Formas de represión social: la criminalización

Fotografía realizada por Quimy De León.

Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.

Cada vez es más frecuente enterarse a través de los medios de comunicación que se persigue y se encarcela injustamente a las personas que defienden sus derechos. Ésto no es para nada nuevo, se ha utilizado como recurso para infundir temor a organizarse y para limitar la libertad de pensar, opinar y movilizarse de quienes están convencidos de que algo es injusto o para pedir el cumplimento de las obligaciones del Estado.

Lo ocurrido recientemente en Jutiapa contra el pueblo Xinka y a miembros del “Comité de Desarrollo Campesino» CODECA en donde han detenido a personas que ejercían su derecho de protesta, está relacionado con lo que ocurre en otros lugares para proteger a las empresas nacionales o transnacionales. Lamentablemente ya son muchos los ejemplos por mencionar como el Valle del Polochic, Barillas, San Juan Sacatepéquez, Santa Rosa, San Marcos, Quiché.  Ésto se ha vuelto algo común.

Ésto es evidentemente una forma de represión estatal en defensa de un proyecto político, económico y social que termina por reprimir a la población que se niega a la construcción de un megaproyecto, la defensa de un bosque, una montaña o un río, el rechazo al alza de los precios de la energía eléctrica o de la canasta básica o simplemente expresar las ideas propias, por pensar pues.

Una de las formas de represión de las que hablo es la criminalización y judialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente se oponen a éstos proyectos, por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo «que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio». Quiero rescatar que esto ha sido ampliamente denunciado por las comunidades, por organizaciones sociales, columnistas y analistas, quienes han tratado de evidenciar no solamente la estrategia sino lo que está de fondo, lo que se mueve detrás y a quienes la impulsan.

Con éstas estrategias se persigue: defender los intereses económicos de las elites, de finqueros, empresarios entre otros, profundizar el proyecto militar de control y miedo para controlar el territorio por medio del saqueo y el despojo, y finalmente controlar, neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio, el descontento social, la disputa de ideas, el trabajo periodístico e intelectual, la justicia, la memoria histórica y el de defensa de los derechos humanos.

La persecución a quien se atreve a soñar

Fotografía realizada por  Nelton Rivera.

Con ella se trata de construir una «verdad» falsa acerca de quienes defienden sus derechos y luchan por una sociedad más justa. Como parte de esto también impulsan toda una campaña llena de acusaciones, infamias, mentiras y tergiversación de la realidad. Se les acusa de criminales y delincuentes, para deslegitimar la lucha misma y sus exigencias y poder actuar «legal o legítimamente» en contra de éstas personas.

La criminalización es «…la puesta en marcha por parte del Estado de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de ciertos derechos civiles que se manifiestan en acciones tales como la manifestación, movilización, organización, reclamación pacífica de derechos, documentación y presentación de informes y defensa jurídica de personas acusadas de delitos políticos, utilizando en muchos casos, la violencia contra personas y organizaciones.

La criminalización de la protesta social se expresa de diversas formas, que van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos, hasta el juicio a dirigentes sociales, allanamiento de oficinas, amenazas directas e indirectas y la descalificación sistemática de la labor de líderes sociales.» [1]

Según la anterior definición, quien criminaliza comúnmente es el Estado, también es cierto que hay personas o grupos que no necesariamente lo son, pero impulsan las mismas acciones en contra de otras personas que se organizan y piensan autónomamente. Lamentablemente quienes reproducen la criminalización y el estigma de cualquier manera, en última instancia fortalece el poder de las élites. Ha sido una herramienta utilizada en todo el mundo en las últimas décadas como parte esencial de la aplicación de las políticas neoliberales: “La criminalización de los movimientos populares forma parte de un repertorio global de acciones y prácticas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproducción ampliada y por desposesión (Harvey) del capital”. [2]

Para el bloque de poder y sus expresiones empresariales, finqueras, gobierno y el narcotráfico, la lucha social pareciera que “atenta directamente contra esa necesidad estratégica que tiene el gran capital y porque estas luchas, en su lógica, son un mal ejemplo para otras zonas del mundo cuyos territorios están siendo apropiados por el gran capital y sometidos a procesos de extracción agresivos”.[3]

La criminalización se basa sobre todo en acciones judiciales y mediáticas, en esto  los medios corporativos están jugando un papel clave para influir la opinión pública, la mayoría de veces el discurso que manejan es el mismo que las empresas y el gobierno y que buscan deslegitimar las acciones de la población organizada, pero también se utiliza mediante otro tipo de operaciones psicológicas como la difamación y el rumor que busca la descomposición social, la división comunitaria y generar desconfianza. Éstas acciones son reforzadas por el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Por esa razón  el aumento de la militarización en los territorios en «disputa» son una constante.

Con todo ello buscan “apropiarse de todas las posibles fuentes de energía existentes en el mundo como una necesidad estratégica para el mundo industrializado y el gran capital, y es eso lo que dirige y explica sus intereses por apropiarse de las tierras guatemaltecas donde existen este tipo de elementos de la naturaleza”. [4]

Un aspecto que quiero hacer visible aquí, pero que no pretendo profundizar en este texto es que cuando se criminaliza a las mujeres además se les agrega toda la carga machista y patriarcal, especialmente cuando son las mujeres quienes están fortaleciendo todas las expresiones organizativas desde la comunidad, el territorio y el país. Se les llena de adjetivos y rumores y difamaciones relacionadas con el género y la sexualidad, esto causa profundo daño no solamente a las mujeres sino a la sociedad que lamentablemente respalda estas acciones debido a lo profundo de la ideología dominante y de cómo aún ha sido internalizada por las mismas personas que son oprimidas.

La estrategia de criminalizar y judicializar a las personas está siendo utilizado en contra de los movimientos indígenas, campesinos y en defensa del territorio de base comunitaria, de periodistas, columnistas, académicos y académicas, abogados y defensoras de derechos humanos que se niegan a aceptar el modelo de la minería a cielo abierto y  la explotación de la naturaleza como el agua, el petróleo, los agrocombustibles, la militarización, la negación de la historia y el genocidio.

Nos queda una importante tarea: dudar, no creer en el discurso oficial y de los grandes medios corporativos, no dejarse llevar de versiones cargadas de prejuicios, rumores y difamaciones sino pensar críticamente y por nuestra propia cuenta. Y lo más importante creer y promover que la libertad de acción, las diferencias de ideas, de pensamiento son derechos a defender y respetar.

[1] Echeverría, Jennifer. “Criminalización de la protesta social.” Comisión Internacional de Juristas. Guatemala.

[2] Korol, Claudia y Longo, Roxana. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo. En este texto utilizan las categorías que usa David Harvey en relación con el modelo de acumulación al que Marx llamó acumulación originaria de capital, en este contexto de manera ampliada.

[3] Korol, Claudia y Longo, Roxana. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.

[4] Ispanel, Patricia. Criminalización de la lucha y violación de derechos humanos. CEIBA. 2010.