, carros blindados, seguridad privada de su confianza, botón de pánico, etc.) ni tampoco atacó las amenazas, es decir el origen del riesgo, siendo el Estado hondureño el que concesionó inmediatamente después del Golpe de Estado más del 30% del territorio hondureño haciendo el Honduras Open For Bussiness, entregando nuestra patria/matria a manos de Empresas Multinacionales sin ninguna condición ni requisito de respeto a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

El golpe de Estado se da con la finalidad de consolidar el modelo extractivista, en el que se instalan en nuestros territorios Mega Proyectos de Extracción de nuestros recursos hídricos y minerales, las Zonas Especiales de Desarrollo, el monocultivo, etc. Siendo los principales afectados los pueblos indígenas del país que es donde están las riquezas naturales más grandes, para los cuales el convenio 169 de la OIT establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otros. Es por eso que los que dieron el Golpe de Estado también son responsables del asesinato de mi mamá ya que son los mismos intereses y los mismos autores materiales e intelectuales.

No dudo que sean coroneles, militares o ex militares, graduados de la West Point los que estén implicados como autores materiales de éste crimen vinculados directamente con la empresa DESA. Este crimen, como siempre lo hemos sostenido, es UN CRIMEN POLÍTICO. Y en ese sentido no podemos negar que como familia y victimas nos sentimos de alguna forma satisfechos porque es el fruto de nuestro arduo e incansable trabajo por la justicia, las lágrimas recorren nuestros rostros al ver las caras de los que apretaron el gatillo y el dolor se revuelve pero sabemos claramente que esta pequeña victoria no es del Estado Hondureño, quien ha respondido a nuestras exigencias con el silencio, el boicot y de igual manera que como lo hizo con mi mamá, con una guerra mediática y jurídica contra nosotros y nosotras, REVICTIMIZANDONOS NUEVAMENTE.

Esta pequeña victoria es gracias en primer lugar a la lucha incansable de mi abuela, de Mamamaberta, que a sus 83 años y con tan duro golpe no ha parado en la exigencia por la justicia y que ha dicho en su carta pública que no quiere morir sin que haya justicia para su hija. Ella con su experiencia y profunda sabiduría, con su infinito amor hacia su hija asesinada, hacia sus nietas, nieto, bis nieto y hacia nuestro padre nos ha acobijado con la fuerza milenaria que se carga, dándonos el oxígeno lleno de temple y experiencia que solo ella nos puede dar. Esta pequeña victoria es gracias a la lucha incansable de mis tíos y tías, hermanos de mi mamá que cargando en los hombros el dolor más grande han tenido la tenacidad, la valentía y la fuerza para clamar justicia y quienes además nos han tendido su hombro con infinita solidaridad y amor. Es gracias también a toda nuestra familia desde el más grande hasta el más pequeñito.

 Es gracias a la presión de la comunidad internacional que no está dispuesta a tolerar semejante acto de barbarie. Es gracias al movimiento social hondureño que enérgicamente ha elevado su voz por la justicia. Es gracias a la comunidad hondureña en Estados Unidos y demás países del mundo. Es gracias a todos los amigos y amigas de mi mamá y de la familia y a todas aquellas personas que a pesar de no haberla conocido personalmente se indignaron y tomaron acciones para que el crimen no quede en la impunidad.

A todos ellos y ellas les agradecemos profundamente su lucha por la justicia y por la solidaridad con la familia, sin embargo NO ES MOMENTO DE PARAR, por el contrario es momento de ejercer más presión que nunca porque a pesar de que hay autores materiales detenidos, faltan los más importantes que son los autores intelectuales del asesinato que no se deben quedar en la impunidad y que no debemos olvidarlos. Para ejecutar éste crimen que requirió un gran trabajo logístico, un gran trabajo de vigilancia y seguimiento de meses y meses tuvo que haber un gran respaldo financiero.

Quienes planificaron, diseñaron y financiaron éste asesinato también deben ser detenidos y encarcelados. Quienes dieron la orden de asesinar a nuestra Bertha deben ser castigados con todo el peso de la justicia. Es por eso que seguimos responsabilizando a la Empresa DESA, al Estado Hondureño y al Poder transnacional e Instituciones Financieras como el FMO, el Banco Mundial, El Banco Finlandes, el BCIE, SIEMENS, etc. que financian sangre, despojo, exterminio y saqueo en nuestros pueblos.

No es posible que el desarrollo económico de las potencias y de empresas transnacionales sea a costa del exterminio y el baño de sangre de nuestros pueblos, así como lo dijo en sus repudiables y condenables declaraciones el presidente del Banco Mundial en otras palabras, que esos actos inhumanos de barbarie deben ser considerados como daños colaterales del desarrollo occidental.

Esa visión de muerte y de genocidio no debe ser permitida, ya que la vida de Janeth Kawas, de Carlos Escaleras, de Carlos Luna, de Justo Sorto, de Pedro Pérez, de Cándido Amador y de Bertha Cáceres no son daños colaterales, el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.

Recordamos que unos días antes de ser asesinada mí madre denunciaba que 4 líderes del COPINH habían sido asesinados por la defensa del Río Gualcarque. Es decir que la empresa DESA ha traído destrucción y muerte a nuestro pueblo lenca. Le recuerdo al Estado hondureño que nadie ni nada nos devolverá a nuestra madre, hija, tía, hermana. Nadie nos la trae de nuevo para poderla abrazar y escuchar su voz y que es una pérdida irreparable, irremplazable, por lo tanto les hago un llamado para que actúen conforme a la justicia y la verdad, les recuerdo que tienen una deuda histórica con el pueblo lenca, con el pueblo hondureño y con el mundo y que tanto ustedes como Estado, así como la Empresa DESA y las transnacionales que la financian están obligados a reparar.

El llamado es para tomar acciones políticas urgentes y de forma articulada para exigir lo siguiente:

  1. Que el Estado hondureño permita que la CIDH intervenga en el proceso investigativo a través de una comisión internacional e independiente con un equipo interdisciplinario de expertos.

  1. Que se castigue con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este espantoso asesinato.

  1. Que se cancelen de manera inmediata y definitiva las concesiones para la instalación de represas e hidroeléctricas y la explotación minera en nuestro país y en especial la cancelación definitiva del Proyecto Agua Zarca en el territorio lenca.

  1. Que el Río Gualcarque sea declarado patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO.

JUSTICIA A MEDIAS ¡NO ES JUSTICIA! EXIJO JUSTICIA.

La Esperanza, Intibucá 2 de mayo del 2016.

Honduras: el periodista Félix Antonio Molina fue víctima de un atentado armado

Fotografía DW

Fotografía DW

Por: Nelton Rivera.

En los medios de comunicación de Honduras se alertó en horas de la tarde que el periodista Félix Molina fue víctima de un atentado armado mientras viajaba en una unidad de taxi, a la altura del bulevar Juan Pablo Segundo de la ciudad de Tegucigalpa.

En la nota de Criterio.hn un medio de comunicación hondureño se resalta la valentía de Félix Molina en su trabajo: “Félix Molina es un combativo periodista asesor técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) y un fuerte defensor de los derechos humanos y de la libre expresión.”

El medio confirmó que Félix Molina publicó hoy quiénes son los principales empresarios vinculados con el asesinato de Berta Cáceres lideresa campesina de COPINH asesinada este año, en su publicación se señalan a los principales ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos SA (DESA), dueña del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Felix Molina se encuentra estable en un hospital de la capital hondureña, fue impactado dos veces en una de sus piernas, encontrandose en recuperación en estos momentos.

Fotografía DW.

¡No se calla la verdad matando periodistas!

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