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Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno

Prensa Comunitaria Km. 169
Por: Nelton Rivera.
Dos días le ha tomado a la fiscalía del Ministerio Publico MP individualizar las responsabilidades penales a cada uno de los 10 de 14 oficiales del alto mando del ejército guatemalteco involucrados en varios delitos de desaparición forzada, delitos de deberes contra la humanidad considerados de lesa humanidad y crímenes de guerra, la fiscalía aún no concluye. Estos delitos fueron cometidos durante los años de 1978 a 1982 en Alta Verapaz y Baja Verapaz, como epicentro la zona militar No. 21. Los militares querían “quitarle el agua al pez”; una estrategia conocida como tierra arrasada contra la población civil con el pretexto de combatir a las guerrillas, lo ocurrido en la Zona Militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” es un claro ejemplo de las dimensiones desproporcionadas de la represión contra el pueblo maya Q’eqchi, Achí, Pocomochí, Ixil y Kiché en esta área.
Durante largas jornadas de 10 o 12 horas el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, ha escuchado a las dos fiscales del MP describir la acusación delito por delito, caso por caso, a varios de los oficiales, aún no concluye el MP y las familias de sobrevivientes de la guerra aun aguardan por la justicia o por lo menos que el proceso avance. El Caso Creompaz como se le llama al proceso penal contra 14 oficiales detenidos en enero del 2016 se encuentra en la etapa intermedia o fase conclusiva, en esta etapa la fiscalía ira detallando los medios de prueba, el paso siguiente será que la Juez Claudette Domínguez quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo A decida enviar a los 10 militares acusados de ir a un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia.
Varios de estos militares acusados tienen vínculos con el partido político FCN, fueron sus financistas, tienen vinculación con el ahora presidente James Ernesto Morales “Jimmy Morales”, con alcaldes, gobernadores y diputados en el Congreso de la República electos por ese partido.
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Van dos días de fase intermedia
Los abogados de la defensa, abogados de los querellantes, fiscales del MP, oficiales del Organismo Judicial, familiares de los desaparecidos y víctimas de la guerra, observadores de derechos humanos y la prensa fueron testigos del segundo día dedicado a la fase intermedia este jueves 5 de mayo en la sala de audiencias del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad capital.
La audiencia fue programada para las 8 de la mañana, pero nuevamente comenzó con una hora de retraso, la primera etapa de esta audiencia se realizó el martes 3 de mayo, las dos audiencias han sido completamente maratónicas, jornadas de 12 horas ha realizado la juez Claudette Domínguez para garantizar la justicia pronta y cumplida insiste la juez.
El cansancio en las audiencias es notorio en los abogados, en los de la defensa y en los que querellantes, a cada jornada hay que sumarle el calor que azota al país, las altas temperaturas registradas se hacen sentir en una sala cuya ventilación es limitada, luego del medio día, en el público se van cerrando los ojos de algunas personas, otras caen ante el cansancio y el sueño provocado por el calor de la sala, más de alguno de los asistentes se queda dormido por algunos instantes, durante el segundo día de la fase intermedia quedaron muchas sillas vacías, quienes apoyan a los militares procesados esta vez no asistieron a la sala.
La audiencia finalizo a las 5 de la tarde, la juez la suspendió para continuarla el viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana.
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¿Quiénes son los militares acusados?
Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.
El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López.
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La comunidad “Los Encuentros” de Río Negro Baja Verapaz
La presentación de todos los casos por los que el MP está acusando al oficial Cesar Augusto Cabrera Mejía, le tomo dos días, sobre él pesan la detención y desaparición de 128 casos de indígenas Pocomchí, Achí y Q’eqchí identificadas entre 588 osamentas que fueron exhumadas en el año 2012 en 85 fosas clandestinas dentro de la zona militar No. 21 actualmente Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz –CREOMPAZ-, más del 50% de las osamentas develaron señales de tortura, la mayoría tenia vendados los ojos, mordazas en la boca y las manos amarradas con lazos sintéticos.
De los hechos más impactantes descritos en estas audiencias está la masacre de la comunidad Los Encuentros en Río Negro en Rabinal Alta Verapaz en mayo de 1982, de cómo fueron trasladas en helicópteros artillados muchas personas para la base militar en Cobán Alta Verapaz y de como nunca regresaron hasta el año 2012 cuando se realizó la exhumación de 85 fosas clandestinas en esa zona militar, 64 osamentas fueron halladas en la fosa número 17, las mujeres que se opusieron fueron violadas por los soldados.
Desde el día 3 de mayo inicio la acusación contra Cesar Augusto Cabrera Mejía, pero fue hasta las cuatro de la tarde del jueves 5 de mayo que la fiscalía del MP concluyo con la acusación de Cabrera Mejía, luego llegó el turno del coronel Juan Ovalle Salazar, quien era el comandante del batallón, el MP lo responsabilizo de los hechos ocurridos en Agosto de 1982 en la Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz.
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La Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz
La fiscalía del MP realizó la imputación de los delitos contra Juan Ovalle Salazar; fue detallando los casos de los hombres detenidos desaparecidos de la Aldea Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz cuando el ejército en agosto de 1982 secuestro a 80 hombres de la aldea, los masacro y luego los traslado a la zona militar en Cobán para ocultarlos ahí. Finalmente la fiscalía detallo los casos de violación sexual masivas de niñas, adolescentes y mujeres indígenas cometidas por el ejército en esas comunidades.
La detención arbitraria de 80 hombres maya Q’eqchi de la Aldea Pambach en agosto de 1980, el ejército llego de manera imprevista a la aldea, los soldados sacaron violentamente a los hombres de sus casas, fueron llevados a la escuela pública de la aldea, ahí los amarrón, algunos fueron golpeados y luego fueron trasladados por la tropa a una finca cercana. A las mujeres les dijeron que los llevarían a la zona militar para que prestaran el servicio militar, nunca más los volvieron a ver.
Ese día el ejercito los llevó a una finca cercana, ahí los asesinaron brutalmente, cuando entro la noche del 2 de agosto, en camiones comando el ejército lanzo los cuerpos ya sin vida, los llevaron a la zona militar número 21 en Cobán Alta Verapaz y ahí los enterraron en varias fosas clandestinas.
Todos los hombres que fueron secuestrados y desaparecidos en la Aldea de Pambach fueron exhumados en la fosa No. 17 en donde hallaron 64 osamentas en la zona militar No. 21 Creompaz, Ovalle Salazar también es responsable por las violaciones sexuales que el ejército cometió el día de la detención de los hombres de la aldea, violaron sexualmente a muchas mujeres, el MP narro como se dio el caso de varias niñas de 12 años quienes fueron violadas frente a sus madres, cuando al mismos tiempo eran violadas por otros soldados.
Ovalle Salazar dispuso el traslado de los cuerpos de los hombres asesinados, enterrados dentro de la zona militar en Cobán Alta Verapaz, con el aval y respaldo de los jefes superiores de Ovalle Salazar.
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Algunos nombres de quienes no pudieron ocultar
Emilio Velásquez, Alberto Chub Quin, Mateo Chub Ich, Juan Chub Ich, Leoncio Chub Ich, Miguel Jalal Jalach, Oscar de la Cruz Chomo, Isabel Ti Gualin madre de Marcela Ti (hija), Hugo Rolando Coy Cu, Martina Rojas, Magdalena Chen Iboy, Filiberto Pocasangre Hernández, Juan Caal Calal, Abelino Cojoc, Pedro Chiquin Bin, Baldomero Chiquin, Domingo Cho Cuc, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Calistro Chiquin, Eleuterio Caál Quib, Juan Calel Cal, Atanasio Xuc Mos, Alberto Batz Cal, Andrés Max Benito Jalal, Julián Caál Chiquín, Fernando Choc Cuc, Arnoldo Max Tot, Alfonso Cho Já, Esteban Tul, Héctor Mos Caál, Paulino Xoná Coy, Martín Caál Tul, Francisco Já Gualib, Ricardo Caál Mox, Domingo Mos Caál, Tomás Mos Coc, Fernando Cal Jalal, Clemente Choc Cuc, Juan Jalal Caál, Santiago Max Tul, Oscar Max Tot, Vicente Caál Mo, Julian Calach Calal, Alberto Cal Xuc, Federico Tul Coy, Emilio Velásquez Tilom, Alberto Chub Quim, Juan Chub Quim, Lorenzo Chub Quim, Mateo Chub Quim, Cristobal Moran Mo, Leonzo Chub Quim, Mateo Chub Ix, Miguel Jalal Calach, Francisco Jalal Velasquez, Felipe Suram Gualib, Heriberto Can.
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Cesar Augusto Cabrera Mejía, FCN y el gobierno de Jimmy Morales
En las elecciones recientes en 2015, la creación de un partido nuevo, Frente de Convergencia Nacional FCN salto inmediatamente a la opinión pública al revelarse la presencia de oficiales del ejército vinculados a la zona militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz y del pasado de terror que muchos de estos oficiales tienen pendiente aún con la justicia.
“elPeriódico trató de entrevistar al general Luis Felipe Miranda Trejo y al coronel César Augusto Cabrera Mejía, quienes de acuerdo a documentos desclasificados y recopilados por el National Security Archive (NSA), dirigieron la Sección de Inteligencia (S2) del destacamento de Cobán entre 1982 y 1983.
Cabrera Mejía estuvo en la Zona Militar 21 entre 1982 y 1983, donde ocupó los cargos de oficial de inteligencia (S2), de personal (S1) y logística (S4). Él fungió, además, como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (1989-1990) y director de Inteligencia (D2), entre 1990 y 1991, y pasó por gran parte de los destacamentos del país.”
Con Cabrera Mejía también se encuentra en el partido FCN Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fungió como Oficial de Operaciones (S3) en la zona militar No. 21 en Cobán Alta Verapaz, ahora es diputado electo en el Congreso de la Republica, es secretario general del partido FCN y es quien conduce las riendas de ese partido, incluso de la agenda del presidente, el MP no logró retirarle el derecho de antejuicio.
En una investigación hecha por El Observador se describe un listado de oficiales del ejército vinculados con el presidente Jimmy Morales, mismo que negó en repetidas ocasiones que FCN tuviera vínculos con militares:
“Muy cercano a Morales estaría César Augusto Cabrera Mejía, militar de la Promoción 72, la misma de Quilo Ayuso. Morales lo había mencionado, de ser electo Presidente de la República, como su Ministro de Gobernación. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Cabrera Mejía ha sido asesor del Ministerio de Salud.
Con sobrenombre Nito, Cabrera Mejía fue Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial y Director de la G-2 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y de la Desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De esa cuenta, fue parte de esa estructura político-militar que estaba a cargo de la seguridad del Estado en momentos en que ocurrieron varios asesinatos prominentes como los de la antropóloga Myrna Mack y del periodista Julio González Gamarra, así como también el atentado contra el periodista Byron Barrera en el que perdió la vida su esposa, hechos que ocurrieron en 1989.”[1]
Fotografías de Nelton Rivera.
[1] Telesurtv. Los nexos de Jimmy Morales que no causan risa. http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Nexos-de-Jimmy-Morales-que-no-dan-risa-20151023-0096.html
La crueldad de ultrajar a las mujeres será considerado siempre un crimen contra la humanidad
Por: Rigoberta Menchu.
Los crímenes cometidos contra las mujeres mayas de la comunidad de Sepur Zarco ha consternado una vez mas a la humanidad. Durante muchos años movimientos de mujeres en todo el mundo luchan en contra de la esclavitud de mujeres como objetivos bélicos en áreas de conflicto. La crueldad de ultrajar a las mujeres será considerada siempre un crimen contra la humanidad, condenable y en donde la justicia ha de ser una realidad para recuperar la dignidad de las mujeres. Hago un llamado a todas las mujeres de Guatemala y el mundo, a solidarizarse con las víctimas y acompañar el desarrollo del debate oral y publico del caso Sepur Zarco.
Aquí están ellos, aquí están sus huesos
Por: Nelton Rivera.
El juicio por el caso Sepur Zarco lleva ya más de una semana de haber empezado, se está juzgando a un coronel y a un comisionado militar[1], los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres.
Durante dos días el 10 y 11 de febrero fueron presentadas ante el Tribunal las osamentas de 38 personas desaparecidas en la Finca Tinajas de Panzós Alta Verapaz y en el destacamento militar en Sepur Zarco en El Estor Izabal.
Los peritos iban abriendo caja por caja, iban sacando los huesos, restos de ropa, zapatos o porta documentos, fueron siete las osamentas encontradas en la exhumación en Sepur Zarco, solamente cinco osamentas fueron las que el tribunal recibió hoy como prueba, faltaron dos, estas ya fueron identificadas y por eso se entregaron a sus familias.
Ellos eran cinco, llegaron en cinco cajas de cartón. Cada caja lleva escrito letreros que describen donde los encontraron, la fecha, y el código que la Fundación de Antropología Forense le asigna a cada exhumación.
Ellas, sus esposas en 1982 cuando no los vieron regresar se preocuparon, una corazonada les oprimió el pecho supieron que algo andaba mal y salieron a buscarlos, fueron a preguntar al destacamento militar en la aldea Sepur Zarco, jamás los volvieron a ver. Durante varias décadas lucharon por encontrarlos.
Un señor que vive en la aldea Sepur Zarco dentro de su terreno estaba haciendo una letrina, cuando encontró restos de ropa y un poco más abajo había varios huesos. El se asustó y dio el aviso de lo que había descubierto. Casualmente en este lugar estuvo el destacamento militar.
En 1982 el ejército había instalado el destacamento en esa comunidad. Durante seis meses fue obligada mucha gente Q’eqchi a construirlo, se sabe que eran varias comunidades, y levantaron a mano piedra por piedra.
Una vez construído los hombres de la comunidad Sepur Zarco empezaron a desaparecer. Entonces sus familiares en particular las mujeres comenzaron a buscarlos en el destacamento porque sabía que los militares se los habían llevado. Cuando los soldados iban a buscar a los hombres para llevarselos, cuentan testigos que iban guiados por “el canche” Asij que era el comisionado militar.
A ellas las violaban cuando se llevaban a sus esposos, o al saber que se habían quedado solas, también cuando iban al rio, cuando iban solas por los caminos. Muchas de ellas fueron obligadas a hacer trabajo forzoso para los soldados en el destacamento, a cocinarles a lavarles la ropa.
Treinta y cuatro años después las mujeres Q’eqchi´ lograron sentar en un tribunal a dos de los responsables del terror que vivieron en carne propia, sobre su piel: un teniente coronel y un comisionado militar.
En este juicio se está discutiendo acerca de la verdad histórica, los testimonios de las mujeres han sido contundentes, los siguientes días se esperan peritajes y más testigos.
Aquí están ellos, aquí están sus huesos.
[1] El subteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdez Asij, el Canche Asij. Acusados por delitos de lesa humanidad, asesinato, deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud sexual.
Sepur Zarco: “les dije soy una autoridad comunitaria y nunca me creyeron”

Don Manuel Cu ante el Tribunal de Mayor Riesgo A
Por: Nelton Rivera.
“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”
Manuel Cu fue el quinto testigo que declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A el día 2 de febrero 2016, presidido por la juez Yassmin Barrios, e integrado por los jueces Patricia Bustamante y Gerbi Sical en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.
Don Manuel nació en el municipio de Senahú del departamento de Alta Verapaz, él es maya Q’eqchi, es agricultor, toda la vida se dedicó a trabajar la tierra y en los momentos más difíciles de la guerra exigió y peleó la propiedad de la misma.
Viajó desde su comunidad en Panzós Alta Verapaz hasta la ciudad capital, con seguridad no es la primera vez que lo hace, esta vez, dará su testimonio frente a la juez Yassmin Barrios, declarará sobre los hechos ocurridos en 1982 en su comunidad San Miguelito, hablará sobre las atrocidades cometidas por el ejército de Guatemala en contra de la población civil.
Su piel es oscura, su pelo está cubierto ya de canas blancas, él es testigo, vivió en carne propia la crueldad del ejército, frente a él se encuentra el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, el temido “Canche Asij.”
Manuel con su semblante de hombre adulto se mantuvo sereno, en su rostro se marcan ya los surcos de toda una vida de trabajo en el campo y del avance de los años, pasaron ya 34 años cuando conoció a los dos personajes que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, deberes contra la humanidad, desaparición forzada, esclavitud y violación sexual entre otros, don Manuel era joven cuando todo esto sucedió en 1982.
De la detención arbitraria a la tortura
Don Manuel fue electo como alcalde de su comunidad en San Miguelito, como autoridad comunitaria planificó un viaje al municipio de El Estor en el departamento de Izabal en el caribe guatemalteco.
Su viaje tuvo como motivo el nombramiento de un nuevo comisionado militar para su comunidad, al llegar al destacamento militar en El Estor se presentó como Alcalde Auxiliar de la comunidad, “el jefe de comisionados militares me dijo, vos no tenes nada que hacer aquí, vos no sos autoridad de nada, lo que sos es un delincuente”, don Manuel decidió retirarse del destacamento.
Unos pocos minutos habían pasado de su desencuentro con el jefe de comisionados militares, cuando se percató que varios soldados venían detrás de él, lo alcanzaron, lo detuvieron y lo llevaron al destacamento militar de vuelta.
Sin ningún motivo, lo amarraron contra un tubo en el interior de la instalación militar, los soldados comenzaron a golpearlo, “fui embrocado contra el piso, me patearon en el estómago, en la espalda, en los brazos”, luego sintió como lo golpeaban nuevamente con los extremos de sus armas.
“me amarraron las manos contra los pies y ahí me retuvieron, me dijeron los soldados vas a tener que esperar a que regrese el oficial, salió de patrullaje al Polochic y tenés que esperar a que regrese.”
Pasaron las horas, don Manuel seguía tirado con las manos y pies amarrados, cuando el oficial volvió de patrullar, fue golpeado de nuevo, escuchó varias voces que le gritaban “vos venís de la montaña.”
Luego escuchó la orden “un día más y te vas en el guardacostas para Pataxté”, el “guardacostas” es un buque militar encargado del patrullaje de la costa del Atlántico o del Pacifico del país.
Lo trasladaron en el buque, al llegar lo siguieron golpeando, de los golpes pasaron a la tortura, “me colocaban un hule en el cuello, mis ojos comenzaron a ver luces de colores”, así lo hicieron varias veces, durante varios días. Don Manuel recuerda que lo tiraron adentro de una lona y ahí lo tuvieron.
“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”
Para él fue muy doloroso el volver a recordar todo el sufrimiento que vivió retenido por los militares, “para mí es como lastimarme el pie y arrancarme de golpe la costra, uno vuelve a sangrar.”
“Esto vengo a declarar en esta ocasión, lo que me hicieron fue muy doloroso. Yo les decía soy una autoridad comunitaria, nunca me creyeron y todo eso fue muy doloroso.”
El ejército lo retuvo durante 45 días con algodones puestos sobre los ojos, para sostenerlos los amarraron con cinta adhesiva, él desconoce hasta la fecha por qué lo detuvieron y lo acusaron de ser un delincuente, si él al igual que otros líderes comunitarios estaban realizando las gestiones ante el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, la comunidad estaba exigiendo la legalización de la tierra de San Miguelito, luego entendió que el ejército estaba ahí para defender a los terratenientes.
El destacamento militar de Sepur Zarco
Él supo que construyeron un destacamento militar en Sepur Zarco, supo también que los soldados que lo golpearon y torturaron múltiples veces eran de ese destacamento, también que el oficial que estaba al mando era el teniente coronel Esteelmer Reyes, mientras estuvo ahí detenido escucho muchas veces su nombre.
Un día los soldados lo sacaron del destacamento y lo llevaron a la comunidad San Miguelito, su comunidad, ellos querían que don Manuel señalara a otras personas, los militares esperaban dar con los guerrilleros. “Ellos querían que diera el nombre de las personas que vivían en ese lugar y yo no lo hice porque todos somos hijos de Dios. Sé que la gente de la comunidad está agradecida conmigo porque yo los protegí y por eso ellos también están vivos.”
Recuerda que en ese período, en 1982, el presidente era Ríos Montt, por eso lo responsabiliza de todo el daño que él sufrió, y del daño que sufrió el pueblo Q’eqchi en las comunidades.
Mientras don Manuel va narrando, el traductor va haciendo la pausa para traducir del idioma Q’eqchì al castellano, mientras eso sucede en la sala, varias mujeres con sus rostros cubiertos por telas dejan escuchar su llanto.
Recuerda que en su comunidad don Santiago fue nombrado comisionado militar, a él lo capturó el ejercito, lo desapareció y nunca supieron en donde quedó su cuerpo, la gente por el temor de correr con la suerte de muchos detenidos desaparecidos, decidieron huír de las comunidades, subieron a la montaña para esconderse.
También supo de una señora que era hija de doña Julia, ellas eran mozos colonos en la finca, las trasladaron a la comunidad en donde ellos vivían, era una mujer con varios hijos. Cuando don Manuel regresó del destacamento militar supo que a ella los soldados la mataron.
Don Manuel retoma su declaración, “el Canche es responsable de muchas vidas allá” una afirmación que deja en silencio por completo la sala. La gente de su comunidad le pidió que se mantuviera en el cargo a pesar de haber vivió la tortura en el destacamento militar, de esa cuenta don Manuel terminó su período como alcalde auxiliar de San Miguelito.
Respondió a las preguntas de la fiscal del Ministerio Público, también a las preguntas de las abogadas querellantes y la de los abogados defensores de los dos acusados, se levantó, camino hacia uno de los costados de la sala de audiencias y salió.