Desde Jalisco a Guatemala, la rearticulación de las comunidades indígenas ante el neoliberalismo depredador

Santiago Bastos

Tomado de:

En el año 2005, en la pequeña localidad de Mezcala de la Asunción, situada en la ribera del Lago de Chapala, en Jalisco, los comuneros se aliaron con los jóvenes simpatizantes del zapatismo de la cercana ciudad de Guadalajara para oponerse a las obras de reconstrucción de la isla que está frente al pueblo. Dicha obra era llevada a cabo por la municipalidad de Poncitlán, la Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Acusaban a estas instituciones de ultrajar la gesta en defensa de la isla, ocurrida 200 años atrás, y de no respetar la tierra comunitaria, para convertir la isla en un destino turístico más de la ribera de Chapala.

Los comuneros llevan varios años luchando para expulsar a un empresario tapatío que se asentó ilegalmente en sus tierras, para abrirlas al mercado inmobiliario. Ni las autoridades ni el invasor se imaginaron la energía con la que los mezcalenses se iban a oponer a la ocupación de su territorio: tenían clara la dimensión de lo que desafiaban y para hacerlo reclamaron sus derechos ancestrales como pueblo coca. Como respuesta a esta subversión sucedió lo que algunos mezcalenses no imaginaron: se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos, por defender un territorio según lo marca la ley.

Esta es la manera en que una pequeña comunidad está enfrentándose al capital inmobiliario y turístico en la ribera de Chapala. Su situación no es única: es similar a la que enfrentan varias comunidades indígenas en México hoy en día, que ven sus territorios y sus formas de vida amenazadas por empresas mineras, eólicas, turísticas, hidroeléctricas, agroindustriales, o dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Todas éstas son iniciativas que buscan la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia”, y suponen el “despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) del grupo social emplazado en una geografía específica”, en palabras de Harvey.

El fin del Estado corporativo posrevolucionario, su paso al Estado neoliberal con orientación al mercado externo, y de ahí al Estado cooptado, son procesos paralelos a la imposición de este modelo de despojo. Ante esta situación, muchas de las comunidades han reaccionado como Mezcala: con la reorganización de sus instituciones comunitarias, como el eje de su defensa frente a las amenazas que encaran, sin que el Estado las proteja. Después de 20 años de los frustrados Acuerdos de San Andrés, estas instituciones comunitarias se conciben como los órganos de gobierno de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho y reclaman una autonomía reconocida en la Constitución, pero negada en los hechos.

Esto es lo que ha ocurrido en Cherán, en San Dionisio y San Mateo del Mar, en Vícam, en Holbox, en Santa María Ostula y en muchos otros lugares del país. En todos ellos surgen respuestas comunitarias ante diferentes formas de despojo que ejerce la globalización neoliberal. La policía comunitaria de Guerrero y los municipios autónomos  zapatistas también son movimientos de recuperación de estructuras y lógicas comunitarias ante las agresiones.

Si uno compara todo esto con lo que ocurre en Guatemala, notará que las cosas no son muy diferentes, teniendo en cuenta los efectos de una historia marcada por un genocidio que recayó especialmente sobre las comunidades indígenas. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), en el año de 1996, la apertura a la economía mundial supuso la llegada de actividades extractivas, apoyadas incondicionalmente por gobiernos neoliberales cada vez más represivos.

Las primeras respuestas de las comunidades guatemaltecas fueron unas consultas comunitarias que se extendieron por todo el país, llegando a movilizar a un millón de personas, en 74 municipios (un 20% de los existentes), que se manifestaron de forma rotunda en contra de las actividades extractivas en sus territorios. Buena parte de su éxito se basó en la participación protagónica de autoridades e instituciones comunitarias que se reconfiguraron de formas diversas después de la guerra, con la participación de jóvenes, mujeres y antiguos revolucionarios. Ni el gobierno ni las empresas reconocieron las consultas, y los conflictos derivados de la impunidad con que se daba la explotación de recursos reforzaron la organización comunitaria. De esta manera, la movilización de base territorial revivió una movilización indígena que había perdido fuerza a partir del cambio de siglo.

Ante las transformaciones que supone la globalización, las comunidades indígenas están rearticulándose de muchas maneras. Las amenazas a los territorios y a las formas de vida, como consecuencia de actividades propias del capitalismo depredador de este inicio de siglo, están provocando la restructuración de la institucionalidad de gobiernos comunitarios, a partir de la idea de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho.Esto está transformando a las instituciones, las prácticas comunitarias y los significados de ser indígena en el siglo xxi, y está suponiendo un reto para los Estados que incurren en prácticas racistas renovadas.

 

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No nos resignamos porque al buscarlos, buscamos nuestra libertad. La marcha del 26 de septiembre en el Zócalo de ciudad de México

Fotos y texto Verónica Velázquez

 

Han pasado tantas cosas en este país pero la justicia no llega. ¿Dónde están los 43 estudiantes y las otras decenas de miles de desaparecidos sin rostro? no queremos conmemorar tragedias, queremos que pare la tormenta, que no se repitan las pesadillas encarnadas del asesinato de Julio o de Kassandra, de la masacre de San Fernando, de la tragedia de El ABC…

¡Basta de tanta impunidad de nuestros gobernantes!, ¡pongamos un alto a las formas letales del Estado cooptado!, ¡no más política de muerte!, ¡que se acabe la indolencia con la que está aprendiendo a sobrevivir la mayoría de la población!

Pero “¿quién dijo que todo está perdido?” ¡Ayotzinapa sigue vivo!.

Este 26 de septiembre me di cuenta de que no has muerto hermano normalista, que sigues vivo en cada latido que marchó para nombrarte, para gritar en la calle al son de los tambores que te devuelvan vivo, mientras el cielo lloraba porque el pueblo está herido. Más de cinco horas bajo la lluvia marchamos todas las voces, los estudiantes,  los maestros, los pueblos originarios, las organizaciones de la sociedad civil,  las madres y los padres con sus hijos, con los abuelos, la gente de todos los estratos sociales unidos bajo un mismo dolor y una misma exigencia de justicia.

No nos resignamos porque al buscarlos, buscamos nuestra libertad.

Abrazos a todos y a contagiar la esperanza activa que nos dejó la marcha.