Lamentamos un nuevo ataque a la libertad de expresión en contra de la prensa alternativa y crítica. Esta vez fue un atentado armado en el que murió Viltor García asistente de seguridad de la familia Rottman, periodistas y propietarios de VEA CANAL.
El atentado ocurrió frente a la residencia de la familia Rottman, “cuando desde un vehículo Mitsubishi negro, con vidrios polarizados, le dispararon tres impactos de bala» contra Viltor García hiriéndolo en el estómago. Según Karina de Rottman salía de turno e iba a descansar. Hace una semana ya habían sufrido un atentado, atacando a golpes a trabajadores de seguridad de la familia Rottman[1].
Vea Canal se ha caracterizado por dar el espacio a grupos, organizaciones, comunidades quienes han denunciado el despojo, saqueo y crímenes cometidos en todo el país por la imposición del modelo capitalista, con la pretensión de explotar la naturaleza mediante empresas extractivas nacionales como transnacionales. Este canal también ha propiciado programas a organizaciones indígenas y campesinas como Waqib´Kej con su programa Siwan Tinamit.
El abordaje y enfoque de sus programas de análisis y debates abiertos con desde una perspectiva crítica y abierta a la clase política y las élites económicas. Éstos son dirigidos por Otto Rottman, Karina de Rottman, Miguel Ángel Sandoval entre otros, quienes también han salido del estudio de televisión hacia las calles a mostrar su descontento los sábados cada 15 días junto a sectores populares para mostrar su repudio e indignación frente al gobierno.
Los ataques a periodistas y prensa alternativa están siendo cada vez más comunes, especialmente en contra de quienes evidencian las injusticias y las estrategias de los grupos de poder, disputando el discurso dominante de los medios de comunicación corporativos y pro gubernametales.
[1] Matan a guardaespaldas de personal de “Vea Canal“ El periódico. Domingo 20 de octubre de 2013.
Marcha del 20 de Octubre 2013, 35 aniversario del asesinato de Oliverio Castañeda De León
Por: Nelton Rivera y Quimy De León – Prensa Comunitaria.
«Oliverio Castañeda de León es el ícono de la lucha estudiantil de aquella época. Era estudiante de la Facultad Ciencias Económicas y fungió como Secretario General de la AEU desde el 22 de mayo de 1978 hasta su muerte, el 20 de octubre de aquel año, cuando fue asesinado por fuerzas represivas del Estado de Guatemala a sólo 100 metros del Palacio Nacional. Su ejecución está documentada en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, como el Caso ilustrativo No. 45 y recientemente fue publicada una biografía de Oliverio escrita por Ricardo Saénz de Tejada.
Aunque pasado el tiempo Oliverio se ha convertido en un símbolo de la lucha estudiantil y popular (la AEU lleva hasta la fecha su nombre y la visita al lugar donde fue asesinado es una visita obligada de la marcha que conmemora la Revolución de 1944 todos los años) es importante decir que había dos tendencias entre los estudiantes comprometidos de aquella época: FRENTE y FERG (Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, nombrado así en honor de un estudiante universitario asesinado en julio de 1977) y ambas fueron perseguidas por las fuerzas represivas del Estado.»(1)
Marcha por la Memoria y homenaje a Oliverio Castañeda de León
A 35 años de exigir justicia por su asesinato (20 de octubre 1978 – 2013) el colectivo AEU – FRENTE, como cada año, conmemoró la memoria del secretario general de la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios – AEU «Oliverio Castañeda De León».
Compañeros y compañeras de Oliverio, integrantes de su agrupación estudiantil FRENTE y otras expresiones estudiantiles, populares, sindicales y revolucionarias, acudieron al llamado nuevamente para marchar desde la Plaza Central – parando por la casa donde vivió en donde se hizo un homenaje (6a. avenida y 3 calle esquina), después con fuerza y mucha dignidad la marcha pasó frente a Casa Presidencial y culminó en al antiguo Portal de Comercio en la zona 1. Fue en este lugar en donde Oliverio fue alcanzado por una ráfaga de metralla de oficiales militares y policiales durante la dictadura del general Romeo Lucas García. Desde entonces este lugar está cargado de memoria y de recuerdos dolorosos para el país, pues ahí murió un joven brillante y dirigente, junto hoy símbolo de estudio, trabajo y lucha.
El grupo que homenajeó y mantiene vigentes las ideas y las luchas compartidas con Oliverio, gritaban consignas como: «5 sí 10 Huelga», recordando las protestas masivas y las movilzaciones en contra del aumento del precio del transporte urbano. Estas fueron jornadas pre insurreccionales que fueron conducidas por el Comité Nacional de Unidad Sindical – CNUS y principalmente por la AEU, con Oliverio al frente.
«Ejército asesino fuera del poder» era otra de las consignas que retumbaban en la calles durante la década de los años 70, coreadas en multitudinarias movilizaciones del pueblo guatemalteco. Estas consignas llenas de rabia y rebeldía hicieron hoy eco de miles de voces que se alzan frente al gobierno dirigido por un militar, con una fuerte responsabilidad en el Genocidio cometido contra los pueblos en este país.
Ésta movilización, convocada por representantes y líderes estudiantiles de diferentes épocas, hombres y mujeres que formaron parte del movimiento estudiantil universitario, fueron generaciones que abrazaron también revolucionaria. Hoy se dejaban ver cabezas grises adornadas por la sabiduría que proviene de años de lucha. También acudieron , generaciones mas jóvenes, en sus manos también llevaban claveles rojos.
Mientras tanto, el recorrido de la marcha del 20 de octubre en conmemoración del período revolucionario de 1944 a 1954, se realizaba desde el Trébol sobre la avenida Simón Bolívar hacia la Plaza Central de la ciudad capital.
“Volvimos y volvimos con la memoria, volveremos año con año y día tras día para gritarles en su cara, con la frente en alto, que son unos asesinos, que son unos criminales, que son unos genocidas, que son ladrones de la tierra y del derecho de este pueblo a vivir en paz. Ellos son traidores, ellos han entregado nuestra tierra a las compañías mineras, a las compañías petroleras, a las explotadoras del territorio, que hoy pelean centímetro a centímetro el pueblo de Guatemala en los territorios de nuestro país. Esa lucha también la dirigió Oliverio y que lo oiga bien cualquiera de los orejas del gobierno que tenga en este espacio: Aquí estamos, aquí vamos a estar año con año, nosotras y nosotros y los que vengan detrás de nosotras y nosotros”. Iduvina Hernández, parte de su discurso el domingo 20 de octubre 2013.
El jueves 17 de octubre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en torre de tribunales, condenó a Juan José Reyes Carrera y al teniente retirado Pablo Silas OrozcoCifuentes a dos años de cárcel por los delitos de coacción y amenazas contra comunicadores vinculados a medios independientes y a organizaciones indígenas.[1]
“Que le corten la mano al hueco éste”
Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el día 22 de noviembre del año 2012 en el lugar conocido como La Puya, donde las comunidades de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc instalaron un plantón pacífico en marzo de ese año para oponerse a las intenciones de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates –KC&A– Exmingua de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).[2]
Luego de una semana completa de hostigamiento, el día en cuestión, nuevamente “los mineros” – supuestamente vecinos favorables a las actividades de KC&A- y contratados por la empresa, uniformados y portando cascos industriales se acercaron a hostigar a las personas instaladas en el plantón. El hombre que les dirigía, claramente distinguible por su casco amarillo y el altavoz que usaba para gritar sus órdenes y consignas; se acercó a un grupo de comunicadores que desde hacía días cubrían y documentaban la actividad, les amenazó y les increpó:
“…vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, y que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras… Partida de maricones, huecos… Los (no se entiende) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a éste (no se entiende) arrastrado, no lo vamos a respetar. Que le corten la mano al hueco éste, porque si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”.[3]
Este hombre era Pablo Silas Orozco, teniente retirado y gerente de operaciones de la empresa KC&A. En su prepotencia seguramente no pensó que los comunicadores agredidos conocían bien su trabajo, y las imágenes que tomaron circularon por la red inmediatamente. Y menos aún que se comportarían como ciudadanos que defienden sus derechos, y les acusarían ante la justicia como lo han hecho.
La condena no es muy alta, y finalmente, los acusados podrán librarse de ella abonando una cantidad menor. Pero no deja de ser muy importante que en este país unos comunicadores independientes, sin el apoyo de los medios corporativos, logren una sentencia a favor de la libertad de expresión.[4] Y más aún, que logren poner contra las cuerdas a la alianza entre militares y empresas extractivas que están imponiendo sus intereses en nuestro país.
Los hechos del 22 de noviembre de 2012 y la actuación de Pablo Silas, nos muestran algunos aspectos que ilustran de las estrategias que desarrollan las empresas y el estado cuando se encuentran oposición a sus actividades en las comunidades a las que llegan, como ha ocurrido en muchos lugares en Guatemala.
El poder militar
Lo primero a tener en cuenta es que la figura del teniente retirado Pablo Silas como empleado de la minera KC&A Exmingua no es algo aislado. Responde a una de las formas en el poder militar de Guatemala mantiene su influencia en la sociedad de posguerra. Desde los años del conflicto, los militares como corporación y como casta fueron extendiendo sus ramas en diversos espacios sociales y políticos; y después de la firma de la paz, el ejército como institución es sólo una de sus bases.
Una de las formas más habituales de esta presencia indirecta pero efectiva de los militares es a través de las empresas de seguridad (hay más guaridas privados que policías nacionales). En su mayoría son propiedad y son dirigidas por oficiales en retiro y prestan sus servicios a clientes variados, entre los que estás las empresas mineras o similares que llegan a las comunidades. Es lo que podríamos llamar la “militarización privatizada”,[5] una forma muy chapina de neoliberalismo, al mismo tiempo que una forma indirecta de los militares para mantener su poder.
Pero la vinculación con las mineras puede ser mayor. La presencia del teniente retirado Silas Orozco en KC&A no se puede entender sin saber que otros militares, como los coroneles José Vicente Arias Méndez y Mario Ricardo Figueroa Archila, también se mueven en la órbita de esta empresa, este último en calidad de gerente de Exmingua.[6] Que además forme parte de la junta directiva de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA- nos da más detalles de esta relación.
Y en esta empresa, la actividad del teniente retirado Silas Orozco como gerente de operaciones muestra una faceta un tanto más compleja y sofisticada que la mera seguridad: con su Maestría en Recursos Humanos,[7] su papel no parece ser simplemente el de brindar seguridad a la empresa, sino facilitar su presencia local, servir de “enlace” con “la comunidad”.
En ese sentido, su papel es muy similar al papel que otro exoficial del ejército de Guatemala, el capitán retirado Juan Roberto Garrido Pérez, cumple en Santa Cruz Barillas. Con un pasado que ameritó una investigación por parte del CICG, es un hombre clave, “el encargado del área social” de Hidro Santa Cruz.[8] Como es sobradamente conocido en Barillas, se dedica tanto a amenazar como a ofrecer, a acompañar como a amedrentar, depende a quién.
“Esposas de algunos de los campesinos que están en prisión acusados por los disturbios del 1 de mayo indicaron que Garrido les ofreció pagar los servicios de defensor para sus maridos. ‘Dice que si no aceptamos, ellos no van a salir nunca de la cárcel’, refirió Carmelia Mérida, la compañera de Antonio Rogelio Velásquez”.[9]
“Que esta empresa que se retire así como entró, queremos agregarle algo a Juan Garrido que por favor ya deje las amenazas que aquí nadie le está haciendo nada, estamos peleando por un pueblo que nos corresponde, que por favor nos dejen en paz, que se vayan aquí en Barillas…”.[10]
Es decir, el caso de KC&A, como el de la española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz, muestran la vinculación y papel de los militares que participan en el modelo de explotación económica ligado a la minería; y cómo las empresas transnacionales buscan a militares para ser sus personeros en Guatemala. Es una faceta más del modelo capitalista neoliberal vinculado al poder militar que con claridad parece querer fortalecerse en Guatemala.
Trabajo combinado e intereses comunes entre gobiernos y empresas
Las amenazas desplegadas por el teniente retirado Pablo Silas ocurrieron días antes del intento de desalojo ilegal por parte del pelotón antimotines de la PNC el 7 de diciembre.[11] Este operativo ilegal fue comandado por el actual director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez García, que ha dirigido personalmente desalojos violentos realizados contra comunidades, especialmente indígenas.
Si unimos estas dos acciones con el atentado sufrido por Yolanda Oquelí, lideresa de La Puya,[12] vemos un patrón en que las acciones de los sicarios ligados a la empresa se dan de forma combinada a las de las fuerzas de orden público, creando las condiciones para lograr acabar con la resistencia. Así ocurrió en Barillas donde el asesinato de Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo de 2012 creó el escenario para un Estado de sitio y la detención de 9 líderes.[13]
De la misma manera, en San Rafael Las Flores, el extraño episodio del secuestro del Presidente del Parlamento Xinka de Guatemala, Roberto González Ucelo y la muerte de Exaltación Marcos Ucelo, directivo del Pueblo Xinka de Santa María Xalapan el 17 de marzo de 2013;[14] y el atentado contra miembros la resistencia Pacifica “El Escobal” el 27 de abril del 2013[15] antecedieron la proclamación del Estado de sitio y la persecución penal de los líderes.[16]
Esto no es casual: autoridades gubernamentales y gerentes empresariales trabajan mano a mano, de forma complementaria en logar lo que para ellos es un objetivo común. Con total impunidad, los gobiernos actúan para proteger los intereses de las empresas en vez de para hacer valer la legalidad y los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas. Comparten una misma versión de “orden público” y de “intereses nacionales”, que no son nada “públicos” ni nada “nacionales”, sino más bien privados y transnacionales.
Autoritarismo y terror
Escuchando con un poco de atención los videos, observaremos cómo el vocabulario con el que el teniente retirado Silas Orozco se dirige a sus “seguidores” y a los comunicadores, es una muestra de los estereotipos contrainsurgentes, y los más bajos, machistas y homofóbicos de la cultura guatemalteca. El discurso de criminalización de las luchas populares se nutre de los aspectos más excluyentes y retrógrados de la cultura autoritaria y violenta discurso social de nuestro país.
En este sentido, podemos decir que más que de lo aprendido en la Maestría en Recursos Humanos, el teniente retirado hace uso de su pasado en el ejército como fuente para su “acción social”. Esta institución representa y mantiene estos valores machistas y homofóbicos como parte de sus ser, y con este tipo de actuaciones de sus “egresados”, se reproducen de forma autoritaria.
También es evidente que el teniente retirado Silas Orozco hace uso de su formación militar en la tarea de sembrar el terror como medio de acabar con la resistencia en La Puya. Eso es lo que hace con los comunicadores y con la lideresa a la que también increpa: les muestra el tamaño de su odio y el poder para ejercerlo.
La actitud que mantiene es la de una persona que no va a dudar en hacer daño y pasar por encima de ellos porque no les considera dignos de derecho alguno. Es capaz de derramar sobre ellos el odio de una persona que tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Lo hace con total impunidad porque se sabe de parte de los que tienen el poder, y cree que esas amenazas no le van a acarrear ninguna consecuencia.
Eso es terror y no se aprende en muchos lugares. Pero sí se aprende en un ejército que hizo del enemigo interno y de las prácticas genocidas su razón de ser durante muchas décadas.
La división comunitaria
Finalmente, la actuación del teniente retirado Silas Orozco muestra cómo se lleva a cabo otra de las estrategias que utilizan muchas de las empresas para contrarrestar la oposición a su actividades, que es dividiendo a la población local. Estas empresas siempre aducen buscar el diálogo y el “desarrollo” para los lugares donde se instalan. Pero una de las quejas más repetidas por parte de las comunidades en resistencia es precisamente que la llegada de las empresas a sus territorios ha traído la división de la comunidad.
Silas Orozco, altavoz en mano y con su casco amarillo, lo muestra muy bien. Su función en la comunidad no parece muy integradora: dirige al grupo de gente que apoya la presencia de la empresa KC& A, pero no en forma de “mediación”, sino provocando el enfrentamiento. Es evidente que eso es lo que busca cuando avanza, increpa y grita en actitud ofensiva hacia quienes mantienen el plantón pacífico en La Puya.
Dando la razón a las denuncias de los comunitarios, el personero de KC&A promueve un enfrentamiento abierto entre ellos, les provoca y llega a saltarse las medidas de contención que habían sido acordadas con la PDH días antes.[17]
La actitud de la gente que le sigue, toda uniformada con sus cascos azules, coreando consignas y riendo las bromas homofóbicas, es una triste muestra de los efectos del autoritarismo en la sociedad guatemalteca. El gregarismo, la violencia arropada por el colectivo y el miedo a la autoridad dan mucho que pensar sobre lo que nos queda por delante como sociedad.
La fuerza de la calma justa
Frente a esta actitud de “los mineros” y de quien les dirige, llama la atención y se refuerza el valor de la respuesta serena y valiente de quienes mantienen el plantón. Es evidente la diferencia entre los gritos desaforados del teniente retirado y los cánticos religiosos de las mujeres en resistencia pacífica, entre los movimientos nerviosos de los agresores y la cama pacífica de los resistentes.
Estas imágenes reflejan muy bien el contraste entre la actitud de las empresas y el gobierno –prepotentes, violentos-, y de las comunidades –tranquilas, con la seguridad de quien tiene la razón y la ley de su parte-. Como dijo en su momento Yolanda Oquelí:
“La táctica del Gobierno, como lo han hecho en Barillas, como lo han hecho en Toto, es hacernos caer en provocación a la población y después acusarnos de que es un pueblo violento y que por eso los han sometido al orden. Entonces creo que con nosotros no van a poder, porque una vez más hemos demostrado que somos totalmente pacíficos”.[18]
Así es como están respondiendo las comunidades de Guatemala ante las agresiones de las empresas y de los gobiernos: exigiendo que se les escuche y que se cumpla ley.
Es la misma actitud que mantuvieron los comunicadores ante la agresión de Pablo Silas Orozco. No cayeron en la burda provocación de este militar retirado, no le respondieron gritando ni insultando. Pero tampoco se quedaron callados: procedieron a actuar conforme la ley, con la seguridad y la calma de quien sabe que tiene la razón. Y con esta valentía, lograron que un militar retirado, que trabajaba impunemente para una empresa minera en contra de la población, fuera condenado por las agresiones que realizó.
Por eso, tenemos que agradecer a Nelton, Ricard, Gustavo y los demás comunicadores, haber puesto su grano de arena en la difícil lucha contra la impunidad; y contra la alianza entre militares y empresas transnacionales que pretenden imponer sus intereses por encima de la voluntad de los pueblos.
[4] “El fiscal que comenzó a lograr sentencias”, Evelyn Blanck, Sala de Redacciòn, 18 octubre 2013.
[5] Santiago Bastos y Quimy de León, La movilización comunitaria en Guatemala. Estudios de caso. Informe, Diakonìa, 2013.
[6] Los comunicadores presentes cuentan cómo el coronel José Vicente Arias Méndez estaba ese día entre el tumulto, también con casco amarillo. En días anteriores, quien los dirigía era el coronel Mario Ricardo Figueroa Archila.
Prensa Comunitaria Km. 169 