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Nebaj: se reanudó el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt
Por: Manu Cencetti.
Muchas luciérnagas siguen alumbrando las noches de Nebaj. Noches y madrugadas que acaban de pasar, cargadas de espera, inquietud, emociones y mucho valor.
Va terminando una semana histórica para el pueblo ixil que vio, a partir del 18 de abril 2016, la llegada a Nebaj del Tribunal B de Mayor Riesgo para dar seguimiento al juicio por genocidio: juicio que realmente ya se cumplió el 10 de mayo 2013 y que ya demostró que sí hubo genocidio, con una sentencia de condena contra el ex general golpista Efraín Ríos Montt, a 80 años de cárcel. Diez días después de aquella sentencia tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad anularon una parte del mismo juicio a través de una resolución de muy dudosa legalidad.
A partir de ese entonces fueron varios los intentos de estancar definitivamente el juicio y garantizar así una vez más la impunidad para todos los altos mandos militares que en la década de los 80 planificaron y ejecutaron las políticas genocidas de estado contra la población civil en diferentes departamentos del país.
El 16 de mazo 2016, en Ciudad de Guatemala, se logró reiniciar el juicio por genocidio maya ixil contra el ex general Efraín Ríos Montt – declarado incapacitado por un peritaje del INACIF por sufrir demencia vascular irreversible – y contra el ex jefe de la inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, que en el primer juicio del 2013 quedó absuelto. El ex general ya no puede presenciar las audiencias y el juicio se está dando a puertas cerradas por lo que ni prensa ni público pueden asistir a las audiencias.
Hace pocos días el Tribunal B de Mayor Riesgo – presidido por la jueza María Eugenia Castellanos – dio a conocer la decisión de trasladarse en Nebaj para escuchar las declaraciones de los primeros 15 testigos y testigas, ixiles y quichés, originarias de diferentes comunidades, aldeas y caseríos, sobrevivientes de los planes genocidas ejecutados entre 1982 y 1983 en la región ixil. En particular hombres y mujeres ya muy mayores o en algunos casos enfermos, que no hubieran podido viajar hasta la capital para testificar o para los cuales el traslado hubiera supuesto un esfuerzo demasiado desgastante.
El caso se concentra en particular sobre el asesinato de 1771 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños y niñas, masacrados en la aldea de Chel y en otras comunidades y caseríos de los tres municipio de Nebaj, Chajul y Cotzal.
Por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público –MP-, estuvieron presentes las fiscales Paula Herrarte e Hilda Pineda. La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro por la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) son los querellantes adhesivos y coordinan las declaraciones de lo demás 110 testigos y testigas que todavía tienen que declarar en las próximas semanas en la capital.
La preparación de los días del juicio en Nebaj ha sido muy intensa y ha visto el involucramiento de muchas organizaciones locales de la región y otros grupos y colectivos que decidieron apoyar la coordinación de todas las actividades paralelas a las sesiones del juicio.
Para acompañar y transmitir fuerza y valor a los testigos y testigas y a sus familiares, que una vez más volvieron a declarar y a recordar hechos muy trágicos y extremadamente dolorosos, se eligió un tramo de la calle principal del pueblo, a pocos metros del MP, como espacio público colectivo donde realizar el evento y reunir a todas las familias y personas individuales que iban a manifestar su apoyo en los tres días del juicio.
La noche del lunes, antes del primer día de sesión, se realizó una gran ceremonia en el parque central de Nebaj con tres mujeres guías espirituales (Aj’q’iq) en el día 9 I’x y fueron recordadas las mujeres, niñas y ancianas que murieron en el conflicto. También en este caso muchos jóvenes, muchas mujeres de diferentes generaciones, familias con hijos muy pequeños, se acercaron y quisieron participar a un momento tan fuerte para la historia de estos territorios y la vida del pueblo ixil. Ana Láynez, guía espiritual ixil, explicó las razones de una ceremonia tan importante y los diferentes momentos rituales. Se explicaron además las energías de los veinte días del calendario en relación a los hechos pasados, a la situación presente, a la necesidad de seguir luchando para exigir justicia.
La participación a todas las actividades – desde el lunes hasta el jueves – fue masiva. Todos los días el espacio público en la calle principal del pueblo, donde se cortó el paso a todo tipo de vehículos, se llenaba de familiares de los testigos, de sobrevivientes de las prácticas genocidas, de integrantes de organizaciones históricas del área, de personas individuales o familias que se acercaron compartiendo este momento extremadamente intenso a nivel personal, familiar y comunitario. Llegaron muchas personas de aldeas y caseríos muy retirados, que tardaron varias horas para llegar hasta la cabecera municipal de Nebaj.
Muy amplia y animada la presencia de mujeres ancianas con flores y cruces que se hicieron presentes con sus seres queridos que perdieron la vida en su mayoría entre 1982 y 1983. Llegaron personas de los tres municipios –Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal – en donde se dieron la mayoría de las masacres de la región ixil, más de 90 según el Informe de la Recuperación por la Memoria Histórica –REMHI-, y donde quedan aún por encontrarse muchas fosas clandestinas.
Las tres mañanas se abrieron con una invocación espiritual gracias a las guías ixiles que estuvieron siempre presentes.
Una presencia muy importante fue la de jóvenes de institutos o escuelas de todos los niveles que se acercaron para escuchar las palabras de los y las sobrevivientes durante los tres días, así como las canciones de lucha y resistencia en las montañas, las palabras de muchas mujeres y lideresas, que son parte de las diferentes organizaciones del área y que aportaron desde sus vivencias y experiencias personales.
Hubo todas las mañanas sesiones de batucada ixil para empezar las actividades y también dos actuaciones teatrales de ‘Piccoletta’, muchas dinámicas con las personas presentes, debates, y una exposición callejera de fotos sobre los procesos de exhumaciones en diferentes comunidades: acciones e imágenes que también atrajeron por su fuerza muchas personas, jóvenes, niños. El trabajo de coordinación entre organizaciones locales y las iniciativas de personas individuales fue imprescindible para construir conjuntamente un espacio cálido y amable de vida común, de sentir común, entre emociones compartidas, lágrimas, risas, canciones, palabras, miradas y muchos abrazos.
Al otro lado del MP, al otro lado de esta amplia, tierna y muy firme presencia, se agruparon personas de la zona movilizadas por La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA- y por ex-PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) que durante los tres días se quedaron gritando, por la mayoría del tiempo, insultos contra los y las querellantes del juicio, contra los jueces y MP, negando a cada rato el delito de genocidio.
La presencia de ex coroneles y de ex comandantes de las PAC se hizo sentir ya a partir del domingo anterior a la reanudación del juicio. Hubo una actividad en el salón municipal organizada por ex militares y cientos de volantes fueron distribuidos en el pueblo (pagando a los niños que lustran zapatos en el parque central) donde se afirmaba nuevamente la negación del delito de genocidio y la inocencia de todos los militares.
No faltaron por supuesto las acusaciones e insultos hacia las y los observadores extranjeros que estuvieron presentes toda la semana en el pueblo, responsables – según ellos – de fomentar nuevamente conflictos y polarizaciones en el País.
Muy evidente fue también la presencia de más de 200 los agentes de la PNC, antimotines y cuerpos especiales enviados de diferentes departamentos del país para la seguridad de los funcionarios públicos durante los días del juicio. Presencia que no pasó desapercibida por parte de la población local en un municipio y en un territorio ya fuertemente controlado y militarizado para proteger los intereses de muchas empresas nacionales y extranjeras que utilizan fuerzas de seguridad públicas y privadas para controlar a la población y seguir con prácticas sistemáticas de despojo y colonización interna finalizadas a la explotación de montañas, ríos, arboles.
A lo interno de la sala de Juzgado de Primera Instancia los y las testigas, en su mayoría mujeres, entraron a declarar. Se recordó nuevamente lo vivido. Se volvió a nombrar el terror, a describir las acciones del ejército en el mismo lugar donde miles de personas perdieron la vida, sufrieron desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzoso, concentración de población en aldeas modelos.
Al final de los tres días de audiencias testificaron 13 de los 15 testigos previstos – dos no declararon porque estaban demasiado enfermos – y algunos de ellos se sintieron muy mal al final de las declaraciones y vivieron momentos muy dolorosos. Volver a nombrar los mecanismos de la violencia en la misma tierra donde se ha nacido, donde quedan por encontrarse tantos seres queridos, tantas fosas clandestinas, dejó consecuencias importantes entre los presentes al juicio. Pero también contribuyó a que muchos de los sobrevivientes encontraran un espacio colectivo, transversal a las tantas organizaciones que desde hace años trabajan para la justicia y la memoria histórica en el país, para dignificar a sus muertos, celebrar la vida, y recordar que si aún falta camino por andar, el pueblo Ixil está dispuesto a caminar para lograrlo.
«Los tres días de juicio en estas tierras terminaron. Y el juicio va a seguir en la capital. Tres noches casi sin dormir. Tres días de sol, de calor, de ojos enormes, de rostros tensos, de encuentros, de reencuentros, de abrazos y de recuerdos. Tres días de lucha, tres días de duelo. Tres días, entre miles de días, nombrando la verdad, buscando nuestra justicia que quizás nunca va a caber en las aulas de tribunales. Tres días de dignidad, tres días de ritmos y música, tres días de valor, inquietud, lágrimas y alegrías. Tres días de memoria. Tres días de verdad para el mundo.
Sigue latiendo nuestro corazón Ixil. La verdad y las luchas siguen floreciendo en estas montañas desde hace mucho tiempo.»
Aguacatán: ligan a proceso a juez de Paz Lilian López Chávez por homicidio culposo
Por Pascual Raymundo.
«Uno de los testigos se bajó inmediatamente para auxiliarlo, es en ese momento cuando se percató que del vehículo descendió la secretaria de la jueza y segundos después Lilian Lorena López Chávez descendió también dejando parqueado su vehículo a cuatro o cinco metros del hecho, luego se encamino a los dos trabajadores de la empresa de agua pura y les pidió sus datos, “por si lo necesitara después” argumento la jueza.»
El día miércoles 19 de julio de 2013, fue un día terrible para la familia Herrera Pérez, ellos son originarios del municipio de Aguacatán en el departamento de Huehuetenango, su hijo Sergio Herrera Pérez más conocido como Chejo, un joven de 27 años fue atropellado por la jueza del municipio de Aguacatán, Lilian Lorena López Chávez, en el Km. 347.4 de la CA1 en ese departamento.
Dos repartidores de agua pura presenciaron el hecho, ambos son testigos presenciales del caso, en sus declaraciones detallaron como ocurrió el accidente aproximadamente a las 16:15 de la tarde de ese día según indico Edgar Herrera padre del fallecido. Sergio Herrera regresaba de la ciudad de Huehuetenango al municipio.
Don Edgar, explico que en el momento de lo ocurrido, él no pensó en denunciar a nadie, el golpe fue tan grande que no podía tan siquiera pensar quien era la persona responsable de la muerte de su hijo, “simplemente porque no tuve cabeza para pensar en eso, al transcurrir de unos días empecé a investigar. Se escucharon varias versiones y así di con los testigos.”
Que sucedió el 19 de julio
Los dos repartidores cooperaron en declarar ante el Ministerio Publico lo que vieron, indicaron que la señora juez quería rebasar con su vehículo a un camión pequeño al cruzar un puente que fue construido en tiempos de Ubico, este puente es completamente angosto y solamente permite el paso de un vehículo a la vez, el vehículo de la jueza rebasó en contra del a vía de frente al joven, Chejo al ver que venía otro vehículo sobre su carril frenó.
El joven no pudo controlar la moto y cayó al suelo, rodo por el asfalto, finalmente intento incorporarse pero el vehículo que venía de la jueza lo golpeó y lo arrastrado a una distancia de 5 metros aproximadamente, del impacto perdió la vida en segundos y su rostro por las heridas fue difícil reconócelo.
Uno de los testigos se bajó inmediatamente para auxiliarlo, es en ese momento cuando se percató que del vehículo descendió la secretaria de la jueza y segundos después Lilian Lorena López Chávez descendió también dejando parqueado su vehículo a cuatro o cinco metros del hecho, luego se encamino a los dos trabajadores de la empresa de agua pura y les pidió sus datos, “por si lo necesitara después” argumento la jueza.
Los dos testigos se negaron a dar esa información, minutos después se llenó de gente, pasaron los minutos y llegó la Policía Nacional Civil, los agentes comenzaron a preguntar sobre el hecho, la gente decía que fue un microbús ruletero y la juez estando en el lugar le dice a uno de los agentes que moviera su vehículo más adelante. Cuando la gente empezó a decir que “ahí viene la familia de Chejo” ella se retiró del lugar.
La versión en el Ministerio Publico –MP-
Días después de ocurrido el accidente, cuando la familia tuvo fuerzas para iniciar la denuncia ante la fiscalía, el señor Edgar Herrera se presentó en el MP de Huehuetenango, don Edgar se dio cuenta que las autoridades ya tenían conocimiento de lo ocurrido, el padre de Sergio Herrera inicio con el proceso de antejuicio en contra de la juez de Paz del municipio de Aguacatan.
El MP inicio las pesquisas, la señora juez fue llamada a declarar, en su versión ella indica “que ella no fue indica claramente, afirmó que es alguien más quien vio el accidente, dijo que solo vio que el joven salió disparado en forma de Zig Zag cuando cayó de la moto, rodó y así fue cuando el seguramente se causó la muerte” y cuándo se le pregunto que si toco el cuerpo, respondió “no”.
Posteriormente de estas pesquisas se envió el caso al MP de la ciudad capital, se nombró al juez pesquisidor, la familia pide nuevamente que las autoridades llegaran hasta Aguacatán a investigar nuevamente los hechos.
Dentro del proceso investigaron si la jueza tenía licencia de conducir y se comprobó que no tenía licencia, una de las razones por las que ella se daría a la fuga, el hecho ocurrió el 19 de junio, la juez solicitó un permiso para ausentarse y le autorizan una nueva licencia de conducir el 29 del mismo mes.
El resultado del antejuicio fue que el juez pesquisidor dio sin lugar retirarle la inmunidad a la juez, los familiares elevaron el proceso ante la Corte Suprema de Justicia a través de una apelación de la decisión del juez pesquisidor, la CSJ analizó el caso resolvieron que existen los suficientes elementos para retirarle el derecho de antejuicio a la juez de paz de Aguacatán.
El caso volvió a estar en las manos del MP, esto se le notifico en agosto de 2014 y el proceso lo tomó la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, es a partir de este momento que la familia se dio cuenta que el proceso sería complicado, por alguna extraña razón se entorpecían las audiencias programadas desde el 2014 hasta el 2015 cuando cambian de juez y también cuando se cambió de fiscal del MP, incluso podría existir la injerencia de la juez en los operadores de justicia anteriores.
Luego de suspenderse por cinco veces la audiencia de primera declaración esta se realizó el 1 de febrero, un tribunal llamó a declarar los oficiales de la PNC que estuvieron presentes en el lugar y documentaron el hecho.
Un tribunal finalmente resolvió
Don Edgar Herrera padre de Sergio Herrera indicó que cuenta con la asesoría legal de Acción Ciudadana, a través del auxilio legal del licenciado Eddy Cux para la asesoría en los delitos de Tráfico de Influencias, abuso de Autoridad, por estos delitos se presiona para que el caso no se atrase más en los tribunales.
La familia Herrera Pérez espera que la muerte de su hijo Chejo no quede impune, Sergio Herrera dejo a su familia, su esposa Aracely Mejía Rodríguez, a su hija Alice Camila de dos años en ese entonces, actualmente cumplió cinco años de edad.
Sepur Zarco: todo se motivó por el interés de los terratenientes por despojar la tierra

Héctor Rosada Granados
Por: Nelton Rivera.
El 11 de febrero en el marco del Juicio Sepur Zarco asistió como perito Hector Rosada Granados convocado por las querellantes. El peritaje presentado fue acerca del «contexto sociológico militar de los hechos ocurridos entre 1972 a 1983 en el caserío Sepur Zarco de la finca San Miguel en el Estor Izabal». El fue interrogado tanto por las abogadas querellantes como por los abogados defensores de los militares y presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo A conformado por la jueza Yassmin Barrios y Patricia Bustamante y Gerbi Sical.
“… podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el Estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras, del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos.”
A sus 74 años de edad Héctor Rosada Granados se especializó como investigador social y analista político en el tema militar, es decir que él conoce a profundidad las distintas dinámicas del ejército desde su fundación y las etapas de transformación del mismo y también conoce y explica de cómo este actuó estratégicamente durante la guerra en el país.
Durante varios testimonios que se han ido presentando van saliendo los nombres de las familias que “poseían” las fincas, mismas que se beneficiaron con la represión militar en Alta Verapaz e Izabal, aunque este juicio es en contra del teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado miliar Heriberto Valdez Asij, se va revelando la participación familias como los Meagle en Alta Verapaz y los Milla en El Estor Izabal[1], también los Overdick García, los Monzón entre otros finqueros.[2]
En sus conclusiones Rosada afirmó que la exigencia de los campesinos antes mozos colonos por recuperar las tierras que les fueron despojadas a través de la organización del Comité Pro Tierras y las gestiones que estaban realizando ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) fue la razón para que “la elite terrateniente local” empujara la represión en contra de ellos.
Rosada entonces ratificó ante el tribunal el peritaje que realizó. Mientras tanto varias mujeres Q’eqchis querellantes en este juicio, escuchaban con atención sus palabras, una traductora Q’eqchi hace el intento por traducirles en su idioma materno la conversación que inicia Rosada ante el tribunal.
Rosada leyó las ocho conclusiones a las que llega en su peritaje que transcribo a continuación:
- En este momento del análisis es fundamental llegar a establecer que la hipótesis que el disparador de toda esa tragedia fue el temor e interés de los propietarios de todas las fincas afectadas “la elite terrateniente” buscando poner fin a los reclamos de titulación de tierras que hacían los pobladores organizados en el Comité Pro tierras.Esta situación típica en varios casos de la historia contemporánea en la historia de nuestro país. Podría ejemplificar a muchos de los hechos de violencia Genocida que se perpetraron en contra de la población civil no combatiente, durante el conflicto armado. Uno de los casos que ejemplifica un modus operandi militar sería el de la matanza de Panzós perpetrada 4 años antes el 29 de mayo de 1978.
- Según el registro de los hechos que analizamos, derivado de la actitud y los propósitos de los finqueros “La elite terrateniente” se estimuló a miembros de las mismas comunidades afectadas para que procedieran a poner una denuncia utilizando las estructuras locales de la contrainsurgencia de la localidad, es decir los comisionados militares quienes por intermedio del S2 de la zona militar de Puerto Barrios, trasladaron el mensaje que incluía la acusación de que los denunciados eran colaboradores de la guerrilla.
- De acuerdo a lo anterior mente indicado según a la ley respectiva, el nombramiento de los comisionados militares y de sus ayudantes, dependía de la elección que hiciera el comandante de reservas miliares del departamento. En la mayoría de los casos los elegidos eran priorizados por ser oficiales o tropa en situación de reserva, aparte era la elección y nombramiento de los colaboradores e informantes, quienes no eran considerados como miembros del ejército, aunque quedaban tácitamente autorizados para portar armas. Este podría ser el caso de algunos administradores, caporales o trabajadores de confianza de las fincas, no descarto la posibilidad de que estos últimos, pudieran haber prestado servicio militar, posiblemente hubiera sido un inteligencia de comando S2 o un agente de inteligencia G2, y conveniente para que actuara a una posición ajena a los mandos militares o como jefes de patrulla.
- El procedimiento para procesar una acusación de cualquier comisionado militar, automáticamente ubicaba a los acusados y a su entorno inmediato dentro de la posición de ser enemigo interno. Según el informe del REMHI se comprobó la existencia de redes de inteligencia militar que contaban con una extensa red de comisionados militares, encargados de recoger información sobre los movimientos de la población, para su traslado para la Inteligencia de comando directamente o a través de la S5 de asuntos civiles del comando en los destacamentos militares. El informe mencionado hace énfasis de que “en los años 80 la sola acusación de un comisionado militar, suponía frecuentemente el asesinato del imputado”.
- Reiteramos que al comparar las acciones militares que articularon la cadena de hechos sucedidos en el caserío Sepur Zarco, antes descrita (modus operandi) podemos asegurar que se ajustan al perfil de uno de los tantos operativos tácticos registrados por la CEH, derivados de la planificación de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecuto el ejército de Guatemala durante la duración del conflicto armado interno.
- Debido a ello es procedente interpretar que, la responsabilidad superior de todos los operativos contra insurgentes efectuados en cualquier parte en el territorio nacional durante la duración del conflicto armado interno recaen en la cadena de mando en su orden, en el presidente de la república en tanto comandante general del ejército el ministro de la defensa nacional y el jefe del estado mayor general del ejército.
- Una aproximación hacia una visión estructural nos plantearía que la fuente de la violencia fue el Estado militar contrainsurgente a cargo del poder durante el periodo 1982-1983 los ejecutores fueron los miembros del ejército de Guatemala según los planes de campaña respectivos, las ordenes generales y la documentación que establezca el movimiento de la tropa y de actores los civiles, la asignación de destinos y las ordenes específicas que se dieron, siguiendo una jerarquía establecida siguiendo la cadena e mando. Las víctimas fueron las personas individuales o colectivas que perecieron como efecto de la acción contrainsurgente y el blanco está representado por las personas, familias y comunidades que perdieron la vida, sus bienes, la base de su organización social, su propia identidad y los fundamentos de su cohesión social.
- Desde una visión complementaria, podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos”.
[1] Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015. https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[2] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles. http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/