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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.
También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.
En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.
“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”
“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
Minería criminal en Guatemala
La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.
En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.
Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.
En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.
Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.
Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.
Extracción ilegal
Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”
Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.
El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.
La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
Por: Nelton Rivera.
La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina «El Tambor».[1]
Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA segue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.
Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.
El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados. Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.
El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: «Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.» El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,00o mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.
En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: «Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle,30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García,46.» Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.
[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824
Poca voluntad política para dialogar con La Puya pero si hay acciones para militarizar San Pedro Ayampuc
Por Redacción de Prensa Comunitaria.
Mientras se militariza el territorio de San Pedro Ayampuc a pesar que la población del municipio rechaza la presencia del ejército porque consideran que las tareas de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional Civil y no a la institución castrense, en el Ministerio de Energía y Minas las autoridades se negaron a realizar una reunión con La Puya.
En el Ministerio de Energía y Minas la gente de la resistencia pacífica de La Puya continua exigiendo que este ministerio respete y acate las resoluciones de las cortes guatemaltecas que le ordenaron suspender el proyecto minero “El Tambor” Progreso VII derivada de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA y EXMINGUA.
El día de hoy a través de personeros del MEM les informaron a la resistencia pacifica La Puya que el ministro Juan Pelayo Castañón, quería reunirse con ellos a las 11:00 de la mañana, luego de 50 minutos de retraso para realizar esa reunión llegaron dos de los viceministros y otros funcionarios, pero el ministro no se presentó.
Una comisión de La Puya fue delegada para atender esta reunión y estuvieron a la espera desde las 11 de la mañana frente al ingreso principal del MEM, al percatarse de la inasistencia de Pelayo Castañón, la representación de La Puya afirmó que en esas condiciones no se podía tener una reunión.
Los viceministros del MEM intervinieron diciendo que se les está vedando el derecho al trabajo y que son respetuosos de las leyes y sólo cumplen con ellas. Ante esa afirmación fueron cuestionados sobre el por qué no cumplen entonces con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y otras acciones legales resueltas a favor de las comunidades, “si es que son respetuosos de la ley”. Además se les cuestionó a los funcionarios públicos el por qué dejaban operar a la empresa minera de manera ilegal, sin licencia, sin permisos municipales y con serias denuncias de violaciones a los derechos humanos, simplemente los funcionarios del MEM no respondieron.
Después de exponer las razones de por qué no era posible un diálogo en esas condiciones, sin el ministro presente y con la mina operando, la resistencia volvió al campamento frente a las instalaciones del MEM.
Minutos después una fila de vehículos llegó a la entrada del Ministerio para entrar, porque les “informaron” que se había llegado a un acuerdo y que finalmente podían entrar, un vehículo logro hacerlo. Esta afirmación no es cierta, la acción de los trabajadores del MEM provocó un momento de tensión, finalmente los trabajadores se retiraron y el vehículo que entró tuvo que salir.
Las acciones del MEM lejos de aportar al diálogo generaron tensión, luego llegaron algunos agentes de la PNC y minutos más tarde llego un microbús con 10 o 12 agentes policiales más, finalmente a las 14:40 se retiraron todos los policías.
La presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras delegaciones de observación de derechos humanos permitieron que las acciones de los funcionarios del MEM no profundizaran la conflictividad provocada por la empresa minera, además del incumplimiento del MEM de cancelarle la licencia de explotación.
La Puya: Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc verificará cierre de empresa minera
Por Nelton Rivera y José Pablo Chumil
Este martes 5 de enero del 2016 el Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc realiza una diligencia dentro de la finca en donde se encuentra el proyecto minero Progreso VII Derivada, mina «El Tambor», esta acción se realiza con la presencia de la Policía Nacional Civil del municipio, los abogados de CALAS, observación de derechos humanos y con el acompañamiento de la población de ambos municipios afectados por la minera.
En La Puya, frente a la carretera comunitaria que une los dos municipios San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, la gente espera la llegada de las autoridades municipales para verificar que la empresa EXMINGUA detenga de manera temporal todas las operaciones y trabajos que realiza a pesar de que existe un Amparo a favor de la población que ordenó el cierre de la mina, aguardan con paciencia que el resultado de esta acción municipal finalmente cierre las operaciones de la empresa norteamericana KCA y los empresarios nacionales.
Quienes de forma pacifica permanecen en La Puya denunciaron numerosas veces que la empresa no ha parado de trabajar, además que el Ministerio de Gobernación mantiene un contingente policial que resguarda las operaciones de la empresa minera, incluso violando los derechos humanos de la población, acoso o intimidación de la gente que permanece protestando en La Puya.
El cierre se ordenó pero la empresa no lo acató
La Municipalidad de San Pedro Ayampuc otorgar las medidas cautelares en materia administrativa a la población de su municipio y la San José del Golfo que de manera pacífica se oponen a la actividad y construcción del proyecto Mina el Tambor Progreso VII Derivada.
El día 23 de julio del 2015 en el acta No. 29-2015 quedo la resolución de ordenar el cierre de la empresa minera EXMINGUA propiedad de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates –KSA-, en esta reunión municipal por unanimidad se acuerda: “detener los trabajos de construcción del proyecto minero Progreso VII Derivada…”
La empresa fue notificada de la decisión municipal pero no acató la orden de cierre, tampoco respeto la decisión del Tribunal de Amparo con una resolución de amparo No. 1050-2014-00871 promovida por los alcaldes Auxiliares de las aldeas El Guapinol y el Carrizal.
Una navidad más y en La Puya no se respeta el derecho de la gente
Por Nelton Rivera
En noviembre del 2015 un grupo de vecinos de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos de los municipios del departamento de Guatemala viajaron a la Corte de Constitucionalidad –CC-, ellos traían una petición concreta: “debe respetarse la voluntad de la gente y la ley en su territorio, la empresa minera debe cerrar y el proyecto minero El Tambor Progreso VII Derivada debe de ser cancelado”.
Quienes viajaron forman parte de la resistencia pacífica en La Puya, en la CC hablaron con los medios de comunicación, al mismo tiempo fueron solidarios con las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango que viajaron para participar en una vista pública en una de las salas de la corte por los casos de criminalización de los presos políticos de Huehuetenango, desde allí marcharon hacia la Casa Presidencial.
Veinte días después, la gente de La Puya volvió a viajar desde sus comunidades hacia la Casa Presidencial, permanecieron desde temprano el día 3 de diciembre sobre la 6a avenida esperando que el Ejecutivo finalmente diera señales de tener voluntad política para dialogar, comunidades y Estado.
Finalmente regresaron con más excusas e incumplimientos que avances, acordaron realizar una nueva reunión días después, el Ejecutivo justifico la falta de presupuesto para atender las demandas de La Puya, «los ministerios no pueden actuar sin presupuesto» afirmaron, en un contexto de investigaciones y juicios por casos de redes de corrupción en el Estado. La gente quedo a la espera que se realizara el levantamiento de un muestreo de las aguas en los dos municipios que están siendo afectados por la minería, esa era su demandan principal.
Unos días antes de la navidad finalmente llego una delegación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Energía y Minas para trabajar en la toma de muestras del agua, los resultados que son más que notorios deberán reafirmar lo que los comunitarios por años han afirmado «hay altos indices de arsénico en el agua, de funcionar la empresa minera esta contaminación se agravara en todo el departamento y la capital».
La ruta de diálogo se fijó nuevamente, debe ser la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH la encargada de avisar sobre una nueva fecha para darle continuidad al dialogo, el ofrecimiento del Ejecutivo es que deberá darse antes del cambio de gobierno, los resultados del análisis del agua deben mostrarse en esta reunión.
José Ángel Llamas delegado de la comunidad manifestó: “Es verdaderamente lamentable que el Ejecutivo sigue sin la voluntad política de escucharnos y garantizar que la ley y la voluntad de la gente se haga cumplir… al Gobierno no le importa el cuidado del agua y por lo tanto no le importa la vida que está en juego, desde el 2012 cuando pedimos a la COPREDEH y al Sistema Nacional de Dialogo un acercamiento estas instituciones se convirtieron en voceros y negociadores de la empresa minera EXMINGUA.”
“El Ministerio de Gobernación no ha dado un solo informe responsable sobre el porqué continua en el lugar instalado un campamento de la PNC adentro de la empresa, custodiando y protegiendo la actividad minera… ellos son quienes están violando nuestros derechos y son quienes irrespetan las resoluciones que están en ley, la Municipalidad ordeno la suspensión de los trabajos de EXMINGUA.”
Prensa Comunitaria Km. 169 