Archivo del sitio
Quiché: Lolita Chávez y la batalla por los bosques
Por: Nelton Rivera.
“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.
En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.
Algo está pasando en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los encargados para este departamento de ésta institución realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y delegados de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derecho de las comunidades para defender los bosques y el territorio, al mismo tiempo que personalizan las agresiones en contra de Lolita Chávez.
Frente a la diversidad de negocios que se generan con la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo una autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo, el de nuestros bienes naturales”.
La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca uno de los tantos temas que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.
En el departamento del Quiché existe una de las redes criminales más sofisticadas, en el año 2015 se publicó una investigación que confirma la existencia de esta red: En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos describe quiénes son las principales figuras de estas estructuras.
Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, y si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera y las actividades que de esta se desprenden.
La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia de organizaciones criminales como los partidos políticos Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el general Otto Pérez Molina.
Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas en el departamento del Quiché.
Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez
El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que transportan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y minutos despues el camión fue detenido para que el personal del Iban revisara la cantidad de madera en su interior. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.
Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados. Luego en el MP se presentó el señor Oscar Montealegre proietario del camión que transportaba la madera quién presentó otra denuncia en contra de varias personas del CPK.
Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:
“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.
Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones y amenazas la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.
Bajo la presión de los agentes otro de los agresores finalmente entrego su DPI y dió los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo: Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron con estos dos señores la PNC se negó a identificarlos.
Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, varias autoridades comunitarias tuvieron que hacer presión para que los agentes de la PNC asumieran atender el llamado de auxilio hecho por Lolita Chávez, no es la primera vez que los agentes de la PNC desatienden los llamados de Lolita Chávez.
Varios comunitarios denunciaron que desde ese día (23 de junio) varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas señalan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.
¿Qué está pasando con el INAB?
Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché y Abelardo Monjaras es director subregional.
Las comunidades saben que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.
Las comunidades han denunciado varias veces que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y a quienes forman parte del CPK.
En el reportaje Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio se explica la continuidad de las agresiones y amenazas en contra del CPK y específicamente en contra de la integridad de Lolita Chávez. Detrás de las agresiones están los representes de los programas del INAB en el departamento del Quiché.
Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP, fueron vistos haciendo uso del sonido y lanzando serios señalamientos en contra de la integridad de Lolita Chávez.
¿Quién esta dando los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?
En la concentración del 4 de julio también apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento[1], es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques, durante la concentración ella también emitió oponión sobre Lolita Chávez y el CPK. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, también tienen una relación laboral con la Fundación CALMECAC en 2015.
¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?
Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a denunciarlos ante la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitidas desde el año 2005.
El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento el MP la convoca para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella interpuso en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y el representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.
La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.
La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito fueron señaladas, los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.
Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché.[2]
Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porque delitos es que esta citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a que personas convocó la fiscalía distrital.
[1] Prensa Libre. Exigen la continuidad del Inab en Quiche. Oscar Figueroa. 4 de julio 2016.
[2] INAB. Documento de Plantaciones Obligatorias.
La migración es una realidad que los Estados ya no pueden seguir ocultando
Por: Marta Karina Fuentes.
En la ciudad de Guatemala, durante tres días varios representantes de las organizaciones que hacen trabajo con los migrantes en los países de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se reunieron en el marco del Encuentro Regional: “Los Derechos de las Mujeres y las Niñas en la Migración.”
En este encuentro también participaron varias personas delegadas de las Universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar y representantes de la embajada de Noruega, finalmente el viernes 29 de abril fue clausurado el Encuentro Regional, luego de 3 días de reflexiones, análisis, discusiones y articulación de acciones.
Una de las principales coincidencias fueron los desafíos regionales y cómo articular las distintas estrategias de atención a la población migrante a lo largo de toda la ruta migratoria. Estas estrategias incluyen medidas y acciones de protección, defensa, denuncia, e incidencia en legislación y políticas públicas a favor de las mujeres y niñas en la migración. Todas estas medidas deben fortalecerse e implementarse tanto en el país de origen de las personas como en los países de tránsito y de destino.
Otra de las preocupaciones regionales de los migrantes, sus familias y las organizaciones que trabajan con estas es el estatus de refugiado que adquieren miles de personas que se encuentran a lo largo del Corredor Migratorio Centroamericano. Son grupos de personas y personas individuales que están huyendo de condiciones de violencia social y económica.
Millones de personas migrantes han sigo obligadas a salir de sus tierras, comunidades y ciudades, deben dejar sus condiciones de vida, sus relaciones sociales y sus medios de sustento y se encuentran huyendo dentro de otros países, esa condición que los vulnera les convierte en refugiados y por lo tanto los gobiernos de los países de tránsito deben establecer medidas inmediatas para otorgar visas humanitarias y generar condiciones para el refugio digno.
La estrategia regional debe incluir medidas de retorno dignas al país de origen, evitar la represión de los gobiernos a través de sus fuerzas de seguridad, las redadas, los encarcelamientos, la tortura y las deportaciones, acciones de control y represión que violentan los derechos humanos de las personas migrantes.
Es necesario señalar que en los casos de deportaciones desde Estados Unidos y México, se debe exigir el cese inmediato de estas políticas de miedo y terror, porque son un trato inhumano, indigno y violatorio de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Para las delegaciones reunidas en este encuentro regional es prioritario aumentar la denuncia y el rechazo, junto a la condena de cualquier acción que criminalice a las personas migrantes, a sus familias.
Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua deben de crear programas y planes que les permitan atender de manera integral e inmediatamente a las personas están siendo deportadas, al momento del retorno a los países de origen deben muchas personas hacen su inserción a la vida social, política y económica de manera violenta con fuertes secuelas emocionales y psicológicas luego de pasar por los procedimientos migratorios para las deportaciones.
Actualmente muchas de las organizaciones sociales, religiosas, pueblos y comunidades a lo largo de la ruta migratoria, accionan en función de proteger y apoyar a las personas en migración, poniendo atención especial a mujeres y niñas. Es necesario redoblar la información para las personas dispuestas u obligadas a migrar, haciendo evidente la existencia de los centros de apoyo y casas del migrantes en Guatemala y México.
Las cifras son alarmantes en el tema migratorio, los casos de violaciones a los derechos humanos también, la atención y visibilización que de manera urgente necesitan las mujeres y niñas en migración no puede seguir estando si abordarse desde los gobiernos, queda a los gobiernos de la región poner atención y solución al problema para legislar y evitar la migración forzada y permitir la libre migración de hombres, mujeres, niños y niñas.
Una fotografía esperando por Rosalina Tuyuc
Por: Glenda García.
¡Bienaventuradas las mujeres que luchan, porque cuando se deciden, lo levantan todo con ellas!
Y sí, la fotografía de principios de los años noventa hoy lo dice todo acerca de la lucha de las mujeres mayas, dentro de ellas Rosalina. Ella es parte del levantamiento histórico de las mujeres en Guatemala.
Siendo muy joven se involucró en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por la transformación social del país. Sufrió como tantos miles de guatemaltecos y guatemaltecas la persecución política y también la pérdida de sus seres queridos: en 1982 fue asesinado su padre, Franciso Tuyuc y en 1985 su esposo, Rolando Gómez. Desde San Juan Comalapa, Chimaltenango, inició su lucha para buscar justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la guerra en Guatemala. Como resultado de su lucha, con otras mujeres fundaron la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA- desde 1988 cuando aún no se firmaba la paz.
En el año 2000 Rosalina Tuyuc fue diputada del Congreso de la República y luego Directora del Programa Nacional de Resarcimiento. En el año 2004, como un reconocimiento a su lucha por la defensa de los Derechos Humanos, le fue otorgada la Orden Nacional de la Legión de Honor por parte del gobierno francés.
Dentro de los muchos logros de CONAVIGUA es muy importante resaltar que con su lucha y tenacidad lograron que en Guatemala se diera fin al reclutamiento militar forzoso que afectó profundamente las generaciones de hombres indígenas que fueron obligados a enfilar las tropas del Ejército y tener que ser parte de la puesta en marcha de las políticas genocidas dirigidas por las dictaduras militares en el país. Hoy el tema vuelve y nuevamente Guatemala deberá afrontar las políticas de reclutamiento militar. Ojalá la memoria sirva para dar un vistazo al pasado, aprender de él y no cometer –nuevamente- el error de condenar a las generaciones jóvenes a los horrores que produce la violencia y las guerras.
Junto con muchas otras, Rosalina Tuyuc es de las mujeres mayas que no solamente han luchado porque se haga justicia por la violencia política durante el conflicto armado interno, sino también han luchado por los Derechos Humanos de las Mujeres Mayas en el país. La exclusión y el racismo social, político y económico son profundos obstáculos que las mujeres indígenas han sufrido a lo largo de la historia.
Por si esto fuera poco, además Rosalina Tuyuc se ha caracterizado por una lucha más integral en la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Defiende desde el corazón la riqueza cultural que ha sido el sustento espiritual y material de los pueblos milenarios que están profundamente ligados a la espiritualidad, la tierra, el territorio, el arte, los lugares sagrados, etcétera. Se ha dedicado a profundizar y seguir poniendo en práctica los conocimientos de la medicina maya, desde donde ha trabajado en la capacitación de comadronas, promoviendo también que el sistema de salud pública involucre en sus políticas los conocimientos y prácticas de la medicina maya como parte de la riqueza científica y cultural heredada de nuestros antepasados.
A pocos días de la celebración del día internacional de las mujeres, en el Año Nuevo Maya, Rosalina Tuyuc ha sido galardonada con el Premio Niwano de la Paz, el cual recibirá en el mes de mayo.
El comunicado de la Fundación Niwano expresa que es la primera vez que el premio se entrega a un practicante de una tradición religiosa indígena, en el caso de Rosalina, la práctica de la espiritualidad Maya. El Comité del Premio de la Paz se expresó de ella como “un ejemplo inspirador del modo en que las víctimas de la discriminación, basándose en su fe, logran Poder al trabajar juntas, para derrotar las violaciones de los derechos humanos y revertir las causas que las han afectado profundamente”.
¡Por el derecho a la Memoria de las Mujeres que luchan para que sigan levantando el mundo con ellas!
Quauhtlemallan (Guatemala) 02 de marzo de 2012.
Sepur Zarco: todo se motivó por el interés de los terratenientes por despojar la tierra

Héctor Rosada Granados
Por: Nelton Rivera.
El 11 de febrero en el marco del Juicio Sepur Zarco asistió como perito Hector Rosada Granados convocado por las querellantes. El peritaje presentado fue acerca del «contexto sociológico militar de los hechos ocurridos entre 1972 a 1983 en el caserío Sepur Zarco de la finca San Miguel en el Estor Izabal». El fue interrogado tanto por las abogadas querellantes como por los abogados defensores de los militares y presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo A conformado por la jueza Yassmin Barrios y Patricia Bustamante y Gerbi Sical.
“… podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el Estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras, del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos.”
A sus 74 años de edad Héctor Rosada Granados se especializó como investigador social y analista político en el tema militar, es decir que él conoce a profundidad las distintas dinámicas del ejército desde su fundación y las etapas de transformación del mismo y también conoce y explica de cómo este actuó estratégicamente durante la guerra en el país.
Durante varios testimonios que se han ido presentando van saliendo los nombres de las familias que “poseían” las fincas, mismas que se beneficiaron con la represión militar en Alta Verapaz e Izabal, aunque este juicio es en contra del teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado miliar Heriberto Valdez Asij, se va revelando la participación familias como los Meagle en Alta Verapaz y los Milla en El Estor Izabal[1], también los Overdick García, los Monzón entre otros finqueros.[2]
En sus conclusiones Rosada afirmó que la exigencia de los campesinos antes mozos colonos por recuperar las tierras que les fueron despojadas a través de la organización del Comité Pro Tierras y las gestiones que estaban realizando ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) fue la razón para que “la elite terrateniente local” empujara la represión en contra de ellos.
Rosada entonces ratificó ante el tribunal el peritaje que realizó. Mientras tanto varias mujeres Q’eqchis querellantes en este juicio, escuchaban con atención sus palabras, una traductora Q’eqchi hace el intento por traducirles en su idioma materno la conversación que inicia Rosada ante el tribunal.
Rosada leyó las ocho conclusiones a las que llega en su peritaje que transcribo a continuación:
- En este momento del análisis es fundamental llegar a establecer que la hipótesis que el disparador de toda esa tragedia fue el temor e interés de los propietarios de todas las fincas afectadas “la elite terrateniente” buscando poner fin a los reclamos de titulación de tierras que hacían los pobladores organizados en el Comité Pro tierras.Esta situación típica en varios casos de la historia contemporánea en la historia de nuestro país. Podría ejemplificar a muchos de los hechos de violencia Genocida que se perpetraron en contra de la población civil no combatiente, durante el conflicto armado. Uno de los casos que ejemplifica un modus operandi militar sería el de la matanza de Panzós perpetrada 4 años antes el 29 de mayo de 1978.
- Según el registro de los hechos que analizamos, derivado de la actitud y los propósitos de los finqueros “La elite terrateniente” se estimuló a miembros de las mismas comunidades afectadas para que procedieran a poner una denuncia utilizando las estructuras locales de la contrainsurgencia de la localidad, es decir los comisionados militares quienes por intermedio del S2 de la zona militar de Puerto Barrios, trasladaron el mensaje que incluía la acusación de que los denunciados eran colaboradores de la guerrilla.
- De acuerdo a lo anterior mente indicado según a la ley respectiva, el nombramiento de los comisionados militares y de sus ayudantes, dependía de la elección que hiciera el comandante de reservas miliares del departamento. En la mayoría de los casos los elegidos eran priorizados por ser oficiales o tropa en situación de reserva, aparte era la elección y nombramiento de los colaboradores e informantes, quienes no eran considerados como miembros del ejército, aunque quedaban tácitamente autorizados para portar armas. Este podría ser el caso de algunos administradores, caporales o trabajadores de confianza de las fincas, no descarto la posibilidad de que estos últimos, pudieran haber prestado servicio militar, posiblemente hubiera sido un inteligencia de comando S2 o un agente de inteligencia G2, y conveniente para que actuara a una posición ajena a los mandos militares o como jefes de patrulla.
- El procedimiento para procesar una acusación de cualquier comisionado militar, automáticamente ubicaba a los acusados y a su entorno inmediato dentro de la posición de ser enemigo interno. Según el informe del REMHI se comprobó la existencia de redes de inteligencia militar que contaban con una extensa red de comisionados militares, encargados de recoger información sobre los movimientos de la población, para su traslado para la Inteligencia de comando directamente o a través de la S5 de asuntos civiles del comando en los destacamentos militares. El informe mencionado hace énfasis de que “en los años 80 la sola acusación de un comisionado militar, suponía frecuentemente el asesinato del imputado”.
- Reiteramos que al comparar las acciones militares que articularon la cadena de hechos sucedidos en el caserío Sepur Zarco, antes descrita (modus operandi) podemos asegurar que se ajustan al perfil de uno de los tantos operativos tácticos registrados por la CEH, derivados de la planificación de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecuto el ejército de Guatemala durante la duración del conflicto armado interno.
- Debido a ello es procedente interpretar que, la responsabilidad superior de todos los operativos contra insurgentes efectuados en cualquier parte en el territorio nacional durante la duración del conflicto armado interno recaen en la cadena de mando en su orden, en el presidente de la república en tanto comandante general del ejército el ministro de la defensa nacional y el jefe del estado mayor general del ejército.
- Una aproximación hacia una visión estructural nos plantearía que la fuente de la violencia fue el Estado militar contrainsurgente a cargo del poder durante el periodo 1982-1983 los ejecutores fueron los miembros del ejército de Guatemala según los planes de campaña respectivos, las ordenes generales y la documentación que establezca el movimiento de la tropa y de actores los civiles, la asignación de destinos y las ordenes específicas que se dieron, siguiendo una jerarquía establecida siguiendo la cadena e mando. Las víctimas fueron las personas individuales o colectivas que perecieron como efecto de la acción contrainsurgente y el blanco está representado por las personas, familias y comunidades que perdieron la vida, sus bienes, la base de su organización social, su propia identidad y los fundamentos de su cohesión social.
- Desde una visión complementaria, podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos”.
[1] Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015. https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[2] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles. http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/