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Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno

Prensa Comunitaria Km. 169

Prensa Comunitaria Km. 169

 

Por: Nelton Rivera.

Dos días le ha tomado a la fiscalía del Ministerio Publico MP individualizar las responsabilidades penales a cada uno de los 10 de 14 oficiales del alto mando del ejército guatemalteco involucrados en varios delitos de desaparición forzada, delitos de deberes contra la humanidad considerados de lesa humanidad y crímenes de guerra, la fiscalía aún no concluye. Estos delitos fueron cometidos durante los años de 1978 a 1982 en Alta Verapaz y Baja Verapaz, como epicentro la zona militar No. 21. Los militares querían “quitarle el agua al pez”; una estrategia conocida como tierra arrasada contra la población civil con el pretexto de combatir a las guerrillas, lo ocurrido en la Zona Militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” es un claro ejemplo de las dimensiones desproporcionadas de la represión contra el pueblo maya Q’eqchi, Achí, Pocomochí, Ixil y Kiché en esta área.

Durante largas jornadas de 10 o 12 horas el Tribunal de Mayor Riesgo “A”,  ha escuchado a las dos fiscales del MP describir la acusación delito por delito, caso por caso, a varios de los oficiales, aún no concluye el MP y las familias de sobrevivientes de la guerra aun aguardan por la justicia o por lo menos que el proceso avance.  El Caso Creompaz como se le llama al proceso penal contra 14 oficiales detenidos en enero del 2016 se encuentra en la etapa intermedia o fase conclusiva, en esta etapa la fiscalía ira detallando los medios de prueba, el paso siguiente será que la Juez Claudette Domínguez quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo A decida enviar a los 10 militares acusados de ir a un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia.

Varios de estos militares acusados tienen vínculos con el partido político FCN, fueron sus financistas, tienen vinculación con el ahora presidente James Ernesto Morales “Jimmy Morales”, con alcaldes, gobernadores y diputados en el Congreso de la República electos por ese partido.

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Van dos días de fase intermedia  

Los abogados de la defensa, abogados de los querellantes, fiscales del MP, oficiales del Organismo Judicial, familiares de los desaparecidos y víctimas de la guerra, observadores de derechos humanos y la prensa fueron testigos del segundo día dedicado a la fase intermedia este jueves 5 de mayo en la sala de audiencias del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad capital.

La audiencia fue programada para las 8 de la mañana, pero nuevamente comenzó con una hora de retraso, la primera etapa de esta audiencia se realizó el martes 3 de mayo, las dos audiencias han sido completamente maratónicas, jornadas de 12 horas ha realizado la juez Claudette Domínguez para garantizar la justicia pronta y cumplida insiste la juez.

El cansancio en las audiencias es notorio en los abogados, en los de la defensa y en los que querellantes, a cada jornada hay que sumarle el calor que azota al país, las altas temperaturas registradas se hacen sentir en una sala cuya ventilación es limitada, luego del medio día, en el público se van cerrando los ojos de algunas personas, otras caen ante el cansancio y el sueño provocado por el calor de la sala, más de alguno de los asistentes se queda dormido por algunos instantes, durante el segundo día de la fase intermedia quedaron muchas sillas vacías, quienes apoyan a los militares procesados esta vez no asistieron a la sala.

La audiencia finalizo a las 5 de la tarde, la juez la suspendió para continuarla  el viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana.

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¿Quiénes son los militares acusados?

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López.

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La comunidad “Los Encuentros” de Río Negro Baja Verapaz

La presentación de todos los casos por los que el MP está  acusando al oficial Cesar Augusto Cabrera Mejía, le tomo dos días, sobre él pesan la detención y desaparición de 128 casos de indígenas Pocomchí, Achí y Q’eqchí identificadas entre 588 osamentas que fueron exhumadas en el año 2012 en 85 fosas clandestinas dentro de la zona militar No. 21 actualmente Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz –CREOMPAZ-, más del 50% de las osamentas develaron señales de tortura, la mayoría tenia vendados los ojos, mordazas en la boca y las manos amarradas con lazos sintéticos.

De los hechos más impactantes descritos en estas audiencias está la masacre de la comunidad Los Encuentros en Río Negro en Rabinal Alta Verapaz en mayo de 1982, de cómo fueron trasladas en helicópteros artillados muchas personas para la base  militar en Cobán Alta Verapaz y de como nunca regresaron hasta el año 2012 cuando se realizó la exhumación de 85 fosas clandestinas en esa zona militar, 64 osamentas fueron halladas en la fosa número 17, las mujeres que se opusieron fueron violadas por los soldados.

Desde el día 3 de mayo inicio la acusación contra Cesar Augusto Cabrera Mejía, pero fue hasta  las cuatro de la tarde del jueves 5 de mayo que la fiscalía del MP concluyo con la acusación de Cabrera Mejía, luego llegó el turno del coronel Juan Ovalle Salazar, quien era el comandante del batallón, el MP lo responsabilizo de los hechos ocurridos en Agosto de 1982 en la Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz.

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La Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz

La fiscalía del MP realizó la imputación de los delitos contra Juan Ovalle Salazar; fue detallando los casos de los hombres detenidos desaparecidos de la Aldea Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz cuando el ejército en agosto de 1982 secuestro a 80 hombres de la aldea, los masacro y luego los traslado a la zona militar en Cobán para ocultarlos ahí. Finalmente la fiscalía detallo los casos de violación sexual masivas de niñas, adolescentes y mujeres indígenas cometidas por el ejército en esas comunidades.

La detención arbitraria de 80 hombres maya Q’eqchi de la Aldea Pambach en agosto de 1980, el ejército llego de manera imprevista a la aldea, los soldados sacaron violentamente a los hombres de sus casas, fueron llevados a la escuela pública de la aldea, ahí los amarrón, algunos fueron golpeados y luego fueron trasladados por la tropa a una finca cercana.  A las mujeres les dijeron que los llevarían a la zona militar para que prestaran el servicio militar, nunca más los volvieron a ver.

Ese día el ejercito los llevó a una finca cercana, ahí los asesinaron brutalmente, cuando entro la noche del 2 de agosto, en camiones comando el ejército lanzo los cuerpos ya sin vida, los llevaron a la zona  militar número 21 en Cobán Alta Verapaz y ahí los enterraron en varias fosas clandestinas.

Todos los hombres que fueron secuestrados y desaparecidos en la Aldea de Pambach fueron exhumados en la fosa No. 17 en donde hallaron 64 osamentas en la zona militar No. 21 Creompaz, Ovalle Salazar también es responsable por las violaciones sexuales que el ejército cometió el día de la detención de los hombres de la aldea, violaron sexualmente a muchas mujeres, el MP narro como se dio el caso de varias niñas de 12 años quienes fueron violadas frente a sus madres, cuando al mismos tiempo eran violadas por otros soldados.

Ovalle Salazar dispuso el traslado de los cuerpos de los hombres asesinados, enterrados dentro de la zona militar en Cobán Alta Verapaz, con el aval y respaldo de los jefes superiores de Ovalle Salazar.

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Algunos nombres de quienes no pudieron ocultar

Emilio Velásquez, Alberto Chub Quin, Mateo Chub Ich, Juan Chub Ich, Leoncio Chub Ich, Miguel Jalal Jalach, Oscar de la Cruz Chomo, Isabel Ti Gualin madre de Marcela Ti (hija), Hugo Rolando Coy Cu, Martina Rojas, Magdalena Chen Iboy, Filiberto Pocasangre Hernández, Juan Caal Calal, Abelino Cojoc, Pedro Chiquin Bin, Baldomero Chiquin, Domingo Cho Cuc, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Calistro Chiquin, Eleuterio Caál Quib, Juan Calel Cal, Atanasio Xuc Mos, Alberto Batz Cal, Andrés Max Benito Jalal, Julián Caál Chiquín, Fernando Choc Cuc, Arnoldo Max Tot, Alfonso Cho Já, Esteban Tul, Héctor Mos Caál, Paulino Xoná Coy, Martín Caál Tul, Francisco Já Gualib, Ricardo Caál Mox, Domingo Mos Caál, Tomás Mos Coc, Fernando Cal Jalal, Clemente Choc Cuc, Juan Jalal Caál, Santiago Max Tul, Oscar Max Tot, Vicente Caál Mo, Julian Calach Calal, Alberto Cal Xuc, Federico Tul Coy, Emilio Velásquez Tilom, Alberto Chub Quim, Juan Chub Quim, Lorenzo Chub Quim, Mateo Chub Quim, Cristobal Moran Mo, Leonzo Chub Quim, Mateo Chub Ix, Miguel Jalal Calach, Francisco Jalal Velasquez, Felipe Suram Gualib, Heriberto Can.

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Cesar Augusto Cabrera Mejía, FCN y el gobierno de Jimmy Morales

En las elecciones recientes en 2015, la creación de un partido nuevo, Frente de Convergencia Nacional FCN salto inmediatamente a la opinión pública al revelarse la presencia de oficiales del ejército vinculados a la zona militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz y del pasado de terror que muchos de estos oficiales tienen pendiente aún con la justicia.

 “elPeriódico trató de entrevistar al general Luis Felipe Miranda Trejo y al coronel César Augusto Cabrera Mejía, quienes de acuerdo a documentos desclasificados y recopilados por el National Security Archive (NSA), dirigieron la Sección de Inteligencia (S2) del destacamento de Cobán entre 1982 y 1983.

Cabrera Mejía estuvo en la Zona Militar 21 entre 1982 y 1983, donde ocupó los cargos de oficial de inteligencia (S2), de personal (S1) y logística (S4). Él fungió, además, como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (1989-1990) y director de Inteligencia (D2), entre 1990 y 1991, y pasó por gran parte de los destacamentos del país.”

Con Cabrera Mejía también se encuentra en el partido FCN Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fungió como Oficial de Operaciones (S3) en la zona militar No. 21 en Cobán Alta Verapaz, ahora es diputado electo en el Congreso de la Republica, es secretario general del partido FCN y es quien conduce las riendas de ese partido, incluso de la agenda del presidente,  el MP no logró retirarle el derecho de antejuicio.

En una investigación hecha por El Observador se describe un listado de oficiales del ejército vinculados con el presidente Jimmy Morales, mismo que negó en repetidas ocasiones que FCN tuviera vínculos con militares:

“Muy cercano a Morales estaría César Augusto Cabrera Mejía, militar de la Promoción 72, la misma de Quilo Ayuso. Morales lo había mencionado, de ser electo Presidente de la República, como su Ministro de Gobernación. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Cabrera Mejía ha sido asesor del Ministerio de Salud.

Con sobrenombre Nito, Cabrera Mejía fue Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial y Director de la G-2 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y de la Desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De esa cuenta, fue parte de esa estructura político-militar que estaba a cargo de la seguridad del Estado en momentos en que ocurrieron varios asesinatos prominentes como los de la antropóloga Myrna Mack y del periodista Julio González Gamarra, así como también el atentado contra el periodista Byron Barrera en el que perdió la vida su esposa, hechos que ocurrieron en 1989.”[1]

Fotografías de Nelton Rivera.

[1] Telesurtv. Los nexos de Jimmy Morales que no causan risa. http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Nexos-de-Jimmy-Morales-que-no-dan-risa-20151023-0096.html

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Sepur Zarco, 34 años después.

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Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Este 1 de febrero de 2016 ha dado inicio el Juicio dentro del Caso Sepur Zarco, dónde se busca juzgar las violaciones sexuales cometidas contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal durante el año de 1982. Este destacamento era utilizado como “área de descanso y recreación” de los militares, durante los años más duros de la guerra.

En Torre de Tribunales, en la Sala de Vistas se desarrolla la audiencia de primera declaración, presentación de pruebas y alegatos iniciales del caso, el cual es conocido por las jueces Patricia Bustamante, Yassmin Barrios y el juez Gerbi Sical, del Tribunal A de Mayor Riesgo y dónde se encuentran presentes el Ministerio Público, las organizaciones querellantes y de representación de las víctimas, así como también la defensa de los militares acusados; el teniente Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes son acusados de Delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.

Después de 34 años se juzga en Guatemala por primera vez la Violación Sexual en Conflictos Armados, la cual se ha demostrado por medio de peritajes, informes y exhaustivas investigaciones, la intención de destruir a las comunidades, alterar la composición étnica de la siguiente generación, infectar de enfermedades de transmisión sexual y causar infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir, todo esto como producto de la implementación de políticas contrainsurgentes por parte de algunos Estados en época de conflicto.

Al escuchar el relato de testigos, se escuchan frases como:

“Ellos, los soldados sabían que mujeres ya no tenían esposos y decían que las mujeres solas, eran mujeres disponibles”.

O el relato de una testigo a quién dijeron: “Ya nos llevamos a tu esposo, ahora sos de nosotros”.

Por eso se afirma que este tipo de abusos se basan en el tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Algunos de estos testimonios se encuentran relatados en el octavo tomo del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – REMHI-.

Las mujeres tuvieron que hacer turnos para lavar uniformes y cocinar a los soldados sin remuneración alguna, además sufriendo violaciones sexuales en repetidas ocasiones. Esta violencia sexual fue usada por el ejército como forma de control de cualquier mujer organizada percibida como “enemiga” o “subversiva”, ya que, según los relatos de estas mujeres, muchos de los esposos, hermanos o familiares suyos estaban organizados y luchando por su derecho a la tierra. Se entiende entonces que a las mujeres se les violó para “castigar a los varones” que reclamaron sus derechos y aterrorizar a la población.

Los delitos de violación y esclavitud sexual en contextos de guerra constituyen Delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben aún con la Amnistía otorgada con la firma de la Paz. El caso de Sepur Zarco es uno de los muchos casos de violaciones sexuales durante la guerra en Guatemala y es una manifestación del papel evidente que juega el patriarcado en los conflictos armados. Porque el patriarcado y la militarización van estrechamente de la mano. Se han agredido mujeres, percibidas como posesiones masculinas y cómo una forma de humillar simbólicamente al enemigo. Y en Guatemala, ha quedado demostrado en cientos de libros, peritajes e informes, el enemigo del ejercito eran las comunidades indígenas.

Cuando violan a una mujer toda la sociedad se empobrece, el machismo es enemigo de la conciliación, no permite diálogo y no permite construir la paz. Cuando violan a una mujer todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizan, se refuerza así la lógica de la guerra, aún en tiempos de paz.

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Hoy uno de los testigos y sobreviviente. Rogelio Hüitz Chon afirmò con contundencia los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco, fue su testimonio, lo que él mismo vivió en carne propia señalando al agresor, el militar sentado en esa misma sala, ahora en el lugar de los acusados.

Análisis Jurídico de la Acción presentada por el General Alfredo Sosa Díaz en contra de la en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista.

 

 

  1. El General de División del Ejército de Guatemala, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, presentó ante la Corte de Constitucionalidad –CC- una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, el cual establece que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
  1. Sosa Díaz aduce que tal artículo contraviene el espíritu de la citada ley y de la Carta Magna; además, alega una serie de consecuencias políticas por su vigencia. Su propósito es que la CC expulse la norma del ordenamiento jurídico, para que los 18 ex oficiales que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno se puedan acoger a la amnistía que la citada ley otorga, por la comisión de delitos políticos y conexos.
  1. El Alto Mando del Ejército se deslindó de la acción de Sosa Díaz, y el Ministro de la Defensa declaró que analiza con sus asesores legales si el Jefe Militar será sancionado.
  1. La acción de inconstitucionalidad no tiene viabilidad jurídica, ya que la normativa y la jurisprudencia internacional prohíben amnistiar delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, son imprescriptibles; en ese mismo sentido se ha pronunciado la CC en varias sentencias.
  1. En los medios de comunicación se ha argumentado que el General Sosa actuó a título personal. En el siguiente apartado analizo si un oficial en activo del Ejército de Guatemala puede actuar como ciudadano, máxime si tiene a su cargo el mando de todas las unidades militares del país. La cuestión, además de las aristas jurídicas, tiene importantes efectos político-institucionales, en el marco de una coyuntura de gran tensión.
ElPeriodico

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Análisis Jurídico. 

  1. El marco legal del Ejército de Guatemala está regulado en una normativa amplia. Para el caso objeto de análisis, se considera lo establecido en:
  1. los Art. 244 al 250 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
  2. la Ley Constitutiva del Ejército,
  3. el Código Militar,
  4. el Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz y en
  5. el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Asamblea General de la ONU, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979.
  1. La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), en el Arto. 244 establece que “El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. […] Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”. (Resaltados nuestros).
  1. El Arto. Artículo 248 constitucional establece que Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia políticaTampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. (Resaltados propios).
  1. Nótese que en este artículo y el anterior, la CPRG prohíbe que los militares ejerzan cinco derechos constitucionales (participación política, deliberación-opinión, sufragio, petición política y petición colectiva) por estar en servicio activo
  1. En el Art. 250 de la CPRG se estatuye que “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”.
  1. Los anteriores preceptos constitucionales son retomados por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto Legislativo 72-90); en el Artículo 1° establece que “El Ejército de Guatemala es la Institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. (Resaltados nuestros).

En el Arto. 3 estatuye: El Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos militares. Se denominará únicamente -Ejército de Guatemala-”.

Quiénes integran el EG está normado en el Arto. 6[1]: “Son integrantes del Ejército de Guatemala, los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Caballeros Cadetes, Caballeros Alumnos de los centros de educación e instrucción militar, Especialistas, Elementos de Tropa y demás personal que pertenezca a la Fuerza Permanente”.

En el Arto. 7, taxativamente establece: “Los integrantes del Ejército de Guatemala son apolíticos, obedientes, no deliberantes y deben estar comprendidos en lo establecido por el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.(Resaltado nuestro).

  1. De acuerdo a las normas supra citadas, se puede establecer que el General de División, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es integrante del Ejército de Guatemala y, por normas constitucionales y legales, debe ser apolítico, obediente y no deliberante. Además, pertenece a una organización que es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
  1. Siguiendo lo establecido en la Ley del OJ para la interpretación de la Ley, citamos que en el DRAE se define que deliberar es Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión”, lo cual está prohibido por la CPRG al EG y, por ende, a sus miembros, pues tal prohibición es la base de la obediencia y la jerarquía. En este caso, Sosa Díaz considera detenidamente el pro y el contra de una norma que le obliga, y acciona legalmente en contra de ella.
  1. El Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz (en adelante el Reglamento) es aún más restrictivo, el cual es constitucionalmente mandatorio por la disposición del Arto. 250 de la Carta Magna. En su Arto. 333 el Reglamento establece que “El más grave cargo que se puede hacer a un oficial y muy particularmente a los que desempeñan puestos de mayor responsabilidad (como el Jefe del EMDN), es el de no haber dado cumplimiento a las leyes y reglamentos, disposiciones y órdenes vigentes de sus superiores. La más exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental de la disciplina y del servicio militar”.
  1. El Arto. 355 del Reglamento restringe aún más la libertad de acción de que Sosa Díaz hizo uso, al estatuir que “Queda prohibido a todo militar en servicio activo formar parte de asociaciones[2], manifestaciones políticas o de otra naturaleza[3] que se contravengan con la lealtad y subordinación que exige el ejército […] o cometer actos que relajen la subordinación inherente a un ejército. Tampoco podrá entrar en polémicas, ni externar opinión alguna por cualquier medio, sobre asuntos del servicio o que de alguna manera ataque o censure las leyes de la república o asuntos del gobierno. El que contravenga estas disposiciones debe sancionarse de conformidad con el código militar”. (resaltados propios).
  1. Las leyes y reglamentos militares limitan la libertad de acción personal de los elementos castrenses, al grado que para poderse casar, un oficial subalterno debe contar con permiso de sus superiores (Arto.782 del Reglamento); igualmente, para darse de baja del EG, cualquier oficial o especialista debe contar con aprobación del Ministerio de la Defensa (Artos, 82 y 84 de la Ley Constitutiva, respectivamente). En consecuencia, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional no puede aducir que actuó a título personal al impugnar una ley tan relevante y polémica, en una coyuntura política álgida, porque la normativa citada se lo prohíbe.
  2. De acuerdo a lo establecido en el Arto. 22 de la Ley Constitutiva del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene bajo su mando a todas las unidades militares; por consiguiente, la intervención jurídica del General Sosa Díaz en el juicio contra 18 mandos militares durante el Conflicto Armado Interno, podría tipificar una clara violación a varias garantías constitucionales, pues atenta contra la independencia del Organismo Judicial (Arto. 203), y a quien así procediera, “además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. Asimismo, al Jefe del EMDN, la Carta Magna le señala que como funcionarios “son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” (Arto. 154).
  1. Además de las ilegalidades citadas, Sosa Díaz contravino normas internacionales. Como ya se citó en el numeral 2, la Carta Magna le asigna funciones de seguridad interior al EG (Arto. 244), por lo que todos los militares guatemaltecos están obligados a acatar lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, de acuerdo a lo establecido en el numeral b) del Artículo 1: En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”.
  1. En su Arto. 2, el Código postula que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Los derechos humanos que Sosa Díaz está obligado a defender, están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este sistema normativo condena la impunidad y establece que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y el genocidio son imprescriptibles y no pueden estar contenidos en ninguna ley de amnistía, como pretende el Jefe del EMDN con su acción de inconstitucionalidad, presentada para expulsar el Arto. 8 de la Ley de Reconciliación, que precisamente reafirma esta prohibición.

  1. Finalmente, el Arto. 5 del Código supra citado, establece que “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Resaltados nuestros).

Esta prohibición que el General Sosa Díaz violentó en su alegato jurídico-político, dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Conclusiones

  1. Del análisis jurídico realizado, concluyo que la acción procesal del General Sosa Díaz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, violentó una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que debiera ser destituido y podría ser sancionado de acuerdo al Código Militar.
  1. Más allá de los aspectos jurídicos, que no son menores, el militar ha agravado la tensión política y, a la vieja usanza, se ha negado a someterse al imperio de la Ley, amenazando la débil institucionalidad que, con enormes esfuerzos, hemos construido, y ahora nos empeñamos en consolidar, para que haya verdad, reparación y garantías de no repetición, en la perspectiva de afianzar un Estado pluricultural y democrático de Derecho.

Guatemala, 13 de enero de 2016.

[1] Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 79-95 del Congreso de la República.

[2] Como la asociación que el Jefe del EMDN estableció con AVEMILGUA y la Fundación Contra el Terrorismo, a quienes llamó como terceros con interés.

[3] Como pedir la expulsión de una norma que impide la impunidad en casos de genocidio o desaparición forzada.

Santiago Atitlán: 2 de diciembre de 1990

santiago

02 de Diciembre 1990 – Santiago Atitlán | Memoria Histórica

Texto por Nelton Rivera, video por Rosanda Pacay.

Uno de los lagos más bellos del mundo se encuentra ubicado en el centro de un cinturón de tierra que une al norte con el sur de América. La Sierra Madre atraviesa por completo a Centroamérica con una serie de cordilleras montañosas, en su extremo norte está Guatemala; Atitlán se encuentra en la región sur occidental del país, llegar a Sololá puede tomar 3 o 4  horas de camino desde la capital hasta la orilla del lago.

El lago está vigilado por tres volcanes, San Pedro, Toliman y Atitlán, con ellos está presente la riqueza ancestral de cada uno de los tres pueblos indígenas que la habitan; Kaqchikel, Tz’utujil y Kiche, en uno de sus poblados ocurrió la masacre de 13 personas el 2 de diciembre de 1990.

Circulando al lago descanasan trece poblados, cada uno de estos recibió el nombre de apóstoles y santos de la Iglesia Católica; San Pedro, Santiago, San Pablo, San Jorge, San Andrés, Santa Catarina y otros más, todo esto producto de la evangelización a esta región durante la colonia.

El pueblo maya Tz’utujil de Santiago Atitlan conmemora cada segundo día de cada mes con una misa en memoria de todas aquellas personas que fueron víctimas de la represión del ejército guatemalteco, este mes se cumplen 25 años.

Para ellos y ellas la memoria histórica es tan vital como el agua, como el lago. Cada 2 de diciembre conmemoran la memoria, aquí nadie olvida, aquí la vida se sobrepone al odio de los autores materiales e intelectuales de la represión.

En el parque central de Santiago Atitlán siempre hay flores, siempre hay velas por las trece personas que el día 2 de diciembre de 1990 perdieron la vida, los fusiles accionados por orden de un oficial se las arrebataron.

La decisión de toda la población se tradujo en la expulsión del ejército en Santiago Atitlán,  miles de indígenas demandaron al Estado la expulsión del destacamento militar, la autoridad comunitaria y municipal elaboraron una carta, mucha gente la firmó, firmas y huellas digitales sobre papel dan cuenta de esto, tan solo dos días después en Europa una nota de prensa en El País denunciaba la continuidad de la violencia “Los soldados dispararon contra una multitud desarmada”

“A lo largo de la mañana del domingo, cerca de 15.000 vecinos, de una población de 40.000, firmaron un documento dirigido al presidente de la República, Vinicio Cerezo, y al ministro de Defensa exigiendo la retirada inmediata de la guarnición militar en Santiago Atitlán y del destacamento de la policía, acusado de múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos” El País.

Rosanda Pacay es la autora de un hermoso documental nos trasladara 25 años atrás en el tiempo, nos sumergirá en lo difícil de vivir durante toda una época, los tiempos de la represión militar en Guatemala; ella logró a través del testimonio de dos personas quienes son testigos presenciales de la masacre, ambos eran niños, los dos sobrevivientes se rencontraron tiempo despúes, uno le salvo la vida al otro.

Este es tan sólo un capítulo de muchos más, de cientos de historias, de muchas voces, de muchos testimonios que dan cuenta de lo vivido por miles en las ciudades y en los departamentos de Guatemala, este material forma parte del largo camino de la memoria colectiva de este país, Rosanda Pacay una mujer maya Tsutujil nos permite caminar unos pasos en este trayecto.

Totonicapán: doña Joséfa una de las voces que exigen justicia

doña Josefa

“Tan siquiera mí esposo estuviera en la cárcel, lo voya ir a ver, o lo voy a sacar de la carcel, tan siquiera tuviera deuda y le voy a ir a pagar su deuda… Hay momentos cuando tengo yo mucha necesidad, tan siquiera pudiera hablar con mi esposo así por teléfono, cuándo hay cosas que necesito solucionar.

O tan siquiera estuviera mi esposo en los Estados Unidos y poderle hablar por teléfono y ahora ya no se puede, que voy a hacer.

Lo que hago yo es que me voy al centro voy a comprar flores y me voy a pasar ahi a la tumba de él, voy a orar y me quedo unos 15 o 20 minutos y despues me regreso”.

Palabras de Doña Josefa, mujer maya Kiché de Totonicapán esposa de Jesús Caxaj, uno de los masacrados el 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska.