Archivos diarios: 2 febrero, 2016
Segundo Día Juicio SEPUR
Por: Jovis y Fotos: Rony Morales
Continua el Juicio SEPUR en su segundo día en estos momentos Mujeres Q’eqchi relatan hechos de violencia sexual y esclavitud en destacamento de Sepur zarco. Los soldados decían «ya nadie pregunta por vos, ya a nadie le interesas, ahora nos perteneces» » Pero dentro de todas las que estábamos ahí nos apoyamos»
Declaración de la valiente anciana.
#CasoSepurZarco #TRANSMISIONENVIVO
http://www.alianzarompiendoelsilencio.com/articulo/casosepurzarco-transmision-en-vivo
Pascual Basilio, un año después de su asesinato y la justicia aún no ha llegado
PrensaLibre
Por Nelton Rivera.
Dos hermanos maya Q’anjob’al de la aldea Molná salieron una tarde de su casa en apoyo a la movilización de las autoridades comunitarias de su municipio, ya que se encontraban detenidos dos jóvenes maya Chuj de San Mateo Ixtatán y la gente aguardaba en las afueras del juzgado esperando que se resolviera la situación de los dos chicos. la preocupación grande era que ellos habían sido detenidos por la policía en San Mateo Ixtatán por oponerse a una hidroeléctrica y nadie sabía el lugar a donde los habían llevado hasta que se supo que estaban presos en Huehuetenango.
La noche del 19 enero en Santa Eulalia Huehuetenango la gente esperaba afuera del Centro de Administración de Justicia -CAJ-, porque de ese lugar salieron las ordenes de detención, esa noche apareció el alcalde municipal Diego Marcos Pedro y su hijo bajo efectos de alcohol y dispararon contra la población, los dos hermanos de Molná resultaron heridos de gravedad, solo uno sobrevivió, Pascual Basilio el más joven no lo logró.
***
En Jolom Konob’ (Santa Eulalia) los ancianos a quienes la gente los reconoce como autoridad ancestral “Alcaldes rezadores” realizaron una ceremonia maya durante la madrugada del miércoles (20 de enero 2016), llevaron con ellos el fuego ceremonial, el frío que en las madrugadas de Jolom Konob’ hace en uno de los lugares más altos de la Sierra de los Cuchumatanes fácilmente desciende bajo los cero grados, a pesar del frío se reunieron.
Los Alcaldes rezadores llegaron a recoger el espíritu de Pascual Basilio Pascual Diego un joven comunitario que fue asesinado un año atrás, Pascual Basilio tenía 19 años y toda una vida por delante. Desde la cosmovisión del pueblo Maya Q’anjob’al cuando una personas fallece la familia inmediatamente llega al lugar y recoge su espíritu.
Por eso los alcaldes rezadores llegaron a las 4:30 de la mañana a la Casa Ceremonial del 20 de enero de este año, juntos salieron a levantar el espíritu de Pascual Basilio en el lugar en donde un año atrás él fue gravemente herido junto a su hermano, irónicamente en este lugar está a escasos metros de las instalaciones del –CAJ-, y de la subestación de la Policía Nacional Civil –PNC-, el día del ataque armado, un año atrás, los policías, jueces y agentes fiscales del MP supieron quienes habían disparado en contra de los jóvenes, ya paso un año y la justicia simplemente se olvidó de Pascual Basilio, de su hermano y de otros hechos delictivos cometidos por el alcalde y su gente.
Los alcaldes rezadores finalizaron con la ceremonia maya, hablaron con el fuego, con los nahuales ahí presentes, interpretaron el mensaje del fuego y los ancianos conmemoraron un año del asesinato de uno de los jóvenes de la aldea Molná, uno de las vícitmas colaterales de la problemática por la instalación de hidroeléctricas en toda la región.
***
Mucha gente en Santa Eulalia supo quiénes fueron los responsables de la muerte de Pascual Basilio, el día de los hechos, los pocos agentes de la policía que se encuentran en el municipio no pudieron detener a los responsables, la familia de Pascual Basilio y los representantes del movimiento social responsabilizaron directamente a Diego Marcos Pedro, a su hijo y a un grupo de personas que los acompañaban esa madrugada, «del carro del alcalde salieron los disparos»; cuanta uno de los testimonios.
Unos pocos minutos después del ataque armado, a las 5 de la mañana de ese mismo día, otro grupo de personas enardecidas que apoyaban al alcalde intentaron obligar a Lorenzo Francisco Mateo, uno de los directores de la radio comunitaria que les entregara la radio, bajo amenaza de lincharlo quisieron quitarles las llaves de la sede de la radio, pero no pudieron hacerlo. Luego llegaron los insultos, golpes, amenazas de muerte y decidieron bloquear el ingreso de la sede de la radio en uno de los locales comerciales municipales, uno de los agresores colocó otro candado en la puerta principal, desde esa madrugada la radio Snuq’ Jolom Konob’ fue censurada por el alcalde, cumplió un año cerrada ilegalmente.
Cuándo el sol comenzó a calentar sobre el municipio, alcalde municipal acompañado por simpatizantes del partido político LIDER con el que buscó reelegirse tomaron el pueblo, cerraron los caminos, golearon a varias personas acusándolas de ser opositores de las hidroeléctricas, retuvieron violentamente en el Parque Central a Dominga Juan alcaldesa del COCODE de una comunidad, estuvieron a punto de desnudarla y cortarle el pelo, el alcalde la acusó de ser opositora a su gestión, ella logró librarse de sus captores por el anuncio de la llegada de obispo Álvaro Ramazzini, minutos más tarde el obispo llegó en un helicóptero al centro de Santa Eulalia y conversó con las autoridades de la municipalidad, el alcalde y un grupo de pobladores que los respaldaba, de esa forma la tensión bajo por unos momentos solamente.
Las autoridades comunitarias y del Gobierno Plurinacional habían viajado en la madrugada a San Pedro Solomá para pedir apoyo a la PNC de este municipio vecino, los autores del atentado armado debían de ser capturados, cuándo regresaron de Solomá a 20 minutos de camino fueron recibidos por los simpatizantes del alcalde, en ese momento comenzó una persecusión armada, 30 autoridades comunitarias tuvieron que huir por la montaña a otras comunidades para no ser alcanzados por «la gente del alcalde».
***
El 15 de enero 2016 Diego Marcos Pedro dejó de ser alcalde municipal, perdió las elecciones con el partido LIDER quedando en un quinto lugar, algunos vecinos comentaban que él había invertido muchísimo dinero en esta campaña, había matado una cantidad grande de reces para la fiesta de su «victoria», pero luego del conteo de votos, con el primer informe del TSE la celebración no se realizó. Con la derrota electoral ya no goza del derecho de antejuicio, la familia de Pascual Basilio y otras personas que junto al movimiento social denunciaron en el 2015 al alcalde ante la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos -OACNUDH o el MP de Huehuetenango y en la ciudad capital esperan que las fiscalías actúen y detengan de inmediato al alcalde y a otras personas implicadas en los ataques del 19 de enero del 2015.
Un año después el padre de Pascual Basilio y su familia siguen esperando que se haga justicia, Diego Marcos Pedro y su hijo siguen libres. Contrario a lo que todo el pueblo de Santa Eulalia espera, el MP acusó a dos autoridades ancestrales por estos hechos, el alcalde Diego Marcos Pedro incluso es querellante en uno de los procesos judiciales que están abiertos en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, en prisión desde el mes de marzo 2015 en el Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad capital, ambos son presos políticos.
***
En detalle lo ocurrido el 19 y 20 de enero en Santa Eulalia
Pascual Basilio Pascual Diego de 19 años de edad al igual que muchas personas de la comunidad Molná en Santa Eulalia se enteraron a través de varios medios de comunicación de radio, televisión y redes sociales que en la madrugada del 19 de enero 2015 había llegado la Policía a la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán, habían lanzado gases, lastimado personas y detenido a dos jóvenes opositores de una hidroeléctrica, sin que nadie supiera el paradero de los dos detenidos.
La Radio Snuq’ Jolom Konob’ estuvo todo el día dando la cobertura de lo que estaba sucediendo en Pojom, fue el único medio en FM y en su página digital que desmintió la versión de los medios comerciales, no había existido enfrentamiento con la población y los dos jóvenes detenidos habían sido detenidos de forma arbitraria por la policía.
Al finalizar la tarde Pascual Basilio y su hermano asistieron al centro del pueblo, estuvieron afuera del CAJ a la espera de que finalizara una audiencia celebrada por el juzgado por el caso de Pojom, la población estaba a la espera que los dos jóvenes detenidos en la mañana aparecieran, estuvieran bien y que pronto pudieran regresar a San Mateo Ixtatán.
Finalmente se supo que la policía los había llevado en una avioneta privada a Huehuetenango, varios testigos dijeron que los habían obligado a usar uniforme militar al momento de sacarlos del municipio.
En el CAJ de Santa Eulalia todo se había desarrollado con tranquilidad por la noche, a excepción de un primer incidente, el alcalde Diego Marcos Pedro en compañía de uno de sus hijos habían regresado de una fiesta en un pueblo vecino, bajo efectos de alcohol el hijo había intentado usar un arma de fuego en contra de un grupo de personas que estaban reunidas cerca del CAJ, ambos fueron desarmados y la PNC del lugar resguardo el arma.
Minutos antes de terminar la audiencia el alcalde municipal decidió retirarse del CAJ, ya era la madrugada del día 20 de enero, la PNC le devolvió el arma y este se comprometió a no volver a amenazar o agredir a ningún poblador, unos minutos después a las 4 de la mañana Diego Marcos Pedro y su hijo dispararon en contra la población y dos jóvenes fueron heridos.
Pascual Basilio y su hermano no se imaginaron que iban a ser atacados por el alcalde municipal, ambos junto a otras personas iban caminando sobre la carretera de regreso a su comunidad, en una de las calles del pueblo se encontraba el picop del alcalde, un vehículo agrícola último modelo, uno de los testigos recuerda que habían unas 15 personas más con él, en cuestión de segundos se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego.
En el ataque resultaron heridos de gravedad los dos hermanos Pascual Diego, uno de ellos fue atendido en el pueblo, Pascual Basilio por la gravedad de las heridas fue auxiliado por la población y la PNC, lo trasladaron inmediatamente hasta la cabecera departamental en Huehuetenango, dos meses después Pascual Basilio falleció en el hospital nacional de Quiche. En Huehuetenango no tenía condiciones de seguridad y su familia tenía miedo por su vida, un estando Pascual Basilio en el hospital nacional de Huehuetenango el hijo del alcalde de Santa Eulalia ingresó al hospital para buscarlo.
Oscar Figueroa un periodista local confirmó la muerte del joven en una publicación del 17 de marzo en Prensa Libre, Pascual Basilio Pascual Diego había fallecido en el departamento Santa Cruz del Quiché.
En un documento que fue publicado por el Gobierno Plurinacional se explican los hechos ocurridos en Santa Eulalia el 19 y 20 de enero 2015, ellos reconstruyeron lo ocurrido a pesar que varios de los líderes comunitarios tuvieron que huir por la montaña, otros tuvieron que esconderse en sus casas bajo la amenaza de ser detenidos por la gente del alcalde municipal.
#AhoritaPrensaComunitaria: amanece en el cerro Pascual Ab’aj de Chichicastenago
Amaneciendo un día desde el cerro Pascual Ab’aj de Chichicastenago. Tata Sol acercandose para dar luz y calor los buenos y malos de esta tierra.
Foto: Lorenzo Mateo
Sepur Zarco, 34 años después.
Por: Andrea Ixchíu Hernández.
Este 1 de febrero de 2016 ha dado inicio el Juicio dentro del Caso Sepur Zarco, dónde se busca juzgar las violaciones sexuales cometidas contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal durante el año de 1982. Este destacamento era utilizado como “área de descanso y recreación” de los militares, durante los años más duros de la guerra.
En Torre de Tribunales, en la Sala de Vistas se desarrolla la audiencia de primera declaración, presentación de pruebas y alegatos iniciales del caso, el cual es conocido por las jueces Patricia Bustamante, Yassmin Barrios y el juez Gerbi Sical, del Tribunal A de Mayor Riesgo y dónde se encuentran presentes el Ministerio Público, las organizaciones querellantes y de representación de las víctimas, así como también la defensa de los militares acusados; el teniente Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes son acusados de Delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.
Después de 34 años se juzga en Guatemala por primera vez la Violación Sexual en Conflictos Armados, la cual se ha demostrado por medio de peritajes, informes y exhaustivas investigaciones, la intención de destruir a las comunidades, alterar la composición étnica de la siguiente generación, infectar de enfermedades de transmisión sexual y causar infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir, todo esto como producto de la implementación de políticas contrainsurgentes por parte de algunos Estados en época de conflicto.
Al escuchar el relato de testigos, se escuchan frases como:
“Ellos, los soldados sabían que mujeres ya no tenían esposos y decían que las mujeres solas, eran mujeres disponibles».
O el relato de una testigo a quién dijeron: «Ya nos llevamos a tu esposo, ahora sos de nosotros”.
Por eso se afirma que este tipo de abusos se basan en el tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Algunos de estos testimonios se encuentran relatados en el octavo tomo del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – REMHI-.
Las mujeres tuvieron que hacer turnos para lavar uniformes y cocinar a los soldados sin remuneración alguna, además sufriendo violaciones sexuales en repetidas ocasiones. Esta violencia sexual fue usada por el ejército como forma de control de cualquier mujer organizada percibida como “enemiga” o “subversiva”, ya que, según los relatos de estas mujeres, muchos de los esposos, hermanos o familiares suyos estaban organizados y luchando por su derecho a la tierra. Se entiende entonces que a las mujeres se les violó para «castigar a los varones» que reclamaron sus derechos y aterrorizar a la población.
Los delitos de violación y esclavitud sexual en contextos de guerra constituyen Delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben aún con la Amnistía otorgada con la firma de la Paz. El caso de Sepur Zarco es uno de los muchos casos de violaciones sexuales durante la guerra en Guatemala y es una manifestación del papel evidente que juega el patriarcado en los conflictos armados. Porque el patriarcado y la militarización van estrechamente de la mano. Se han agredido mujeres, percibidas como posesiones masculinas y cómo una forma de humillar simbólicamente al enemigo. Y en Guatemala, ha quedado demostrado en cientos de libros, peritajes e informes, el enemigo del ejercito eran las comunidades indígenas.
Cuando violan a una mujer toda la sociedad se empobrece, el machismo es enemigo de la conciliación, no permite diálogo y no permite construir la paz. Cuando violan a una mujer todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizan, se refuerza así la lógica de la guerra, aún en tiempos de paz.
Hoy uno de los testigos y sobreviviente. Rogelio Hüitz Chon afirmò con contundencia los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco, fue su testimonio, lo que él mismo vivió en carne propia señalando al agresor, el militar sentado en esa misma sala, ahora en el lugar de los acusados.
Caso Sepur Zarco: organizaciones internacionales celebran el inicio del juicio
Guatemala, Washington D.C. y San José, 1 de febrero de 2016.- Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.
Esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra ⎯otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales⎯ y la primera vez que en Guatemala se juzguen delitos de violencia sexual como crímenes internacionales. “El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo”, puntualizó Leonor Arteaga, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
La violencia contras las mujeres en el conflicto armado guatemalteco fue una herramienta de terror y dominación que por largo tiempo fue invisibilizada. “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsurgente del Estado”, dijo Jo-Marie Burt, investigadora principal de WOLA.
Durante décadas, casos como el de Sepur Zarco y otros, se mantuvieron en el silencio y la impunidad. Recientemente, algunos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, han avanzado a pesar de las resistencias y los obstáculos, gracias a los esfuerzos encabezados por el Ministerio Público y los tribunales de Mayor Riesgo.
“El caso Sepur Zarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia”, señaló Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC).
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate, por su valentía y fortaleza, y lamentamos los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. También expresamos nuestro respaldo al colectivo Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad que viene acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.
“Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impiden la sanción de los responsables de estos graves hechos”, dijo Marcia Aguiluz, Directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Finalmente, saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir el uso de la sala de vistas para el desarrollo de este juicio, a fin de facilitar la publicidad del proceso y las muestras de solidaridad; considerando que este juicio -de interés nacional e internacional- representa una nueva oportunidad para Guatemala de avanzar en su obligación de saldar sus deudas de verdad, justicia y reparación, visibilizando y sancionando la violencia contra las mujeres durante el conflicto y evitando la repetición de tan aberrantes crímenes.
Prensa Comunitaria Km. 169 