Archivo del sitio
Sepur Zarco: todo se motivó por el interés de los terratenientes por despojar la tierra

Héctor Rosada Granados
Por: Nelton Rivera.
El 11 de febrero en el marco del Juicio Sepur Zarco asistió como perito Hector Rosada Granados convocado por las querellantes. El peritaje presentado fue acerca del «contexto sociológico militar de los hechos ocurridos entre 1972 a 1983 en el caserío Sepur Zarco de la finca San Miguel en el Estor Izabal». El fue interrogado tanto por las abogadas querellantes como por los abogados defensores de los militares y presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo A conformado por la jueza Yassmin Barrios y Patricia Bustamante y Gerbi Sical.
“… podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el Estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras, del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos.”
A sus 74 años de edad Héctor Rosada Granados se especializó como investigador social y analista político en el tema militar, es decir que él conoce a profundidad las distintas dinámicas del ejército desde su fundación y las etapas de transformación del mismo y también conoce y explica de cómo este actuó estratégicamente durante la guerra en el país.
Durante varios testimonios que se han ido presentando van saliendo los nombres de las familias que “poseían” las fincas, mismas que se beneficiaron con la represión militar en Alta Verapaz e Izabal, aunque este juicio es en contra del teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado miliar Heriberto Valdez Asij, se va revelando la participación familias como los Meagle en Alta Verapaz y los Milla en El Estor Izabal[1], también los Overdick García, los Monzón entre otros finqueros.[2]
En sus conclusiones Rosada afirmó que la exigencia de los campesinos antes mozos colonos por recuperar las tierras que les fueron despojadas a través de la organización del Comité Pro Tierras y las gestiones que estaban realizando ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) fue la razón para que “la elite terrateniente local” empujara la represión en contra de ellos.
Rosada entonces ratificó ante el tribunal el peritaje que realizó. Mientras tanto varias mujeres Q’eqchis querellantes en este juicio, escuchaban con atención sus palabras, una traductora Q’eqchi hace el intento por traducirles en su idioma materno la conversación que inicia Rosada ante el tribunal.
Rosada leyó las ocho conclusiones a las que llega en su peritaje que transcribo a continuación:
- En este momento del análisis es fundamental llegar a establecer que la hipótesis que el disparador de toda esa tragedia fue el temor e interés de los propietarios de todas las fincas afectadas “la elite terrateniente” buscando poner fin a los reclamos de titulación de tierras que hacían los pobladores organizados en el Comité Pro tierras.Esta situación típica en varios casos de la historia contemporánea en la historia de nuestro país. Podría ejemplificar a muchos de los hechos de violencia Genocida que se perpetraron en contra de la población civil no combatiente, durante el conflicto armado. Uno de los casos que ejemplifica un modus operandi militar sería el de la matanza de Panzós perpetrada 4 años antes el 29 de mayo de 1978.
- Según el registro de los hechos que analizamos, derivado de la actitud y los propósitos de los finqueros “La elite terrateniente” se estimuló a miembros de las mismas comunidades afectadas para que procedieran a poner una denuncia utilizando las estructuras locales de la contrainsurgencia de la localidad, es decir los comisionados militares quienes por intermedio del S2 de la zona militar de Puerto Barrios, trasladaron el mensaje que incluía la acusación de que los denunciados eran colaboradores de la guerrilla.
- De acuerdo a lo anterior mente indicado según a la ley respectiva, el nombramiento de los comisionados militares y de sus ayudantes, dependía de la elección que hiciera el comandante de reservas miliares del departamento. En la mayoría de los casos los elegidos eran priorizados por ser oficiales o tropa en situación de reserva, aparte era la elección y nombramiento de los colaboradores e informantes, quienes no eran considerados como miembros del ejército, aunque quedaban tácitamente autorizados para portar armas. Este podría ser el caso de algunos administradores, caporales o trabajadores de confianza de las fincas, no descarto la posibilidad de que estos últimos, pudieran haber prestado servicio militar, posiblemente hubiera sido un inteligencia de comando S2 o un agente de inteligencia G2, y conveniente para que actuara a una posición ajena a los mandos militares o como jefes de patrulla.
- El procedimiento para procesar una acusación de cualquier comisionado militar, automáticamente ubicaba a los acusados y a su entorno inmediato dentro de la posición de ser enemigo interno. Según el informe del REMHI se comprobó la existencia de redes de inteligencia militar que contaban con una extensa red de comisionados militares, encargados de recoger información sobre los movimientos de la población, para su traslado para la Inteligencia de comando directamente o a través de la S5 de asuntos civiles del comando en los destacamentos militares. El informe mencionado hace énfasis de que “en los años 80 la sola acusación de un comisionado militar, suponía frecuentemente el asesinato del imputado”.
- Reiteramos que al comparar las acciones militares que articularon la cadena de hechos sucedidos en el caserío Sepur Zarco, antes descrita (modus operandi) podemos asegurar que se ajustan al perfil de uno de los tantos operativos tácticos registrados por la CEH, derivados de la planificación de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecuto el ejército de Guatemala durante la duración del conflicto armado interno.
- Debido a ello es procedente interpretar que, la responsabilidad superior de todos los operativos contra insurgentes efectuados en cualquier parte en el territorio nacional durante la duración del conflicto armado interno recaen en la cadena de mando en su orden, en el presidente de la república en tanto comandante general del ejército el ministro de la defensa nacional y el jefe del estado mayor general del ejército.
- Una aproximación hacia una visión estructural nos plantearía que la fuente de la violencia fue el Estado militar contrainsurgente a cargo del poder durante el periodo 1982-1983 los ejecutores fueron los miembros del ejército de Guatemala según los planes de campaña respectivos, las ordenes generales y la documentación que establezca el movimiento de la tropa y de actores los civiles, la asignación de destinos y las ordenes específicas que se dieron, siguiendo una jerarquía establecida siguiendo la cadena e mando. Las víctimas fueron las personas individuales o colectivas que perecieron como efecto de la acción contrainsurgente y el blanco está representado por las personas, familias y comunidades que perdieron la vida, sus bienes, la base de su organización social, su propia identidad y los fundamentos de su cohesión social.
- Desde una visión complementaria, podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos”.
[1] Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015. https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[2] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles. http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/
La crueldad de ultrajar a las mujeres será considerado siempre un crimen contra la humanidad
Por: Rigoberta Menchu.
Los crímenes cometidos contra las mujeres mayas de la comunidad de Sepur Zarco ha consternado una vez mas a la humanidad. Durante muchos años movimientos de mujeres en todo el mundo luchan en contra de la esclavitud de mujeres como objetivos bélicos en áreas de conflicto. La crueldad de ultrajar a las mujeres será considerada siempre un crimen contra la humanidad, condenable y en donde la justicia ha de ser una realidad para recuperar la dignidad de las mujeres. Hago un llamado a todas las mujeres de Guatemala y el mundo, a solidarizarse con las víctimas y acompañar el desarrollo del debate oral y publico del caso Sepur Zarco.
Aquí están ellos, aquí están sus huesos
Por: Nelton Rivera.
El juicio por el caso Sepur Zarco lleva ya más de una semana de haber empezado, se está juzgando a un coronel y a un comisionado militar[1], los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres.
Durante dos días el 10 y 11 de febrero fueron presentadas ante el Tribunal las osamentas de 38 personas desaparecidas en la Finca Tinajas de Panzós Alta Verapaz y en el destacamento militar en Sepur Zarco en El Estor Izabal.
Los peritos iban abriendo caja por caja, iban sacando los huesos, restos de ropa, zapatos o porta documentos, fueron siete las osamentas encontradas en la exhumación en Sepur Zarco, solamente cinco osamentas fueron las que el tribunal recibió hoy como prueba, faltaron dos, estas ya fueron identificadas y por eso se entregaron a sus familias.
Ellos eran cinco, llegaron en cinco cajas de cartón. Cada caja lleva escrito letreros que describen donde los encontraron, la fecha, y el código que la Fundación de Antropología Forense le asigna a cada exhumación.
Ellas, sus esposas en 1982 cuando no los vieron regresar se preocuparon, una corazonada les oprimió el pecho supieron que algo andaba mal y salieron a buscarlos, fueron a preguntar al destacamento militar en la aldea Sepur Zarco, jamás los volvieron a ver. Durante varias décadas lucharon por encontrarlos.
Un señor que vive en la aldea Sepur Zarco dentro de su terreno estaba haciendo una letrina, cuando encontró restos de ropa y un poco más abajo había varios huesos. El se asustó y dio el aviso de lo que había descubierto. Casualmente en este lugar estuvo el destacamento militar.
En 1982 el ejército había instalado el destacamento en esa comunidad. Durante seis meses fue obligada mucha gente Q’eqchi a construirlo, se sabe que eran varias comunidades, y levantaron a mano piedra por piedra.
Una vez construído los hombres de la comunidad Sepur Zarco empezaron a desaparecer. Entonces sus familiares en particular las mujeres comenzaron a buscarlos en el destacamento porque sabía que los militares se los habían llevado. Cuando los soldados iban a buscar a los hombres para llevarselos, cuentan testigos que iban guiados por “el canche” Asij que era el comisionado militar.
A ellas las violaban cuando se llevaban a sus esposos, o al saber que se habían quedado solas, también cuando iban al rio, cuando iban solas por los caminos. Muchas de ellas fueron obligadas a hacer trabajo forzoso para los soldados en el destacamento, a cocinarles a lavarles la ropa.
Treinta y cuatro años después las mujeres Q’eqchi´ lograron sentar en un tribunal a dos de los responsables del terror que vivieron en carne propia, sobre su piel: un teniente coronel y un comisionado militar.
En este juicio se está discutiendo acerca de la verdad histórica, los testimonios de las mujeres han sido contundentes, los siguientes días se esperan peritajes y más testigos.
Aquí están ellos, aquí están sus huesos.
[1] El subteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdez Asij, el Canche Asij. Acusados por delitos de lesa humanidad, asesinato, deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud sexual.