Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
4. La criminalización de autoridades comunitarias.
5. La detención arbitraria.
6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

«El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

Los medios de comunicación son parte de estrategia de empresas hidroelétricas, caso PL 2013 monta información falsa. pic.twitter.com/6IvTb0q3va

— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) 15 de julio de 2016

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Escuche la transmisión en vivo del debate oral y púbico caso #PresosPolliticos

Escuche la transmisión aquí:

http://paraqueseconozca.blogspot.com/ 

Presos políticos: inicia debate oral contra siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Este 6 de julio del 2016 y a pesar del retraso en el traslado a las autoridades comunitarias criminalizadas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por parte del sistema penitenciario, dio inicio la primera audiencia del Debate Oral y Público en el Tribunal de Sentencia «A» de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yasmín Barrios cerca de las 10 horas, a pesar de haber estado citada para las 8:30 horas.

La audiencia se desarrolló con una gran afluencia de personas, entre familiares, vecinos de las comunidades a las que pertenecen las autoridades, también se hicieron presentes miembros de otros pueblos y comunidades solidarias, como La Puya y observadores de Derechos Humanos.

La Jueza Yasmín Barrios quién preside el Tribunal de Sentencia “A” anunció la solicitud de renuncia de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz como querellantes adhesivos en el proceso penal en contra de  las siete autoridades comunitarias, así mismo el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro ha sido desligado en su calidad de querellante y ahora es testigo dentro del proceso.

El Ministerio Publico presento sus argumentos de acusación, en dónde acusa a las autoridades de los delitos de instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, aunque en cada uno de los procesos intento en reiteradas ocasiones imputarles el delito de Plagio o Secuestro como un delito grave, buscando la pena de 25 años de prisión.

Los abogados defensores presentaron sus argumentos en favor de las autoridades comunitarias, alegando el uso del sistema de justicia en favor de las empresas hidroeléctricas, por medio del Ministerio Público, quien aplica a las autoridades la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, los criminaliza y persigue judicialmente, para eso la prisión preventiva juega el papel de castigo, muchos de ellos tienen un año y cuatro meses, Maynor López cumplió tres años de estar detenido en Huehuetenango.

Uno a uno, los señores Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López, Ermitaño López y Rigoberto Juárez presentaron sus argumentos de defensa y atendieron a cada una de las preguntas de los fiscales y abogados defensores.

Las autoridades comunitarias fueron enfáticas en señalar su inocencia y todos concordaron en que esta persecución criminal en su contra es resultado de su trabajo comunitario en el cuidado del ambiente y su abierta oposición a los proyectos hidroeléctricos que de forma violenta se han instalado en sus territorios.

#LibertadPresosPoliticos #JusticiaYa

Primera reunión del Gobierno Plurinacional con el Gobernador de Huehuetenango

Texto y fotos: Gaspar Pedro.

El día 29 de abril de 2016, el PAYXAHIL YAJAWIL KONOB’ (Gobierno Ancestral Plurinacional) Akateko, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al, sostuvo una reunión de acercamiento con el actual Gobernador departamental de Huehuetenango en el segundo nivel del salón municipal del pueblo de Jolom Konob’, Santa Eulalia. También se contó con la participación de la Corporación Municipal de dicho municipio.

Uno de los objetivos de la reunión fue crear un nuevo espacio de diálogo y acercamiento entre el Gobierno Plurinacional y las autoridades gubernamentales.

Para poner al día al señor Gobernador se hizo una exposición sistemática sobre la problemática y el contexto histórico social en que viven y se desenvuelven los ocho municipios del territorio Q’anjob’al del área norte de Huehuetenango, resaltando sobre todo la presencia de empresas hidromineras y la conflictividad que éstas han venido generando a lo largo y ancho del territorio, a pesar de que se han hecho Consultas Comunitarias de  Buena Fe, se han presentado memoriales y denuncias a las instituciones del Estado y los intentos de diálogo que en su oportunidad se han sostenido con las autoridades pasadas (exPresidente de la República de Guatemala, Ministerio de gobernación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros). Pero han sido diálogos fallidos.

Otro de los temas sobresalientes es el aporte de los pueblos originarios al desarrollo del país. Entre ellos se mencionaron: el pago de la educación privada; el aporte económico a través de las remesas, la producción de alimentos y ventas locales y el sistema de salud ancestral. A través de su sabiduría y conocimientos ancestrales estos terapeutas y ginecólogas (comadronas) mayas  han velado por el mantenimiento de la salud de los pueblos y las comunidades, ya que en los centros o puestos de salud no hay medicamentos  y apenas si es que hay un médico no permanente para 43,000 personas, tal es el caso del municipio de Santa Eulalia.

Se hizo entrega al Gobernador un informe por escrito donde va detallado lo anteriormente expuesto.

En general, todas las exposiciones apuntaron a un abandono del Estado de Guatemala hacia estos lejanos pueblos originarios, los cuales al verse en estas condiciones han luchado por su propio desarrollo y han logrado sobrevivir a través de sus propios esfuerzos sin la injerencia de empresas privadas nacionales y transnacionales.

El señor Gobernador en sus intervenciones expuso que en los planes del presente gobierno se pretende impulsar la dotación de agua potable, atención primaria a la contaminación ambiental, mejoramiento de la salud con énfasis en salud  preventiva desde un enfoque de formación, así como la prevención de la desnutrición. Otro eje es que a través de los Consejos de Desarrollo se ubicarán los presupuestos en donde se necesiten. Resaltó que se fortalecerán más los proyectos referentes a salud y educación, más no otros proyectos. Pese a las necesidades primarias de los pueblos, también informó que se dará mayor atención en lo que se refiera al mantenimiento y mejoramiento de la franja transversal del norte.

Durante el transcurso de la reunión, el señor Gobernador expresó su buena disponibilidad en coordinar actividades y acciones que vayan al fortalecimiento del verdadero desarrollo de los pueblos, así como informar sobre la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en la región para no alarmar a la población y evitar malos entendidos.

Finalmente se llevó a cabo una visita en la casa ceremonial como sede de las autoridades ancestrales del pueblo maya Jolom Konob’ de la nación Q’anjob’al.